La implementación a paso de tortuga en lo más transformador

Fondo de tierras

• Nivel de avance: Bastante

• Qué se hizo: Se creó el Fondo por medio de un decreto que salió en mayo. La meta del fondo es tener tres millones de hectáreas para darle tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y ya se incluyeron, según cifras que le pasó la Agencia Nacional de Tierras a La Silla, 148 predios que suman 1.069.009 hectáreas en 22 departamentos. Esos predios ya tienen solicitud de registro ante la Superintendencia de Notariado y Registro y una vez estén registradas pueden comenzar a adjudicarse. Como ese fondo se llena con tierras expropiadas, con extinción de dominio, inexplotadas, de baldíos, donadas o que salgan luego de actualizar la frontera agrícola, la ANT tiene que hacer unos planes de ordenamiento de la propiedad rural por municipios para saber en qué estado están los predios y seguir agregándole a la bolsa del Fondo. Para eso tienen que ir predio a predio, saber si tiene o no dueño, si lo ocuparon, si un grupo indígena está peleando por tenerlo, etc. Con esa información, ya se sabría cuáles tierras pueden entrar al fondo y cuáles no. Hasta ahora según información que la ANT le pasó a La Silla, ya diseñaron una metodología de barrido predial para hacer esos planes de ordenamiento que ya arrancaron en 23 municipios y han visitado 19.839 de 71 mil predios.

• Qué falta: Seguir haciendo esos planes de ordenamiento de la propiedad rural para que a medida que avancen, puedan ir incluyendo más predios al fondo y así cumplir con la meta de las tres millones de hectáreas.

Sistema general de información catastral multipropósito

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: Como el Acuerdo dice que ese Sistema de Catastro tiene un plazo máximo de 7 años para hacer el barrido de todos los predios del país, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, está aplicando una metodología de barrido predial en 23 municipios y han logrado sacar hasta ahora 23.443 diagnósticos de cada predio con reuniones con las comunidades en los corregimientos y veredas. Esos diagnósticos consisten en ir finca por finca para saber dónde empieza y dónde termina cada predio, quién es el dueño, hace cuánto, quiénes y de qué viven ahí, etc. La idea de hacer un catastro multipropósito es que no solo sirva para que los municipios cobren impuestos prediales (al actualizar el catastro se pone a los dueños de las tierras a pagar su valor actual) sino también como insumo para que los municipios tomen decisiones de política de tierras. Como el nuevo catastro debe tener más información que el actual, el Gobierno presentó un proyecto de ley para aterrizar ese nuevo sistema de información catastral y sobre todo, tener la plata suficiente para hacer esos barridos prediales (según cálculos de una fuente del DNP hacer el nuevo catastro costará unos 2,6 billones de pesos).

• Qué falta: Como lo contamos, la ley nunca pasó ni su primer debate en el Congreso porque, entre otras cosas, había una pelea entre el Gobierno y los ponentes del proyecto (la representante Olga Lucía Velásquez del Partido Liberal y el senador Antonio Guerra de Cambio Radical). Mientras el Gobierno (el ministerio de Hacienda y el DNP) querían crear un órgano colegiado (integrado por ellos y otros ministerios) para regular el nuevo sistema, los ponentes decían que quién debía seguir haciendo el catastro es el Instituto Agustín Codazzi (Igac), que es un fortín burocrático liberal desde hace años. Por cuenta de esta pelea el proyecto ni se discutió en el Congreso y quedó pendiente su discusión.

Formalización

• Nivel de avance: Bastante

• Qué se hizo: Santos firmó a finales de mayo el decreto que define quiénes y cómo podrán acceder a los 7 millones de hectáreas que debe formalizar el Estado. La Agencia Nacional de Tierras, ANT, que es la entidad que se encarga, entre otras cosas, de formalizar los predios, ha titulado desde septiembre de 2016 a hoy 4260 fincas a campesinos que equivalen a 1.400.000 hectáreas.

