Piedad, un paso más cerca del 2018

Con el fallo del Consejo de Estado tumbando la inhabilidad que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba está un paso más cerca de convertirse en candidata presidencial en el 2018. Con la indemnización que pagaremos los contribuyentes por cuenta de la arbitrariedad del Procurador, tendrá cómo financiar la campaña si decide lanzarse.

La sala plena del Consejo de Estado, con una votación de 17 votos contra 6, tumbó la sanción con un argumento que era predecible desde cuando Ordóñez le abrió pliego de cargos a la senadora del Partido Liberal: la cadena de custodia del computador del jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes se rompió y no había garantía de que los archivos fueran verídicos.

Como lo contó en su momento La Silla,  para destituirla cuando aún era miembro activo del Congreso, el Procurador usó como evidencia correos electrónicos guardados en documentos word y encontrados en el computador del comandante de las Farc muerto en un bombardeo de las Fuerzas Militares colombianas en el Ecuador.

En ellos se referían a 'Teodora','Teodora de Bolívar', la 'negra' o la 'negrita' en correos que coincidían en temas, lugares y fechas con la agenda de Córdoba (como una visita de 'Teodora' a Venezuela en las mismas fechas en que Piedad visitó el país vecino). Lo mismo cuando 'Teodora' dice que se reuniría con el guerrillero Simón Trinidad en su cárcel en Estados Unidos, Piedad Córdoba estaba allí. En lo demás, simplemente trazaba coincidencias.

“Lo que no se prueba es si los mensajes que supuestamente escribió Piedad los escribió ella”, anotó en su momento La Silla, una conclusión a la que se llegaba rápido tras leer las 140 páginas del fallo de Ordóñez.

El fallo con el que la destituyó para ejercer cargos públicos por 18 años fue el primero de varios que profirió Ordóñez contra un congresista activo, que no había sido condenado previamente por la Corte Suprema. Y, en ese caso, fue aún más sonado porque era por Farc-política.

“Cuando tomé posesión del cargo dije que era menester que el país llorase por los dos ojos”, fue como el procurador Alejandro Ordoñez inició su rueda de prensa sobre el fallo contra Piedad Córdoba.

La defensa de Córdoba alegó en su momento que las pruebas en las que se basaba todo el expediente eran nulas. Por un lado, porque los computadores habían sido sustraídos de otro país de manera ilegal y, por el otro, porque no se había seguido la cadena de custodia en el manejo de estos.

El Procurador desestimó estos argumentos diciendo que la Interpol había conceptuado que los archivos de los computadores no habían sido modificados.

Sin embargo, la certificación de la Interpol se dio pocos días después de la Operación Fénix, en la que se mató a Reyes. De ahí en adelante hubo mucha polémica sobre la debida custodia de la información del computador, que fue ampliamente filtrada a los medios y capitalizada políticamente por la derecha.

A esas pruebas centrales, la Procuraduría adicionó otras que recogió en su proceso.

Pero el caso era tan endeble jurídicamente desde el mismo momento en que lo profirió, que inmediatamente se suscitó un debate de hasta dónde la senadora realmente había promovido y colaborado con las Farc - como lo concluía el Procurador - y hasta dónde se trataba de judicializar sus opiniones políticas -que en ese momento de fervor uribista- sonaban antipatriotas, chocantes y hasta subversivas.

Además, después de la sanción y en un juicio penal contra Córdoba, la Corte Suprema desechó esos correos como pruebas, justamente por los fallos en la cadena de custodia , lo que lo dejaba aún más en la cuerda floja.

Por eso el Consejo de Estado discutió hoy si la Procuraduría puede destituir a una persona elegida popularmente (dijo que sí), si los correos eran pruebas válidas (dijo que no) y si las demás pruebas eran suficientes para sostener el fallo (también dijo que no).

El 2018 más claro

Piedad Córdoba todavía tiene otra inhabilidad de la Procuraduría, que en 2012 la encontró responsable de haber financiado la campaña política de su aliado Ricardo Montenegro a la Cámara en el Atlántico cuando era congresista y no podía financiar campañas.

Esa sanción, por la que está inhabilitada por 14 años, también la demandó ante el Consejo de Estado. La ponente es la magistrada Sandra Lisset Ibarra, que convocó para el 14 de septiembre la audiencia inicial del proceso. Eso quiere decir que seguramente, con lo que falta, el fallo se podría dar en el transcurso del próximo año.

Si esa también se cae -algo que parece menos claro que el caso de la Farc política- Córdoba podría aspirar a la Presidencia en 2018 y cosechar décadas de trabajo en pro de un acuerdo con las Farc.

Piedad ha sido una de las políticas más polémicas de Colombia. Ha militado en el ala más de izquierda del Partido Liberal, ha trabajado durante la última década facilitando todas las liberaciones de secuestrados (incluyendo las de los soldados y policías en manos de las Farc) y haciendo cuanta gestión ha estado a su alcance para apoyar las negociaciones en La Habana y en general la solución negociada al conflicto armado. Entre ellas, se ha reunido con jefes paramilitares presos para ayudarles a meterlos también en la justicia transicional. Cuando nadie tenía la más mínima esperanza de hacer un proceso de paz con las Farc, ella la mantenía viva.

