En medio de las negociaciones de paz, la violencia se recrudece en Putumayo. Si el temor en lo rural es toparse con una mina, en el casco urbano es ser víctima de una granada o de un asesinato. Foto cortesía de El Espectador

En Putumayo, la violencia se ha recrudecido durante las negociaciones de paz. La situación ha llegado a un punto tan dramático, que las autoridades están considerando seriamente si viajar a la Habana para hablar directamente con los guerrilleros y pedirles que por favor no atenten más contra la población.

La Gobernación ha construido 64 internados para albergar a los niños durante la semana y disminuir el riesgo de que sean víctima de una mina antipersonal o de un bombardeo.  Pero no ha sido suficiente.

“La idea de los internados o albergues –porque a esas instalaciones tan precarias no se les puede llamar internados– era proteger a nuestros niños”, le dijo a la Silla Fátima Muriel, Secretaria de Educación de Putumayo. Pero este año, más de diez internados cercanos a la frontera han sido cerrados porque los caminos para llegar están minados.

En diciembre del año pasado murió un niño camino a su escuela y este año ya van más de cinco menores que son víctimas de las minas antipersonales. Uno de los atropellos que más ha conmocionado a la comunidad del corregimiento La Carmelita sucedió el día de la mujer, cuando le explotó una mina a una joven de catorce años que cargaba una bebé de cuatro meses. El bebé murió y ella perdió su pierna izquierda.   

Después de varios accidentes con minas antipersonales la Secretaría de Educación de la Gobernación se reunió con los docentes para evaluar cuáles eran los riesgos que asumían los niños a la hora de movilizarse a sus escuelas en canoa, bus o a pie.

“Quedé perpleja cuando los educadores me dijeron que en todos caminos que utilizan los niños hay minas”, le dijo Muriel a La Silla. “Yo les pregunté cómo lo sabían y me respondieron que la guerrilla ya se había comunicado con ellos para recomendarles caminos alternativos dentro de la selva para los niños. ¿Pero cómo van a mandar los niños por la selva donde hay tantos animales peligrosos?”

Según la Secretaría de Educación la única solución es movilizar a todos los estudiantes por agua. Sin embargo, esta alternativa es demasiado costosa por el precio de la gasolina y el departamento no tiene el presupuesto para hacerlo. Además de los niños, este año ya van más de treinta víctimas y poblaciones enteras desplazadas por miedo a convertirse en una de ellas.
 

Según el alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral, este año ha habido más de veintisiete asesinatos. "En lo urbano, están Los Rastrojos y en el rural la guerrilla.” Foto: Cortesía Alcaldía de Puerto Asís.

En la Gobernación de Putumayo están tan desesperados con la violencia que ya le solicitaron al Gobierno la autorización de viajar a la Habana para hablar directamente con los guerrilleros y pedirles que por favor no atenten más contra la población.

Según el Secretario de Gobierno de Putumayo, Javier Rosero, la situación de violencia actual es comparable a la que vivió el departamento en la época del paramilitarismo.

Según la Secretaria de Educación de Putumayo, los niños que estudian cerca de la frontera no pueden ir al colegio porque los caminos están minados. Este año más de cinco niños han sido víctimas de minas antipersonales.  Foto por: Carolina García Arbeláez

El porqué del aumento

Putumayo ha sido uno de los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos así como por las fumigaciones aéreas. Sin embargo, desde que Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por los daños ambientales y a la salud que causaba la fumigación con glifosato, la Fuerza Pública tiene prohibido fumigar a 10 km de la frontera.

Como es un departamento fronterizo y gran parte de su territorio se encuentra en la franja de prohibición, la erradicación de los cultivos ilícitos se tiene que hacer manualmente. Los erradicadores entran a los cultivos acompañados de la Fuerza Pública que se encarga de su protección.

Entonces, las Farc han optado por minar el territorio aledaño a los cultivos para proteger sus plantaciones de coca de la erradicación forzosa. El problema es que los cultivos de coca no quedan aislados sino cerca de veredas y corregimientos donde vive la mayor parte de la población campesina e indígena.