• Qué falta: Como el país tiene que tener las 7 millones de hectáreas formalizadas de aquí al 2028, la ANT tiene que seguir haciendo barridos prediales por todo el país y a medida que define el status de cada predio (si es baldío, si hace parte de un territorio colectivo afro o indígena, si eran hectáreas que estaban en manos de las Farc, etc) ir formalizando la tierra. Les faltan 5.600.000 hectáreas por formalizar.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sacó en mayo el decreto que crea estos programas para 170 municipios en 16 subregiones del país. Esos municipios se escogieron teniendo en cuenta cuatro variables (afectación por el conflicto, economías ilegales, pobreza y debilidad institucional) y la idea es que en ellos se hagan programas y proyectos para transformar esas regiones mejorando su bienestar y cerrando la brecha histórica con el resto del país, según las necesidades de cada una y con la participación de sus habitantes. La Agencia de Renovación del Territorio, ART, es la encargada de que esos programas arranquen en las regiones. Desde agosto comenzaron a nombrar a los gerentes de cada Pdet para las 16 regiones. Esos gerentes son los que se encargan de sentarse a hablar con los alcaldes y gobernadores para aterrizar el Programa en acciones concretas y de coordinar toda la logística en cada sitio. Este año, como le contaba a La Silla Andrés Felipe Herreño, experto de la ART, arrancaron a hacer reuniones en todas las veredas de 50 municipios. En cada municipio hay cuatro funcionarios de la Agencia que van vereda por vereda haciendo asambleas con las juntas de acción comunal o los núcleos de junta para ver cómo se imaginan su vereda y qué les hace falta. Hasta hoy han hecho más de 150 reuniones. Donde más adelantado van es en Putumayo y ya arrancaron también en Nariño y Cauca.

• Qué falta: La idea es terminar de ir a todas las veredas de los 120 municipios que faltan desde enero del año entrante. Con esa información lo que sigue es hacer reuniones con todo el municipio y ahí se define qué de lo que propuso cada vereda es más urgente. Y luego, se tienen que hacer reuniones regionales, con los representantes de cada municipio, para construir los llamados Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR. Esos planes son los que aterrizan con cronogramas, costos y responsables cada uno de los Pdets. La idea es que esos Planes estén todos escritos y listos a más tardar en julio del año entrante.

Estatuto de oposición

• Nivel de avance: Bastante

• Qué se hizo: A principios de año comenzaron a hacerse los eventos a los que tenían que que ir voceros de organizaciones sociales, académicos, expertos en temas electorales y los partidos para que hicieran sus recomendaciones sobre cómo debía ser el estatuto. En total, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se hicieron 20 reuniones de este tipo. El Estatuto, que dicta las pautas para garantizar el acceso a la democracia de los partidos que se declaren en oposición al Gobierno de turno a nivel local, regional y nacional, dando derecho a réplicas de las alocuciones del presidente y garantías para que la oposición en Congreso, Asambleas y Concejos tenga espacios en las mesas directivas, fue aprobado por el Congreso en abril.

• Qué falta: Como es una ley estatutaria, solo le falta la revisión de la Corte Constitucional y la idea es que el Estatuto arranque a funcionar el año entrante con las elecciones presidenciales y legislativas, cuando se conformen las coaliciones del nuevo gobierno.

Garantías de seguridad para el ejercicio de la política

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: Santos sacó en mayo el decreto que crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Ese Sistema es para los políticos de oposición, los líderes comunitarios y sociales, los defensores de derechos humanos, los exmiembros de las Farc y los del partido político de ellos y busca que tengan garantías de seguridad fortaleciendo el sistema de alertas tempranas y creando un programa de protección para los exguerrilleros dentro de la Unidad Nacional de Protección, UNP, entre otras medidas. Ese programa se creó en agosto, ya tiene nombrado un subdirector y 42 personas de la planta de la UNP. Según dijo a La Silla Diego Mora, director de la UNP, ya hay más de 150 esquemas de protección (que van desde un chaleco antibalas y un gps, hasta un escolta y carros blindados) para gente de la Farc. Además ya hicieron el primer proceso de selección de excombatientes que querían entrenarse para ser escoltas. De 315 que se presentaron, lo pasaron 210 y esta semana arranca el segundo proceso de selección al que se presentaron 450 exguerrilleros. También hay otros 370 escoltas que no son exguerrilleros y están dentro de los esquemas de seguridad de los miembros del partido. En junio se crearon los planes piloto de desmantelamiento de las bandas criminales en Buenaventura y Tumaco y el Cuerpo Élite de la Policía. Lo integran 1088 hombres encargados de enfrentar a las redes de crimen organizado y priorizar la seguridad de los líderes sociales. Lo dirige el general Jorge Luís Vargas, de la dirección de investigación de la Policía. Adicionalmente, el ministerio de Defensa activó un “despliegue preventivo” de cerca de 80 mil hombres de Ejército y Policía desplegados en 160 municipios priorizados , pero dadas las constantes amenazas de seguridad a líderes sociales y la crecida de las disidencias en regiones como Meta, Guaviare, Nariño y Caquetá, ese despliegue ha sido insuficiente.

