La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
Como gobernador encargado de la Guajira, Jorge Enrique Vélez arrancó enfocado en poner la casa en orden de la mano de las ías, para no terminar enredado como sus antecesores.
Vélez destapa las perlas de los aliados de Cambio Radical en La Guajira
Jorge Enrique Vélez estará los próximos meses viajando entre Bogotá y Riohacha porque, además de ser gobernador encargado de La Guajira, seguirá al frente de la Súperintendencia de Notariado y Registro.
Aunque es uno de los brazos políticos del vicepresidente Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical, principales aliados de parte de la clase política cuestionada de La Guajira, el nuevo gobernador encargado de la Guajira llegó con un discurso anticorrupción y denunciando ‘perlas’, que paradójicamente involucran a los socios del vargasllerismo allí.
El supernotariado Jorge Enrique Vélez sabe que con el chicharrón de la Gobernación por encargo se juega su pellejo. Por ejemplo, el último mandatario que el presidente Juan Manuel Santos nombró en La Guajira, Faihan Al-Fayes Chaljub (hoy embajador en Emiratos Árabes), fue incluido junto a otros gobernadores guajiros dentro de una investigación de la Contraloría por presuntas irregularidades en un contrato que firmó el exgobernador Kiko Gómez por 60 millones de pesos.
Al menos, eso evidencia lo que le dijo a La Caribe (“Lo que está en juego aquí es mi nombre”) y lo que ha pasado las últimas horas en la península.
El gobernador comenzó a reunirse con el gabinete para conocer todos los detalles de sus carteras y dijo que está dispuesto a llevar a la Fiscalía cualquier irregularidad que encuentre.
En ese ejercicio, le ordenó al secretario de Obras que denunciara ante los organismos de control un contrato que entregó el exmandatario José María ‘Chemitas’ Ballesteros.
Ese secretario es de la cuerda del cuestionado exgobernador Kiko Gómez. Tanto Kiko como Chemita fueron ayudados a elegir por Cambio Radical, la colectividad de Vélez.
Vélez llegó aplicando un sistema de evaluación similar al de los semáforos de la ex superministra de la Presidencia María Lorena Gutiérrez. Ese sistema, que él también usa con los funcionarios de la Súper, consiste en evaluar a los secretarios según los colores del semáforo: varios rojos significan que el funcionario no está haciendo bien su trabajo y debe ser reemplazado. De hecho, ya les pidió esta mañana la renuncia protocolaria a todos los miembros del gabinete para hacer los cambios que considere necesarios.
Entre lo que Vélez ha encontrado, hasta ahora, hay unas perlas que le describió a La Silla Caribe:
1
Multimillonario contrato para diagnosticar el dengue
La primera perla que Vélez encontró es un contrato de 17.584 millones de pesos con plata de regalías, que el exgobernador Ballesteros firmó el 20 de octubre de 2014, para hacer un estudio sobre las características del dengue en La Guajira y establecer acciones para la reducción del número de infectados.
El contrato fue entregado a dedo a una corporación llamada Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud. Esa es una corporación sin ánimo de lucro de Bucaramanga que busca fomentar la investigación científica en países de América Latina, según se lee en su página web.
“Con ese nombre uno piensa que es una entidad internacional en Washington, pero no”, le dijo Vélez a La Silla.
Antes de mediados del próximo año, esa entidad debe entregarle a la Gobernación reportes sobre los criaderos de mosquitos transmisores del dengue en 11 de los municipios guajiros, un diagnóstico sobre el manejo que los hospitales le dan a los infectados con ese virus y propuestas para las campañas preventivas.
Los resultados de esa investigación deben estar registrados en 10 artículos científicos que sean publicables en revistas de circulación internacional.
Para Vélez el contrato no solo es cuestionable por el monto sino por las observaciones que ha hecho el interventor, que es la Universidad Nacional. Según esa institución, hubo fallas desde la estructuración de la licitación.
“Con esa cifra yo espero que también creen la vacuna para el dengue. No puede ser ese contrato”, le dijo Vélez a La Silla.
Esos recursos, por ejemplo, equivalen a dos megacolegios, como los que se han construido en Barranquilla durante la era de los Char, con capacidad para tres mil niños cada uno.
