Por qué la condena a Feliciano Valencia tiene indignados a los indígenas

La condena a 18 años de cárcel contra el líder indígena Feliciano Valencia por el secuestro y tortura de un cabo del ejército en noviembre de 2008 ha sido catalogada por la comunidad indígena Nasa como "una provocación".

La decisión ha sido cuestionada, no solo porque reabre el viejo debate entre los límites entre la justicia ordinaria y la autonomía de la justicia indígena, sino porque Valencia es uno de los líderes indígenas más importantes del país y un súper poderoso de la movilización social que se la ha jugado por defender pacíficamente los derechos de los pueblos indígenas en su lucha por la tierra.

¿Quién es Feliciano Valencia?

Valencia es un comunero -cortero de caña en el lenguaje indígena- y líder Nasa. Nació en la comunidad de Canoas, en Santander de Quilichao, en una familia de nueve hermanos. Cuando la comida empezó a escasear en su casa, aún adolescente, Valencia salió del resguardo y consiguió trabajo como recolector de café en Antioquia y de algodón en Tolima.

En los años ochenta, luego de volver a Toribío, conoció al sacerdote indígena Álvaro Ulcué Chocué, un vehemente defensor de los derechos de los indígenas y líder de las primeras movilizaciones para lo que ellos llaman “recuperar de su tierra ancestral”, con tomas e invasiones a haciendas del norte del Cauca. El padre fue asesinado en 1984, según ha denunciado la comunidad, a manos de la policía y su muerte casi acaba el movimiento indígena.

“Feliciano surge de la gente que seguía al Padre Ulcué y que con toda la fuerza de la comunidad logra revivir el movimiento porque ellos se sienten un pueblo, un colectivo, allá nadie jala por su lado”, dice la documentalista Margarita Martínez, que hizo el documental Robatierras sobre esa movilización indígena.

“Fue su discípulo. El padre fue el líder de los proyectos comunitarios de los Nasa. Feliciano se formó en su escuela que construyó liderazgo a partir del aprendizaje que nos dejó el padre Ulcué”, dice Germán Valencia, hermano del detenido.

Al crimen del padre Ulcué le siguió otro hecho que marcó la historia de los Nasa: en diciembre de 1991, 20 indígenas que habían entrado a invadir la Hacienda El Nilo para “recuperar la tierra” fueron asesinados. En esa masacre participó la Policía Nacional, según lo confesó después el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras esa masacre, el Gobierno del entonces presidente César Gaviria firmó con los indígenas del Cauca el Pacto del Nilo, en el que les prometió comprar más de 36 mil hectáreas de tierra privada y entregársela, a cambio de que ellos no siguieran invadiendo predios privados. Además, la Corte Constitucional se pronunció con un fallo en el que ordenó al gobierno resarcir a las víctimas con 15 mil hectáreas de tierras. Un acuerdo que ha sido incumplido por ambas partes y que hoy en día, tras múltiples encuentros y negociaciones ya suma el compromiso de entregar 40 mil hectáreas de tierras.

Justo en 1991, Valencia fue uno de los fundadores del proyecto comunitario Plan de Vida Yu´Lucx, que buscaba unir a los resguardos de Munchique, Los Tigres y Canoas (todos en la zona rural de Santander de Quilichao, donde nació Valencia) para hacer frente a la exclusión de los indígenas a la atención hospitalaria y escolar y como una forma de luchar en contra de las constantes divisiones entre los líderes indígenas. 

Ese fue el inicio de su trabajo comunitario que buscaba defender los derechos de su pueblo pero de forma pacífica, rechazando lo que considera la intromisión de la guerrilla en el movimiento indígena. Por eso se ganó el Premio Nacional de Paz de 2000.

En el 2004 dio otro paso de consolidación de su liderazgo, al ser elegido como coordinador en la Guardia Indígena, que es el equivalente a la Policía de los cabildos indígenas del norte del Cauca y que es un símbolo fundamental de su autonomía.

