Mientras Duque quita plata a la paz, excombatientes la ven dura

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Proyectos de agricultura, ganadería y turismo son los más afectados y eso sin contar que la mayoría de excombatientes no cuentan con uno propio.

Hoy la emisora La Fm contó que desde la semana pasada la firma Du Brand SAS, especializada en marketing político, firmó un contrato con la Presidencia para apoyar la estrategia de comunicaciones del presidente Iván Duque (ver objeto del contrato). 

La plata saldrá del Fondo Paz, que es un fondo que se creó en 1997 y específicamente dice que su objeto es "la financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas". Aunque ese fondo es distinto al Fondo Colombia en Paz creado en 2017 en el marco del Acuerdo con las antiguas Farc, los recursos del Fondo Paz también están priorizados para temas de paz. 

Según el portavoz de Palacio, Hassan Nassar, el contrato no es para mejorarle la imágen a Duque porque ya subió en las encuestas, sino para la "estrategia comunicacional de Presidencia", no se le está quitando un peso a la paz y otros gobiernos, como el de Juan Manuel Santos, también usaron plata de ese fondo para lo mismo. 

"La política del Gobierno Nacional del presidente Duque tiene tres ejes, equidad, emprendimiento y legalidad. Paz con legalidad, zonas Futuro, Pdets y demás son temas comunicacionales de este Gobierno. Todos tienen que ver con paz e implementación del proceso de paz" nos dijo. 

Más allá de si ese contrato tiene un efecto 'comunicacional' relacionado con la paz, mientras eso sucede, los excombatientes que entregaron sus armas la están viendo dura para sacar adelante sus proyectos productivos con el golpe del coronavirus. 

Eso con el agravante de que se trata de iniciativas de negocio que apenas nacían, tal y como apenas arrancaba la reincorporación a la sociedad de los exguerrilleros.

La pandemia les está pegando a varias de sus iniciativas productivas, aunque de distintas maneras.

Tanto a los que aún quedan en los antiguos espacios territoriales de capacitación, Etcrs, que son 2.874, según cifras que nos pasó hoy la Agencia Nacional para la Reincorporación, ARN; como a los más de nueve mil que viven por fuera, ya sea en los llamados ‘nuevas áreas de reincorporación’, NAR, o regados en veredas o ciudades. 

Los más afectados son los proyectos que ya estaban en fase de comercialización y que en su mayoría son de agricultura o ganadería. El virus también les pasa factura a los proyectos turísticos que, por obvias razones, ahora no tienen visitantes a los que atender. 

“Las consecuencias más que todo económicas para los proyectos colectivos e individuales todavía son muy difíciles de medir”, dijo a La Silla Andrés Stapper, director de la ARN. Nos contó que justo están formulando un plan para ver cómo hacer que el golpe no sea tan fuerte.

Pero los excombatientes ya lo sienten fuerte. 

El golpe

De los 12.642 exguerrilleros farianos que están en la ruta de reincorporación, es decir, que reciben beneficios como la renta básica de 790 mil pesos al mes, o capacitaciones del Sena, la mayoría siguen sin proyectos productivos a casi cuatro años de la firma del Acuerdo de La Habana.

 

Según cifras de la ARN, a la fecha hay apenas 52 proyectos productivos colectivos aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, en el que se sientan Gobierno y Farc, que cobijan a 2.544 exguerrilleros. 

Hay otros 1.255 proyectos productivos individuales aprobados que vinculan a 1.477 excombatientes más. 

Entonces, en total, hay 4.021 excombatientes en proyectos, sean individuales o colectivos, todos emprendidos en parte con los ocho millones de pesos que les daban a cada uno al dejar las armas para montar una iniciativa.

Eso quiere decir, la tercera parte de la población fariana. 

Varios de estos proyectos, en los que el Gobierno ha invertido 40.388 millones de pesos y se compromete a garantizarles la asistencia técnica y la comercialización, están teniendo problemas. 

A los líos que venían de atrás, que pasan por llevar la mínima infraestructura a un espacio para que funcione, por ejemplo, las tejas para el galpón donde tienen las gallinas o las máquinas para la fábrica de zapatos, se sumaron los problemas de una pandemia en la que, como todos en el país, los exguerrilleros tienen que quedarse en sus casas y cumplir con las normas de aislamiento social.

Eso le está pegando, sobre todo, a proyectos asociados a ganadería o a cultivos porque no están llegando los insumos para cultivar o para alimentar a los animales, ni tienen a quién vender. 

Sólo para hacerse una idea: de los 24 espacios territoriales, nueve tienen proyectos de ganadería, como en el Etcr de Caño Indio, en el Catatumbo; o en Carrizal, en Yondó, Antioquia; o en Filipinas, Arauquita, Arauca; o en uno que se llama La Guajira y queda en Mesetas, Meta.

