Nada que hacen efecto las drogas de Santos

Esta semana el ministerio de Justicia publicó un informe sobre el consumo de heroína en Colombia que muestra que el tema de las drogas ya no se limita a combatir su producción pues hay un problema serio de consumo. Pero el informe también recuerda que, a pesar de que el Presidente Juan Manuel Santos ha hablado de cambiar la política de una represiva a otra de salud pública y derechos humanos, los programas para aterrizar ese nuevo enfoque siguen en pañales.

Desde hace un año y medio existe un Plan nacional para la atención del consumo de sustancias con enfoque de salud pública, que es es la carta de navegación del Gobierno para aterrizar ese nuevo enfoque. Pero la prevención de abuso de drogas y la reducción del daño que este causa en la salud pública, que son dos de sus estrategias fundamentales, están lejos de tener asegurada la plata que necesitan para funcionar.

Hay más “lamentar” que “prevenir”

Los principales programas de prevención del consumo, que buscan reducir el contacto con drogas y evitar que el consumo se convierta en abuso, están en manos de la Policía Nacional - lo que corresponde más a un enfoque represivo. Daniel Rico, experto en políticas sobre drogas, considera que la prevención tiene que estar en manos de profesionales de la salud y la educación. Para él, a la Policía le corresponde combatir la oferta, no enseñar sobre la demanda.

El programa más grande que maneja la Policía, se llama D.A.R.E., sigla en inglés que traduce educación en resistencia al abuso de drogas. Viene de una iniciativa de 1983 del departamento de policía de Los Ángeles que se ha extendido a 58 países a pesar de que se ha demostrado que no tiene efecto sobre el consumo. Incluso, como contó la revista Time, el programa incluso afectó de manera negativa la autoestima de los jóvenes.

Aunque la versión colombiana se ha ido ajustando a nuevas visiones sobre las drogas, está parado en el rechazo del consumo (como la campaña del Buho Dino), parte de las políticas de la guerra contra la droga cuyo fracaso parece ser ya un asunto de consenso y que es la que Santos quiere dejar atrás.

A pesar de eso, el cubrimiento del D.A.R.E. supera con creces a los demás programas: entre el 2012 y el 2013 los seis principales programas del país involucraron a 1.187.678 personas, de las cuales el 93 por ciento fueron parte del de la Policía. El segundo programa en esos años fue Escuelas Saludables del Ministerio de Salud, cuyo programa involucró a 39 mil jóvenes y trata varias problemáticas como la violencia intrafamiliar y el abuso infantil.

Contrario a D.A.R.E., los proyectos que están alineados con el discurso de Santos sobre las drogas, se quedan a media marcha por falta de plata. Es el caso de la política de reducción del consumo concebida en los últimos a

ños por el Ministerio de Salud que, en vez de satanizar el consumo, le da a los jóvenes herramientas para tomar decisiones informadas a la hora de consumir.

De esta política salieron “échele cabeza cuando se dé en la cabeza” que se aproxima a los jóvenes en los sitios de rumba con información sobre las formas de reducir el daño a la hora de consumir drogas. Otras fueron las zonas de orientación escolar y universitaria, estrategias que ponen la creación de la estrategia de prevención y reducción del daño en manos de los jóvenes.

El problema según Inés Elvira Mejía Motta, asesora del ministerio de Salud en políticas de drogas, es que históricamente ha habido dinero para la reducción de la oferta pero no de la demanda. Calcula que menos del 5 por ciento del dinero para políticas públicas sobre drogas se ha invertido en la reducción del consumo y considera que este desbalance se ha mantenido hasta la actualidad.

Mejía concluye que la estrategia del ministerio de Salud, aunque fue un planteamiento ambicioso y logró involucrar diferentes comunidades y sectores “no logró consolidarse realmente pues su escala fue minúscula, los recursos insuficientes y la capacidad instalada de nación y territorios débil, inconstante”.

Se reduce el daño pero no se aumenta el presupuesto

Al otro lado del consumo, cuando ya se dio y se convirtió en abuso, el plan de atención desde la perspectiva de salud pública busca reducir el daño que causa, en lo que está alienado con una de las recomendaciones más importantes de la Comisión que creó Santos para re enfocar la política antidrogas.