Mas tarde, fue elegido como consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), un escalón más porque la Acin agrupa a varios cabildos. También fue director de Derechos Humanos en esa asociación.

Entre 2007 y 2009 hizo parte de la Consejería Mayor (máxima autoridad indígena) del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) cuando la consejera mayor era Aída Quilcué, posiblemente la organización indígena más organizada y poderosa del país, lo que muestra que ya era una figura importante del movimiento indígena.

“Es un vocero que recoge muy bien los planteamientos del movimiento indígena que defiende la Onic, el Cric y la Acin. Le dió mucha fuerza al movimiento, motiva. Es muy hábil para dar el mensaje y recoger el sentir de los pueblos”, dice Nelson Lemus, consejero del Cric.

Fue entonces cuando ganó renombre nacional porque el Cric fue el motor de las movilizaciones llamadas mingas, que reactivaron el proceso de “recuperación” de las tierras y que chocaron frontalmente con el gobierno de Álvaro Uribe, sobre todo por el incumplimiento de los acuerdos.

La más notoria fue la minga nacional indígena de 2008 en la que Valencia era “el del megáfono” y uno los líderes de los más de 4 mil indígenas que se movilizaron para exigir al gobierno Uribe responsabilidad por los incumplimientos del al pacto del Nilo.

En ese rol, Valencia luchó por evitar el uso de las armas y la intromisión de los grupos armados ilegales, incluyendo la guerrilla.

“Si viene el Ejército y nos mató, denunciemoslo. Si viene la guerrilla y nos mató, denunciémosla. Si vienen los narcos y nos mataron, denunciemoslo. Y no vamos a coger las armas porque hacia allá nos quieren llevar. Ese es el pretexto que ellos necesitan para aniquilarnos y nosotros no les vamos a dar ese gusto”, dijo Valencia ante una reunión con la comunidad antes de la minga nacional indígena en el 2008

Su papel en esa minga lo hizo visible en medios de todo el país porque el movimiento desbordó el Cauca y los reclamos indígenas, se articuló con los afrocolombianos y los campesinos, y terminó en una marcha multiétnica y cultural que salió del resguardo indígena La María en el Cauca, primero a Cali y luego hasta Bogotá.

El movimiento fue tan exitoso que la Minga pasó a funcionar como una red de organizaciones en la que Valencia jugaba un papel protagónico. Y que luego dio pie a la creación del Congreso de los Pueblos, un movimiento que suma de organizaciones sociales de izquierda y sectores indígenas, campesinos y afros (semejante a la Marcha Patriótica) y que es la semilla de la actual Cumbre Agraria.

En el Congreso de los Pueblos, Valencia jugaba un papel importante como vocero de los indígenas primero como representante de la Cric y cuando ésta se apartó, quedó como representante indígena de la Acin.

Al tiempo que jugaba ese papel dentro del movimiento indígena, Valencia tuvo dos aventuras electorales. En 2010, fue candidato de ASI a la alcaldía de Santander de Quilichao y sacó la tercera votación.

Luego, en el 2014, fue precandidato a la presidencia, inicialmente por la Alianza Verde y luego por el movimiento País Común. Su aspiración duró muy poco porque no contó con suficiente respaldo pero alcanzó a tener candidato verde a la Cámara (Giovanni Yule) y a impulsar la candidatura al senado de Jesús “Chucho” Chávez, quien perdió una de las curules indígenas por pocos votos frente el embera Luis Evelis Andrade.

A pesar de que electoralmente no fue exitoso, Valencia siguió siendo clave.

En 2012, cuando Ana Silvia Secué, cabeza de la organización indígena Organización Pluricultural de los Pueblos Indígenas de Colombia Opic (que surgió en 2009 con el impulso del gobierno Uribe y proveniente de grupos indígenas evangélicos), acusó a sus rivales rival del Cric de trabajar de la mano con las Farc, fue Valencia quien salió a negar esas acusaciones.

