Santos comienza a aterrizar su discurso internacional sobre las drogas

La Ministra de Justicia Ruth Stella Correa inauguró ayer la Comisión Asesora de Política Criminal, que busca evaluar las actuales políticas de lucha antidroga y hacer recomendaciones sobre hacia dónde debería ir.

Durante las últimas dos semanas Juan Manuel Santos ha vuelto a insistir en escenarios internacionales en que el mundo debe buscar nuevas estrategias para luchar contra la droga, pero ahora, con la creación de una Comisión Asesora de Política de Drogas el presidente envía finalmente una señal clara de que tiene intenciones de alinear la política interna con su discurso internacional.

Su misión será evaluar las políticas de lucha antidroga de los últimos diez años y realizar sugerencias sobre hacia dónde debería ir. Se trata de un grupo similar a la Comisión Asesora de Política Criminal, que hace un año hizo diez recomendaciones innovadoras sobre la manera como se debería abordar el delito en el país. Dos de esas sugerencias, como señaló La Silla, fueron que Colombia debería liderar el debate mundial de la política antidroga y que debería reorientarla desde la erradicación de cultivos hacia el debilitamiento de los eslabones más lucrativos de la cadena del narcotráfico. Esta nueva Comisión inaugurada ayer por la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa es un desarrollo de esas recomendaciones.

Uno de sus temas centrales será el consumo de drogas, que se ha venido convirtiendo en un creciente problema para Colombia. “El país necesita proponer políticas que permitan una mayor regulación del mercado para que precisamente las drogas dejen de llegar tan fácilmente a los niños, así como de encontrar mecanismos más eficaces que permitan al Gobierno y a las instituciones de salud emprender campañas de prevención y tratamiento del consumo”, le dijo a La Silla un integrante de la Comisión, que habló a título personal y prefirió mantener su nombre en reserva debido a que hasta ahora comienza su trabajo de asesoría.

Asimismo estarán sobre la mesa una gran variedad de temas que van desde cómo reducir el margen de ganancias de los eslabones más rentables del tráfico en vez de concentrarse en los campesinos productores, hasta enfocar la labor policial en combatir las redes criminales y no a las personas que tienen problemas de salud por consumo. También podría abordar las posibles estrategias de prevención, las alternativas para desarticular los grupos criminales que controlan el microtráfico, las condiciones necesarias para que los planes de desarrollo alternativo y sustitución tengan éxito y la efectividad de la extradición de narcotraficantes.

El presidente Juan Manuel Santos ha hablado del fracaso de la lucha antidrogas muchas veces, pero hasta esta semana no había dado señales de que alinearía política interna con su discurso internacional.

El general Óscar Naranjo es uno de los once integrantes de la recién creada Comisión Asesora de Política Criminal.

El ex presidente César Gaviria, que encabeza la Comisión, se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores promotores del debate sobre el fracaso de la "guerra contra las drogas".

Desde que Barack Obama dijo hace dos años que la legalización es un "tema enteramente legítimo de debate”, el fracaso de la política antinarcóticos dejó de ser el tabú que era antes

Algunos de éstos tarde que temprano terminarán alineándose con lo que se discuta en la mesa de negociación en La Habana, donde el narcotráfico y el combate de las bandas criminales son dos puntos del Acuerdo Marco de Negociación. De hecho, ya se conoció la propuesta de las Farc sobre legalización de cultivos ilícitos, un tema que seguramente también desarrollará esta Comisión.

Y aunque el informe preliminar de la Comisión no estará listo hasta septiembre y el plazo máximo para la entrega del documento final es diciembre de este año, su composición permite vislumbrar desde ya hacia dónde irán las recomendaciones.

Una Comisión de ruptura

Los once miembros de la Comisión tienen una larga trayectoria trabajando en el tema de drogas tanto en el terreno como en la academia, pero fundamentalmente han sido -desde sus disciplinas- fuertes críticos del enfoque principalmente represivo que se le está dando actualmente en Colombia.

La Comisión la encabeza el ex presidente César Gaviria, quien ostenta el rango honorífico de invitado especial y ha sido -por lo menos desde que dejó la Casa de Nariño- uno de los políticos más vocales en insistir que la “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon en 1971 ha sido más contraproducente que útil.

El informe que Gaviria elaboró en 2009, junto con el ex presidente brasilero Fernando Henrique Cardoso y el mexicano Ernesto Zedillo, para la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia fue precisamente uno de los primeros en señalar a un alto nivel el fracaso de la política antidroga y en instar al primer mundo a abordar el problema del consumo como uno de salud pública y no criminal. (Ese informe fue financiado y promovido por el Open Society Foundation, uno de los financiadores de La Silla Vacía).