Según el informe del ministerio de Justicia, en Colombia hay unos 15 mil usuarios de heroína, posiblemente la droga más dañina. Como es muy barata puede llegarle a más gente, y muchas veces es tan pura que causa más adicción y muertes por sobredosis: la pureza puede llegar al 90 por ciento (el promedio es de 62 por ciento) y su precio por gramo oscila entre 5,000 y 30,000 pesos, mientras que en Estados Unidos supera los 500 mil.

Lo más grave, desde la mirada de reducir el daño, es que sus consumidores tienden a tener hepatitis y VIH con mucha más frecuencia que los demás colombianos (técnicamente, se dice que la prevalencia de esas enfermedades es mayor). Incluso, en algunas ciudades ya se habla de epidemias entre los consumidores de drogas inyectadas, como la heroína y la morfina.

En Pereira, por ejemplo, el 44,4 por ciento de esos consumidores tiene hepatitis C, frente al 1 por ciento de todos los colombianos. Y en Cúcuta el 9,2 por ciento de quienes se inyectan tiene VIH, frente a un 0,5 por de todos los colombianos.

A pesar de esas alarmas, los programas de reducción no tienen mayor financiación pública, pues no tienen cabida en la visión represiva del consumo, que privilegia su penalización. Y, cuando hay plata, una parte importante del sostenimiento de los proyectos depende de cooperación internacional, lo que tiene el riesgo de dejar los programas sin financiación. Un caso típico es el de Cambie, uno de los programas de reducción del daño más importantes del país.

Desde el 2013 Acción Técnica Social (ATS), la ONG encargada del programa, ha repartido jeringas, algodón, curas y demás material higiénico que los adictos a la heroína necesitan para inyectarse. Comenzaron en Pereira, se extendieron a Cali y Bogotá y para finales del 2015 pasado ya habían atendido a 1,119 personas y recibido a 4,825 asistentes a talleres de prevención de enfermedades, inyección higiénica y manejo de sobredosis.

Según Felipe Cuervo, encargado del monitoreo y gestión de proyectos de ATS, los ministerios de Salud y Justicia han apoyado activamente el proceso con asistencia técnica y financiera. No obstante, el proyecto depende de la contribución de la Open Society Foundation (que también es donante de La Silla Vacía); Cuervo dice que en el caso de “Cambie”, esos fondos aseguran la continuidad de los esfuerzos en las transiciones entre administraciones.

En las recomendaciones del informe del Ministerio de Justicia, los autores explican que el dinero que sostiene iniciativas como “Cambie” debe salir de un rubro fijo en los planes de salud y desarrollo de los municipios y de la Nación. La recomendación es de especial importancia en Pereira, Cali, Bogotá, Cúcuta, Armenia y Santander de Quilichao, donde de desaparecer programas como “Cambie” podría llevar a un aumento aún mayor de VIH y hepatitis.

Pero ese cambio, que sería un paso en firme para concretar la posición de Santos de atacar el problema de las drogas desde una perspectiva de salud pública, se enfrenta a las vacas flacas en materia fiscal. Un panorama que también deja en veremos la recomendación de la Comisión de Drogas -que instaló el mismo Santos- de crear una agencia para política de drogas que coordine las diferentes fuentes de presupuesto y las políticas de drogas.

Por lo pronto, cálculos del Ministerio de Salud indican que la ejecución del Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias tendría un costo anual aproximado de 104 mil millones de pesos. Es decir, dos tercios de lo que costó Ser Pilo Paga en 2015.

Según Orlando Scoppetta, experto en políticas públicas del ministerio de Justicia, todo el dinero que se invierte en campañas de prevención termina ahorrándose con creces con lo que evita en atención médica y psiquiátrica de los adictos. La duda es si habrá plata para financiarlo: los ministerios que pondrían el dinero, Salud y Justicia, sufrieron este año un recorte de 143 mil y 171 mil millones respectivamente.

Su gobierno ya presentó un plan de manejo de las drogas que se compromete a meterle plata a la reducción del consumo y está negociando un acuerdo de paz en el que combatir el abuso de las drogas es una prioridad. Pero las vacas flacas ponen a Santos en el dilema de aumentar los recursos justo cuando hace recortes de presupuesto o quedarse con un compromiso firmado en La Habana sin aterrizar.