Fue uno de los líderes indígenas que tuvo una vocería muy fuerte en exigirle a la guerrilla, a los paramilitares y las fuerzas paramilitares que se salieran de los territorios indígenas en el 2013. Ese mismo año, el entonces ministro de Interior, lo acusó de estar radicalizando a los indígenas para hacer campaña.

Además, estuvo en las discusiones que terminaron con la reunión en La María entre el Gobierno y los indígenas del Cric y la Onic hace casi un año, y en la que el Gobierno presentó los dos decretos que agrupaban la mayoría de los reclamos de los pueblos indígenas.

El primero es el “decreto autonómico” que que permite a los resguardos y cabildos ir tomando bajo su ala temas cruciales como salud, educación, agua, alcantarillado (una promesa del acuerdo de 1991) y el segundo sobre los territorios ancestrales, que busca blindar jurídicamente aquellas tierras fundamentales para los grupos indígenas pero que hoy están por fuera de resguardos.

La posición oficial del movimiento indígena es de respaldo a esos dos decretos, que se han logrado gracias a la movilización a pesar de las críticas que ha recibido el movimiento indígena de otros sectores como los campesinos y los afros.

A pesar de que en público, Valencia y la Acin los ha defendido, una fuente que lo conoce de cerca le dijo a La Silla que dentro del movimiento ha sido uno de los más críticos y escépticos sobre esos decretos autonómicos, porque sienten que no van a generar los resultados que esperan.

“Es uno de los que más ha liderado el proceso y las discusiones por la tierra para los indígenas. Su bandera es que los ingenios tienen que repartir la tierra porque ya no hay más tierra para comprar”, dice la fuente que por su trabajo, no puede revelar su nombre.

Aunque desde finales del año pasado, Valencia ha quedado envuelto en pequeños escándalos (como cuando se reveló un incidente de violencia intrafamiliar, o cuando lo encontraron manejando ebrio el vehículo de protección que le entregó la UNP), su liderazgo entre las comunidades indígenas no ha disminuído.

“Valencia representa el espíritu del movimiento indígena del Cauca, sobre todo el del norte que es el que más se moviliza. Tiene liderazgo en la Guardia Indígena en la batalla por la autonomía, por las gobernanzas, por la defensa de la justicia indígena. Es un ícono y un referente social en el departamento”, agrega la fuente. 

Efectivamente, Valencia siempre ha defendido la autonomía indígena, el rescate de sus tierras y sus costumbres ancestrales, y la capacidad de los indígenas de administrar su propia justicia. De hecho, cuando en noviembre pasado la justicia indígena condenó a cinco guerrilleros de las Farc por el asesinato de dos indígenas, Valencia fue uno de los que salió a defender públicamente esa decisión que fue criticada hasta por la ONU, por no haber preservado el debido proceso. 

Por eso, la decisión de condenarlo a pagar 18 años de cárcel por supuestamente haber sido el responsable del secuestro y la tortura del Cabo Jairo Chaparral, en medio de la minga del 2008 que le dio visibilidad nacional, ha generado un rechazo desde los pueblos indígenas y no sólo los del Cauca que se han declarado en asamblea permanente.

Más porque, en su lectura, lo que lo tiene en la cárcel no es responsabilidad de él.

Lo que lo tiene en la cárcel

El martes, el CTI de la Fiscalía capturó  a Valencia. El Tribunal Superior de Popayán había tumbado la decisión de un juez de absolverlo por los delitos de secuestro y tortura que según el Tribunal sufrió al cabo tercero del Ejército Jairo Danielo Chaparral el 14 de octubre de 2008, en medio de la Minga indígena.

La versión del cabo es que fue secuestrado por los indígenas viajaba en un bus por la vía Panamericana con destino hacia la base militar de Tolemaida, vestido de civil y sin armas, aunque tenía en su maleta un camuflado. Y que el bus fue interceptado y requisado por la guardia indígena.

