Vivanco vs. Gobierno sobre restitución: ¿quién dice la verdad?

El informe de Human Rights Watch sobre la restitución desató una polémica con la Unidad de Víctimas y la de Restitución, que disputan la cifra de la ONG de que solo una familia restituida ha regresado a su predio. Foto: Juan Pablo Pino.

A raíz de la publicación del informe de Human Rights Watch sobre cómo la seguridad es el principal palo en la rueda del proceso de restitución de tierras en Colombia hace dos semanas, se ha dado un cruce de declaraciones y comunicados entre esta poderosa ONG gringa y los encargados de la reparación y la restitución en Colombia. El centro del debate es una cifra: HRW dijo en su informe que solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas.

"Solo una familia ha logrado instalarse en el lugar que ha reclamado como suyo. Ha habido otras familias que lo han visitado, pero por razones de seguridad no pueden instalarse", afirmó José Miguel Vivanco, en la rueda de prensa en la que presentó el informe. "La cifra impacta".

Un día después del informe de Human Rights Watch, la Unidad de Víctimas sacó un comunicado en el que la directora Paola Gaviria, desmintió a Vivanco. Dijo que “de los beneficiarios de restitución, un 66% han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios; del 34% restante, aproximadamente el 24% está pendiente de la entrega de sus terrenos y sólo un 10% no ha retornado. Según la Unidad de Restitución de Tierras, el total de sentencias hasta el momento son 233 que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas. Por consiguiente, no es cierto que un solo hogar favorecido con un fallo de restitución se encuentre retornado en virtud de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como asegura el informe de HRW.”

Ese mismo día en El Tiempo, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, también dijo que estaban revisando el informe de Human Rights Watch “para poder corregir algunos errores, pero hay partes que no compartimos, como el hecho de que en el informe se diga que solo una persona ha retornado a los predios restituidos. Nosotros tomamos distancia con esa información.”

Dada la discrepancia sobre las cifras manejadas por la ONG y las arrojadas por las entidades gubernamentales, La Silla trató de establecer exactamente cuántas familias han retornado a vivir en sus tierras en virtud de la restitución de tierras.

La respuesta es que -más allá de su indignación pública frente al informe de HRW- ni la Unidad de Restitución ni la de Víctimas tienen información concreta sobre cuántas familias ya están realmente viviendo en los predios restituídos a través de sentencias. Aunque La Silla pudo establecer directamente que tampoco es cierto que solo una familia haya logrado volver a vivir en su tierra gracias a sentencias de restitución, como lo dijo la ONG.

Paula Gaviria y Ricardo Sabogal, directores de las unidades de Víctimas, y de Restitución, consideran que es injusto evaluar la política de reparación y restitución del Gobierno con base en el número de personas que estén viviendo en el predio, ya que lo importante es que las víctimas tengan acceso a su tierra.

Foto: Juan Pablo Pino

El ex Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo le entregó en febrero las sentencias de restitución a las primeras familias en Sucre. Cortesìa : Ministerio de Agricultura

"Tengo cuántos tienen la materialidad de su predio y disfrutan de ellos”, explicó Ricardo Sabogal a La Silla. Y esta cifra corresponde, según datos de la Unidad de Víctimas,  a 202 casos de familias que gozan de su predio después de que un juez de restitución les ha reconocido su derecho gracias a la Ley de Víctimas y a 181 que ya gozaban de sus tierras antes de la sentencia de restitución pero que con ella han podido legalizar su tenencia, algo clave porque les permite por primera vez calificar para subsidios del Gobierno o créditos del Banco Agrario.

Sabogal no sabe de estos casos en los que las víctimas ya tienen acceso a su predio, cuántas familias estarían ya “instaladas en su lugar” como dice Vivanco y cuántas están yendo a desmalezar o a cultivar o ya tienen ganado adentro. Este es un proceso gradual y la Unidad -que ya está sobrecargada de trabajo- no tiene la capacidad para hacer este tipo de seguimiento a cada caso.

En la Unidad de Víctimas tampoco tienen esta información discriminada. A pesar de que este debate lleva ya casi tres semanas y de que su directora desmintió categórica y públicamente al director de Human Rights Watch, esta entidad aún no sabe con precisión cuántos de los retornados en virtud de la restitución de tierras están viviendo en su tierra.

