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Foto: CVC
El gobierno va a lanzar un macroproyecto multimillonario en Buenaventura. Pero para hacerlo tendrá que volver socia a una de las mujeres más polémicas y a la vez más poderosas de la región, que hasta ahora había sido el 'palo en la rueda' de la infraestructura.
A finales de este año, el gobierno de Juan Manuel Santos va a lanzar un macroproyecto multimillonario para –ahora sí– cambiarle la cara a Buenaventura, el puerto más grande del Pacífico y una de las ciudades más pobres del país. El proyecto busca, en términos generales, casi volver a reconstruir la ciudad, hacerla atractiva para que la inversión extranjera quiera quedarse allí y se expanda, y generar condiciones para sacar a casi la mitad de su población de la pobreza extrema en la que hoy vive.
Pero para hacerlo realidad, el Gobierno tendrá que volver socia a una de las mujeres más polémicas y a la vez más poderosas de la región que hasta ahora ha sido el ‘palo en la rueda’ de los grandes proyectos de infraestructura en el Puerto: Rosa Solís.
Rosa Solis es una mujer de Guapi (Cauca) que vive en Buenaventura, pensionada por el Magisterio después de haber sido maestra de escuela durante buena parte de su vida. Desde que se promulgó la Constitución de 1991, se convirtió en una difusora de la Ley 70, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras en las zonas rurales ribereñas del pacífico.
Solís también ha jugado un papel clave en la organización de las comunidades negras, sobre todo en el Valle y en Buenaventura, para reclamar sus derechos. Entre esos, la consulta previa, que por ley exige que antes de que se ponga una piedra de un proyecto o se promulgue una ley que impacte un territorio colectivo, éste debe ser acordado con las comunidades que afecta.
Así, hasta el 2013 y durante la última década, Solís se hizo reelegir como miembro de la Consultiva de Alto Nivel que creó el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe para tener una instancia de representación e interlocución con las comunidades negras en todo el país.
Lo hizo, a pesar de que no cuenta con la simpatía de varios consejos comunitarios del Valle (el departamento que ella representa), porque desde que era Alta Consultiva, creó una infraestructura difícil de quebrantar para cualquiera que quiera competir por su puesto.
Solís ha creado decenas de consejos comunitarios en las veredas del Pacífico vallecaucano. Aunque estos consejos no representan a la mayoría de la población afrocolombiana tradicional del Valle, a la hora de elegir a sus representantes cada uno de estos pequeños consejos tiene el mismo voto que los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos, que son los más grandes y que no acompañan a Solís, como contó La Silla.
Es decir, el voto de un pequeño consejo comunitario que reúne a 12 familias, cuenta igual que, por ejemplo, el consejo del Naya en el sur de Buenaventura, que tiene 25 mil personas.
Esa instancia tuvo que ser desmontada por orden de la Corte Constitucional que puso al Ministerio del Interior a crear una nueva figura de consulta más vinculada a las bases de las comunidades. Aún así, ‘Rosita’, como le dicen quienes la conocen, se ha logrado mantener como un actor fundamental del proceso de consulta y de liderazgo entre las comunidades afros.
El Gobierno empezó a montar el nuevo mecanismo a principios del 2013 y organizó asambleas en todo el país para elegir a los representantes de las comunidades que asistieron al primer Congreso de Comunidades Negras que se llevó a cabo en Quibdó en agosto de ese año. Allí, además de definir la instancia de participación de las comunidades se tenía que concretar la agenda de discusión entre las partes. Temas claves en ese momento como la reglamentación de la Ley 70, la reforma a las Car y el nuevo código de minas, entre otros.
Según un funcionario del Gobierno que participó en ese proceso, en todos los departamentos se hizo una sola asamblea, menos en Buenaventura, donde se tuvieron que hacer dos.
“Nos obligó a hacer una segunda asamblea en la que tuviera participación directa o se rompía la interlocución”, dijo la fuente a La Silla Pacífico. “Nos iba a boicotear”.
Así, Rosa Solís llegó al Congreso al que asistieron más de 1500 personas que representaban comunidades afros en todo el país acompañada por unas 200 personas de su cuerda. Aunque eran minoría, según la fuente, Solís armó una disidencia “cuando se vio que iba a perder poder”. Eso demoró un año más la construcción de la figura de representación colectiva para las comunidades negras, donde ella se mantiene.
Es la misma táctica que ha usado en los procesos de consulta previa en Buenaventura y en proyectos claves para el Pacífico que ella ha liderado o asesorado, en la que, según supo La Silla, se aprovecha del mecanismo para bloquear proyectos importantes y elevar el precio de su aprobación.
Así ha ocurrido por ejemplo, con la construcción del Puerto de Aguadulce de Buenaventura, que después de 9 años desde que se otorgó la concesión finalmente se pondrá en operación dentro de un mes y medio, la construcción de la doble calzada Buga – Buenaventura y el corredor férreo, entre otros.