“Acá todo está varado. Lo que hacemos son reuniones por el computador. Ni lo de la ganadería ni el proyecto de sacha inchi (una planta) podemos sacarlo adelante porque no podemos salir a trabajar, ni tenemos a quién vender”, cuenta Omaira Fuentes, una excombatiente que vive en el etcr de Filipinas, en Arauca. 

“Nosotros antes del coronavirus estábamos en la fase de gestión para abrir mercados y eso no se hace de la noche a la mañana. Aquí cerca hay tienditas, pero nadie está comprando. Estábamos vendiendo el sacha inchi en los hoteles y pues está paralizado”, agregó. 

A miles de kilómetros de Arauca, en Tierra Grata, el espacio de capacitación que queda en el municipio de Manaure, en Cesar, aunque ya lograron con el apoyo de las comunidades llevar energía eléctrica y agua a la vereda, quedaron frenados con un proyecto de gallinas en el que estaban poniendo, literalmente, todos los huevos.

La razón: hicieron la gestión para comprar los animales y éstos no les han llegado.

Y aún si le hubiesen llegado, no podrían salir a vender los huevos.

“Estamos esperando que nos manden las 200 gallinas para empezar con ese proyecto, que nos tenía muy ilusionados”, nos contó Jimmy Ríos, el profesor al que el Ejército, cuando lo capturó en 2006, definió como uno de los más importantes ideólogos de la guerrilla. “Los proveedores argumentan que no pueden traerlas por el cierre de carreteras”, agregó.

Otros proyectos que están pasando por serias dificultades son los turísticos.

Por ejemplo, en Miravalle, en San Vicente del Caguán, uno de los proyectos que más lejos ha llegado es el de rafting asociado al turismo en la zona, llamado ‘Caguán Expeditions’. Ese proyecto beneficia a 94 exguerrilleros y con el cierre de vuelos de Satena a San Vicente y de carreteras, están frenados.

“Los que teníamos como proyecto de vida el turismo estamos perdidos”, nos dijo Hermides Linares, uno de los líderes del proyecto de rafting. 

“Caguán Expeditions’ está cien por ciento parado. Como todo esto del coronavirus comenzó antes de Semana Santa, había gente que había reservado cupos para ir, y pues con esto nada”, nos dijo una fuente que le hace seguimiento en terreno a estos proyectos y que no puede ser citada porque no es vocera. 

Foto parecida se ve en Charras, en Guaviare, donde también tienen un proyecto de turismo de naturaleza que está parado. “Aquí si no es el turismo, tenemos proyectos de ganado bovino y con todo esto, pues ni lo uno ni lo otro”, nos dijo un exguerrillero de ese espacio que no quiso ser citado porque no es vocero de ese sitio. 

Y hay otros proyectos que la misma ARN nos identificó como críticos, como el de acceso a TICS (tecnologías de información) en Ituango, Antioquia, que beneficia a 24 exguerrilleros y consiste en ofrecer servicios de internet rural de fibra óptica para la zona.

Éste está caído por retrasos para la llegada de los insumos para montar estos puntos y porque, además, como nos explicó Pastor Alape, representante de Farc en el CNR, “el tema de orden público sigue muy complicado, no hay medidas de seguridad”, nos dijo refiriéndose a la alerta de desplazamiento de más de 60 excombatientes y sus familias de ese espacio en enero, por cuenta de la ola de asesinatos de exguerrilleros.

Ahí cabe agregar que hay toda una pelea política en Farc frente a la reincorporación, que en La Silla hemos detallado en varias historias, y que también le pega a este tema porque no todos los exguerrilleros le copian a la dirección del partido, que representa Alape en el CNR e incluso ya algunos le armaron rancho aparte y quieren decidir al márgen de Farc su reincorporación.  

A todo este panorama se suma que, como contamos en este reportaje, la mayoría de estos barrios farianos en los que viven están en zonas donde grupos armados de todos los colores -desde ELN, disidencias de las Farc, EPL o autodefensas gaitanistas-, están imponiendo sus reglas para controlar que se propague el virus, algo que reduce cualquier posibilidad de que los exguerrilleros puedan hacer negocios con locales. 

Por ejemplo, en Guaviare, una fuente que trabaja en una organización humanitaria y que no citamos por su seguridad, nos contó que, para el caso del espacio de San José del Guaviare, dado que la disidencia de Gentil Duarte está presionando a los presidentes de junta para hacer retenes en la zona rural que eviten la entrada y salida de extraños, los exguerrilleros que antes salían a vender sus productos a las veredas prefieren no hacerlo por miedo a represalias. 

Pero si estos casos en los que el Gobierno ha metido plata y apoyo están en riesgo, hay un universo de iniciativas que, aunque la ARN tiene mapeadas, no reciben directamente apoyo del Estado y están pasándola peor.