“Al momento, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Tierras no cuentan con información de cuántos retornos de residencia se han producido después del fallo, porque el ejercicio de caracterización y actualización de la información es permanente. Sin embargo, puede afirmarse que son decenas de casos los que se han retornado después del fallo”, dijo por escrito a La Silla Iris Marín, directora de Reparación de la Unidad de Víctimas.

La Silla pidió a Marín información concreta sobre algunos de esas “decenas de casos” para poder entrevistar a las familias, pero no pudo obtener esos datos porque la Unidad de Víctimas no ha terminado de “depurar” la información y tiene solo la cifra englobada de los que volvieron a vivir en su tierra y los que solo la están trabajando.

La Silla trató por su lado de establecer –en lugares donde teníamos fuentes- si más de una familia desplazada estaba ya viviendo en su predio. En un rastreo rápido encontró tres casos adicionales a la familia identificada por Human Rights Watch en la vereda de Balsillas, en Ataco (Tolima), en los que las familias o algunos de sus miembros ya están "instalados" aunque de una manera precaria y muy inferior al estándar establecido por la Ley de Víctimas.

Encontró que dos familias que La Silla conoció en Morroa (Sucre), que fueron beneficiarias de las primeras siete sentencias de restitución en ese departamento y a quienes el entonces ministro Juan Camilo Restrepo les entregó en persona sus certificados de restitución en febrero, están cultivando ya sus terrenos en la vereda de Cambimba, que tuvieron que abandonar hace una década por amenazas del frente 35 de las Farc, pero solo miembros de una de estas familias están allí de manera definitiva.

Rugiero Ruiz, que fue el primer reclamante en enfrentarse a un opositor que se declaraba tenedor de buena fe, nos dijo ayer que ya está sembrando en su predio, pero aún vive en Corozal con sus nueve hijos y recorre los 9 kilómetros hasta ahí todos los días porque su casa -que quedó destruida hace una década- aún no ha sido construida por el Banco Agrario pese a estar aprobada.

“Estamos contentos y cultivando ñame, yuca y maíz. Ya tengo mi proyecto productivo porque me han colaborado, me dieron un jagüey para el agua y una planta solar, pero no tengo mi vivienda”, le dijo a La Silla. “Y la casa es lo que necesito, porque me quedé sin recursos para construirla y yo quiero vivir acá, no sé vivir en el pueblo”.

La familia de Héctor González, cuya casa también fue destruida, tiene una situación similar en esa misma vereda. Su esposa Marta Palencia y sus cinco hijos siguen viviendo en Corozal, porque ellos están en el colegio allí y porque ella tiene que ir con frecuencia a Sincelejo para hacerse un tratamiento médico. Héctor sí está en el predio, cultivando yuca y ñame como parte de su proyecto productivo del Ministerio de Agricultura. Hasta ahora ha venido durmiendo en un cambuche de plástico en su terreno y ahora está comenzando a armar una casita de techo de palma, en la que espera vivir hasta que el Banco Agrario les entregue la casa que les aprobó y que no ha sido construida.

Ambas familias coinciden en que Luis González, un reclamante al que le entregaron su predio en mayo en la misma vereda de Cambimba, ya está viviendo allí definitivamente, aunque La Silla no pudo comunicarse con él.

Por su lado, Andrea Lizcano, la delegada territorial de la Unidad de Restitución en el Meta, uno de los departamentos donde más sentencias de restitución se han dado, confirmó a La Silla que la familia Perilla, en Tillavá, en Puerto Gaitán, a quien un juez les restituyó cinco predios en mayo, ya está viviendo en su tierra. Tenían una casa de material y volvieron a habitarla. Según la delegada, el papá no vive todavía allí porque la casa tiene muchas deficiencias, pero sus dos hijos mayores sí la habitan.

El otro caso de retorno es el de la familia de María Elisa Pinto, también en Tillavá. En este caso, la esposa no ha regresado y el marido está viviendo con unos vecinos en una finca al lado de su terreno porque su casa fue quemada por los paramilitares para evitar que los guerrilleros vivieran ahí. Ya obtuvieron un subsidio del Banco Agrario pero este no se ha hecho efectivo todavía y por eso no han podido reconstruir la casa. Por ahora, van todos los días a cuidar el ganado que ya metieron.

