Las 10 cosas que están en juego con la Reforma a la Justicia

Si la tutela se restringe

Uno de los puntos más debatidos de las tres propuestas de reforma a la justicia es que tocan la tutela para, de forma diversa y en puntos distintos, limitarla.

El Gobierno propuso limitar el plazo para presentarla, obligar a que fuera entre ciertos jueces, regular la tutela contra sentencias y exigir que solo la puedan presentar los directamente afectados, para evitar las tutelatones; Cambio coincidió en las dos últimas; y el uribismo aparentemente planteó reemplazarla por un recurso de amparo nuevo (su redacción no es clara), limitándola mucho más que Duque o Cambio.

Todo eso produjo una reacción contra las propuestas de reforma, especialmente las del gobierno y el uribismo. 

En la ponencia, aprobada ayer, opta por no modificarla.

Quién juzga a los altos funcionarios con fuero

Uno de los puntos más discutidos en las recientes reformas fallidas es quién será el juez de los funcionarios con fuero, como el presidente, los congresistas, los magistrados de altas cortes, el Fiscal y el Procurador.

El proyecto del gobierno solo aclaraba que las funciones que tiene el Congreso, que hace la parte inicial de investigación, son políticas y no judiciales - lo que hace más sencillo el trámite, mientras que el del Centro Democrático reforzaba el poder de los congresistas en el tema

Eso porque eliminaba los fueros excepto el del Presidente, a quien juzgaría el Congreso (hoy el Congreso investiga y la Corte Suprema juzga), y le da al Congreso el poder para quitarle el fuero a magistrados y congresistas, y el de permitir la detención y el llamamiento a juicio.

La ponencia propone crear un tribunal especial para los aforados, como propuso la fallida reforma de Equilibrio de Poderes del Gobierno Santos, que se dediquen únicamente a tramitar los procesos penales contra personas con fuero que le envíe el Senado.

.

.

Quién maneja los más de 4 billones anuales de la Rama

Uno de los puntos que se repite en las fallidas reformas a la justicia es el cambio de la estructura administrativa de la Rama Judicial, que maneja de forma autónoma su presupuesto y que ha tenido en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura un organismo de administración muy criticado, porque funciona como una Altas Cortes y no como una entidad administradora.

En esta ocasión el Gobierno propone eliminar la Judicatura y darle las funciones de gobierno y administración a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (donde están los presidentes de las Cortes y delegados de los funcionarios de la Rama, y que ahora se encargaría de las decisiones estratégicas), a una dirección de la Rama que tendría un consejo directivo y un gerente; y a una comisión de carrera judicial que conformará las listas de elegibles para los tribunales.

Cambio Radical dejó una propuesta más sencilla, la de reemplazar la Judicatura por una dirección administrativa que maneje una sola persona, un director que sería muy poderoso; y el uribismo propuso que haya un gerente de la rama y encima una junta directiva en la que estarían el gerente, el presidente de la única alta corte, el Fiscal, un representante de los empleados de la rama y tres independientes que propondrían decanos de derecho.

Este punto quedó en la ponencia y no se ha votado hasta ahora.

Si los congresistas pueden definir en qué se va la plata

La propuesta del Centro Democrático, en la lógica de la de Equilibrio de Poderes que sacó adelante el Gobierno Santos pero finalmente perdió casi toda su fuerza, propuso fortalecer el Congreso, sobre todo permitiéndole definir libremente en qué se irá una quinta parte de todo el presupuesto de inversión de la Nación, que para el 2019 serían unos 8 billones de pesos, más de lo que se necesitaría para rescatar a Electricaribe.

Eso le permitiría a los congresistas decidir sobre montos millonarios sin tener que negociarlos con el Gobierno, por encima de la mesa y de forma colectiva, lo que reduciría la necesidad de la mermelada (los cupos indicativos) pero también podría dejar en manos de las mayorías la definición de toda esa plata, lo que reforzaría su poder.

Este punto, que en la ponencia se eliminaría pero no se ha definido, curiosamente apareció en la reforma política que avanza en paralelo, en la ponencia que presentó ayer Roy Barreras.

.

