¿Misión (Imposible) Electoral?

Nuevo Tribunal Electoral

En qué consiste: el nuevo Tribunal Electoral estaría conformado por el Consejo Electoral Colombiano (CEC) y la Corte Electoral, dos órganos independientes de origen no partidista (lo que no ocurre hoy con los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, que reflejan la composición partidista del Congreso).

El CEC asumiría las funciones que hoy tiene la Registraduría: organizar elecciones, tener el padrón electoral (identificación ciudadana como cédulas, tarjetas de identidad y registro civil) y controlar el financiamiento de las campañas.

La Corte Electoral sería una fusión de la Sala Quinta del Consejo de Estado (que es el tribunal que decide las demandas electorales) y el Consejo Nacional Electoral (el que define cuándo hay doble militancia, por ejemplo).

Estaría conformada por 5 magistrados nacionales sin origen partidista (otra ley definirá cómo se eligen; la MEE solo dijo que saldrán de ternas) y, al ser una Corte, tendría autonomía. Además, habría 6 tribunales regionales de 3 magistrados debajo de ella.

La Corte se encargaría de toda la jurisdicción electoral, resolviendo temas como las separaciones temporales del cargo a los funcionarios elegidos por voto popular, su pérdida definitiva del cargo o la pérdida de investidura a congresistas.

¿Qué mejora? Le daría independencia al Sistema. Una de las críticas frecuentes al sistema electoral es que está politizado porque los magistrados del CNE vienen de los partidos políticos (la elección de los miembros es apetecida cada cuatro años) y eso les da cierta inmunidad a los partidosfrente a las sanciones administrativas.

Además, el CNE no tiene herramientas para sacar adelante investigaciones sobre financiación irregular de campañas, como la de la presunta violación de topes en las elecciones de 2010 y 2014 que ahora investiga, por el escándalo de Odebrecht, las sanciones llegan tarde.

Como nos dijo un alto funcionario del Gobierno Nacional, la idea es que las sanciones que imponga la Corte Electoral sean a tiempo, con investigaciones rápidas y que éstas no ocurran años después de que la elección irregular se dio.

¿A quién le quita poder? Por un lado a la Registraduría porque la elimina completamente y traslada sus funciones al Consejo Electoral Colombiano. Eso eliminaría el super poder contractual del Registrador, que mueve un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos por elección a nivel nacional, a un cuerpo colegiado.

Lo mismo ocurriría con la Sección Quinta del Consejo de Estado, que quedaría desmantelada para que la reemplace la Corte Electoral.

Cinco congresistas consultados para esta historia nos dijeron, por aparte, que en Cartagena, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, y el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, estuvieron en contra de esta reforma.

Así mismo, pierden los congresistas de los partidos con mayor representación en el actual Consejo Nacional Electoral (La U, los conservadores y los liberales tienen de a dos magistrados, mientras que Cambio Radical, el uribismo y las minorías tienen un representante cada uno), que ya no tendrían aliados en el aspecto electoral para dejar quietas las investigaciones.

Lo posible: Aunque el Gobierno ve con buenos ojos la creación de un tribunal electoral, no está de acuerdo con la eliminación de la Registraduría.

“Ellos lo hacen medianamente bien en las elecciones para que a menos de un año y medio para una elección presidencial los eliminemos”, dijo a La Silla un alto funcionario del Gobierno. Lo que sí le suena es que haya un organismo de control de las campañas electorales, que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llamó como una “Uiaf electoral” que haga seguimiento en tiempo real para que las campañas no superen los topes y no reciban dinero por debajo de la mesa.

Aumento del tamaño del Congreso

En qué consiste: La MEE le hizo caso, en parte, a la propuesta del sistema mixto que desde hace varios años viene promoviendo el ex senador mockusista John Sudarsky, para que en la Cámara de Representantes aumente la representación de los departamentos conforme a su población.

