Petro ha encontrado en la justicia su defensa para seguir en la política

Hace unos días, el Consejo de Estado suspendió una sanción de la Contraloría contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Una vez más, los jueces le despejaron, por ahora, el camino jurídico para aspirar a la Presidencia en 2022. 

El actual senador sigue en la carrera a pesar de que la Procuraduría lo inhabilitó 15 años, la Contraloría lo ha sancionado tres veces y la Superintendencia de Industria y Comercio lo multó otras dos. Por esta última decisión parte de sus ingresos están hoy embargados. 

El exalcalde ha transformado ese historial judicial en un discurso de víctima y perseguido, y los hechos le han dado la razón. Cuando esas sanciones han llegado a la justicia administrativa, específicamente al Consejo de Estado, ha conseguido que se suspendan.

Es una partida que Petro sabe jugar dentro del sistema judicial. Su defensa ha usado estrategias jurídicas de los manuales de otros políticos sancionados, como decir que las multas que le han impuesto son impagables, que le quitan los ingresos para sostener a su familia, o que son propias de un sistema político que lo quiere excluir por ser de oposición.  

Todos los casos se remontan a su paso por la Alcaldía de Bogotá (2012-2015). Por eso, Petro ha presentado varias demandas pidiendo anular esas sanciones, y la justicia ha protegido sus derechos políticos a través de medidas cautelares. Es decir, con la suspensión temporal de esas sanciones. 

Esas cautelares serán su escudo judicial hasta el 2022, porque la resolución de las demandas puede tardar varios años más y tiene otras instancias antes de quedar en firme en caso de que salgan en su contra. 

Además, porque el Estado aún no ha ajustado sus leyes para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Petro que dice que las sanciones de la Procuraduría o Contraloría no pueden quitarles los derechos políticos a los ciudadanos. 

El pulso con las Ías

Petro ha encontrado en los tribunales el camino para seguir en política desde que era alcalde. La justicia, nacional e internacional, lo ha amparado.

En diciembre de 2013 el Procurador General, Alejandro Ordoñez, lo destituyó y lo sancionó con 15 años de inhabilidad para desempeñar cargos públicos. La razón: supuestas irregularidades en el cambio del modelo de aseo que implementó para la ciudad. 

Cuando esa sanción quedó en firme en enero de 2014, Petro buscó tumbarla con dos demandas. Una internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alegando la violación a sus derechos políticos. Otra en el Consejo de Estado, con el argumento de que la Procuraduría se había saltado el debido proceso.

Petro tuvo que dejar su cargo en marzo de 2014, pero regresó un mes después porque la Cidh lo protegió con una medida cautelar que suspendió los efectos de la sanción. En mayo de ese año el Consejo de Estado también le dio ese derecho. 

Las cautelares estuvieron firmes hasta que llegaron los fallos de fondo. 

En noviembre de 2017 la Sala Plena del Consejo de Estado le dio la razón a Petro y tumbó las sanciones que le había impuesto Ordoñez. Según la decisión, la Procuraduría no tuvo en cuenta las pruebas que presentó la administración de Petro en su defensa, y por eso el proceso tuvo vicios de nulidad por falta de garantías. 

El fallo de la Corte IDH se demoró tres años más, y llegó en julio del 2020.

La justicia interamericana fue más allá de tumbar las sancione. Dijo que ningún órgano administrativo, como la Procuraduría o la Contraloría, puede aplicar inhabilitar o destituir cuando eso afecta los derechos políticos a elegir y ser elegido, es decir, que no pueden tumbar funcionarios elegidos popularmente. Aclaró que sólo lo puede hacer una sentencia de un juez penal.

Por eso exhortó al Estado colombiano a ajustar sus leyes para que no siga pasando. 

Petro ha seguido entre tribunales con estos mismos argumentos para tratar de tumbar los nuevos fallos que amenazan su carrera política.

Más cautelares

Desde 2016, con Petro fuera de la Alcaldía, la Contraloría Distrital de Bogotá ha sacado tres fallos sancionatorios en su contra. 

El primero fue ese año, y declara a Petro responsable fiscalmente por un detrimento patrimonial de más de 217 mil millones de pesos. Esto por haber bajado de manera irregular las tarifas de los pasajes de Transmilenio. 

Petro atacó ese fallo y dijo que querían sacarlo del ejercicio político. Planteó que la Contraloría se extralimitó y no tuvo en cuenta sus descargos. Además, que el contralor que lo impuso, Juan Carlos Granados, lo hizo con intereses políticos porque era ficha de Cambio Radical y aliado de Germán Vargas Lleras, su rival en la campaña presidencial. 

Por eso, en abril de 2017 Petro puso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidiendo anular la sanción por violación al debido proceso. 

De entrada, solicitó medidas cautelares diciendo que ese fallo le representaba una inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante cinco años, de diciembre de 2016 a diciembre de 2021.

Es decir, que lo dejaba por fuera de las elecciones de 2018, y por eso invocó el antecedente de las medidas cautelares de la Cidh de 2014. 

El 3 de noviembre de 2017, el Tribunal accedió a la medida cautelar y ordenó a la Procuraduría y Contraloría sacar a Petro de los registros de sancionados.

Así Petro pudo ser candidato, y aunque perdió, fue catapultado como el principal líder de la oposición para 2022.  

