Ordóñez exagera el efecto Petro

Explicación:  

Ordóñez se refiere a la noticia de ayer de que la Comisión Intermamericana le recomendó a Colombia levantar de forma permanente la destitución que Ordóñez le impuso a Petro cuando era alcalde de Bogotá por su manejo del cambio de modelo de basuras, y que está suspendida por orden de la misma Comisión.

Su punto es que si se aplica la recomendación (la Comisión no puede dar órdenes, pero la Corte Interameriecana, que recibe casos que filtró previamente la Comisión, sí), se caerían las inhabilidades para participar en política de otras personas. Eso porque la Comisión dice que el ente de control no puede inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, como alcaldes, gobernadores o congresistas.

Ordóñez dice que, por eso, si se aplica al caso de Petro lo mismo ocurriría con el ex gobernador de La Guajira Francico 'Kiko' Gómez, el ex senador Juan Carlos Martínez, el ex gobernador del Valle Juan Carlos Abadía, el ex senador Eduaro Merlano y miles de alcaldes y gobernadores que él habría destituído.

Lo primero es que una decisión en el caso de Petro permitiría que otras personas inhabilitadas por la Procuraduría de cargos de elección popular pidan un tratamiento igual. Pero no funcionaría directamente (tendrían que pedirlo en la Comisión, con tutelas u otros mecanismos) y no es claro si funcionaría cuando, por ejemplo, fueron inhabilitados cuando eran alcaldes pero por haber cometido un delito antes de serlo (el caso de Petro es por decisioens como alcalde).

Lo segundo es que esa cifra de miles de alcaldes y gobernadores es excesivo. Según el informe de gestión de sus siete años como Procurador (no completó su segundo período pues el Consejo de Estado anuló su reelección porque había nombrado cuotas de quienes intervinieron en ella) muestra que profirió 1.679 sanciones a alcaldes y 109 a gobernadores. Es decir, no alcanzan a sumar miles sino 1.788.

Esa cifra, igual, no implica que todas esas personas estén inhabilitados en política por sus decisiones, porque eso solo ocurre si la sanción es destitución con inhabilidad, no si hay suspensiones u otras sanciones menores.

Por ejemplo, en el sonado caso del ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno, la sanción (preventiva) que alcanzó a imponer Ordóñez fue suspensión, como muestra ese mismo informe. Así que la cifra seguramente es menor.

Por eso, es exagerado que desaparezcan las inhabildiades de "miles" de ex alcaldes y ex gobernadores.

Y lo tercero es que en dos de sus cuatro ejemplos los políticos seguirían inhabilitados, aunque por menos años, porque por sus líos penales tienen inhabilidades (y la Comisión acepta inhabilidades impuestas en procesos penales).

Uno es Martínez, quien fue condenado por la Corte Suprema por parapolítica a 90 meses de cárcel y está inhabilitado por esa misma decisión durante el mismo tiempo, que termina a fines de 2019.

Es decir, incluso si se cayera la sanción de la Procuraduría que lo saca del juego político hasta 2034 (y que curiosamente no aparece en su certificado de antecedentes disciplinarios), no podría participar en política en las elecciones del próximo año ni en las regionales de 2019 -un plazo que podria prolongarse si vuelve a ser condenado por algún otro proceso penal, como el que tiene pendiente por narcotráfico y lavado de activos.

Y Gómez, a quien Ordóñez inhabilitó para participar en política por 12 años (por líos de contratación) en mayo de 2014, fue condenado este año dos veces por diferentes homicidios, a 55 y a 40 años de cárcel, pero en primera instancia. Si se confirma por lo menos una de esas dos condenas, quedaría por muchos años más.

Incluso en los otros dos casos la Corte Suprema podría inhabilitarlos. En el caso de Abadía ya en marzo le imputó cargos por un caso de presunta corrupción y el magistrado ponente, Fernando Castro, tiene agendada la de acusación el próximo 12 de febrero; y en el de Merlano hay uno en una etapa más temprana (investigación previa) en el despacho del magistrado Fernando Bolaños, por parapolítica.

Por eso, al final la alerta que lanzó el ex procurador es exagerada: sí sienta un precedente para que otros políticos busquen que se levanten sus inhabilidades, pero son menos de los que dice y no es automático.