El general Óscar Naranjo fue uno de los arquitectos de la estrategia de la Policía Nacional de concentrarse en la interdicción de envíos de cocaína al exterior y en la destrucción de laboratorios, donde se concentran los mayores márgenes de ganancia del negocio, en cambio de focalizarse exclusivamente en la persecución de los cultivos ilícitos.

Álvaro Balcázar, ex director de la Unidad para la Consolidación Territorial, tuvo a su cargo el Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), considerado uno de los pocos proyectos de desarrollo alternativo exitosos por haber articulado otras políticas integrales a la sustitución de cultivos ilícitos.

Rodrigo Uprimny y Helena Alviar, decana de derecho de la Universidad de los Andes, han sido dos de los más firmes proponentes de un cambio de enfoque al problema de las drogas desde DeJusticia. Uprimny ha propuesto encontrar métodos creativos y ponderados de regulación del consumo de drogas y para enfrentar su producción.

Daniel Mejía Londoño, director del recién creado Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), es uno de los investigadores que más ha analizado la microeconomía de la droga y la relación droga-violencia.

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz e investigadora en temas de seguridad, ha estudiado a fondo el comportamiento de las organizaciones criminales a cargo del microtráfico.

Adriana Mejía Hernández, quien fue vicecanciller durante el segundo período de Uribe y directora de temas de seguridad en la OEA, es experta en cooperación internacional y la mano derecha hoy del general Naranjo.

Wilson Martínez y Oscar Julián Guerrero trabajaron en la Fiscalía con Viviane Morales como vicefiscal y director de la Unidad de Justicia y Paz respectivamente. E Inés Elvira Mejía es una de las mayores expertas del país en prevención y reducción de daños por culpa de la droga y el alcohol.

El giro en el discurso 

Hasta el momento, Santos se había mostrado partidario de dar el debate sobre el fracaso de la “guerra contra las drogas”, pero sus palabras ante foros multilaterales y prestigiosos medios extranjeros no fueron seguidas nunca por pasos para formular una política seria e innovadora frente a las drogas que vaya en la dirección de entender el problema como uno de salud pública y no uno exclusivamente criminal.

De hecho, como lo anotó en su momento La Silla, la Ley de Seguridad Ciudadana y el Estatuto de Estupefacientes impulsados durante el primer año de Santos iban en la misma dirección tradicional y represiva vista durante el gobierno de Álvaro Uribe y criticada por el presidente en entrevistas con medios internacionales como The Guardian.

Pero desde la llegada de Correa al Ministerio de Justicia la discusión ha cambiado de rumbo y se ha ido alineando con el debate sobre las drogas que se ha comenzado a dar desde que Barack Obama dijo hace dos años que ya no estaba prohibido pensar sobre una alternativa a la fallida guerra contra las drogas. Aunque también ha sido claro en que no está de acuerdo con la legalización.

Desde entonces, han comenzado a surgir propuestas alternativas al enfoque militarista que inspiró el Plan Colombia. Desde el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y el uruguayo José Mujica, que han defendido la legalización, hasta el mexicano Felipe Calderón, que pidió a la ONU revisar la política antidrogas antes de dejar la presidencia de México, en todo el continente se comienza a armar un consenso alrededor de la necesidad de dar un viraje en la política antidrogas dado su estruendoso fracaso.

Este cambio de discurso, además, está siendo sustentado por investigaciones académicas que están siendo financiadas para que se estudie cómo serían estos países con una lógica distinta a la de la guerra antinarcóticos. Con la propuesta de crear la Comisión y con las recomendaciones que seguramente saldrán de ahí, Colombia se pone a tono con esta tendencia.

“Desde el Gobierno estamos convencidos de que la política contra las drogas debe diseñarse con un enfoque integral, involucrando a las familias, al sistema educativo, a los especialistas de la salud pública, a los profesionales del desarrollo y a los líderes comunitarios”, dijo Correa al inaugurar ayer la Comisión.

Lograr un viraje en la política antidrogas, justo antes de elecciones, no será fácil. Todas las encuestas demuestran que los colombianos son muy conservadores frente al tema de las drogas y que en su mayoría abogan por más penalización y no menos. En eso están más alineados con el discurso y las políticas que siempre defendió Uribe.

Por eso, si al final del año Santos acoge las recomendaciones de esta Comisión, se podría hablar realmente de un revolcón en uno de los ejes políticos que han guiado a este país en las últimas décadas. Ya su conformación es un paso importante.