La Contraloría apeló la decisión, pidió mantener vigente la sanción y por eso el pleito subió hasta el Consejo de Estado, la última instancia en la justicia administrativa. 

Este 4 de febrero negó la apelación y confirmó la suspensión. Esa fue la decisión que se conoció la semana pasada y que Petro usó para cuestionar a Granados, quien ahora es magistrado de la nueva Sala de Disciplina Judicial.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, ratifica al tribunal administrativo de Cundinamarca y ordena suspender a la Contraloría distrital, la multa por 217.000 millones de pesos que me impuso por no subir las tarifas de transmilenio.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2021

Es un triunfo temporal porque el caso no se ha fallado de fondo en el Tribunal, y solo entonces se sabrá si las sanciones definitivamente se caen o no. Sin embargo, es probable que se caigan dado que las medidas cautelares significan que a primera vista es probable que la sanción sea injusta.

Los otros fallos de Granados contra Petro reventaron a finales de 2018. Son por el cambio en el modelo de aseo, suman sanciones por 120 mil millones de pesos en multas y otra inhabilidad de cinco años.   

El primero es una multa por 90 mil millones de pesos, el dinero que el Distrito pagó por una sanción que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio cuando Petro era Alcalde. 

La tesis de la Contraloría es que como el Distrito pagó esa plata (el desembolso lo hizo en 2016 la administración de Enrique Peñalosa), hubo un detrimento patrimonial. Y que él deben responder Petro y varios de sus funcionarios, de su propio bolsillo.

El segundo es por el detrimento patrimonial que la Contraloría cencontró por la compra de camiones para implementar ese modelo de recolección de basuras. En ese caso la multa es de 30 mil millones de pesos.

Petro repitió la fórmula. 

Puso una demanda de nulidad ante el Tribunal de Cundinamarca en mayo de 2019, con un pedido de medidas cautelares.

Ahí señaló que, además de la vulneración de sus derechos políticos y el debido proceso, la sanción le impedía obtener los ingresos mínimos vitales para solventar su existencia y la de sus hijos menores. 

“(...) sumado ello el desprestigio de su nombre en los medios masivos de comunicación y al desmedido señalamiento público por conductas que no constituyeron una conducta gravemente culposa ni un daño patrimonial al erario”, plantea su la demanda. 

El argumento de falta de ingresos o daño reputacional lo han usado otros sancionados, como la exgobernadora del Huila Cielo González Villa. 

El 4 de septiembre de 2019 el Tribunal accedió a la petición de Petro y suspendió los efectos de las sanciones. Y el 20 de junio de 2020, ante la apelación de la Contraloría, el Consejo de Estado mantuvo la medida cautelar.  

El Tribunal tampoco ha tomado una decisión de fondo en esos casos. 

Lo que podría zanjar al debate

La revisión de las demandas de Petro para tumbar de fondo las sanciones de la Contraloría pueden tardar hasta 10 años, según han explicado sus abogados, pero es muy probable que su trámite se acelere por la sentencia de la Corte IDH.  

En ese fallo, Corte le dio un “plazo razonable” al Estado colombiano para que “adecúe su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la sentencia”. 

Es decir, para que le quite a la Contraloría y la Procuraduría la función de afectar los derechos políticos de los ciudadanos, porque eso solo es potestad de la justicia penal. 

Esa directriz ha tenido algunos avances.

Por ejemplo, en la discusión del Código Electoral en la que estuvo Petro como ponente, se incluyeron artículos para evitar que el Consejo Nacional Electoral niegue la inscripción de candidatos con sanciones disciplinarias; o para evitar que esas sanciones terminen en la destitución de quienes salgan elegidos.  

El Código aún no ha entrado en vigencia porque la Corte Constitucional, que debe darle el visto bueno para que sea ley, arrancó su revisión hace unas semanas. 

Pero hay un antecedente reciente de esa Corte que muestra viable la aplicación de lo ordenado por la Corte IDH. 

En 2018, cuando aún no se conocía la sentencia interamericana, estudió una demanda de los abogados de Petro que pedía reformar la facultad de la Contraloría para inhabilitar a funcionarios públicos. 

Aunque la negó, esa demanda se resolvió con una votación de 5-4. 

Alberto Rojas, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo, los magistrados que votaron a favor de la solicitud, plantearon casi lo mismo que lo que dijo la Corte IDH dos años después: que limitar el acceso a cargos de elección popular por una responsabilidad fiscal es una violación a los derechos políticos, y es desproporcionada e irrazonable. 

Independientemente de si la línea de la Corte Constitucional sigue ese antecedente o se ajusta de lleno a la sentencia de la Corte IDH, la Procuraduría y la Contraloría no se han quedado quietas. 

En enero pasado, antes de salir del cargo de procurador, Fernando Carrillo presentó un proyecto de ley advirtiendo que la Procuraduría sí puede destituir e inhabilitar a funcionarios públicos cuando los hechos estén relacionados con casos de corrupción o violación de derechos humanos. Ese proyecto tuvo el acompañamiento del contralor general Felipe Córdoba. 

Y la actual procuradora, Margarita Cabello, anunció que va a presentar otro proyecto en ese sentido. 

Más allá de cómo se resuelvan esos debates, Petro puede decir que, gracias a los jueces, tiene el camino libre para seguir en política.