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El Acuerdo del Colón, definido en su momento por Santos y Timochenko como una ruta para el país, ha llegado cuatro años después de firmado a una bifurcación en la que el destino final es hoy más incierto que nunca.
¿Se recicla la guerra o se transita hacia la paz?
Cuando se firmó el Acuerdo renegociado de paz en el teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 ya parte de la ilusión generada con el proceso de la Habana se había perdido. Al fin y al cabo, la derrota del Sí en el plebiscito había demostrado que lo que vendría hacia adelante sería muy difícil.
Cuatro años después, la pregunta que comienza a plantearse es si ya se cerró la ventana de oportunidad que abrió el Acuerdo y estamos en el reinicio de un nuevo ciclo de violencia político-militar o si solo estamos atravesando un bache difícil en una transición hacia la paz.
Como lo demuestra el informe de la Fundación Ideas para la Paz, en los años recientes la violencia organizada se ha hecho más intensa. No solo el ELN es hoy más fuerte que hace cuatro años, sino que han surgido varias disidencias, incluyendo la de Gentil Duarte y la nueva Marquetalia de Iván Márquez, que ha pasado de los discursos mediáticos a acciones armadas concretas en el territorio.
Las cifras muestran un fenómeno en V que revela que mientras durante la etapa de negociaciones las cifras de homicidios y de combates y de todo lo que tiene que ver con el conflicto bajaron, una vez firmado el acuerdo empezaron a subir de nuevo.
Frente al primer año del pre-acuerdo, las acciones de los grupos armados este año se dispararon en un 65 por ciento, los enfrentamientos entre grupos armados se multiplicaron por seis y el número de víctimas de masacres casi se ha cuadruplicado. La tragedia del asesinato de líderes no ha cedido y mucho menos la de los desmovilizados.
“Durante la negociación con las Farc se salvaron cientos de vidas, pero en la implementación, la violencia en los municipios afectados por el conflicto se incrementó en el post-acuerdo”, dice el informe de la FIP.
La FIP ratifica en su informe lo que contó La Silla en esta historia y es que hoy en Colombia ya no hay una sola guerra, sino varias locales que han ido creciendo, con sus propias dinámicas.
Ante esta mayor fragmentación de los grupos ilegales, el Gobierno no ha ajustado su estrategia de seguridad, que -vista exclusivamente a través del lente del narcotráfico- ha sido ineficaz en contener esta escalada y en garantizar la seguridad en el territorio.
Quizás la única cifra positiva, en términos del conflicto, es que el número de militares y policías muertos en actos de servicio bajó tras la firma del Acuerdo de la Habana, y así se ha mantenido. Ej: 2015 fueron 219 los muertos, en 2016 119, en 2017 99, en 2018 87, en 2019 98, en 2020 97.
Con este panorama, ya varios expertos como Francisco Gutiérrez comienzan a anticipar que se ha reiniciado un nuevo ciclo de violencia, en la ya larga historia que tiene Colombia de guerras que se reciclan, tras negociaciones incompletas o fallidas, seguidas de nuevas violencias.
Así pasó con las negociaciones con el EPL, con la CRS, entre otras.
Otros analistas son más optimistas. Consideran que el Acuerdo ya echó raíces y, aunque lentamente, estamos transitando hacia la paz.
“Estamos llegando a un momento de maduración del proceso de paz en el que vemos acciones que han demostrado que las instituciones creadas por el Acuerdo son necesarias”, dice la politóloga Angelika Rettberg, quien considera que en un balance más general, son más los logros que tiene el Acuerdo que los fracasos. “Este fue el año de los actos de contrición sinceros que necesitábamos para darle fuerza al proceso”.
Fuera de su reconocimiento de los secuestros y de los magnicidios que cometieron y por los que pidieron perdón, Rettberg también destaca los cuerpos que encontró la JEP enterrados como NN en una fosa en Dabeiba, las personas que ha ayudado a encontrar la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) y los macrocasos ya avanzados en la JEP.
También hay señales claras de que la Farc se está convirtiendo cada vez más en un partido político que le apuesta a las reglas de la democracia.
El 20 de julio la exguerrillera Griselda Lobo (Sandra Ramírez) fue nombrada segunda vicepresidenta del Congreso y ayer por primera vez presidió una sesión plenaria.
Los congresistas de la Farc fueron autores de proyectos de ley para modificar los decretos del covid, aprobaron proyectos como el de la renta básica promovido por otros partidos, y cientos de desmovilizados marcharon pacíficamente la semana pasada para pedir una mayor protección para las vidas de los miles de exguerrilleros que siguen firmes en su apuesta por el Acuerdo (y recibiendo un salario mensual que no ha dejado de ser pagado por el gobierno de Duque).
¿Qué inclina la balanza?
Como tanto el reinicio de la guerra como sentar las bases de la paz son procesos que toman tiempo en cocinarse, es incierto todavía cuál de los dos rumbos tomará el Acuerdo. Dependerá de varios factores.
Uno de los más decisivos serán los resultados que muestren los primeros macrocasos de la JEP y, en particular, la Comisión de la Verdad en junio del próximo año cuando tiene que rendir su informe final, puesto que la verdad podría sincerar y cortar de raíz muchas fuentes de violencia.
