“No estoy en el juego de las candidaturas presidenciales”: Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas:Una parte del Pipe implica una recomposición al interior de los presupuestos de las entidades (por ejemplo, reduciendo viviendas gratis para estimular subsidios a la vivienda media) para redireccionarlos a actividades o programas de mayor impacto sobre el empleo y el PIB; y otra parte del Pipe es englobar los recursos de los próximos cuatro años, vía vigencias futuras, para hacer programas con más economías de escala, menores costos unitarios y que nos aseguren un arranque con mucho impacto sobre la economía.

Uno tiene que ir calibrando entre equidad y eficiencia. En un momento en que la economía se va desacelerando, hay que darle un poco más peso a la eficiencia, es decir, al crecimiento, porque al final del día es fundamental para el empleo y para que los sectores marginados tengan ingresos suficientes.

Es correcto. En educación y en vías. Es muy distinto salir a contratar 30 mil aulas que salir a contratar 3 o 4 mil. Al hacerla de 30 mil aulas con los recursos de los próximos cuatro años podemos hacer más eficiente la construcción. Podemos dar un estartazo.

La ley de garantías no frena la contratación. Lo que prohíbe, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, son los convenios interadministrativos, la contratación directa y el enganche de personal. La contratación sigue su marcha en condiciones ordinarias; licitaciones, concursos, todo eso sigue su marcha.

A finales de 2014 el sistema de regalías tenía unos saldos no comprometidos, recursos que no se habían convertido en proyectos aprobados por los Ocad, por 4 billones de pesos.

Lo que hicimos fue incorporar esos excedentes de 2012 a 2014 al presupuesto de este bienio (2015 – 2016) y permitir que puedan ser comprometidos en los Ocad por los actuales gobernadores y alcaldes.

Lo que pasa es que también necesitamos los recursos desde el punto de vista de impacto sobre la economía. Esos recursos son de vigencias que realmente corresponden a los actuales mandatarios seccionales, por lo que no habría un argumento para que no los puedan ejecutar. En todo caso, del presupuesto ordinario para 2015 y 2016, que son unos 17,7 billones de pesos, se definió que solo el 50 por ciento lo pueden ejecutar los actuales gobernadores y alcaldes, para que cuando lleguen los nuevos tengan la otra mitad. Cada uno de los dos años se autoriza la mitad.

Y algo muy importante: como los precios del petróleo han caído después de que fue aprobado ese presupuesto ordinario del sistema general de regalías, tomamos la decisión de aplazar el 30 por ciento de ese presupuesto. Entonces, de lo que se aprobó en el Congreso, los actuales gobernadores y alcaldes van a poder gastar el 35 por ciento, más los cuatro billones del sistema.

Lo nuevo es darle vía libre a esos cuatro billones para que irriguen rápidamente.

También les están dando una vía express para contratar las aulas escolares

Es algo novedoso: el programa “Colegio 10” es un colegio estandarizado, con unos diseños simples, básicos, y menor costo de producción porque se puede producir en serie.

Para eso el gobierno destinó 2 billones de pesos de vigencias futuras. Le estamos diciendo a los gobernadores y alcaldes que si ponen de sus regalías en esos proyectos se aplicará una vía rápida de aprobación, en la que no tienen que ir a los ministerios para viabilización de esos proyectos.

Sí, la jornada única no se puede lograr si no hay más aulas.

Frente al metro, lo que el gobierno dijo es que nos comprometemos con el 70 por ciento de la inversión que hay que hacer en el metro. Esa inversión vale 13,8 billones.

¿Cómo lo vamos a pagar? La Empresa Metro toma un crédito por los 9,65 billones que la Nación se compromete a atender. Lo que tenemos que programar es cómo tener con qué pagar ese crédito, que será a un plazo de 20 a 30 años.

No, será distrital. Lo que pasa es que la Nación, al comprometerse a pagar el servicio de la deuda, está poniendo el 70 por ciento de la plata. Lo que pide a cambio es que la empresa tenga unos estándares de gobierno corporativo tipo Ocde.

La mayoría de miembros de la junta directiva que sean independientes y presidente que no sea de libre nombramiento y remoción del alcalde, sino una decisión de la junta.

No estamos en la época de vacas gordas, estamos optimizando los recursos del Estado para maximizar el crecimiento económico y lograr el mayor impacto en empleo y en el PIB.

El Pipe 2.0 no crea presión de gasto público adicional, se hace con los presupuestos que ya estaban aprobados, pero traemos esa plata al presente para hacer contratos de mayor escala, de mayor alcance. O también estamos diciendo “usted iba a gastar en esto, gaste más bien en esto otro, que produce más impacto”.

