Mientras Ley de Víctimas agoniza, víctimas de los paras demandan de nuevo a la Drummond

La multinacional Drummond ya ganó la primera demanda de las víctimas.

Los abogados de las víctimas de los paramilitares en el Magdalena y Cesar demandarán hoy miércoles de nuevo a la empresa multinacional de carbón Drummond en una corte en Jasper, Alabama, Estados Unidos. Los abogadados la acusan de haber financiado grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en homicidios de sindicalistas y miembros del aparato de seguridad e investigación del Estado.

Entre otras cosas, la demanda alega que representantes de la empresa, entre ellos el colombiano Alfredo Araújo y el norteamericano James Atkins, pagaron directamente a los grupos comandados por Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, para asesinar a los sindicalistas Valmore Locarno y Victor Orcasita en marzo del 2001.

Araújo, primo de Alvaro Araújo, senador encarcelado por parapolítica en el 2008, era el representante de la empresa carbonera frente a la comunidad. Atkins, a quien se refería como “Mr. Jim”, era el jefe de seguridad de la Drummond en la zona.

Esta es la segunda vez que Drummond enfrentará este tipo de demanda en los Estados Unidos. La decisión salió a favor de Drummond en julio de 2007, y la empresa, con sede en Alabama, siempre ha negado que financiara grupos paramilitares en la región o que participara en homicidios en la zona.

Sin embargo, desde esa decisión de la corte, otros paramilitares desmovilizados han vuelto a implicar a la multinacional en sus versiones del proceso de Justicia y Paz y por lo menos cinco de ellos se han reunido con los abogados de las víctimas para dar declaraciones adicionales.

“Ahora tenemos más testigos y ellos han hablado mucho más claro”, dijo Terry Collingsworth, uno de los abogados acusadores en el caso que está siendo financiado por el bufete Conrad & Scherer de Ft. Lauderdale. “Tenemos mucha confianza”.

Estos nuevos testimonios de los paramilitares desmovilizados forman la base de la nueva demanda en contra de la empresa. El caso está construido alrededor de los esfuerzos de la compañía por proteger el tren que transporta miles de toneladas de carbón al año desde las minas hasta la Costa donde son despachadas a los Estados Unidos.

“Drummond dio apoyo sustancial a las AUC para proteger la mina, el ferrocarril y otras partes de la empresa de ataques de las FARC, prestar otros servicios y pacificar a la población local”, dice la demanda.

Los abogados de las víctimas dicen que la Drummond pagó a Jorge 40 para asesinar a dos sindicalistas. La compañía lo niega.

La demanda incluye detalles nuevos entre los que se encuentran incluso alegaciones de que Atkins pagó directamente a Jorge 40 y a Oscar José Ospina Pacheco, alias Tolemaida, para matar a Orcasita y a Locarno.

“Atkins, en nombre de Drummond, aprobó un pago a las AUC para el asesinato de los líderes del sindicato de Drummond”, dice la demanda.

El documento menciona también a Jaime Blanco Maya, el medio hermano del ex-procurador Edgardo Maya. Según la demanda, Blanco Maya participó en la planeación de la muerte de Locarno y Orcasita. Blanco Maya, quien en este momento está prófugo, era el concesionario de alimentos de la Drummond. El sindicato se quejó tanto de la comida, que Blanco Maya perdió el contrato. Luego Locarno y Orcasitas fueron asesinados. La teoría de la Fiscalía es que él contrató a los paramilitares que mataron a los sindicalistas en retaliación por su queja. Durante las versiones libres de los paramilitares su nombre fue mencionado como la persona que les pagó a los paramilitares.

Pero la demanda va mucho más allá. Dice que en otra reunión Atkins y Araújo, en nombre de Drummond, pagaron a los paramilitares de 'Jorge 40'  $1,5 millones de dólares y establecieron pagos mensuales de $100,000 dólares para asegurar el ferrocarril, entre otros trabajos.

'Jorge 40', que está encarcelado en los Estados Unidos, no se ha pronunciado frente al tema.

Los ataques de las Farc

En los años anteriores guerrilleros de las FARC habían dinamitado al ferrocarril unas seis veces causando un incremento sustancial en los costos de operar en la región. La empresa debía importar unos carros especiales, cambiar la hora de la salida del los trenes, y pagar una cuota mayor a la aseguradora.

Además, las FARC estaban pidiendo $3 dólares por tonelada exportada, una suma que habría incrementado sus gastos en la región significativamente dado que las exportaciones se quintuplicaron en la época en la cual estaban los grupos paramilitares.

Desde la llegada de Drummond a Colombia la producción del carbón se ha disparado en el país y dentro de poco representará una tercera parte de todas las exportaciones. La empresa está por abrir la mina “abierta” más grande del mundo, algo que incrementará la producción en 30 mil toneladas por año.

Además de dar detalles sobre reuniones y pagos la demanda incluye a víctimas poco comunes en este tipo de demanda como es el caso de los del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La demanda da detalles de la desaparición de cuatro miembros del CTI a manos de los grupos paramilitares el 9 de marzo 2000 en Minguillo, Cesar.

La demanda en contra de Drummond está hecha bajo el “Estatuto de quejas y agravios para extranjeros” (Alien Tort Claims Statute) y el “Acta de protección de víctimas de tortura” (Torture Victims Protection Act), dos leyes en los Estados Unidos que permiten a ciudadanos extranjeros demandar si se han agotado los recursos legales en sus propios países y si no hay remedios legales adecuados.

Este caso se une a las acusaciones en contra de Chiquita Brands International y Dole Foods, ambos en curso en los Estados Unidos. Además, una comisión de derechos humanos del Congreso de los Estados Unidos se encuentra actualmente estudiando los casos.

Lea la demanda contra la Drummond.