“Rosita conoce los intríngulis de la Ley 70 y de la Constitución a la perfección y utiliza ese poder para frenar lo que no consultan con ella”, le dijo a La Silla un líder gremial que la conoce pero que pidió la reserva de su nombre. “Si alguien pretende hacer un proyecto sin pasar por ella, que se atenga”.
“Ella hace política con ‘p’ minúscula. Puede bloquear un proyecto si no se consulta con ella. Pregunta ‘qué me da a mi y yo le ayudo’ y pide lo de siempre: plata, puestos, contratos. Ella claramente es la exponente de esa tendencia clientelista asociado a la representación de las comunidades afros”, agregó un alto funcionario del gobierno que ya ha tenido que “lidiar” con ella, como le dijo a La Silla.
La Silla habló con otras siete fuentes entre funcionarios, representantes de gremios, empresarios que han tenido que negociar con ella y líderes comunitarios que dijeron casi lo mismo de Solís. Ninguno, sin embargo, se atrevió a dar declaraciones para esta historia con nombre propio precisamente, dijeron, por el temor que le tienen al poder que ha acumulado.
Un poder que cuenta además con la representación de las comunidades negras en el consejo directivo del Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, y en la Corporación Autónoma del Valle, la autoridad ambiental del departamento.
Por eso, para el Gobierno y para los empresarios, Rosa es tan poderosa que, aunque se quejen, la necesitan para que deje andar sus proyectos. Las comunidades, por su parte, “no hacen nada por cuenta propia”, dice una fuente que ha trabajado con ellas. "Le piden permiso incluso para asistir a reuniones con la comunidad".
Por eso, el nuevo macro proyecto que está diseñando el gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación y que promete, sólo en su primera fase, una inversión de más de 200 mil millones de pesos en Buenaventura, el gobierno no seguirá “peleando” con ella, sino que la quiere convertir en su socia.
Aunque el plan es aún eso, un plan, si se concreta, Rosa Solís acumulará mucho más poder del que tiene hasta ahora.
El puerto de Buenaventura es el principal puerto del país, donde se mueve el 51 por ciento de toda la carga que entra y sale, que solo el año pasado movió 15 millones de toneladas de carga y el segundo centro de recaudo de Aduana más grande del país después de Barranquilla. Sin embargo, el 81 por ciento de sus habitantes son pobres y el 44 por ciento vive en la pobreza extrema, tiene una de las tasas más altas de desempleo y en la mitad de la ciudad de 390 mil habitantes, el alcantarillado sirve 10 horas continuas cada dos días.
Así describe “la paradoja” de Buenaventura Manuel Fernando Castro, subdirector territorial y de inversión pública del Departamento Nacional de Planeación, la entidad que ha estado a cargo de la elaboración del proyecto Centro de Actividades Económicas de Buenaventura, Caeb, que quiere cambiarle la cara al puerto.
“Buenaventura, por su posición geográfica, está en una zona privilegiada para acceder a grandes mercados como Asia y por esta vía a otros 45 países. Es uno de los nueve nodos con más potencial que encontró el Plan Nacional de Logística. Pero si bien tiene el potencial, el asentamiento actual no ofrece condiciones para que los privados quieran invertir”, le dijo Castro a La Silla.
Por eso, el Caeb quiere construir ‘la nueva ciudad de Buenaventura’. Y planea hacerlo en dos fases: la primera, que tendría una inversión del Gobierno de 200 mil millones de pesos y se desarrollaría en 1800 hectáreas de las 4 mil que quiere intervenir el proyecto.
La idea es planear el desarrollo logístico de la ciudad, lo que implica hacer un Plan de ordenamiento Territorial, POT, “moderno” y pensado para el nuevo proyecto, sanear los derechos de propiedad de la tierra en la ciudad para darles seguridad jurídica a sus dueños, construir una nueva infraestructura de agua, energía y saneamiento básico, garantizar la conectividad del Puerto con la ciudad y con el resto del país a partir de carreteras y líneas férreas y garantizar una oferta de servicios sociales en salud y educación.
Si el Gobierno lo hace, y habilita toda esa infraestructura básica, la segunda fase del proyecto caerá en manos de privados que invertirán un aproximado de 680 mil millones de pesos para hacer desarrollos urbanísticos, plataformas comerciales y de logística, viviendas y vías para la actividad industrial.
El gobierno ya puso la primera piedra y firmó a finales de julio con la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el Alcalde de Buenaventura, Eliécer Torres, un contrato plan “para la paz” por 2.2 billones de pesos en las que la primera fase del Caeb aparece como un proyecto priorizado, como dijo entonces el director del DNP, Simón Gaviria y el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta.
Esa plata servirá en parte para hacer el nuevo POT (en Buenaventura sigue vigente el de 2001 y no se ha podido actualizar para ajustar las necesidades del Puerto a las del Gobierno nacional), y levantar el catastro que defina los usos de los suelos.