Con el metro no estamos creando una presión de gasto público ya. Estamos diciendo que esa plata cabe dentro de los escenarios fiscales del 2020 en adelante, cuando tengamos que pagar esa deuda.

Pero por ejemplo la negociación con los maestros o lo último que le dieron a los militares, eso entra a nómina.

El ajuste salarial de este año estaba parado hasta que se lograra el acuerdo con los centrales obreras. Mientras se definió, todos los trabajadores del Estado estábamos recibiendo el mismo sueldo del año pasado. Cuando se acordó que va a ser el 4,66% (inflación más 1%), se hizo retroactivo al primero de enero. Ese fue el anuncio de los militares.

Lo que se está haciendo en el caso de los maestros es reconocer que, además de la inflación, en los próximos años se va a dar un incremento de 12 puntos, de los cuales dos ya se otorgaron (uno en el 2014 y otro en el 2015, que ya se está dando.

Lo que se acordó como incremento salarial para los años siguientes, nos cercioramos que cupiera en la bolsa de la cual se pagan los salarios de los maestros, que se llama el Sistema General de Participación. Eso es lo que le transfiere la Nación a los entes territoriales y tiene un porcentaje que va para educación. Con lo que se espera que crezca esa bolsa, nos aseguramos que de ahí se pueda atender el pago de ese incremento salarial.

O sea, no nos estamos saliendo de nuestra planeación fiscal.

El Comité Consultivo de la regla fiscal, que es un grupo de personas independiente del gobierno, acaba de conceptuar hace dos semanas que el Gobierno cumplió con la regla fiscal en el 2014. Este año naturalmente tenemos todo presupuestado para cumplir con la regla fiscal, y hacia adelante también.

Consideramos que para la confianza de los inversionistas, de los hogares y de la economía colombiana es indispensable la disciplina fiscal.

Una economía que se desacelera, es una en la que el nivel de ingreso de las personas sube más lentamente. No es que caiga su capacidad adquisitiva. Y el número de empleos que genera es menor.

Con el Pipe estamos esperando que la economía crezca por lo menos un 3,5 por ciento este año. Es un poco más de un punto porcentual menos que el año pasado. Ante la magnitud del choque que ha sufrido la economía por el lado petrolero, ése sería un resultado extraordinariamente bueno.

Sí. Primero, el que permitamos usar los 4 billones de excedentes de las regalías afecta muy directamente a los productores, porque reciben un porcentaje a través de las regalías directas.

Dos, hay un capítulo del Pipe 2.0 que tiene que ver con normas que buscan estimular la actividad del sector minero-energético, facilitar el cumplimiento de los compromisos contractuales que tienen las empresas con la ANH.

No es tanto subsidios como flexibilización del cumplimiento de contratos. Otro criterio que está en el Pipe 2.0 es que, en su contrato con el Estado, las empresas tienen una línea de base que es la producción de petróleo que se espera que cumpla. Para cualquier producción incremental, por encima de esa línea de base, la tarifa de regalías que se le aplica es reducida. Eso incentiva a que inviertan y produzcan más.

Son dos discusiones diferentes.

Pero uno pensaría que entran menos recursos por el petróleo, uno recorta el nivel de gastos o aumenta los ingresos con nuevos impuestos

Naturalmente estamos en una situación de menores ingresos petroleros y vamos a tener una reducción de ingresos petroleros todavía mayor en el 2016. Entonces la gran pregunta es cómo se acomoda la situación fiscal a esos nuevos escenarios petroleros.

Que el Gobierno tenga ya definida exactamente cuál es va a ser la mezcla entre gastos e ingresos a mediano plazo, no. No es una discusión que esté cerrada.

¿Qué creo yo que deberíamos hacer? Yo le pido a la comisión de expertos que está trabajando en una reforma tributaria estructural y cuyo trabajo termina a finales de este año, que nos de insumos para comenzar con un capítulo que considero indispensable, que es la reforma al estatuto tributario en lo relacionado con las entidades sin ánimo de lucro.

Sí. Yo quisiera abordar el tema porque ahí hay un foco de evasión muy grande. Hay mucha fundación, mucha cooperativa, que realmente se están utilizando como escudos para evitar el pago de impuestos.

Otra idea que el Gobierno tiene clara, y que comentan los expertos de la Comisión, es que la tributación de las sociedades en Colombia llegó a su techo en la reforma pasada. Allí no hay espacio para aumentar la tributación, o por lo menos las tarifas. Estamos en un punto en el que la competitividad juega un papel importante.