Los informales farianos

Aparte de los proyectos tanto individuales como colectivos que reciben plata del Gobierno, hay un montón de iniciativas productivas, 216 según nos dijo Andrés Stapper, que se estaban haciendo sin ayuda directa del Estado, más allá de la renta básica, y agrupan a más de seis mil personas. O sea, son más que los que sí se adelantan con el apoyo estatal. 

Esta gente sacó plata de su renta básica o se consiguió el apoyo de cooperación internacional o de empresarios o de organizaciones que querían apoyarlos, sin pasar por el CNR, y con ellos el tema es más complicado. 

Por ejemplo, la famosa cerveza La Roja, de Icononzo, Tolima, es una iniciativa de los exguerrilleros que, según nos dijo la misma ARN, no viene de los ocho millones de cada uno, sino que entre los excombatientes que le apostaron a eso sacaron de su renta básica, hicieron vaca y emprendieron la iniciativa.

“A los proyectos que pasan por CNR se les garantiza la asistencia técnica, la comercialización y les damos entre tres y cuatro millones de pesos adicionales a los ocho millones que se le daba a cada excombatiente. Pero las iniciativas propias de los excombatientes, ahí es donde tenemos varios de los problemas porque no tienen la asistencia o la comercialización garantizada”, nos explicó Stapper.

Esa situación, que es con o sin coronavirus, con la pandemia se agudiza porque los esfuerzos individuales de estos emprendedores están básicamente por su propia cuenta. 

Esas iniciativas van desde proyectos de panadería, hasta restaurantes, tiendas de zapatos, o proyectos de piscicultura, ganadería o agricultura, entre muchos otros. 

A principios de marzo, cuando arrancaba la emergencia, Farc y Gobierno instalaron una mesa de contingencia del covid-19 para hablar no sólo de los proyectos, sino de las medidas de seguridad y salud para tener en cuenta. 

En concreto, Stapper le explicó a La Silla que están haciendo tres cosas: la primera es un mapeo de todos los proyectos productivos (que tengan o no apoyo del Gobierno) para ver el estado de avance de cada uno y según eso “mitigar los efectos económicos, ya sea a través de recursos de cooperación internacional o con créditos”, nos dijo.

Lo segundo es mantener la asistencia técnica virtualmente. Para eso tienen convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, y con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. “La idea es asegurarnos en todos los casos qué insumos necesitan para que no haya desabastecimiento y a partir de ahí podemos reestructurar los planes operativos de cada proyecto”, nos explicó.

Y lo tercero es tratar de adaptar los proyectos a las medidas de bioseguridad que exija el Gobierno para que puedan volver a abrir. 

Lo otro que están haciendo es buscar que alcaldías y gobernaciones les compren los productos a los exguerrilleros para, por ejemplo, abastecer de mercados a los más necesitados. 

Pero esa estrategia sigue en el aire pues al cierre de esta historia, según nos confirmó la ARN, sólo tienen ese tipo de alianzas con dos: la alcaldía de Teorama, en Norte de Santander, para que les compren productos de aseo, café, azúcar y leche; y otro con la Gobernación de Cauca, que le compró 320 kilos de tilapia a una cooperativa de Farc en el departamento.

“Acá hay un debate profundo y es de la visión. A la ARN le ha costado mucho entender que la reincorporación no es individual y eso es lo que ellos más promueven. Nosotros, en cambio, creemos y le apostamos a la asociatividad y fíjese usted que por ese camino sólo hay algo así como 2.700 reincorporados”, nos dijo Pastor Alape, representante de Farc en el CNR. 

“Estamos preocupados en general por el futuro de nuestra gente y yo por ahora no veo un plan organizado del Gobierno para hacerle frente. Claro, esto le pega a todo el mundo, pero imagínese a los exguerrilleros, que ya venían mal”, agregó.

En medio de todo, hay unas luces que se han encendido en estos tiempos y son las de la adaptación y la solidaridad.

La adaptación porque hay espacios en los que los excombatientes cambiaron su producto por otro más relacionado con la situación actual. Así pasa en Icononzo, Tolima, donde fabricaban ropa y ahora hacen tapabocas (ya fabricaron ocho mil).

La solidaridad porque también se han fortalecido redes de venta a domicilio, como la de la iniciativa ‘Amor a tiempo’, que montaron unos exfarianos justo cuando salió el video de Iván Márquez y su banda, a finales de agosto del año pasado.

'Amor a Tiempo' comercializa productos de más de diez Etcrs puerta a puerta, y nos contaron que en estos tiempos de pandemia han vendido casi el doble. 

“Antes vendíamos unas 20 anchetas semanales con productos de excombatientes, ahorita estamos con un promedio de 35 de anchetas desde el coronavirus” nos dijo Julio César Pulido, integrante de ese proyecto. “Afortunadamente nos cogió la cuarentena con el stock lleno. Tenemos mucha producción”.

“El tema es cuando comience a escasear, que es lo que nos preocupa a todos”, dijo.

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