• Qué falta: Falta crear la instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad (en la que se sientan el Presidente o su delegado, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el de Justicia, el Comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, el director de la UNP y debe tener “participación permanente” de delegados del partido de la Farc, aunque no dice cuantos) que aún no se ha instalado porque, según dijo a La Silla el secretario técnico de la instancia y consejero de seguridad en Presidencia, Juan Carlos Restrepo, como la Farc tienen asiento ahí, estaban esperando a que se convirtieran en partido para crearla. (La Farc se creó a finales de agosto). Falta también que los planes piloto de desmantelamiento de las bandas criminales se desplieguen en otras zonas y que en Buenaventura y Tumaco surtan efecto. Sin embargo, según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y octubre de este año mataron a 67 defensores de derechos humanos y hasta ahora no hay una hoja de ruta clara sobre cómo el Gobierno está enfrentando estos asesinatos.

Participación ciudadana

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: El Consejo Nacional de Participación que dirige el ministerio del Interior y cuya secretaría técnica está a cargo del Departamento Nacional de Planeación, DNP, convocó desde marzo de este año a cinco encuentros regionales en Cali, Medellín, Barrancabermeja, Neiva, Barranquilla y Bogotá para discutir con más de 1400 voceros de movimientos y organizaciones sociales los lineamientos de la ley de participación ciudadana. En esos encuentros participó también el Foro Nacional por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep.

• Qué falta: Que el Gobierno presente el proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, porque no lo metió en el paquete del fast-track. Según supo La Silla por información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la idea es presentarlo el año entrante con mensaje de urgencia.

Acceso a medios

• Nivel de avance: Bastante

• Qué se hizo: El ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones arrancó a hacer un estudio de frecuencia y de cobertura, además de las coordenadas exactas donde se tienen que habilitar las 20 emisoras que crea el Acuerdo para las zonas más afectadas del conflicto. Juan Sebastián Rozo, que es el viceministro de conectividad y digitalización, dijo a La Silla que la idea es tener ese estudio listo a más tardar en marzo del año entrante. La idea es que durante los primeros dos años esas emisoras las administre la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) y solo sean para hacer pedagogía de los acuerdos y para contar historias sobre los avances de la implementación. Luego de eso, es decir en 2020, la Rtvc las parte en tres: un tercio van para la cooperativa de la Farc, Ecomun; otro tercio para organizaciones sociales y otro tercio para organizaciones de víctimas. En la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) ya se comenzó a definir la programación de esas emisoras y la parrilla de contenidos. Ya hay dos aprobadas que arrancarían a funcionar en enero: una en Chaparral, Tolima y otra en Ituango, Antioquia. Otro de los compromisos del Gobierno en este punto era crear un canal de televisión cerrada para hacer pedagogía de los acuerdos. Este año la Autoridad Nacional de Televisión, Antv, hizo un estudio de costos de ese programa y redactó un borrador de proyecto de ley que ya está en manos de la Alta Consejería para el Posconflicto para presentar en el Congreso el año entrante, porque no se metió por fast-track.

• Qué falta: Falta que el ministerio termine el estudio de cobertura, para que a medida que la Csivi vaya aprobando la programación de cada una de las emisoras, puedan empezar a prenderlas. También que se apruebe el proyecto de ley que crea el canal de televisión y darle un espacio en el canal institucional de una hora y media semanal con una repetición, a un programa de televisión, también pensado en explicar lo acordado y los avances de la implementación.

Reforma electoral

• Nivel de avance: Poco

• Que se hizo: La Misión Electoral Especial, que era para que 7 expertos (que venían de la Misión de Observación Electoral, el Centro Carter, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria) y delegados del ministerio del Interior y de los partidos discutieran los lineamientos de la reforma se hizo durante cuatro meses. Esa Misión presentó un informe a finales de abril. Pero como contamos, las ideas que los expertos entregaron fueron descartadas poco a poco y un proyecto muy diferente terminó presentándose a menos de un año de las elecciones al Congreso, lo que puso un manto de duda sobre su aplicación, ya que cambiaba sustancialmente las reglas de juego. Por ejemplo, con la implementación de la lista cerrada, la organización interna de partidos, la eliminación de la Registraduría y la financiación mayoritariamente estatal de las campañas para evitar la corrupción. Al final, la reforma se convirtió en un árbol de Navidad que solo respondía a los intereses electorales inmediatos. Duró más de cinco meses en la Cámara, producto de la pelea entre el vargasllerismo y el Gobierno. Cuando llegó al Senado, además de incluir temas que nada tenían que ver con el Acuerdo como el transfuguismo, no le alcanzó el tiempo para que fuera aprobada por fast-track.