Ahí va la discusión, está abierta.

Con el Pipe estamos esperando que la economía crezca por lo menos un 3,5 por ciento este año

Dentro de estas predicciones de mantener la regla fiscal, ¿está incluido el tema de la financiación de las carreteras de 4G?

El programa de infraestructura de las 4G se hace a través de asociaciones público privadas, las llamadas APP.

La novedad de las 4G es que el Gobierno solo pone la plata cuando estén operando tramos de los proyectos para evitar lo que pasó en el pasado, que es que el Gobierno hacía aportes y los proyectos no se hacían. El Estado entra a aportar recursos para complementar los ingresos de los concesionarios gradualmente en la medida en que los proyectos vayan concluyendo. Ésas son las llamadas vigencias futuras.

De hecho, la competencia se da en virtud de quién solicita menos vigencias futuras. Ése es el ganador.

El Estado entra también de otra manera en las APP. En en los próximos años los concesionarios van a tener que hacer unas inversiones gigantescas para construir los proyectos. En esas inversiones, los concesionarios tendrán que poner en promedio un 20 por ciento de capital propio y un 80 por ciento de deuda.

El concesionario tiene que mostrarle a la ANI el cierre financiero. Decirle, ‘vea, yo estoy poniendo el 20 por ciento de capital y para el 80 por ciento restante el banco tal me va a dar un préstamo, voy a emitir bonos por tanto’.

Ésa es la luz verde para el proyecto porque quiere decir que alguien estuvo dispuesto a financiar el proyecto. Es el último paso antes de empezar la obra.

En este segundo semestre vamos a empezar a ver los cierres financieros de los proyectos. Ahí entra el Gobierno de una segunda forma, complementaria al aporte de vigencias futuras.

El Gobierno montó un banco de desarrollo, que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), para ser el catalizador de esos cierres financieros, porque la FDN pone una parte del financiamiento que requieren los concesionarios.

La más compleja de todas, la de mayor riesgo, la que le da confort o seguridad a las demás fuentes de financiamiento para ofrecer los recursos y, sobre todo, para ofrecer condiciones que sean económicamente atractivas, que los que van a financiar los proyectos no cobren unas tasas de interés exorbitantes. Para asegurar que el financiamiento se hace en las mejores condiciones posibles, entra la FDN como un factor que lo que hace es apalancar a todos los demás.

La FDN estima que pondrá el 20 por ciento de los proyectos. De los que ya se han aprobado, los concesionarios están buscando financiamiento por 30 billones de pesos. Lo que necesitan los concesionarios que tienen las APP ya adjudicadas es tres veces lo que todo el sistema financiero colombiano le ha prestado a la infraestructura a la fecha.

Lo tendrán que poner los bancos en Colombia y sobre todo el financiamiento internacional. Pero, ¿qué está diciendo el financiamiento internacional? Está diciendo ‘queremos ver a la FDN ahí’, porque les da seguridad.

No, porque nosotros nos cuidamos de montar una entidad con un buen gobierno corporativo. La FDN tiene 7 miembros en su junta directiva, de los cuales dos somos funcionarios del gobierno (Planeación y Hacienda) y cinco son miembros independientes.

Nos preocupamos de que eso no solo fuera algo aspiracional. Lo logramos metiendo de accionistas de la FDN a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento y al banco Sumitomo.

Hace un par de meses estuve en Tokio cerrando esa transacción. Que uno de los dos bancos más grandes del Japón entre de accionista hace que la FDN tenga más músculo y más capacidad de apalancamiento.

La FDN tiene 3 billones para arrancar, que es su capital actual. Puede prestar 3 billones, que es el 10 por ciento de esos 30 billones que se necesitan para las carreteras de 4G. Pero a futuro, para tener el impacto necesario, requiere de los recursos de Isagen.

Se presentaron unas demandas frente al decreto que establece la venta de Isagen, y lo que ha dicho el Consejo de Estado es que se suspenda la subasta hasta tanto resuelve de fondo sobre el mérito de esas demandas.

Para mí ser un buen ministro de Hacienda es un fin en sí mismo

Ese proceso lleva dos años, esas demandas las conocemos y en ningún escenario legal han prosperado. Por eso lo que pedimos es que la decisión de fondo se tome lo más rápido posible.

Pero aún si no prosperan las demandas, el Consejo de Estado se puede demorar un año o dos años en decidir. Y el cierre financiero ya está llegando

Antes de hablar de plan B, la FDN tiene 3 billones de pesos con los que puede arrancar a financiar. Eso le da munición para un tiempo. Por eso digo ‘que la FDN trabaje, y que el Consejo de Estado avance’.

