Propuesta uribista de reducir el Congreso: popular pero inconsistente e inviable

En plena pandemia, el Centro Democrático volvió a revivir una vieja y popular idea: reducir el tamaño del Congreso. Es una propuesta con poco futuro e inconsistente con decisiones de gasto institucional del mismo Partido, pero que da réditos políticos dado el desprestigio de los congresistas.

Un resucitado

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, el uribista santandereano Óscar Villamizar, radicó el viernes pasado un proyecto con el apoyo de su bancada del Centro Democrático para reducir el número de congresistas, con el argumento principal de que podrían ahorrarle al Estado recursos para salud o educación.

Esta reforma a la Constitución propone achicar el Senado de 108 senadores a 51 y la Cámara de Representantes de 172 a 106. 

Se elegirían 47 senadores por circunscripción nacional, un indígena, dos de Farc y el candidato que haya quedado en segundo lugar en las elección presidencial.  

La Cámara tendría dos representantes por departamentos fijos y se le sumaría uno más por cada millón de habitantes. A eso, se sumarían tres de Farc, uno de comunidad indígena, uno de comunidad afro, uno elegido en el exterior y la fórmula vicepresidencial que haya quedado en segundo lugar en las presidenciales. 

La propuesta, entonces, es eliminar 123 congresistas y con eso podrían ahorrarle a la Nación 300 mil millones de pesos que cuestan los sueldos y el funcionamiento.

Esta idea de reducir el Congreso es una iniciativa que el uribismo lleva agitando hace casi 20 años: Álvaro Uribe lo propuso en 2001 poco antes de  ser Presidente, y lo incluyó como un gancho atractivo en su fallido referendo de 2003 bajo la misma justificación de ahorrar dinero. 

Cuando Uribe propuso esa reducción en 2001, el presupuesto del Congreso era de 600 mil millones de pesos. Hoy es de 632 mil millones, y representa el 0,23 por ciento de todo el presupuesto nacional. 

Paradójicamente, en comparación con otras entidades, cuya “necesidad” también ha sido cuestionada, el Congreso cuesta relativamente poco anualmente: 

• Congreso de la República: 632 mil millones 

• Ministerio del Deporte:  676 mil millones 

• Contraloría General de la República: 825 mil millones

• Procuraduría General de la Nación: 942 mil millones

Sobre la necesidad de la Contraloría y la Procuraduría ha habido varios debates y  han sido cuestionadas por su poca eficiencia en el control fiscal y de los funcionarios públicos y concretamente por su estrecha relación con el clientelismo. 

Austeridad selectiva

La preocupación del Centro Democrático por la austeridad en el gasto institucional no abarca a otras entidades.

Solo en el último año, el partido del Presidente ha apoyado otras iniciativas más costosas, como la creación del Ministerio del Deporte, un proyecto que arrancó en el mandato anterior, y luego el presidente Iván Duque impulsó, aumentando el presupuesto que traía Coldeportes en un 16 por ciento; o el crecimiento de la Contraloría, que tendrá, en 2022, un presupuesto el doble de grande que el que recibió el contralor Felipe Córdoba. 

Córdoba creó 1.670 cargos nuevos  y durante la pandemia Duque le autorizó la creación de 709 de esos y que como hemos contado muchos están en manos de amigos de los políticos que lo eligieron; la Contraloría pasó en un solo año de tener 586 mil millones a 825 mil.  Según la reforma aprobada con el beneplácito del Centro Democrático e impulsada por todos los partidos gobiernistas, independientes y gran parte de la oposición, en 2022 tendrá 1,2 billones. Un presupuesto que, además, es inamovible porque quedó amarrado a la Constitución. 

Sobre este punto, el representante Villamizar le dijo a La Silla que el Ministerio del Deporte era una deuda con los deportistas del país y que el reforzamiento de la Contraloría era necesario para evitar que se sigan robando más dinero. 

“Si el Congreso aprueba esto podría dar ejemplo al Gobierno para recortar gastos o que con el tiempo se piense en reducir otras entidades o eliminar otras”, le dijo a La Silla Villamizar.

En todo caso, la propuesta difícilmente prosperará. Siendo una reforma constitucional, necesitaría surtir cuatro debates antes del 20 de junio y todavía no tiene ponente ni el apoyo de congresistas de otras bancadas -salvo unos de la U, según Villamizar- dispuestos a aprobar una iniciativa que iría en contra de sus intereses. Sin contar que la agenda del Congreso se centrará en temas propiamente de la pandemia y que aún no es claro cómo se harán las votaciones virtuales.

Pero así no despegue, posiblemente, cumplirá su propósito político.