Pensé que con la pandemia, primera experiencia súbita, letal y masiva de afectación de la humanidad en el siglo XXI, el mundo iba a cambiar hacia una respuesta común de unidad de los pueblos. Esto no pasó. La amenaza viral y global solo ha exacerbado nuestros instintos primarios de defender la vida y los intereses de cada cual. 

El expresidente Trump marcó un liderazgo proclive contra la unidad —atacar a la OMS, señalar países de culpables, acopiar vacunas, aislar sanitariamente por grupos étnicos, religiosos y políticos—. A su vez, Bolsonaro, Johnson y otros líderes menos conocidos han hecho méritos por emularlo.

En cuanto al nivel local, los políticos en cargos de gobierno han utilizado el covid para hacer una descarada propaganda de sus méritos, al mismo tiempo que sus contrincantes han sido astutamente “covidianos” para buscar desprestigiarlos. Por fortuna, en este segundo año del ataque mundial epidémico, hay una esperanzadora evolución de concientización de la política internacional de concertación.

Sin embargo acá, en Colombia, dicho proceso aún no muestra señales de germinar.

Pensé que con la pandemia iba a cambiar la posición de los países con respecto a la protección de la propiedad intelectual de los medicamentos esenciales, pero no ocurrió así. Este tema ya se había discutido extensamente cuando apareció la epidemia del VIH y los países de África —una región fuertemente azotada por la epidemia— no pudieron acceder a los medicamentos por su alto costo, pues estaban protegidos por patentes. 

El año pasado este tema volvió a ser discutido con ocasión de las vacunas para enfrentar el covid. El 2 de octubre de 2020, Sudáfrica e India le solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) otorgar una excepción a las disposiciones del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (Adpic), que obliga a todos los países miembros a proteger la propiedad intelectual. En su solicitud —que fue apoyada posteriormente por varios organismos internacionales y por una petición en Avaaz firmada por más de 900.000 personas— pedían que se liberaran las patentes de las vacunas contra el covid para que otros laboratorios en diferentes países las pudieran producir sin temor a ser sancionados por el incumplimiento de dicho acuerdo. 

Luego de varias reuniones (febrero 4 y 23, y marzo 10 del 2021), los países miembros rechazaron la propuesta. La Unión Europea y Estados Unidos argumentaron que las  patentes proporcionan incentivos legales y comerciales que son fundamentales para impulsar a las empresas privadas a invertir y asumir el riesgo de investigar. No se tuvo en cuenta que muchos países y varios donantes privados estaban invirtiendo en el desarrollo de las vacunas. 

Pero lo más interesante fue que la negativa no vino solo de los países desarrollados, sino también de varios países en desarrollo —entre ellos Colombia— que claramente se hubieran podido beneficiar de la excepción.

La pandemia ofreció una oportunidad para reflexionar sobre varios aspectos en la política, la economía y el manejo social del país que, desafortunadamente, no aprovechamos.

En lo político, se evidenció la desigualdad de capacidades de las alcaldías y las gobernaciones para atender temas de emergencia, así como la poca claridad en materia de competencias. Fue caótico ver alcaldes tratando de enfrentar situaciones que superaban su máximo nivel de formación, con poco o nulo apoyo de los niveles departamentales o nacionales; y otros, envalentonados, tratando de hacer política en medio de la situación, ubicando a la población en un segundo plano y resaltando rencillas partidistas. 

A la par, vimos un Gobierno Nacional más sereno, con más recursos y menos afán para la toma de decisiones, mientras los alcaldes -en primera línea- trataban de contener la presión social causada por la zozobra, el desempleo y el hambre. Esto creó una oportunidad importante para retomar ideas como la Misión de Descentralización —incluida en dos leyes—, pero aún no se escuchan ruidos en este sentido. 

En lo económico, era de esperarse una revisión al modelo actual, en especial, a las finanzas públicas que beneficiarán la capacidad de ejecución en un claro contexto de productividad. 

Si bien la inversión pública adquiere un mayor reconocimiento —aunque más de tipo mediático, pues en términos relativos sigue siendo poco menos de la tercera parte del gasto total de inversión—, los proyectos considerados tienen impactos de mediano y largo plazo en generación de empleo y demanda de bienes y servicios. Además, desconocen la estructura económica de las regiones. 