En la discusión sobre Isagen se habla de la importancia de activos estratégicos. Hoy en las economías emergentes, hablemos por ejemplo de los Brics, lo que es un verdadero activo estratégico es la capacidad de financiar proyectos de largo plazo.

El activo estratégico de largo plazo para Colombia es un banco de desarrollo. Pero no uno que regale plata, porque eso siempre será un mal negocio, sino uno que financie proyectos estratégicos de desarrollo de largo plazo con mecanismos que es difícil obtener en la banca comercial, como plazos muy largos o cubriendo y garantizando riesgos que nadie más va a cubrir.

Lo de la venta de Isagen no es una idea neoliberal, es una idea más bien muy de avanzada en lo que es nuestra visión del desarrollo económico los próximos 50 años. Necesitamos una entidad con un gran músculo de financiamiento.

Al mismo tiempo, tenemos total tranquilidad que en el sector eléctrico colombiano hay una regulación muy madura, hay unos estándares medioambientales que se aplican por igual a privadas o públicas, que son exigibles. Entonces aquí no hay riesgos.

Es todavía prematuro hablar del valor y el costo de los acuerdos, porque hay que concluir la negociación para saber exactamente cuáles van a ser los montos necesarios.

Sí, pero es difícil, en este momento, entrar a tasar el precio de la paz.

Yo creo que frente a la paz vamos a tener que ser muy pragmáticos, vamos a tener que buscar un financiamiento que recoja todas las fuentes posibles, internas y externas. Ingresos fiscales, financiamiento, cooperación internacional. Y vamos a necesitar un plazo para cumplir con los acuerdos, no se va a poder hacer de un día para otro. Esa discusión vendrá en su momento.

En este momento no estamos haciendo las cuentas de cuánto va a costar y sobre todo cómo lo vamos a financiar. Tenemos una idea, unos cálculos preliminares de los diferentes temas que se han ido negociando, pero son números en borrador.

No podría decir eso: le damos toda la prioridad al tema de la paz. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera en la que vamos a haciendo unos estimados. Pero son números en borrador porque no hacen parte de un acuerdo definitivo. No le podríamos decir al país cuánto va a costar la paz hasta que no tengamos mayor certeza sobre cómo cierra la negociación.

Pero naturalmente, en todas nuestras conversaciones con los gobiernos internacionales hablamos de que va a ser necesario buscar la cooperación para el día que llegue la paz. Eso lo hace el Presidente. O cuando tengo las reuniones con las entidades multilaterales de crédito, hablamos mucho de la paz y de cómo la vamos a financiar, y de qué mecanismos o qué figuras tendrían ellos para ofrecernos en ese momento.

Ni estoy haciendo política ni estoy haciendo inauguraciones que no me correspondan. La forma en que me hace la pregunta me deja totalmente sorprendido.

Hay alguna gente, incluso dentro del mismo Gobierno, que cree que sus aspiraciones políticas han transformado el perfil del ministro de Hacienda en una figura más visible y política de lo usual.

La pregunta parte de una premisa falsa: yo no soy candidato presidencial. Soy un Ministro de Hacienda que tiene clarísimo que en la descripción del cargo, ante todo lo que prima es una enorme responsabilidad en materia fiscal, con la economía.

No estoy en ese juego de las candidaturas presidenciales. No estoy viendo el Ministerio de Hacienda como un medio, para mí ser un buen ministro de Hacienda es un fin en sí mismo. Si no lo fuera, no habría tomado decisiones muy difíciles que hemos tomado en el ministerio.

De ahí a que yo no pueda salir del ministerio –que es lo que se infiere de la pregunta – también me parece una exageración. A mí me parece que para ser buen Ministro de Hacienda hay que salir, hay que acompañar. El Ministro de Hacienda tiene una entidad que está adscrita, que es el Fondo de Adaptación. Si tengo una responsabilidad en el Fondo ¿por qué no voy a ir a las inauguraciones de las obras que hace?

Este cargo es 80 por ciento técnico pero también tiene un elemento muy político en las relaciones con los gobernadores, con los alcaldes, en el permanente trabajo legislativo.

No creo que sea cierto tampoco que en el pasado los ministros de Hacienda no salieran y no se mostraran, y tampoco creo que sea conveniente. Porque el Ministro de Hacienda tiene que hacer presencia, tiene que ir a los foros, tiene que hablar, máxime en un momento en el que la economía requiere generar mucha confianza.