Al mismo tiempo, escandalizó a medio país cuando, en plena Seguridad Democrática y en medio de los ataques de las Farc, exaltó la memoria de 'Tirofijo' y no celebró la muerte de 'Raúl Reyes'; elogió a Hugo Chávez y acusó al gobierno de Uribe -dentro y fuera del país- de mafioso y paramilitar.

Piedad, además, ha sido víctima de la guerra. Por orden directa de Carlos Castaño, Córdoba fue secuestrada por las Autodefensas Unidas de Colombia en 1999 y permaneció en cautiverio por varias semanas. También fue intimidada, seguida y 'chuzada' por el DAS. Luego fue destituida. Y ni aún así se marginó de la política.

En abril de 2012 se convirtió en una de las cabezas visibles de Marcha Patriótica, un nuevo movimiento de izquierda que nació con el estigma de tener vínculos con las Farc, que reivindica el legado de la Unión Patriótica y que ha movilizado en los últimos años a cientos de miles de personas de los lugares más recónditos del país.

Dado que ya cuenta con una estructura política y con una trayectoria que mostrar en pro de la negociación, si la segunda inhabilidad corre la misma suerte de la primera, podría convertirse en una de las figuras claves en las presidenciales del 2018.

Como ya ha contado La Silla, las Farc están pensando en participar en las presidenciales del 2018 en un frente amplio de fuerzas “pro-paz” de izquierda y de centro que le apuesten a la implementación de los acuerdos de paz.

En ese abanico de candidatos, que incluye a figuras potenciales de la izquierda como la ministra Clara López o los senadores del Polo Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, el nombre de Piedad comenzará a entrar en el sonajero.

A diferencia de los tres precandidatos anteriores, si recupera su elegibilidad política, Piedad seguramente tendría uno de los escollos más grandes resueltos: la financiación. El Consejo de Estado decidió que como su destitución fue injusta, se le debe pagar todo lo que dejó de percibir como senadora entre el 3 de noviembre de 2010, cuando salió de su curul, y el 19 de julio de 2014, cuando se terminaba su período.

Es decir, tendrá unos mil millones de pesos fresquitos para poner la cuota inicial de la financiación de su campaña, que saldrán de las debilitadas arcas del Estado por cuenta de la sanción arbitraria de Alejandro Ordóñez.

Alejandro Ordóñez ha sido el Procurador que más funcionarios ha sancionado. Pero algunas de sus sancioens más sonadas se han ido cayendo ante los jueces.

Otros casos que se le han caído al Procurador

Ordóñez se ha mostrado como un Procurador de mano dura, pero el de Piedad es solo es uno de sus casos más sonados que se han caído cuando los sancionados le piden a los jueces que los revisen.

Uno fue el de Gustavo Petro, a quien Ordóñez destituyó siendo alcalde por el caos del cambio de modelo de basuras en Bogotá. Pero en ese caso, vía tutela, simpatizantes del entonces alcalde lograron que la destitución quedara suspendida, aunque Ordóñez finalmente lo destituyó por 15 años

Petro demandó esa decisión en un proceso que está en el Consejo de Estado, con una ponencia favorable a Petro que llevaría a que el Estado lo indemnizara por el mes que alcanzó a estar fuera del cargo. En este caso, habría que pagarle unos 14 millones de pesos.

Otro es el del ex alcalde de Medellín Alonso Salazar, a quien Ordóñez destituyó e inhabilitó por 12 años por supuestamente haber participado en política cuando, en plena campaña para elegir su sucesor, denunció públicamente que grupos al margen de la ley estaban constriñendo a los ciudadanos para votar por Luis Pérez.

La Procuraduría aceptó que el constreñimiento denunciado por Salazar existió, pero argumentó que esas declaraciones eran participación en política pues Salazar lo sabía desde hacía tiempo y había optado por filtrarlas a los medios al final de la campaña, afectando el proceso electoral.

Salazar también demandó ante el Consejo de Estado y éste, en marzo de 2014, decidió a su favor. Y aunque no tumbó la sanción, la convirtió en una simple amonestación, pues a su juicio el Procurador impuso una sanción muy desproporcionada.

Un último caso es el de Sabas Pretelt, a quien Ordóñez destituyó e inhabilitó por 12 años por la ‘yidispolítica’.

En ese caso el Consejo de Estado encontró que lo había hecho demasiado tarde, cuando había prescrito hacía más de un año el plazo para hacerlo, y que además Ordóñez había hecho “una interpretación extensiva y desbordada de los límites del tipo disciplinario, con el mero objeto de enervar (desconocer) el fenómeno de la prescripción”.

Hay otras sanciones de Ordóñez que siguen en pie, como las de los hermanos ex senadores Iván y Samuel Moreno, las de el ex senador Eduardo Carlos Merlano o las de los ex gobernadores del Valle Juan Carlos Abadía y Juan Carlos Useche. Pero la de Piedad es una prueba de que por lo menos en algunos casos se le fue la mano hasta el punto de que dejó lista la financiación de una campaña presidencial que, de darse varias cosas, sería rival a la que él mismo podría liderar.