• Qué falta: Como solo se cumplió con la fase de convocar a la Misión y que ellos presentaran el informe, queda pendiente tramitar esa Reforma y no va ser nada fácil pues el año entrante los congresistas estarán en modo campaña y al tratarse de un tema tan sensible, que precisamente toca sus intereses, sin el “acelerador” del fast-track, es muy probable que esta reforma no pase, al menos en lo que queda del gobierno Santos.

Circunscripciones especiales

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: El Gobierno radicó en mayo el acto legislativo que creaba las 16 curules en la Cámara para que representantes de zonas golpeadas por el conflicto tuvieran voz en el Congreso. Pero desde que fue radicado, el proyecto recibió varias críticas, sobre todo del uribismo que decía que esa curules extra eran para la Farc. El proyecto terminó discutiéndose en la última semana que le quedaba al fast-track y quedó en vilo porque mientras el presidente del Congreso Efraín Cepeda (del partido Conservador) dijo que se hundieron porque votaron 50 congresistas y según él se necesitaban 51 votos para que pasaran, el Gobierno entró a defenderlas y a reiterar la tesis de que habían quedado aprobadas con 50 votos porque tres de los congresistas están presos (entonces solo hay 99).Hace ocho días el Consejo de Estado le dio la razón a la tésis del Gobierno, pero su concepto no es vinculante. Es decir, no implica que el Congreso esté obligado a acatarlo. Por eso el ministerio del Interior radicó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Tribunal finalmente aceptó la acción de cumplimiento y pidió al Congreso enviar los audios de la sesión del 30 de noviembre en la que se discutieron las circunscripciones y se votó. Además, hace unos días un juez aceptó una tutela que puso un candidato a la circunscripción especial de Putumayo en la que ordenaba al Senado remitir a la Presidencia el proyecto de acto legislativo para que lo firmara.

• Qué falta: Que el Tribunal se pronuncie e igual ya no lo va a hacer este año porque entra en vacancia judicial hasta enero. Si decide aprobarlas, el Gobierno está examinando crear un régimen especial para que las organizaciones sociales y de víctimas puedan inscribir sus candidatos desde febrero y competir por esas curules extra.

Zonas de concentración y entrega de armas

• Nivel de avance: Bastante

• Qué se hizo: Los siete mil excombatientes de las Farc terminaron de concentrarse en todas las zonas a finales de febrero y cuatro meses después, a finales de junio dejaron todas sus armas: la Misión de Verificación de la ONU certificó que entregaron en total 8994 armas, 1.765.862 cartuchos de munición, 38.255kg de explosivos, 11.015 granadas, 3.528 minas antipersonal, 46.288 fulminantes eléctricos, 4.370 granadas de mortero y 51.911mts de cordón detonante. La Misión de la Onu terminó de sacar los contenedores con las armas de las 26 zonas veredales a finales de agosto para luego fundirlas y hacer tres monumentos. Las zonas pasaron a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, para hacer sus proyectos productivos y se convirtieron en barrios en los que viven los excombatientes que se quisieron quedar ahí.

• Qué falta: Aunque se cumplió con la creación de las zonas para la dejación y el cumplimiento del cese bilateral y además las Farc dejaron las armas, la gran incertidumbre, como lo afirma el Informe Kroc de la Universidad de Notre Dame, está en la situación jurídica de los ETCR porque algunos no están completamente dotados y la mayoría están en terrenos arrendados a personas privadas o están en territorios colectivos. “Si algunos de estos ETCR van a extender su vigencia para llevar a cabo el proceso de reincorporación, es necesario resolver su situación legal respecto a la propiedad, terminar la dotación, involucrar a las comunidades cercanas en los beneficios del proceso de reincorporación, y facilitar el acceso a tierras para el desarrollo de proyectos productivos y otras iniciativas socio-económicas”, dice el informe.

Reincorporación política

• Nivel de avance: Todo

• Qué se hizo: Las Farc hicieron su congreso fundacional a finales de agosto. Ese congreso, como contamos, http://bbtlatam.com/el-debut-de-las-farc-62290 se instaló en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, con la presencia de buena parte de los exguerrilleros que viajaron de las zonas veredales hasta Bogotá, y siguió con reuniones privadas en las que decidieron mantener sus siglas y sacaron sus listas al Congreso. A comienzos de octubre presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, una solicitud formal con sus estatutos, su plataforma ideológica y los nombres de sus directivos, para que les dieran personería jurídica. El CNE aprobó la solicitud, con lo cual la Farc pueden presentar candidatos a Senado y Cámara para las elecciones de 2018 (ya anunciaron los nombres) y las de 2022, y lanzaron a Rodrigo Londoño (antes Timochenko) a la Presidencia.