Si se cambia de un tacazo la cúpula de la justicia

Uno de los temas más sonados de las propuestas de reforma es la de Paloma Valencia y muchos otros congresistas uribistas fue la de crear un Tribunal Constitucional Supremo, que sería una única alta Corte y que tendría magistrados nuevos. Es decir, cambiaría de un golpe toda la cúpula de la Rama, lo que podría darle una visión totalmente nueva a las grandes decisiones judiciales del país.

Aunque las otras dos reformas no la retoman, la propuesta puede revivir y el presidente Duque la compartía por lo menos inicialmente en campaña.

Si los magistrados siguen metiéndose en la conformación de otras ramas

Los tres proyectos le quitan funciones electorales a los magistrados de las Altas Cortes, lo que busca evitar que éstos sigan contaminados por un cruce de favores y prebendas con los políticos, pero le da más poderes a éstos.

Eso porque en los tres casos propone que dejen de participar en el nombramiento del procurador (que hoy sale de una terna con un candidato propuesto por cada alta corte); en la del uribismo propone que la Sala Penal de la Corte Suprema deje de participar en la del Fiscal para que lo nombre el presidente si supera un veto en el Senado; y en las del Gobierno y Cambio Radical, que el auditor y el registrados sean elegidos por el Congreso, después de procesos meritocráticos.

En todos los casos el poder que pierden los magistrados lo ganan los congresistas, y la comisión ya aprobó que así sea para el procurador y el Auditor General.

.

Si los jueces de carrera se quedan con la Rama

Aunque ha pasado relativamente desapercibido, una de las propuestas del Gobierno cambiaría en buena medida el equilibrio de poder en toda la Rama Judicial.

La idea es que los magistrados de las Corte Suprema y el Consejo de Estado deben haber sido jueces o magistrados, lo que aseguraba que conocerían el quehacer judicial pero rompía las relaciones que tradicionalmente han tenido esas Altas Cortes con la academia. Además, podría dejar totalmente la Rama en manos de roscas judiciales, que han ido creciendo.

La idea, que no comparten las otras propuestas, no quedó en la ponencia que está en discusión, pero el acuerdo es dejar lo que se hunda como proposición.

.

Si sobreviven las contralorías territoriales

La ponencia aprobada ayer mantiene la eliminación de las contralorías departamentales y de los distritos y municipios grandes que propuso Cambio Radical en su proyecto.

Esa idea es un viejo reclamo que estaba entre las propuestas del entonces presidente Álvaro Uribe en su fallido referendo de 2003, y se debe a que son fortines burocráticos, muchas veces se usan para presionar a rivales políticos o hacer negocios ilegales (como contamos en el caso de Norte de Santander) y además duplican sus funciones con las gerencias departamentales de las contralorías regionales.

A pesar de eso, como no se trata directamente de un tema judicial y como además hay intereses políticos de no perderlas, no es sencillo que la propuesta salga adelante.

.

Si la Fiscalía sigue siendo independiente

Una de las grandes propuestas del uribismo en su reforma es incluir a la Fiscalía en la Rama Ejecutiva y permitir que sea el presidente quien nombre al Fiscal General, lo que lo complementa permitiendo que el Congreso tramite una moción de censura contra él, como hoy puede hacer contra los ministros.

Ese cambio, que no fue aprobado ayer, cambiaría toda la lógica del sistema penal para hacerlo más similar al de Estados Unidos.

Si los carcelazos tienen plazo máximo

El proyecto de reforma del uribismo propone ponerle un techo al tiempo que una persona puede estar detenida preventivamente, una medida garantista para evitar que las personas duren años esperando un juicio en la cárcel y al final salgan absueltos, una situación que no es inusual y que no solo es injusta con ellos y sus familias sino que trae grandes demandas al Estado.

Ayer la comisión primera aprobó que ese plazo máximo sea de un año a menos de que haya otra investigación penal por otros hechos. El reto que traería es que hay casos en los que la justicia tarda mucho más de un año en llegar a una sentencia, y que habría más incentivos para que la defensa busque dilatar el proceso para así obtener la libertad de una persona encarcelada preventivamente, incluso si fue capturado en flagrancia.