“Si me toca militarizar a Quibdó, lo militarizo”: Gobernador del Chocó

Mientras en el país hay campaña alrededor de la firma del acuerdo de paz con las Farc, en Quibdó las bandas criminales y la delincuencia común han provocado una ola de violencia tal que el gobernador del Chocó quiere militarizar la ciudad.

En la última semana de agosto se presentaron tres balaceras en distintos sectores que dejaron tres personas asesinadas; en lo que va de septiembre, se han producido 16 asesinatos, tres de ellos de jóvenes de 26, 16 y 15 años que fueron desaparecidos desde el 8 de septiembre y luego encontrados con impactos de bala en cada uno de los puertos fluviales del río Atrato en el municipio.

Una de las víctimas de esta ola de violencia fue Norbin Palacios, un reconocido joven futbolista local que fue impactado por una bala perdida mientras departía con algunos amigos.

La gente está tan atemorizada que en las noches, Quibdó parece un pueblo fantasma.

En reacción a esta situación, el pasado viernes, al término de un consejo extraordinario de seguridad, el gobernador Jhoany Carlos Alberto Palacios, dijo estar cansado de reunirse todos los fines de semana para los mismo y no ver los resultados. Y anunció que solicitaría militarizar la ciudad ante los pocos resultados.  Este martes, el gobernador del Chocó aprovechó la visita del presidente Santos para hacerlo.

Según supo La Silla, la propuesta fue bien recibida por el Presidente. Los pormenores se tratarán en una reunión posterior con el Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, Santos prometió aumentar el pie de fuerza en la ciudad y crear un gaula militar y un gaula élite de Policía que ayude a desmantelar las bandas criminales. De hecho, hoy se anunci´pó la llegada de un primer contingente de 40 hombres del Gaula militar.

Violencia en aumento

En los últimos siete años, la tasa de homicidios en Quibdó ha triplicado la nacional. Este auge de la violencia en este municipio de 150 mil habitantes tiene varias razones.

Para comenzar, la Policía ha identificado unas 58 bandas criminales y de delincuencia común, muchas de ellas asociadas al Clan del Golfo (anteriormente Clan Úsuga).

La tesis de la policía local es que la violencia de las últimas semanas se debe a la implementación de la Ley de Descongestión Penitenciaria, que desde julio ha sacado de la cárcel de Quibdó a 84 presos que estaban sindicados de delitos que van desde concierto para delinquir hasta extorsión y secuestro.

Otros 381 condenados, que estaban presos en esa misma cárcel, fueron mandados a su casa con de detención domiciliaria, de los cuales solo 9 cuentan con algún tipo de control o vigilancia electrónica, según un informe oficial de la Policía.

Los demás no cuentan con ningún tipo de supervisión debido a que el INPEC en Quibdó no tiene la capacidad para verificar si cumplen o no con las condiciones de pena domiciliaria.

Estas medidas buscan solucionar el problema de hacinamiento de la cárcel de Quibdó, que tenía 835 presos para una capacidad de 276. Pero en el consejo de seguridad del pasado 9 de septiembre, dijeron que de los 465 beneficiados aproximadamente el 70 por ciento ha vuelto a delinquir.

La policía dice que de los 16 asesinados las últimas semanas, 11 eran personas que acababan de salir de la cárcel, por lo que aducen que se trata de ajustes de cuentas entre bandas criminales o intentos de retoma del poder de las zonas.

Sin embargo, esta tesis de la Policía sobre el auge de violencia tiene sus contradictores.

“Antes de que la ley entrara en vigencia, Quibdó tenía índices de violencia absurdos y no se han tomado las medidas necesarias para atacar este flagelo”, dijo a La Silla el Defensor Regional del Pueblo, Enrique Abadía.  “Puede que haya incidido en algo, pero no creo que sea una causa primordial.”

De hecho, desde 2009 la Defensoría ha producido tres informes de riesgo en los que advierte la grave situación de inseguridad en la ciudad de Quibdó y hace una serie de recomendaciones a la Fuerza Pública y la administración municipal, que en su mayoría han sido acogidas pero que no han producido ningún efecto.

Los informes de riesgo alertan sobre la presencia de las bacrim en la zona norte de Quibdó y en las zonas donde se proyecta el crecimiento urbano de la ciudad.

Principalmente en la Cascorba, Cabí, Caraño y la Zona Minera, que quedan lejos del centro de la ciudad y donde no vive mucha gente, pero que son la puerta de entrada a la región del Atrato Medio, El San Juan y a la cabecera urbana de Quibdó.  

En esos mismos informes, la Defensoría ha insistido en la grave situación de reclutamiento de adolescentes y jóvenes para las bandas criminales, que ante la falta de educación, empleo y espacios de esparcimiento, ven en estos grupos una oportunidad de reconocimiento social.

En esto, el comandante del distrito de Policía de Quibdó, mayor Rhonal Espinoza, le da la razón al Defensor.

Quibdó tiene la mayor tasa de desempleo del país (17 por ciento a julio de 2016); es el mayor receptor de población desplazada de uno de los departamentos que está lejos de ver el posconflcito (8 de cada 10 desplazados en Chocó van a Quibdó); no hay cobertura total de agua ni de luz (energía solo hay en el casco urbano) ni de educación. Ni hablar de Internet, que solo cubre una tercera parte del municipio.

Ante estas carencias tan estructurales, no es tan claro que militarizar la ciudad solucione el problema de violencia e inseguridad que vive Quibdó.

Actualización septiembre 16: después de publicada esta historia, tres personas más fueron asesinadas anoche.