• Qué falta: No falta nada porque este punto buscaba que las Farc se convirtieran en partido político y ya lo hicieron

Financiación y asistencia técnica

• Nivel de avance: Bastante

• Qué se hizo: La Universidad Nacional creó el ‘Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz’ integrada por profesores de planta y también por los miembros de la agrupación ‘Voces de paz’, que velaba en el Congreso porque lo que se aprobara fuera fiel al Acuerdo. En ese centro se producen documentos sobre desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas, víctimas y verdad y además se convocan espacios entre académicos, estudiantes y sectores de la sociedad civil para hacerle seguimiento a la implementación. Además, el otro compromiso en este punto era asegurarle la financiación al partido que crearon las Farc y darles espacios en los medios de comunicación en las mismas condiciones que a los demás partidos. Eso quedó incluido en la ley que hizo posible crear el partido.

• Qué falta: Nada porque se cumplieron los compromisos de este punto.

Curules

• Nivel de avance: Todo

• Qué se hizo: El ministerio del Interior radicó en febrero el proyecto de acto legislativo que permitía la creación del partido de las Farc y darles las diez curules fijas en el Congreso (cinco en Senado y cinco en Cámara) durante los próximos ocho años. El proyecto fue aprobado. También se designó la semana pasada al abogado Pablo Cruz, miembro de la agrupación ‘Voces de paz’, como magistrado con voz pero sin voto ante el Consejo Nacional Electoral.

• Qué falta: Nada porque se cumplió con el compromiso de crear las curules fijas para el partido que surgiera de la guerrilla y nombrar a un delegado de la Farc ante el CNE.

Reincorporación económica

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: En diciembre del año pasado se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, que está a cargo de diseñar el Programa de Reincorporación Económica y Social para los integrantes de la Farc. Ese programa no está formulado todavía. En julio se creó la cooperativa de la Farc, Ecomun, con la entrega de un certificado de capacitación en economía solidaria a 37 hombres y mujeres de la exguerrilla. A la fecha, según cifras de la Agencia Nacional de Reincorporación, ANR, ya hay 18 cooperativas creadas y 718 exguerrilleros capacitados en economía solidaria. También en julio la Universidad Nacional presentó el censo socioeconómico de las Farc que reveló datos más precisos sobre qué saben hacer, cuántos saben escribir, cuántas estaban embarazadas, etc. Con esa información, la idea es que la ANR diseñe una política pública de reincorporación que aún sigue en construcción. Además, se crearon los Consejos Territoriales de Reincorporación en 25 Espacios de Capacitación donde viven los exguerrilleros, a excepción de Gallo, al sur de Córdoba, pues como lo contó La Silla Caribe,los 60 excombatientes y 14 familiares que vivían allí se fueron ante la imposibilidad de desarrollar allí sus proyectos productivos. En esos Consejos, entre representantes de la Farc y técnicos formuladores de la ANR, se definen los proyectos productivos en los que los guerrilleros deciden si invertir los ocho millones que les da el Estado para la cooperativa y los dos millones que les dieron apenas terminaron las zonas. Hasta ahora, según dijo a La Silla el director de la ANR Joshua Mitrotti, ya hay proyectos productivos en tres Espacios: Pondores en La Guajira, Tumaco en Nariño y Miravalle en San Vicente del Caguán, Caquetá. El único de los tres que está listo es el proyecto piscícola de Miravalle. “En las demás las Farc no me han presentado proyectos, pero están en ese proceso”, nos dijo Mitrotti. Frente a los pagos, a la fecha, de las 11.345 personas acreditadas por la OACP, 10.172 (más del 90%) han recibido la renta básica de 620 mil pesos (1 y 2) y 10.343 (casi el 93%) la asignación única de dos millones de pesos. Ya hay también más de 10 mil exguerrilleros afiliados a la nueva EPS.

• Qué falta: Falta tener listo y formulado el Programa de Reincorporación Económica y Social, que es la hoja de ruta de los proyectos productivos para la exguerrilla. También, seguir definiendo los proyectos productivos en la mayoría de las zonas y mientras el tiempo corre, esas demoras, como lo ha contado La Silla con sus patas regionales, ha generado, entre otras razones, una desbandada de excombatientes que se fueron de esos espacios.