La MEE propone que haya 200 representantes a la Cámara (actualmente son 166) y que por departamento pase de haber mínimo 2 a mínimo 4 representantes.

Además, habría una combinación de listas como las que hoy existen por departamento y distritos uninominales, en los que se escoja un representante del distrito con la lógica de que eso ayuda a que los ciudadanos sientan que alguien los representa directamente.

En esos distritos, de los que habría mínimo 2 por departamento, solo podría haber un candidato por partido, y deben definirse buscando equilibrar lo urbano y lo rural y respetando unidades dentro de los departamentos, como provincias o regiones históricas.

Con eso, el Congreso tendría en en total 300 miembros.

¿Qué mejora? La idea de la MEE es que haya mayor representación de las regiones más apartadas del país, al aumentar la cantidad de representantes en los departamentos menos poblados, y “acercar al Congreso a la ciudadanía”, como dijo la Misión en el documento que entregó al Gobierno, gracias a los distritos uninominales.

Además, que las fuerzas políticas de alcance regional puedan tener curules en el Congreso, ya que con 34 curules más, hay más posibilidades de alcanzar un puesto en la Cámara.

¿A quién le quita poder? A algunos departamentos que hoy tienen 4 o 5 representantes, como el Cesar o el Cauca, pues no tendrían más y los empatarían departamentos menos poblado como Guaviare o Vaupés.

A las grandes maquinarias electorales de los partidos más grandes, especialmente los conservadores, liberales y La U, que tienen mayorías en la cámara baja (103 de los 166 representantes), si las nuevas curules se llenan en parte con candidatos de partidos más pequeños.

Lo posible: Esta fue una de las ideas más impopulares de la MEE.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, de La U, dijo que “en pleno escándalo de Odebrecht no es un buen mensaje al país que el Congreso aumente el número de congresistas”, mientras que Jaime Amín, del Centro Democrático, cree que el aumento “es una complacencia a las Farc” (teniendo en cuenta que la guerrilla tendrá 10 curules en 2018).

Además, al interior del Gobierno tampoco tiene acogida. “Es un cambio demasiado brusco”, nos dijo un funcionario de Palacio, y el propio presidente Juan Manuel Santos, al finalizar su intervención, le preguntó a la MEE si sabía cuánto costaban estos cambios, a lo que los representantes de la Misión no supieron responder.

Grosso modo, un congresista gana actualmente 29 millones 500 mil pesos (40 salarios mínimos), eso sin contar las primas técnicas, los gastos de viajes, celulares y la plata para pagarle a sus miembros de la UTL. Por eso, las 34 curules más le costarían al Estado más de un billón de pesos solo en salarios.

Así que es muy posible que esta propuesta no sea acogida y como nos dijo el columnista de La Silla, Héctor Riveros, “la idea nació muerta”.

Lista cerrada para elegir al Senado, Concejos y Asambleas

En qué consiste: Que todos los partidos políticos cierren sus listas para candidatos al Senado, de forma que el votante vote por el partido y no por un candidato en particular, como lo hace actualmente el Centro Democrático.

La distribución de curules por partido se define por el orden que estableció internamente para armar la lista de sus candidatos, y no por los votos de cada aspirante. Así, según la MEE, habría una “significativa reducción de costos de campaña”, ya que los candidatos no harían campaña por sí mismos ni tendrían el incentivo de gastar más para competir con sus compañeros de lista para quedar más arriba.

¿Qué mejora? Si bien la creación de las listas cerradas no elimina la existencia de caciques electorales en las regiones, sí impulsa la disciplina de los partidos, en la medida en que al organizarse internamente para conformar listas, todos sus miembros deberían salir a buscar votos por su partido, y no por su propio nombre.

A esto se suma que los partidos deberán preparar una plataforma de campaña sólida y única, que llame la atención de los votantes, más allá de las aspiraciones individuales de cada candidato.

