San Miguel: los pies en la tierra de la pelea Álape-De la Calle

Mientras el contrapunteo alrededor del desminado entre Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno en la Habana, y el guerrillero ‘Pastor Alape’ captura la atención mediática, en el municipio de San Miguel se vive en carne propia el desafío que encarna ponerse de acuerdo sobre este punto, uno de los relativamente más fáciles para desescalar el conflicto.

San Miguel es un municipio del Putumayo de unos 15 mil habitantes, a 148 kilómetros de Mocoa. Está constituído por 25 veredas y tres resguardos. En 17 de ellas, la población está prácticamente sitiada desde el seis de diciembre.

Ese día, los guerrilleros del frente 48 del Bloque Sur de las Farc distribuyeron y entregaron de manera personal este panfleto, como lo cuenta este reporte de la Personería de San Miguel:

141230 Informe de Alteración de Orden Público 30 de Diciembre de 2014

Las dificultades en el terreno

Desde ese día, sobra decir, los campesinos andan muertos de miedo de moverse puesto que siendo un municipio esencialmente rural (casi el 80 por ciento) la mayoría de sus actividades no ocurren en la vías principales. Por eso la Personería denunció que ya el 30 de diciembre no había abastecimiento de alimentos.

“De acuerdo al diálogo con diferentes comunidades existe temor generalizado y desean dejar su tierra pero temen usurpación de las mismas y que luego el grupo armado ilegal no les permita regresar a sus propiedades”, dice el informe oficial.

La situación no ha hecho sino empeorar desde entonces hasta el punto que mañana varias organizaciones humanitarias se reunirán en el departamento para discutir qué hacer para ayudar a los campesinos.

En teoría, desminar estas veredas de San Miguel no tendría el principal problema que enfrenta el desminado y es que las Farc no tiene información exacta sobre dónde ha sembrado estas armas letales prohibidas por el derecho de la guerra pues lleva haciéndolo durante décadas (ver historia). En este caso, el frente 48 tiene la memoria fresca. Las puso hace dos meses.

Sin embargo, ponerse de acuerdo sobre el desminado de este punto en concreto exige una decisión política y militar clara de ambos lados de realmente irle poniendo fin al conflicto.

Qué implicaría

Según lo que pudo reportear La Silla, el frente de las Farc en San Miguel decidió minar como una forma de frenar una operación de erradicación forzosa de cultivos de coca en la zona, que normalmente es seguida o precedida por una operación militar.

Una decisión de desminar estas veredas implicaría en la práctica un acuerdo en el plano militar -tanto del Ejército como de la guerrilla- de cesar operaciones militares en la zona. Es decir, de pactar un cese del fuego bilateral en una zona que tiene 570 kilómetros cuadrados, el equivalente a casi el doble del área urbana de Bogotá. 

Para las Fuerzas Militares y el Ministro de Defensa, que se oponen a que exista un cese del fuego bilateral antes de que culminen las negociaciones de paz, hacerlo implicaría dar un paso complicado. Para comenzar, tendrían que aceptar públicamente que por lo menos en ese lugar la guerrilla tiene control territorial y concederle una mínima representatividad al jefe de frente guerrillero que tendría que comprometerse a no aparecerse por allí.

Para la guerrilla, aceptar el desminado de San Miguel implicaría la decisión de no proteger los cultivos de coca en la zona. Estos le generan ingresos al Frente y además, un mecanismo de control efectivo sobre la población que los necesita para regular el mercado. Sin minas, la erradicación será posible.

Suponiendo que dada la urgencia humanitaria o porque logra imponerlo el Presidente o los jefes guerrilleros en la Habana, respectivamente, ambos hacen esa concesión, está la discusión sobre quién entra a hacer el desminado.

Como lo contó La Silla en otro artículo, en 2010 Colombia pidió una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa y firmó dos compromisos: incrementar la capacidad del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército -que no da abasto hoy- y vincular a organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desminado. Cuatro años después, no ha cumplido ninguna de las dos.

El Batallón militar de desminado, que debería crecer en dos pelotones cada año, hasta ahora solo ha sumado tres en cuatro años por falta de recursos y una parte importante de sus recursos están destinados a brindarle protección a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras.

En todo caso, como las medidas de desescalamiento del conflicto que se pacten en La Habana tienen que ser el producto de un acuerdo entre las dos partes, es muy improbable que las Farc acepte que sea el Batallón del Ejército el que entre en su retaguardia a desminar. La otra opción es que sea alguna de las empresas internacionales de desminado.

El problema allí es que el proceso de acreditación de estas empresas se está demorando dos años ya que ha encontrado mucha resistencia entre los militares. Hoy en día solo hay una empresa acreditada, la británica Halo Trust, la mayor en desminado en el mundo y con una larga experiencia en Afganistán y Camboya, a la que le tomó dos años surtir el proceso.

Según le contó una fuente experta a La Silla, parte de la desconfianza de los militares a las empresas de desminado es que perciben que muchas de ellas no sean neutrales. Como para el desminado se necesita usar explosivos, temen que terminen pasándoselos a los guerrilleros.

Otra fuente cree que existe un recelo institucional para impedir que entren desminadores internacionales pues uno de los nichos importantes que tendrá un sector de las Fuerzas Militares en el posconflicto serán las actividades de desminado.

Por último, y para solo mencionar tres de los desafíos grandes que implicaría este acuerdo en el terreno, está la pregunta sobre quién garantiza la seguridad en la zona durante el mes que duraría como mínimo el desminado si las Fuerzas Militares no pueden hacerlo. Es una pregunta que tendría varias respuestas, pero cada una de ellas requiere un cierto nivel de logística que no se le facilita al Gobierno.

Más, considerando que el cargo de la persona que tiene que liderar el desminado en el país estuvo vacante durante seis meses y solo lo vino a ocupar en diciembre el general retirado (y destacado por su hoja de vida) Rafael Colón.

La urgencia

Aunque las dificultades son muchas, todas son subsanables si existe la voluntad política, dicen dos expertos en el tema consultados por La Silla.

Las cifras aproximadas que hoy por hoy se manejan en el Ministerio del Posconflicto que dirige el general Óscar Naranjo es que con 60 millones de dólares se podrían desminar las zonas que más afectan a la población, aunque es una cifra muy apróximada porque como no se sabe cuántas minas hay ni dónde están sembradas tampoco se puede calcular exactamente cuánto costaría erradicarlas.

"No todo el territorio está minado. Hay que desmitificar eso", dice el general Colón, quien está convencido de que el país está en capacidad de hacer el desminado. "Nos falta es precisar la información".

En el caso de las 17 veredas de San Miguel en el Putumayo la información está. Las Farc saben dónde las pusieron.

Políticamente, el desminado es uno de los pocos temas en el que tanto los santistas como los uribistas están de acuerdo. De hecho, fue uno de los cinco puntos que exigió la candidata conservadora y que retomó el ex candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga en campaña para apoyar el proceso de paz.

Sería, por último, un fruto tangible de la negociación de paz que beneficiaría directamente a los colombianos y que ayudaría a construir confianza en el proceso y también entre las partes. Y lo más importante, salvaría vidas, y piernas, y brazos.

Los beneficios son tantos que San Miguel, en el Putumayo, podría ser el test de qué tan lejos o qué tan cerca está la firma del Acuerdo Final con las Farc.