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Sindicatos, ambientalistas y partidos de oposición ya empezaron a mostrar qué artículos pueden darle lidia al Gobierno en el proyecto de ley.
Ocho peleas que inspirarán los artículos del Plan de Desarrollo
El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, que socializa el gobierno mientras inicia su trámite en el Congreso, ya ha creado molestia por los subsidios de energía, y las regalías, en los que se se echó para atrás el presidente.
Pero hay por lo menos seis temas más que quedaron en los artículos del Plan en los que probablemente habrá puja en el Congreso, por los intereses que se mueven alrededor de ellos y la capacidad de cabildeo que tienen los interesados, eso, sin contar las pujas que puede desatar las más de 1.300 páginas del documento de Bases del Plan.
Del articulado, estos ocho estarán entre los temas que darán de qué hablar:
1
Los sindicatos contra la imposibilidad de tener dos pensiones
Doce de los los 185 artículos del plan tienen que ver con temas laborales y pensionales, entre los que hay siete que no les gustan para nada a los sindicatos. (Otro, el que aumentaba la base de cotización de salud de algunos trabajadores independientes que ganan más de un salario mínimo, también estaba en la lista pero sobre ese Duque se echó para atrás).
Dos de ellos pueden generar mayor debate, y las centrales obreras más grandes ya se han empezado a mover.
Uno, el número 58, impediría que una persona pueda acceder a la vez a una pensión por invalidez o accidente laboral y otra por vejez al mismo tiempo, algo que la Corte Suprema ha dicho que se puede porque tienen motivos diferentes y los cubren fondos distintos.
Eso a pesar de que la ley 100 no permite que una persona reciba a la vez la de invalidez general, que no venga de accidentes laborales, y la de vejez a la vez.
Eliminar esa posibilidad no le gusta a la CUT, que es de clara oposición, ni a la CGT, que suele ser más moderada.
2
Los sindicatos contra auxilios tipo pensión por menos del salario mínimo
Otro artículo, el 113, busca que los trabajadores puedan afiliarse a un régimen diferente y menos robusto de protección social. En él estarían afiliados al Sisbén en vez de a una EPS, a los Beneficios Periódicos de Protección Social en vez de un fondo pensional, y a un microseguro en vez de una ARL.
Aunque eso no aplicaría a todos los trabajadores y el Ministerio de Trabajo debería definir a quiénes, la idea es que por esta vía todos los empleados puedan acceder a un mínimo de seguridad social.
El artículo dice que el 14 por ciento del salario se debe destinar a los BEPS, que es un mecanismo de ahorro que se puede convertir en una renta de por vida una vez el trabajador cumpla la edad de pensión, y el 1 por ciento a un microseguro que cubra al trabajador de accidentes y riesgos laborales.
Y aunque en las bases del plan se dice que este tipo de beneficios serían solo para personas que ganen menos del mínimo, en la ley queda abierto a que pueda aplicarse este mecanismo a personas que ganen más. De hecho dice que los empleadores están obligados a cubrir estos aportes sólo para los trabajadores que ganen menos del mínimo, lo que prendió las alarmas de los sindicatos.
“Esto desmonta las garantías mínimas del Sistema General de Seguridad Social Integral proponiendo que estos accedan a salud subsidiada, Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y microseguro, en vez de pensión, salud, riesgos laborales y caja de compensación familiar, derechos consagrados en la legislación colombiana y elementos indispensables del trabajo decente”, escribió el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela.
Para la CGT, este mecanismo busca hacer pasar por formales empleos que no lo son.
“Es una protección social a cargo del estado, quedan exonerados los empresarios, sin pago de incapacidades, ni de licencias de maternidad, ni accidentes de trabajo. Un informal más, ahora "formalizado"”, nos dijo Wilson Arias, vocero de esa central sindical.
La CGT y la CUT se han acercado a senadores de la bancada alternativa para pedirles que se opongan a estos artículos, y Arias nos confirmó que también se están acercando a senadores liberales y de La U para lo mismo.