En conclusión, solo en estos dos departamentos, entonces, habría ya más de una familia viviendo en su predio retornado aunque en unas condiciones inferiores a las que según la ley de víctimas les debe garantizar el Estado. Es de suponer que si La Silla (o la Unidad de Víctimas) hubiera llamado a los 22 delegados territoriales posiblemente habrían encontrado otras familias viviendo en su tierra.

José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, considera que aún si hay más casos de familias que en efecto ya hayan podido volver a su tierra, estos resultados no son muy alentadores cuando se comparan con las más de 45.000 solicitudes de restitución registradas bajo la Ley de Víctima.

Foto: Cortesía El Espectador

Human Rights Watch duda que esto sea así porque en una reunión del 24 de septiembre entre Human Rights Watch y la Unidad de Víctimas, funcionarios de la Unidad de Víctimas aceptaron que -tal como lo revelaba el informe de la ONG- hasta el 31 de julio de 2013, solamente una familia había retornado a vivir en su tierra gracias a un fallo en el marco de la Ley de Víctimas. Y que entre el 31 de julio y el 24 de septiembre, otras dos familias habían retornado a vivir en sus tierras, una de ellas en la vereda de El Toco, en San Diego (Cesar).

Iris Marín, directora de reparación de la Unidad, dijo a La Silla que la información inicialmente suministrada a HRW por su unidad no era sobre el universo total de hogares en proceso de restitución sino sobre una muestra parcial de 183 entrevistas a víctimas inscritas en el registro de víctimas (no las que habían obtenido sentencia) y que esa informacióno no estaba cruzada con la de la Unidad de Tierras.

"Con base en esa información parcial HRW produjo la conclusión de que sólo un hogar  había retornado después del fallo. Esa conclusión, además de imprecisa pues se deriva del análisis aislado de un dato que no es aplicable a la conclusión a la que se quería llegar, no tienen en cuenta los la magnitud, lógica ni enfoque de la política de retornos y restitución de tierras", afirmó.

La Silla confirmó con otra fuente que estuvo en dicha reunión y que no pertenece ni a HRW ni al gobierno que si bien la Unidad de Víctimas había hablado de esas 183 entrevistas también le había reconocido a la ONG que si hubiera más de esos tres casos ellos sabrían pues su labor es hacerles acompañamiento a todos los que obtienen sentencia de restitución.

Esta discusión pone de presente una vez más las dificultades que existen en Colombia para obtener cifras precisas sobre datos públicos. Pero más allá del número exacto de casos, también muestra las dificultades que existen para que después del inmenso esfuerzo de la Unidad de Restitución para conseguir que un juez falle a favor de las víctimas y les restituya sus tierras, estas familias puedan efectivamente gozar de sus tierras.

Parte del problema es de seguridad, como lo dijo Human Rights Watch. La Silla ha conocido de varios casos en los que los opositores en los procesos de restitución meten gente armada en las fincas e impiden el retorno de los verdaderos dueños o donde las bandas criminales le hacen saber a las víctimas que es mejor no volver.

Pero una parte importante -según pudimos verificar con las mismas víctimas- es que existe un cuello de botella en el Banco Agrario. La entidad les concede el subsidio en el papel pero no logra que las familias lo hagan efectivo.

Resulta que como miles de viviendas rurales fueron quemadas por la guerrilla o los paramilitares para evitar que el "enemigo" las usara después del desplazamiento de la población estos proyectos aparecen "siniestrados". Entonces, las aseguradoras se niegan a expedirle a las constructoras de vivienda rural la póliza que necesita todo contratista para contratar con el Estado. Sin esa póliza los constructores no pueden usar el subsidio reconocido a las víctimas. Y sin casa, ni modo de volver a vivir en el predio.

Mientras se soluciona este problema, 300 familias de los casi 700 que se han visto beneficiadas con una sentencia de restitución ya están viviendo -con asistencia de las unidades de Víctimas y de Tierras- de su tierra.  Pero, como lo denunció Vivanco, todavía muy, muy pocas están viviendo en ella.