Y es que hoy, la mayor parte de las 4 mil hectáreas donde se quiere levantar el Caeb son territorios colectivos con títulos que pertenecen a dos consejos comunitarios: Gamboa, con más de 2 mil hectáreas representado legalmente por Rosa Solís. Y Caucana de casi 800 hectáreas, donde Solís ejerce influencia a través de su representante legal y aliada, Marleny Hinestroza, que llegó a ese cargo después de que el otro líder que estaba pujando por el puesto, Demetrio López, fuera asesinado en el Puerto. Así se lo contaron a La Silla tres fuentes de Buenaventura por aparte.
“Hay que entender la historia de esos títulos que nunca debieron haberse adjudicado. No son suelos rurales, no había comunidades ancestrales asentadas allí. Lo que pasa es que ella [Rosa Solís] avizoró que eso iba a ser un polo de desarrollo e hizo que le titularan esos predios en área de expansión urbana”, dijo una de las fuentes.
Como contó La Silla, cuando Solís era Alta Consultiva logró que la eligieran los otros Altos Consultivos como representante de todos los afrocolombianos ante el Incoder, en cuyo consejo directivo siempre debe haber un delegado afro.
Desde esa posición, según denunció ante el mismo Incoder Hoovert Carabalí, representante legal del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Playa (Bahía Málaga), una de las comunidades afro del Valle, Solís terminó influyendo para que entre 2009 y 2011 el Incoder adjudicara 2964 hectáreas de tierra al Consejo Comunitario de Gamboa, en Buenaventura, que ella misma representaba. Para Carabalí esto no solo representó un claro conflicto de interés sino que violó la ley (ver denuncia).
El ex director del Incoder, Juan Manuel Ospina, remitió la queja a la Procuraduría General y a la Fiscalía para que investigaran. Desde hace 9 meses, según le dijo Carabalí a La Silla, la demanda está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y aún sin resolverse.
Solís se ha defendido de esas acusaciones y ha dicho que ella no tiene injerencia sobre los títulos que otorga el Incoder. Y que la solicitud del título se hizo en 2006 cuando ella todavía no era representante legal de este consejo comunitario.
Ahora, como el Caeb se localiza en sus territorios, la estrategia del Gobierno buscará volver socios del proyecto a ambos consejos comunitarios para que ellos decidan si quieren hacer parte del proyecto. Para hacerlo tendrían que poner sus terrenos en una fiducia que creará el proyecto y a cambio, recibir la renta de lo que se ponga encima. Entrarían a participar del proyecto en “igualdad de condiciones”, en palabras de Castro, con los privados que quieran invertir ahí y que también tienen un porcentaje de los suelos y la nación, el gobierno departamental y local.
“[La idea] es incorporar un nuevo modelo inclusivo, de desarrollo económico y social. Además, sin ellos el proyecto no sería tan ambicioso", le dijo a La Pacífico, Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura.
Micolta cuenta que los títulos de los consejos comunitarios se otorgaron en 2011, primero a Gamboa y luego Caucana. Es decir, en el 2012, cuando desengavetaron el proyecto del Caeb que estaba desde el 2006, ya estaban los dos consejos y por lo tanto, tuvieron que entrar a revisar, actualizar y realizar nuevos estudios. Dice que concluyeron que era necesario incluir los consejos comunitarios "y esto sería algo nuevo e importante para el relacionamiento de los empresarios, inversionistas y la misma comunidad”.
Hoy, desde el Gobierno y con ayuda de la Cámara de Comercio el proyecto del Caeb ya se está socializando con estas comunidades. Si lo aprueban, aún hace falta hacer estudios de factibilidad, y “los entendimientos finales para cristalizar el proyecto”, dice Micolta. Eso incluye hacer una consulta previa con las comunidades que representa Rosa Solis.
Como el Gobierno sabe que el riesgo de que las comunidades pongan un ‘peaje’ es grande si es éste el que lidera esa negociación, La Silla supo que quienes estarán a cargo de sacar adelante la consulta serán la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buenaventura. Sobre ellos hoy está puesta la presión si quieren que el Gobierno invierta esos recursos en el Puerto.
De lo contrario, según supo La Silla, el Gobierno está pensando en otras opciones para llevar a cabo el mismo proyecto y que incluyen el puerto de Tumaco, en Nariño o Caracolí en el Urabá antioqueño. Con la salvedad de que según un documento que conoció La Silla que explica el alcance del proyecto, ya se han invertido más de 4 mil millones de pesos en estudios para hacerlo en Buenaventura.
La Silla buscó a Rosa Solis para preguntarle si estaba dispuesta a participar en este proyecto pero no nos autorizó a publicar sus declaraciones. Además, le dijo a La Silla “que mejor no se metiera con ese tema”.
Por ahora no hay nada firmado. Y en últimas, la viabilidad de este macroproyecto dependerá de Rosa Solis, que pasará de ser palo en la rueda a socia, si decide hacerlo.
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