En lo social, la pandemia desnudó otra realidad del país: nuestro tejido empresarial es tan vulnerable como nuestro tejido social. Según se evidenció, el 90 por ciento de las empresas del país —en su mayoría pequeñas— se vieron altamente afectadas por las medidas en pro de controlar la propagación del covid. Esto, sumado al alto nivel de informalidad, disparó los índices de desempleo. 

Si bien era el momento para revisar la estrategia de apoyo a las empresas —considerando su capacidad de acatar las medidas de bioseguridad— se prefirió tomar medidas ortodoxas que presumen que lo único necesario es que las empresas y los ciudadanos tengan dinero en sus cuentas, dejando la confianza en el consumo en un segundo lugar. 

En conclusión, si bien la pandemia nos ayudó a evidenciar problemas estructurales de nuestra política y economía, nos pasó lo del dicho popular: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Con ocasión de la pandemia del covid, esperaba que la forma de tomar decisiones individuales y colectivas se fuera transformando con el paso de las semanas, o por lo menos de los meses. Sin embargo, hoy seguimos siendo espectadores de los mismos problemas.

En términos individuales, estamos presos del miedo, la desinformación y la infodemia, que han generado consecuencias importantes sobre la salud física y mental de todos nosotros. 

No aprendimos a identificar ni a comunicar información de calidad que nos permita decidir conforme a criterios objetivos, tomando en consideración los riesgos, beneficios y responsabilidades que tenemos con cada uno y con la comunidad en el cuidado de la salud individual y colectiva.

Desde una perspectiva de toma de decisiones colectivas, esperaba que el Gobierno fuera receptivo con las críticas, así como con la forma de comunicación en relación con muchas medidas. No obstante, hoy la ciudadanía sigue reclamando claridad, coherencia y calidad de la información, a lo que se suma la transparencia y, en algunos casos, el reclamo por mayor participación ciudadana en esos procesos deliberativos y decisorios.  

Estos cambios, que no se dieron, van alineados con el ingenuo deseo de creer que íbamos a empezar a pensar en el otro.

Sin embargo, ahora, desde lo individual, vemos al otro como un riesgo, especialmente un riesgo biológico. Desde lo colectivo —desde la perspectiva de Estado—, vemos a los otros Estados solo para comparar qué tan bien vamos en relación con ellos. Por ejemplo, revisamos cómo vamos frente a los demás países en la vacunación, pero no lo hacemos para contribuir desde la justicia y la solidaridad o con un acceso equitativo a las soluciones de la pandemia (como sería el acceso a la vacuna).

Supuse que la pandemia permitiría generar una mayor conciencia colectiva, que es un punto clave para nuestro futuro como humanidad. 

Las grandes crisis pueden suscitar procesos poderosos de reflexión y acción colectiva. La pandemia, entonces, podía ser una oportunidad de oro para acelerar una conciencia colectiva —que considero vital— para enfrentar el que para muchos será el mayor desafío en el futuro cercano: el cambio climático y las consecuencias que traerá sobre el planeta.    

Por desgracia, con lo que hemos visto en lo corrido de estos meses, pareciera que esta conciencia colectiva aún es muy débil. 

En el plano individual, hay un agotamiento de muchas personas por seguir normas que condicionen con su individualidad en función de un bien común. Lo ocurrido en países de todo tipo frente al uso de tapabocas, las restricciones a la movilidad, las prohibiciones de reuniones, entre otros, evidencian el escaso margen que se tiene en la práctica para sostener cambios de comportamiento individual no interiorizados con la justificación de un bien común.

En términos institucionales, las dificultades en todo el mundo para diseñar e implementar con éxito medidas de respuesta desde lo público o privado también nos devuelven al escepticismo. Podría argumentarse que la coordinación para producir la vacuna es muestra de lo contrario, pero la foto completa incluye la lentitud e insuficiencia con la que la mayoría de países diseñaron e implementaron acciones para mitigar contagios, adecuar los sistemas de salud, proteger los empleos, cobijar a los más vulnerables, reactivar la economía, entre muchos otros. 