Además, la Fuerza Pública acampa en estas zonas lo que convierte a la población en objetivo militar. Por esta razón, decenas de familias de más de doce veredas se han desplazado a las cabeceras municipales. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir los cultivos ilícitos en el departamento con la erradicación manual y las fumigaciones aéreas de glifosato–a las cuales se opone la comunidad por los daños a la salud y al medio ambiente–, la plantación de coca ha aumentado drásticamente en el último año.

Según el secretario de gobierno de Putumayo, Javier Rosero, y con base en cifras obtenidas del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), a comienzos del 2012 había 4.000 hectáreas cultivadas con coca y este año hay 9.000. 

“Esto demuestra que la forma en la que se han atacado los cultivos ilícitos no es efectiva. El gobierno tiene que darle otra alternativa a los campesinos”, le dijo a La Silla. “ Si se legaliza la  droga como lo proponen las Farc ya no habría una razón para cultivar de manera escalonada pues el precio de la droga es proporcional al riesgo que hay para cultivarla”.

Más allá de las minas

Si el temor en lo rural es toparse con una mina,  en el casco urbano es ser víctima de una granada o de un asesinato. Con la explotación del petróleo han entrado diferentes grupos armados a disputarse el territorio pero según el alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral, el principal es los Rastrojos. “Acá se habla de una hermandad entre los grupos armados porque unos son los que compran la coca y los otros los que la venden. En lo urbano, están Los Rastrojos y en lo rural la guerrilla,” le dijo a La Silla.

Este año ha habido más de cuatro ataques con granadas en lugares cerca de las estaciones de policía y solamente en Puerto Asís –el municipio más grande del departamento– ha habido más de veintisiete asesinatos.

“Estamos en una situación de violencia similar a la que vivimos en la perversa época del paramilitarismo,” le dijo a La Silla Javier Rosero, Secretario de Gobierno del Departamento. “Ya no sabemos qué hacer. Estamos pidiendo una autorización al gobierno para que nos deje enviar una delegación a La Habana y poder discutir la situación de orden público”.

Creen que dado que nada más ha servido para frenar la violencia, este camino podría convertirse en su última alternativa.
 

¿La solución?

La situación alarmante de orden público llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir un informe de riesgo en el que le pedía a diferentes instituciones del Estado tomar medidas inmediatas para controlar la situación de orden público en el departamento.

Aunque la Gobernación y el Ministerio de Defensa se han reunido en consejos extraordinarios de seguridad aún no se sabe cuál va a ser la estrategia para combatir la violencia en un departamento que siempre ha estado bajo su yugo.

El Secretario de Gobierno cree que la solución no es aumentar la presencia de la Fuerza Pública. “En este momento hay presencia militar en los 13 municipios del departamento y esto, inclusive, pone en riesgo a la sociedad civil que está cerca de ellos”.

Una posible solución, por lo menos al aumento de los cultivos de coca, puede venir del campesinado mismo.

Desde el 2006, la Mesa Campesina –un cuerpo colegiado integrado por los líderes de las  organizaciones campesinas de Putumayo– lleva elaborando un plan integral de desarrollo campesino que es una propuesta agrícola del campesinado para salir de la coca, construir identidad y evitar el desplazamiento.

“Si esto se logra sería una forma de cerrarle la brecha al conflicto porque es un proyecto formulado por los mismos campesinos para los cultivos ilícitos,” le dijo Rosero a La Silla, “tuvieron que hacer un paro de dos semanas y frenar la industria petrolera para que el gobierno se sentara y los escuchara. Ahora el Ministerio de Agricultura está evaluando la propuesta”.

Pero esta medida es sólo una apuesta a largo plazo: de convertir un departamento cocalero en uno agrícola. En realidad la única solución que tiene el Putumayo, es la misma que tiene el país, que se acabe el conflicto armado.