2
Un puente que nada que se termina
La segunda perla que Vélez encontró es un contrato por 2.973 millones de pesos, que firmó el exgobernador Ballesteros el 14 de agosto de 2015 para la construcción de un puente.
Ese puente, que atraviesa la quebrada Moreno a 55 kilómetros de Riohacha, debió quedar listo en febrero pasado. Según el papel, la ejecución tomaría cinco meses contados desde el inicio de las obras, que fue en septiembre pasado.
La Silla constató la semana pasada, al pasar por esa vía que comunica a Riohacha con el sur de La Guajira, que el puente aún tiene varios meses de trabajo por delante. Además, los conductores deben desviarse por una infraestructura metálica y angosta, especialmente peligrosa para las tractomulas que llevan el carbón del Cerrejón hacia Santa Marta.
Y tan peligroso es ese tramo que tres personas murieron ahogadas en mayo pasado, porque el carro en el que viajaban de noche cayó a la quebrada. Según la Policía de Carreteras, la zona no estaba lo suficientemente señalizada para indicarle a un conductor que no estuviera familiarizado con la vía el desvío hacia el puente alterno.
El gobernador Vélez le dijo a La Silla que “ese contrato es una absoluta vergüenza” y que particularmente le preocupa que el contratista, el Consorcio Puente Guajiro, esté pidiendo una adición presupuestal para terminar la obra, por supuestos inconvenientes técnicos que han surgido durante la ejecución.
Por eso, le ordenó al secretario de Obras Lorenzo Iguarán, cuota del grupo político del exgobernador Kiko Gómez, denunciar al contratista ante los entes de control para que aclare cómo ha invertido los recursos y explique por qué sigue sin entregar el puente.
La Silla supo que el secretario hizo las respectivas denuncias ayer por la mañana en Riohacha.
El contratista, único oferente de la licitación, fue el Consorcio Puente Guajiro, del que hacen parte la firma cartagenera Obras, Maquinaria y Equipos Tres A y los ingenieros Jorge Yesit Bolívar Brito y Miguel Camilo Castillo Baute. Este último, con la matrícula profesional suspendida hasta el 20 de enero de 2017 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), que es la entidad que inspecciona y vigila a los ingenieros en Colombia.
Castillo Baute está suspendido desde el 21 de enero de 2015, lo que quiere decir que cuando el consorcio del que hace parte firmó el contrato, el 30 de julio de ese año, ya llevaba seis meses sancionado.
La construcción del puente ha tenido varios impasses: en noviembre pasado, el contratista dejó de trabajar por el inicio de las lluvias. Y después, en febrero pasado, Corpoguajira multó al contratista por haber comenzado a construirlo sin tener el permiso de esa CAR para ocupar el cauce de la quebrada.
Solo hasta el pasado 2 de mayo, Corpoguajira dio viabilidad al reinicio de la obra, que desde entonces está en ejecución, pero sin una fecha clara de entrega.
3
El desorden administrativo
Y la tercera perla que Vélez encontró es “un desorden administrativo”, como él mismo se lo describió a La Silla Caribe, al referirse al elevado número de órdenes de prestación de servicios de las diferentes secretarías.
Ese es el resultado de decisiones administrativas de la corta gobernación de la inhabilitada Oneida Pinto (miembro de Cambio Radical).
El mandatario ya dijo en medios de comunicación locales -también se lo dijo a La Silla- que estudiará la planta de personal para establecer cuántos funcionarios necesita la Gobernación y cuántos contratos sobran. Cambios que Vélez tiene toda la potestad de hacer porque cuenta con el respaldo del Gobierno nacional.
Por esas perlas iniciales, el Supernotariado ya les pidió al procurador Alejandro Ordóñez y al contralor Edgardo Maya que designen funcionarios delegados para determinar las posibles irregularidades y los responsables en esos procesos. Con Ordóñez ya tuvo una primera reunión, el viernes por la mañana, en la que le anticipó la revisión que haría de los contratos, mientras que con Maya se reunió ayer por la tarde.
Vélez también le envió a la Fiscalía General copia de los contratos que revisó y en los que halló posibles irregularidades.
Habrá que esperar a ver hasta dónde llega y si por ejemplo es capaz de sacar de la administración a las cuotas de Kiko Gómez, como muchos esperan en La Guajira.
