Ni contigo ni sin ti: un dilema del Gobierno con la Farc

Para cumplir la meta de las 50 mil hectáreas sustituidas manualmente en tres meses, un compromiso con Estados Unidos que reiteró Colombia esta semana durante la visita del secretario de Estado Rex Tillerson, para el Gobierno Santos es clave tener el acompañamiento de la Farc por el conocimiento e influencia que tienen sobre los cocaleros. Tenerlos como aliados en este proceso ha sido clave, pero aún así, con el tiempo y en particular en esta época electoral, se ha visto que esa ayuda no es gratuita.

El aliado con arandelas

En los acuerdos colectivos que ha firmado el Gobierno con las familias cocaleras el papel de la Farc es el de acompañar y promocionar el Programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito, Pnis.

Eso en la práctica significa que sus voceros tienen que firmar los acuerdos colectivos y comprometerse a cumplirlos. También que van con el Gobierno a las reuniones que se convoquen con las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal a promocionar el programa, hablando de sus beneficios para que los cocaleros se monten al bus.

Pero esa intermediación de la exguerrilla comienza a encontrar resistencia en otras organizaciones de base que sienten que la Farc está aprovechando ese rol para construir clientelas para su partido.

Los casos

En La Macarena, Meta, hay 2690 familias cultivadoras de coca y las Farc llegaron a tener tanta influencia que es el municipio donde más tierras reportaron. Allí se armó una discusión que muestra el temor de algunas organizaciones de que si no están con las organizaciones afínes a la Farc, no les van a desembolsar la plata. 

Resulta que según nos contaron dos fuentes por separado que estuvieron en una reunión este fin de semana en ese municipio, los voceros de la Farc dijeron que como era más difícil firmar los contratos para los recolectores junta por junta para que les paguen un millón de pesos a cambio de trabajo comunitario, recomendaban que mejor se hiciera el convenio con Asoguayabero y con la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G.

Ascal-G, como lo contó La Sur en esta investigación, es una asociación que agrupa a 70 veredas del municipio de San Juan de Losada, en todo el límite entre Meta y Caquetá. Allí es vista como afín a la Farc, al punto de que la guerrilla era la “tercera instancia” para resolver las peleas que ellos no lograban dirimir.

Frente a esa recomendación “los presidentes de las juntas, los comunales mejor dicho, dijeron que no estaban de acuerdo porque Ascal-G no los representaba y entonces ahí se dijo que mejor fuera con Asojuntas (la Asociación de Juntas de La Macarena) y todo el mundo empezó a aplaudir”, le contó a La Silla una fuente que está trabajando con la sustitución.

“Lo que uno ve con preocupación es que si la plata para los recolectores comienzan a gestionarla con sus organizaciones más cercanas, pues eso es una máquina clientelar brava y más ahora que ellos están en campaña”, agregó esa fuente.

"Aquí todas las organizaciones nos conocen y saben de nuestro trabajo y compromiso con la sustitución y nosotros no hemos recomendado a nadie", dijo a La Silla Rubén Zamora, uno de los voceros de la Farc en el Meta. 

Sobre eso, el director de la Oficina de Drogas, Eduardo Díaz, explicó a La Silla Sur que los contratos que se firmen con las juntas de acción o las organizaciones sociales para los recolectores hacen parte de un proceso de convocatoria pública, en el que los que quieran participar tendrán las mismas condiciones. 

“No es a dedo. Es un proceso de convocatoria pública y no vamos a aceptar que ninguna organización le imponga las condiciones a las demás.”

Eso es cierto pues para pagarles, el Pnis contempla que primero se deben firmar contratos de prestación de servicios con la asociación de juntas o la organización social que luego de pasar por un proceso de convocatoria pública termine elegida.

Ese mismo problema de representatividad también ha pasado en Guaviare.

Allí, la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, que pertenece al movimiento político Marcha Patriótica y según cuatro fuentes del departamento con las que hablamos, es vista como afín a la Farc, creó el capítulo departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam. La MIA surge después del paro agrario de 2013 y tiene 2100 asociados.

