Vuelve y juega, el Joselito de Uribe para la paz

Como lo contamos hace casi un año, desde 2006 el exsenador sucreño Joselito Guerra de la Espriella ha sido uno de los puentes entre el expresidente Álvaro Uribe y el exministro conservador y asesor jurídico de las Farc, Álvaro Leyva, para hablar de posibles acercamientos con esa guerrilla. Ahora que Uribe quiere sentarse con los jefes farianos para examinar la renegociación de los acuerdos de paz, el papel de Joselito se reactivó.

La Silla Caribe supo que en las últimas horas Guerra tuvo una charla con Leyva en la que le pidió que ayudara a concretar la reunión que quiere Uribe con las Farc, bajo el argumento de que si no hay consenso político alrededor del Acuerdo Final que se va a refirmar éste quedaría “muy endeble”.

En el mismo sentido de lo que han dicho jefes de esa guerrilla, como Pablo Catatumbo, Leyva le contestó al excongresista que eso no será posible.

Hace 10 años, cuando Uribe era Presidente, fue Guerra quien llevó a Álvaro Leyva a la Casa de Nariño para hablar de intercambio humanitario, en momentos en los que estaba más vivo que nunca el drama del secuestro en Colombia.

Luego de eso Leyva se ganó la confianza y el respeto del expresidente, y hoy podría decirse que no necesita de intermediarios para hablar con él.

De hecho, hace más o menos tres años, cuando ya la guerrilla y el Gobierno estaban sentados en La Habana, el exministro godo comenzó a unos diálogos con Uribe para convencerlo de montarse al bus de la paz.

Por ser uno de los mejores amigos de Álvaro Uribe, en ese camino lo ha acompañado Joselito Guerra, quien es hermano de la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella y cuyo último recuerdo político es la condena que por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad en documento privado le dictó un juez sin rostro en el 98, dentro del escándalo del proceso 8.000.

En 2007 Joselito había llevado su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU argumentando, básicamente, que el Estado no le dio las debidas garantías, y tres años después ese organismo se pronunció a su favor y recomendó repararlo. El año pasado, no obstante, la Corte Constitucional se negó a reabrir el proceso y por lo tanto dejó en firme su castigo.