Acreditación y tránsito a la legalidad

• Nivel de avance: Bastante

• Qué se hizo: Las Farc entregaron un primer listado en abril al Gobierno, incluyendo los milicianos y presos y a lo largo del primer semestre del año entregaron más de ocho listados. El último lo entregaron el 15 agosto. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz acreditó a 11.976 personas con corte al 11 de diciembre entre exguerrilleros, milicianos y presos y el universo total es de 14.200 personas. Tuvieron problemas de colados sobre todo con los presos, porque el comité de identificación de listados de la OACP detectó que en los listados entregados por las Farc había más de 300 personas que no eran de la guerrilla.

• Qué falta: Terminar las acreditaciones de los más de 2 mil hombres y mujeres restantes. Además, como pasó en julio, Estados Unidos tenía unas solicitudes de extradición que no habían sido reportadas en Colombia y como el Gobierno ya había adelantado varias acreditaciones, para ese momento le tocó quitarle la acreditación a dos exguerrilleros. “De aquí en adelante esa va ser una variable que puede cambiarnos las acreditaciones porque cualquier información nueva que entregue Estados Unidos a la Fiscalía o a la Policía, puede generar que se tomen decisiones para desacreditar gente. Si es un integrante de la Farc metido en narcotráfico el acuerdo lo blinda, pero si es un narco que quiere hacerse pasar por Farc la consecuencia es que lo excluyen”, dijo a La Silla una fuente de la OACP.

Unidad especial de Investigación

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: En mayo Presidencia sacó el decreto que crea la Unidad Especial para “investigar las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática en particular contra las mujeres, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz”, dice el decreto. Hace veinte días el fiscal Néstor Humberto Martínez eligió de una terna de candidatos enviada por el Comité de Escogencia a Martha Jeaneth Mancera como directora de la Unidad. Mancera es abogada de la Universidad Libre de Bogotá y entró a trabajar a la Fiscalía hace más de veinte años. Ha sido fiscal delegada ante los jueces especializados, directora seccional del CTI en Cali, directora seccional en Valle del Cauca y su último cargo fue como directora de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.

• Qué falta: Aunque la Unidad ya tiene directora nombrada, todavía no ha entrado en operación. Como lo señala el informe del Instituto Kroc, la Unidad “no ha entrado en operación efectivamente pues se espera la selección de su equipo y sus recursos respectivos”, lo cual hasta hoy no ha pasado.

Sustitución de cultivos

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, se lanzó en mayo y se puso la meta de erradicar manualmente 50 mil hectáreas en un año (es decir hasta mayo de 2018 porque el programa se lanzó en mayo de 2017). A cambio de que los campesinos se comprometan a arrancar la hoja firmando acuerdos de sustitución, el Gobierno les da unos pagos y acompañamiento técnico para que puedan empezar proyectos productivos. Según cifras que le pasó a La Silla la Oficina de Drogas de Presidencia en cabeza de Eduardo Díaz, con corte a 24 de noviembre de este año, esa Oficina ha firmado acuerdos con 25.072 familias cocaleras que reportaron 22.642 hectáreas de coca sembradas (el 45 por ciento de la meta anual, pero apenas el 12 por ciento de la coca que hay sembrada en el país que son 188 mil hectáreas). Sin embargo, como lo ha contado La Silla a lo largo del año, el Gobierno ha ido a firmar acuerdos en el marco del Pnis en lugares donde también ha llegado a erradicar a la fuerza. Esa descoordinación ha generado desconfianza entre los cocaleros, sobre todo en sitios como Nariño y Putumayo.

• Qué falta: El Pnis debe seguir firmando acuerdos de sustitución para alcanzar la meta de 50 mil hectáreas erradicadas en mayo y cumplir con los pagos a las familias y el acompañamiento técnico para que los campesinos cultivadores sí le apuesten a la sustitución y no vuelvan a cultivar la hoja. A 31 de diciembre la Oficina de Drogas espera tener 38.000 familias inscritas y se supone que esta semana declararán libre de cultivos de coca al municipio de La Uribe en Meta (donde lanzaron el programa) y en enero a todo el departamento de Arauca. En total hay 10.549 hectáreas de coca que ya fueron verificadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc. Verificadas quiere decir, según dijo a La Silla Eduardo Díaz, que están en proceso de sustitución. Es decir, a cuatro meses de tener que cumplir la meta de tener erradicadas manualmente 50 mil hectáreas, llevan el 20 por ciento.