Durante el último período en la Habana, las Farc lograron superar la primera fase por la que suelen atravesar los victimarios tras un acuerdo de paz, según varios estudios de paz: el negacionismo, en el que decían que no asesinaban sino que “ajusticiaban”, no secuestraban sino “retenían”, no reclutaban niños sino que les ofrecían “un refugio” de las otras violencias.
Este año comenzaron a superar la segunda que es el justificacionismo: ‘secuestramos pero porque tocaba financiar la revolución’ o ‘matamos pero porque era el enemigo del pueblo’.
Después del testimonio de Ingrid Betancour en la Comisión de la verdad, por primera vez, las Farc pidieron un perdón que sonó sincero por los secuestros y reconocieron, sin justificaciones, el dolor y el daño que les causaron a sus víctimas.
Como explicó La Silla, fue el resultado de una combinación entre la presión que les puso encima la captura de Álvaro Uribe por el paralelismo que plantearon el Centro Democrático y muchos ciudadanos entre los exguerrilleros en el Congreso y quien los combatió en detención domiciliaria y el trabajo adelantado desde la JEP alrededor del macrocaso del secuestro.
Tampoco se justificaron cuando confesaron su autoría en los homicidios de Álvaro Gómez, Chucho Bejarano y el general Landazabal. Ni tampoco cuando le pidieron perdón a Germán Vargas por los atentados que casi lo matan y que le mutilaron la mano.
El paso que les queda ahora es dar el salto moral, que han dado exguerrilleros en el pasado cuando se vuelven los abanderados genuinos de la reconciliación. Lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, Pepe Mujica en Uruguay, Antonio Navarro y muchos del M-19 en Colombia.
Ahí es donde la Comisión de la Verdad, si logra construir la suficiente legitimidad, podría crear puentes e invitar a otros sectores para que atraviesen las mismas etapas con miras a una reconciliación.
Por ahora la Comisión no ha sido tan exitosa construyendo confianza con empresarios poderosos, por ejemplo, que podrían ser determinantes para garantizar que la balanza se incline hacia una transición hacia la paz. Tampoco ha logrado mitigar la desconfianza del uribismo.
“Parte del miedo del Centro Democrático es el miedo a la verdad”, dijo un experto en temas de paz en el territorio, que prefirió guardar su identidad. “Ellos siguen en la etapa del negacionismo”.
Dio como ejemplo que el Partido sigue negando que durante el mandato de Álvaro Uribe se cometieron los falsos positivos, las capturas masivas y arbitrarias, alianzas entre la Fuerza Pública y los paramilitares. “Siguen insistiendo en que solo salvaron al país y se niegan a acercarse a sus víctimas, a pesar de que el Expresidente está totalmente blindado en la JEP”.
Es posible que casos como la reciente extradición y condena del coronel salvadoreño Orlando Montano, de Estados Unidos a España, por la masacre de los jesuitas (ver esta nota de Álvaro Frías en La Silla Llena), que revivió la jurisdicción universal, aquella que permite que un juez de cualquier país juzgue delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia que sigan en la impunidad, baje las resistencias en el uribismo a que se destape la verdad.
Y, por otro lado, está la incógnita sobre el rumbo que tomará la movilización social.
En Colombia, el gran paro del 77 fue seguido por el estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala y el fortalecimiento de las guerrillas, como cuenta esta historia de Pacifista.
“El establecimiento asumió que había sido un ensayo general de derribamiento del Sistema”, dice en una entrevista el historiador Medófilo Medina, que ha estudiado las protestas sociales. Explica que el Gobierno interpretó lo que había pasado como la posibilidad de una revolución y dedujo que había que adoptar una política represiva.
Ante las movilizaciones masivas del último año, la estrategia del presidente Duque fue abrir a comienzos del año una Conversación Nacional, que no llegó a mucho, en parte por la pandemia, en parte porque estaba más motivada por una intención de apaciguamiento que de generar un verdadero consenso nacional y en parte porque los organizadores del Paro se negaron a participar para no legitimarla.
Pero en septiembre, días después de que policías en Bogotá le dispararon de manera indiscriminada a los que protestaban en diferentes barrios de Bogotá, Duque se puso la chaqueta de la Policía y felicitó a la institución por “su gallardía” enviando un mensaje radicalmente diferente frente a la protesta.
Por último están las próximas elecciones, que, nuevamente, serán decisivas para determinar el futuro del Acuerdo.
Ya el expresidente Uribe no propone un ‘mejor Acuerdo’ como lo hizo hace cuatro años cuando promovió el plebiscito. Tras dos años de Duque en el poder sin materializarlo, ha quedado claro que era un eslogan de campaña. Ninguno de los otros candidatos tampoco ha ofrecido una visión clara para avanzar hacia un consenso nacional que elimine la violencia de la política.
El Acuerdo del Colón, definido en su momento por Santos y Timochenko como una ruta para el país, ha llegado cuatro años después de firmado a una bifurcación en la que el destino final es hoy más incierto que nunca.