3
Los ambientalistas contra las licencias mineras para proyectos pequeños o en líos
Trece artículos hacen ajustes al sector minero y al menos cuatro de ellos levantan roncha.
Uno, el 18, ya ha causado reacciones por parte de ambientalistas como Manuel Rodríguez y la senadora verde Angélica Lozano, es crear licencias ambientales temporales para formalizar la minería tradicional.
Se trataría de una licencia que los pequeños mineros podrían tramitar en un mes, y que estaría vigente mientras terminan su proceso de formalización y un mes más.
Actualmente, según datos de la Agencia Nacional de Minería, hay 1.634 solicitudes de formalización minera que están en el limbo desde que en 2015 el Consejo de Estado tumbó el decreto que reglamentaba el proceso de formalización. Los dueños de esos títulos podrían acceder a la licencia temporal.
La preocupación de Lozano y Rodríguez es que se convierta en una licencia exprés que afloje las normas ambientales del sector minero.
Para el Gobierno eso no va a pasar porque solo aplica para proyectos de formalización que hoy no tienen que cumplir ningún parámetro ambiental mientras dura el proceso, y la licencia es tan temporal que una vez formalizado el título, el minero deberá sacar una licencia convencional.
Otro artículo al que le caben las críticas de Lozano y Rodríguez, el 26, es la que ordena que se flexibilicen los términos de referencia de las licencias ambientales para proyectos de pequeña minería y de comunidades étnicas.
Aunque la idea es que los mineros tradicionales y de subsistencia puedan formalizarse, también implica exigencias ambientales para ellos sean más laxas.
4
Algunos megamineros contra nuevas regalías para ellos
Otra norma obliga a que los dueños de las minas más viejas, muchas veces centenarias como las de Marmato en Caldas o Frontino en Antioquia (en total son 28 títulos), paguen regalías.
Hoy sus dueños, grandes empresas como Mineros S.A. y GranColombiaGold, no lo hacen porque cuando nacieron esas minas, hace más de medio siglo, los privados podían ser dueños del subsuelo, y se ha mantenido ese derecho, lo que hace que sean de propiedad privada, no paguen regalías ni sea fácil para el Estado entrar a controlarlas.
Hoy este tipo de proyectos de oro, plata y platino paga un impuesto de 4 por ciento y el resto de minerales paga 0,4 por ciento. El plan les pondría a pagar adicionalmente a los títulos de oro que se saca de los ríos 2 puntos adicionales, al platino 1 punto adicional y al resto de minerales entre 2,1 y 4,6 puntos adicionales.
La Asociación Colombiana de Minería, gremio que agrupa a ambas empresas, aún están estudiando el artículo.
5
La batalla entre Planeación y Hacienda
Como contamos en La Silla, la idea del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de empezar a manejar el presupuesto de inversión, que hoy es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación a Hacienda, es un punto polémico.
Aunque el Presidente apoya ese artículo, el 35, y la directora de Planeación, Gloria Alonso, la ha defendido públicamente, once exdirectores de planeación y exministros de Hacienda hicieron una declaración pública advirtiendo que era inconveniente, porque el DNP es clave para que el presupuesto de inversión le apueste a proyectos estratégicos.
Además, una vez iniciado el debate, el exministro de Hacienda de Álvaro Uribe, Roberto Junguito, puso en duda uno de los principales argumentos para defender esta medida.
En el Nuevo Siglo dijo que la Comisión del Gasto Público que él presidió en 2017 sí recomendó unificar el presupuesto, pero que no hubo consenso de que se debiera hacer en Hacienda. Eso a pesar de que el Ministro de Hacienda ha defendido la idea que este ministerio asuma ambos presupuestos con el argumento de la Comisión de Gasto Público.
Además, La Silla supo que la directora Alonso le ha seguido insistiendo al presidente Duque que elimine el artículo, incluso en una reunión en Presidencia este miércoles, aunque sin éxito.