Tratamiento penal diferencial

• Nivel de avance: Nada

• Qué se hizo: El ministerio de Justicia presentó a finales de octubre un proyecto de ley que le bajaba las penas de cárcel a todos los cultivadores de coca, amapola o cannabis, y a los que guarden la hoja o financien las plantaciones, siempre y cuando lo hagan en pequeña escala y para auto subsistencia. Pero como lo contamos en La Silla ese proyecto practicamente nació muerto porque aparte de recibir duras críticas del fiscal Néstor Humberto Martínez -que decía que vía este proyecto los grandes cultivadores saldrán beneficiados a cambio de nada- también se trataba de un tema muy impopular porque en el país la mayoría (el 78 por ciento según la última Gallup) está en contra de la legalización de cualquier tipo de droga. Aunque la idea era que el proyecto pasara por fast-track, al final el Gobierno lo retiró para incluir las observaciones del Fiscal y lo presentó la semana pasada, según dijo a La Silla el viceministro de justicia Carlos Medina, con mensaje de urgencia.

• Qué falta: Falta todo el trámite de esta ley y ya sin entrar al fast-track y con los congresistas en modo campaña, es muy poco probable que pase.

Consumo y salud pública

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: El programa de prevención del consumo y salud pública está siendo actualmente diseñado por la Comisión Técnica Nacional de Reducción de Demandas de Drogas en cabeza del Ministerio de Salud y acompañado técnicamente por el Ministerio de Justicia. Hasta el momento, se ha actualizado el Programa Nacional Integral de Consumo de Drogas Ilícitas, que incluye una armonización con objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo Final, recomendaciones de la UNGASS y Funciones de la Comisión Técnica Nacional de Reducción de Demanda de Drogas.

• Qué falta: Falta poner a andar el Programa, que se supone estaría listo en junio según dijo a La Silla hace un año el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Narcóticos

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: Ya hay un texto preliminar que desarrolla el estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas, pero según dijo a La Silla el viceministro de Justicia, Carlos Medina, falta que se discuta en el Consejo Nacional de Estupefacientes el año entrante. Sumado a eso, desde agosto de 2016 la Fiscalía lanzó una nueva estrategia para combatir la criminalidad y para eso creó el ‘Censo delictivo semanal’ que mira cada ocho días cuántos casos se reportan de varios delitos (desde extorsión y homicidios hasta robos y tráfico de estupefacientes) en todos los departamentos y por municipios, aún no hay una estrategia que aterrice el Acuerdo. R Sobre este punto el Informe Kroc dice que “la mayoría de las disposiciones de este tema no han iniciado. Los bajos niveles de implementación observados en estas áreas responden, entre otras razones, a que son objetivos de largo plazo y que sus acciones implican complejos y delicados esfuerzos que no podrían ser correctamente analizados en esta etapa.”

• Qué falta: Falta terminar el texto que desarrolla el Estatuto y discutirlo en el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Comisión de verdad

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: En abril la Presidencia expidió el decreto que crea la Comisión, que tendrá la función de investigar, con informes como el de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, qué pasó en Colombia en todas estas décadas de guerra, convocar audiencias públicas para oir a las víctimas y hacer actos de reconocimiento de responsabilidad de los victimarios. El Comité de Escogencia abrió la convocatoria para elegir a todos los directivos del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición en julio, incluidos los miembros de la Comisión y en noviembre publicó la lista de los once seleccionados para integrarla. La preside el padre jesuita Francisco de Roux, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

• Qué falta: Primero falta toda la ronda de discusiones con el ministerio de Hacienda para definir la plata para el equipo de planta de la Comisión. Además, falta nombrar oficialmente a los once miembros de la Comisión. Mientras no se posesionen oficialmente en el cargo, no son funcionarios públicos, por lo que no pueden exigir nada ni tener relaciones con otras entidades del Estado como comisionados. Esos nombramientos dependen de que la secretaría jurídica de Presidencia saque un decreto con los salarios concertados con el ministerio de Hacienda y que el presidente lo firme para que queden oficialmente nombrados y la Comisión arranque a operar.

Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: En abril salió el decreto que crea la Unidad de Búsqueda y en septiembre el Comité de Escogencia seleccionó a la abogada y defensora de derechos humanos Luz Marina Monzón como directora, pero aún no está posesionada. Paralelo a eso, la Oficina del Alto Comisionado y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos arrancaron desde febrero a preparar una propuesta metodológica para ir recolectando toda la información posible sobre desaparecidos entre el Gobierno, las Farc y las organizaciones de víctimas. Para eso hicieron mesas de trabajo con las organizaciones de víctimas por un lado y con las Farc en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación para capacitarlos en recolección de información, usando el formato único del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Cicr y organizaciones especializadas. Del 3 al 6 de octubre hicieron las primeras capacitaciones piloto con gente de las Farc en Villavicencio, Popayán, Florencia, Medellín y Bogotá.