¿A quién quita poder? Le puede nquitar poder a los grandes electores de los partidos, como Horacio Serpa en el liberalismo (sacó 129 mil votos al Senado); Musa Besaile (145 mil votos), Ñoño Elías (143 mil votos), José David Name (103 mil votos); Roberto Gerlein (127 mil votos) y Efraín Cepeda (98 mil votos) en el conservatismo y Arturo Char (108 mil votos) que no solamente tienen una maquinaria de votos propios, sino de fórmulas a la Cámara que también trabajan para ellos.

Sus votos deberán repartirlos para que otros copartidarios con menos votación lleguen al Senado, pero si logran imponer el argumento de su votación para quedar arriba en las listas, ese costo podría ser menor.

En todo caso, si no hay una organización específica de los partidos, con reglas de juego claras y sistemas internos de selección de candidatos, ganaría poder el bolígrafo del dueño del partido, quien elegiría a su conveniencia la conformación y los puestos en la lista (algo que hizo Uribe en 2014).

También podría perder el Polo Democrático pues, si bien votan en bancada, desde hace meses atraviesan divisiones internas por la forma de elegir candidato presidencial y aún se desconoce cómo será su estrategia para las legislativas.

Lo posible: La lista cerrada ha sido una propuesta del Gobierno desde que presentó el proyecto de ley de equilibrio de poderes en 2014 (al final no pasó esa idea) y todo indica que le va a apostar a impulsar esta iniciativa, pese a que, como lo dijo el senador liberal Juan Manuel Galán “podría haber dictadura de bolígrafo”.

Ante la posibilidad de que dentro de la coalición de Gobierno no haya apoyo al proyecto, la alternativa sería la presentación de una reforma que permita la lista cerrada desde 2022, y de forma gradual, en parte para que los partidos se organicen internamente para definir las reglas de conformación de las listas.

Financiación estatal de campañas

En qué consiste: Incrementar el aporte estatal directo a los partidos, distribuido en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo y 50 por ciento después de la elección.

La MEE propone que se conserven los actuales topes de campaña (en 2014 el CNE los fijó en 74 mil millones de pesos para listas al Senado, 2 mil millones para la Cámara y 20 mil millones para presidenciales en primera vuelta y 9 mil millones para la segunda) e introducir mecanismos “indirectos de financiamiento público”, como gratuidad en la pauta en medios de comunicación y ofrecer transporte público en la jornada electoral.

¿Qué mejora? La propuesta ayudaría a reducir la corrupción de las campañas electorales y una práctica común en las mismas que es la violación de los topes de financiación.

El presidente Santos dijo que la financiación estatal “deja de lado las injerencias de contratistas e intereses económicos”.

Si bien en la práctica esto solo serviría si hay una reglamentación y un sistema de vigilancia fuerte que imponga sanciones ejemplares a quien viole los topes puesto que ahora también hay financiación pública y como lo demuestra el escándalo de Odebrecht igual apelan a más por debajo de la mesa para sacarle ventaja al rival.

¿A quién debilita? Suponiendo que se pudiera garantizar su cumplimiento, a las llaves contratista-político, que verían debilitada su incentivo de financiar la campaña, ésto más aún si el aspirante está en una lista cerrada y lejos de un puesto en el que pueda conseguir curul a menos de que su partido arrase en las elecciones.

Si no se cumplen los topes a través de este mecanismo, los contribuyentes terminarán pagando más por las campañas sin el beneficio de igualar el punto de partida de los candidatos que  no tienen tanto acceso a fuentes de dinero.

Lo posible: Tanto el presidente Santos como el ministro Cristo están jugados con esta idea y, según un funcionario del Gobierno que conoce de cerca este proceso, “harán mucha presión para que salga adelante esa idea”.

Si bien esta iniciativa gusta entre las bancadas, el Gobierno le apostaría a una solución intermedia, en la que se ponga a prueba este sistema de financiación por dos periodos electorales. La pregunta a responder será si para las elecciones de 2018 esta arquitectura electoral estará lista o si aplazarán su ejecución para 2022.