6
Un Duque superpoderoso contra un Congreso sin mayoría gobiernista
En el Plan, el Gobierno pide facultades extraordinarias por dos meses para hacer una reforma al Estado, algo similar las que obtuvo Juan Manuel Santos en 2011 y que le permitieron separar los ministerios de Ambiente y Vivienda, Salud y Trabajo y el del Interior y Justicia, y crear casi 20 entidades, entre otras.
Ante eso Norma Hurtado, representante vallecaucana de La U y del grupo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, ha dicho que considera que es un cheque en blanco sin que exista un documento técnico que especifique qué entidades piensa crear o modificar Duque, y por qué.
En línea similar, el senador verde Antonio Sanguino dijo que el artículo permitiría desmantelar entidades creadas para implementar el Acuerdo con las Farc, y que eso le genera temor.
Por eso desde ya se avecina que será uno de los puntos álgidos de la discusión del Plan en el Congreso.
7
Los fondos de pensiones contra los sindicatos
El artículo 119 extiende a los fondos privados de pensiones una protección que hoy le da el Gobierno a las aseguradoras de vida en sus planes de renta vitalicia, que se parece a pensiones.
Para que fuera más atractivo ofrecerlas, el Gobierno Santos creó un mecanismo voluntario, en que el Estado les paga cuando la parte del incremento del salario mínimo de un año, que supera a la inflación, es más alta que el promedio de la productividad laboral que saca la comisión del salario mínimo en la década anterior, pero las aseguradoras deben pagar si el caso es el contrario.
La justificación es que en Colombia el aumento del salario mínimo es impredecible porque no está atado a cifras como la inflación y la productividad, que los economistas proyectan, pues dependen de las negociaciones anuales entre Gobierno, empresarios y sindicatos.
La idea del artículo es que los fondos privados de pensiones (Old Mutual, Protección del GEA, Porvenir de Aval y Colfondos de Scotiabank Colpatria) también puedan acceder a esa protección, lo que tendría sentido para que las pensiones vitalicias que pagan (voluntarias y obligatorias) tengan la misma protección que los productos con los que les compiten las aseguradoras.
Aunque no es claro exactamente qué terminará cubriendo este mecanismo, si el Gobierno lo reglamenta, desde ya se anticipa la oposición porque para sindicatos como la CGT es una gabela y en la reglamentación puede terminar beneficiando también a las pensiones obligatorias, poniendo a los Fondos en ventaja frente a Colpensiones. Aunque Colpensiones no necesita un mecanismo de cobertura porque cuando le hace falta plata para pagar pensiones, esta sale del presupuesto nacional.
El artículo también propone crear un mecanismo similar que le permitiría a las empresas asegurarse ante riesgos asociados a sentencias judiciales.
8
La pelea de los licores, aún sin artículo no ha terminado
Uno de los temas más delicados de la relación entre la Nación y los gobernadores es el de los licores, porque es una de las principales fuentes de recursos de los departamentos. Por eso, el Gobierno aceptó sacar el artículo que cambiaba la forma de calcular el impuesto a las bebidas alcohólicas.
Gobernadores se molestaron con la propuesta de Hacienda de calcular el impuesto solo por el porcentaje de alcohol de cada botella, y no por su precio, cuando hoy se hace con los dos.
Eso porque el efecto práctico es que los licores importados bajarían de precio y serían una mayor competencia para los aguardientes y rones que producen las licoreras de varios departamentos (Caldas, del Valle, Antioquia, Cundinamarca, Cauca y Boyacá).
También argumentaban que, como se trataba de un cambio tributario, debió incluirse en la reforma del año pasado y no en el Plan.
Aunque el artículo se cayó, la pelea puede continuar en el Congreso porque el cambio beneficiaba a multinacionales como Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, William Grant & Sons y Brown-Forman Corporation, y a afiliados de gremios como Asovinos y la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas que tiene a Bavaria y Pedro Domecq.
Eso hasta el punto de que cuando se conoció el articulado, publicaron este comunicado en el que les gustaba el sentido del ajuste.
Estas empresas tienen capacidad de cabildeo en el Congreso y de hecho conocimos que contrataron a un exministro para promover el cambio en el impuesto en el legislativo.