“Me encerraron en una jaula por tres días y dos noches, me golpearon con sus palos”, agregó el cabo Chaparral. “Él (Feliciano Valencia) dirigía todo lo que sucedía conmigo, se comunicaban con él por celular y luego él se presentó en varias ocasiones”.

“Los sujetos tenían el rostro cubierto, bastón de mando y machetes, lo abordaron, lo obligaron a subir a una camioneta, lo golpearon y lo trasladaron a una vivienda del cabildo donde permaneció retenido durante 14 horas”, dijo la Fiscalía.

Esa versión contrasta con la de los Nasa. Según Nelson Lemus, consejero de la Cric, el cabo no solo no estaba desarmado sino que tenía también un radio de comunicaciones. “Se vino a hacer inteligencia, a entrometerse en asuntos internos de la organización. Él no tenía por qué estar ahí” dice.

Como él, varios otros líderes indígenas como Aída Quilcué, consejera del Cric para el momento de los hechos, han dicho que el soldado estaba infiltrado.

Esa sospecha se debe, en buena medida, a que justo antes de esa movilización el entonces Presidente Álvaro Uribe hizo un consejo comunitario y le dijo lo siguiente al comandante de la Policía del Cauca, como muestra el documental Robatierra:

“¿Hay manera de hacer un trabajo de inteligencia y pago de recompensas por información a invasores? Ofrescámozlas, eso ha sido muy útil en el país. A uno le dicen, no, es que esa gente es muy unida, nadie va a delatar al otro. ¡Mentiras! Los delincuentes terminan rotos”.

Tras la retención del cabo Chaparral, la guardia indígena lo entregó a las autoridades indígenas que estaban reunidas en el cabildo de La María, organizando la Minga. Según Lemus, eran unas 120 organizaciones y al menos 80 gobernadores indígenas. cuando llegó el cabo, la comunidad asumió el caso, lo detuvo y le impuso una pena de 20 azotes y un baño en plantas medicinales para “armonizarlo”.

“Fue una decisión de la colectividad, que se tomó en conjunto entre las autoridades y la comunidad. (Feliciano) ni siquiera tenía el cargo de gobernador. Se está sancionando al que no es”, dice Lemus.

Los líderes indígenas no solo lo leen como una injusticia, sino como un ataque.

“Lo interpretamos como una persecución que va en contra de nuestra organización indígena contra la autonomía de los pueblos, contra el reconocimiento de nuestra jurisdicción. Todos somos Feliciano en este momento en La María”, dice Germán Valencia, hermano de Feliciano y coordinador de la Guardia Indígena en el Norte del Cauca. Algo similar ha expuesto oficialmente el Cric.

Y también lo han reclamado líderes sociales y de izquierda, como César Jerez, de las zonas de reserva campesinas, en la Silla Llena o la líder de la Unión Patriótica Aída Abella. E incluso el negociador de la guerrilla en La Habana, Pastor Alape:

Captura de Feliciano Valencia es un mensaje hostil y provocador contra el proceso de paz #liberaciónInmediata https://t.co/U5B5BGOvt7

— Pastor Alape (@AlapePastorFARC) septiembre 16, 2015

Según una fuente que conoce de cerca el movimiento indígena del Cauca, el trino de Alape en contra de la decisión judicial a pesar de la tensa relación de esa guerrilla con Valencia y el movimiento indígena revela la importancia que tiene el líder dentro del movimiento social.  

El movimiento indígena será decisivo en muchas zonas rurales una vez se firme un Acuerdo Final en La Habana pues es una de las organizaciones sociales que ha demostrado mayor capacidad de hacerle contrapeso a la influencia de las Farc. Y eso, en un departamento tan complejo pero fundamental para la implementación de un eventual Acuerdo Final como es el Cauca, es una muestra más de que ese aterrizaje no va a ser sencillo.