Sin embargo, como muchos campesinos no se sentían representados ahí, apareció la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, Anuc, y se alió con las juntas de acción comunal del Guaviare y montaron una organización que se llama ‘Guaviare es paz’.

Cada una quería adjudicarse la potestad de ser voceras de todo el departamento, pero al final el Gobierno dijo que "todos o ninguno" y firmaron un acuerdo colectivo en febrero del año pasado. Pero a pesar de eso, las pujas entre ambas organizaciones siguen.

“Ellos (MIA) insisten en que todo el que quiera participar en el programa de sustitución tiene que tener la manilla de ellos, o si no no hay pagos”, dijo a La Silla el presidente de una junta de acción comunal del municipio de El Retorno, que agrupa a 303 juntas.

“Acá no llega la MIA sino cuando son los pagos, de resto los que le hemos puesto el pecho siempre a la guerra, a las vacunas, a todo, somos nosotros”, nos dijo Olmes Alonso Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de El Capricho, un corregimiento de San José del Guaviare que agrupa a 32 veredas.

“El Gobierno se veía obligado a incluir a la MIA porque la Farc lo exigía y al hacerlo la MIA ha ganado más representatividad, buscando crecer en número de afiliados a expensas de la sustitución”, nos dijo otra fuente que se conoce por dentro la región.

Sin embargo, para Andrés Pulido, miembro de la MIA “la cosa no es asóciate y te meto en el programa. Nosotros respetamos las decisiones de las juntas y lo de que somos amigos de la Farc pues es un argumento que ha perdido vigencia porque si ellos pasaron por el proceso de paz, es algo que ya no tiene relevancia”, dijo a La Silla. “Lo que hay es una fractura de representatividad porque Asojuntas representa a los más cercanos de los cascos urbanos, nosotros hemos recogido a la gente que está más alejada”, agregó.

Ese problema de representatividad también ha hecho que no todas las familias cocaleras firmen los acuerdos.

Por ejemplo, en Putumayo, el Gobierno firmó el acuerdo regional de sustitución con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, Meros, que también es afín a Marcha Patriótica y a la Farc, y que también crearon el capítulo departamental de Coccam, logrando así que 27 mil familias cocaleras firmaran el acuerdo colectivo. El problema es que hoy siguen por fuera 10 mil familias cocaleras de San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, tres municipios que resistieron a la Meros y por eso no quedaron incluidas en el acuerdo. 

Los efectos

“Lo problemático de esto es el doble papel que pretende tener la Farc, participando de las decisiones y siendo garantes al mismo tiempo”, dijo a La Silla Sur Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, que está preparando un informe justo sobre este tema. Por garantes se refiere a que “ellos en los territorios se presentan ante las comunidades como quienes van a hacer cumplir el Pnis”. 

El otro factor de malestar con la Farc es que los voceros de este grupo en las reuniones que aterrizan el Pnis tampoco condenan las amenazas de las disidencias del frente Primero y Séptimo. Esas disidencias han estado amenazando a los cocaleros y a los verificadores de la ONU.

“Uno los oye y es como si fueran del Gobierno con el tema de que hay que sustituir, pero tienen un discurso muy poco confrontacional con las disidencias, entonces a uno le queda como la sensación de que hay algún tipo de comunicación todavía entre ellos”, nos dijo una fuente que trabaja para la sustitución en Meta.

Algo muy parecido nos dijo Fidel Navarro, el coordinador territorial del Pnis en Guaviare, Sur del Meta y suroccidente de Vichada. “Nos hace falta que no solo la Farc, sino también la Coccam, condenen más a las disidencias porque aquí hay territorios en los que el programa no ha podido entrar como en once veredas que quedan sobre el río Inírida porque tienen amenazados a los líderes con que no pueden sustituir y que tienen que seguir cultivando y deforestando”.

Por eso aunque para el Gobierno es clave que la Farc siga de su lado, es un aliado que al que todavía le falta ponerse más la camiseta.