Por último, en términos globales, la coordinación entre países no ha estado a la altura. La adquisición y distribución de las vacunas ha sido un golpe de realidad para los que pensamos que esta pandemia abriría un nuevo nivel de colaboración entre países y regiones. Por el contrario, los países con más recursos (como los del norte) han buscado asegurar primero sus propias vacunas, y las instituciones que las producen han priorizado su distribución basadas más en el criterio económico que en el criterio de equidad. ¿Cuál debería ser el criterio en el futuro si enfrentamos escenarios de escasez extrema de agua o de migraciones masivas desde el norte hacia países tropicales, por motivo del cambio climático?  

Para que la inmunidad de rebaño no nos tome demasiados años requerirá de una coordinación global, una capacidad institucional y un cambio individual que hasta ahora no hemos mostrado. Entre tanto, el virus seguirá rotando y mutando mientras no se completan los niveles suficientes de vacunación en todo el mundo. Ojalá este no mute de manera tal que las vacunas actuales resulten inservibles, o que aumenten significativamente sus niveles de mortandad, o que afecte con mayor fuerza a niños o jóvenes. Las mutaciones del virus están totalmente fuera de nuestro control, y es posible que debamos enfrentar estos u otros escenarios peores en un futuro. 

Al final, esta pandemia nos podría recordar —de forma aún más cruda— que nadie está seguro hasta que todos lo estamos. Esperemos que esta experiencia sea al menos un aviso o una prueba suficiente para hacernos entender el destino común que tenemos y lo vulnerables que somos.

La pandemia dejó en evidencia muchas improvisaciones por parte del gobierno del Centro Democrático. Era una oportunidad histórica para que la oposición trabajara más en equipo y conformara un gabinete en la sombra. De esta forma, hubieran podido revisar ministerio por ministerio y después, con datos, demostrar las falencias en materia de políticas públicas del gobierno de Duque. Igual, ya no pasó. 

Ante ese panorama, la oposición piensa retar —dividida— el poder del Centro Democrático y el espectro ideológico que representa: la derecha. Las elecciones son una de las bases de la democracia, pero sobre todo, lo es la capacidad real de la oposición de vencer al poder en las urnas. Existe esa capacidad, pero no están articulados. Por ejemplo: para las elecciones al Congreso, la debilidad de la oposición es total en los territorios. 

Al parecer se perdió esa oportunidad.

Pongamos un ejemplo: la tasa de desempleo en Colombia para febrero de 2021 fue de 15,9 por ciento (3.7 puntos porcentuales más alta que la de febrero de 2020); estamos hablando de una tasa de desempleo de dos dígitos durante dos años seguidos. En cualquier país serio esa sería una causa suficiente para que un gobierno con ese desastre laboral no tuviera la más mínima posibilidad de repetir mandato. En Colombia, ese no es el caso; es probable que tenga chances de ganar ese espectro político conservador y de derecha que representa el oficialismo del Centro Democrático. 

Mientras tanto, la oposición está peleando y perdiendo la oportunidad de hacerle un seguimiento juicioso a la disminución constante de empleos en los diferentes sectores que termina representando cada ministerio. 

Ahora, si miramos los dos sectores por rama de actividad, según el Dane, los que más generan empleos en Colombia son el comercio —afectado totalmente por la pandemia y sin ninguna política seria a escala nacional para reactivarlo— y el agropecuario —con los trabajadores rurales ganando, en su mayoría, menos del salario mínimo, sin protección social y, también, sin una política pública importante para mejorar la situación—. 

Entre tanto y con todas esas improvisaciones del gobierno del Centro Democrático, el centro político está por un lado y la izquierda política por otro. Si lo ponemos con datos electorales, en la costa Caribe central (Atlántico, Bolívar y Magdalena) Petro es fuerte y Fajardo es débil; en la región Paisa (Antioquia y Eje Cafetero) Fajardo es fuerte y Petro es débil; y para el Congreso se pone todo peor, pues ninguna de las dos corrientes políticas que representan Petro y Fajardo existen en ninguna de esas dos zonas. No obstante, el centro y la izquierda —cada uno por su lado— van a buscar retarle el poder que actualmente tiene a una derecha política bastante unida y pragmática.

Es una verguenza esa terna, ninguno(a) tiene experiencia en la defensa de los DD.HH.