• Qué falta: Posesionar formalmente a Monzón como directora, que se defina con el ministerio de Hacienda el presupuesto para la oficina de la Unidad y el funcionamiento general y que la secretaría jurídica de Presidencia saque un decreto que defina los salarios del personal de planta para que arranque a funcionar.

Jurisdicción Especial de Paz

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizoEl Congreso aprobó la Ley Marco de la JEP, que fue la que le dio vida a la justicia transicional (creó el Tribunal de Paz y la Comisión de la Verdad) para juzgar con penas alternativas a uniformados y guerrilleros que dejaron las armas. La JEP ya tiene a un secretario ejecutivo nombrado oficialmente, que es Néstor Raúl Correa, y en septiembre el Comité de Escogencia seleccionó a los 38 magistrados (20 de Tribunal de Paz y 6 de cada Sala) y sus 13 suplentes (6 para las salas y 7 para el Tribunal) y a su presidenta, la abogada e investigadora del Centro de Memoria Histórica, Patricia Linares. A mediados de noviembre, el Senado aprobó la ley estatutaria que reglamenta esa ley marco de justicia transicional y da las herramientas para implementar el Tribunal de Paz, en lo que tiene que ver con su duración (15 años máximo), los delitos que revisará, a quiénes juzgará y cuándo la justicia ordinaria debe actuar. Los terceros que cometieron crímenes en el conflicto solo iran a la JEP voluntariamente. En esa ley estatutaria también quedó que los magistrados del Tribunal de Paz no pueden haber sido abogados de causas relacionadas con víctimas del conflicto o trabajado en organizaciones que lo hayan sido o haber participado en demandas contra el Estado.

• Qué falta: Falta que la Corte Constitucional emita una sentencia sobre la ley estatutaria que reglamenta la JEP. Eso es clave porque si la Corte aprueba la ley tal y como está, incluyendo la condición de que los magistrados del Tribunal no pueden haber sido abogados de causas relacionadas con el conflicto o trabajado en organizaciones que lo hayan sido o haber participado en demandas contra el Estado, el temor del Gobierno es que un 30 por ciento de los magistrados elegidos resulten inhabilitados para el cargo porque cumplen cualquiera de esas condiciones. Si eso pasa, toca comenzar de ceros nuevamente el proceso de selección, arrancando por volver a convocar al Comité de Escogencia (porque el que se creó se acaba el 18 de diciembre), lo cual retrasaría toda la puesta en marcha de la Jurisdicción. El otro temor que hay en el Gobierno es que la Corte se demore mucho en emitir una sentencia sobre la ley, porque hasta que no se pronuncie, el Gobierno corre el riesgo de que si nombra oficialmente a los magistrados, puede que le toque reversar los nombramientos después. El lío es que como la semana pasada la Corte entró en vacancia judicial y va hasta enero, el Gobierno tiene el reloj en contra porque en otras leyes más sencillas la Corte se ha demorado más. Por ejemplo, el acto legislativo para la paz (que crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición) le llegó a la Corte en abril y la decisión fue en noviembre. Es decir, se demoró siete meses en revisar un proyecto de 25 artículos y la estatutaria de la JEP tiene 162. Por eso el mayor temor dentro del Gobierno es que la Corte se termine pronunciando en junio o julio de 2018, cuando ya Santos está a días a de dejar la Presidencia y la decisión de nombrar rápido a los magistrados podría quedar en manos del próximo Gobierno.

Plan Marco

• Nivel de avance: Poco

• Qué se hizo: La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (Csivi) trabajó todo el año en sacar adelante el Plan Marco, que es la hoja de ruta de la implementación de los acuerdos. Debe tener los plazos, los costos, los cronogramas y las instituciones responsables de cada punto. Tiene una vigencia de diez años, entra en el Plan Nacional de Desarrollo y cada año la Csivi lo tiene que revisar para hacerle cambios. Según dijo a La Silla el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, el Plan Marco ya fue aprobado por la Csivi y la idea es publicarlo el año entrante. También confirmamos con una fuente de la Oficina del Alto Comisionado que lo único que faltaba y que se logró la semana pasada, fue concertar con la instancia étnica los pormenores del capítulo étnico del Acuerdo en ese plan.

• Qué falta: Poner en marcha todo el Plan Marco.