Las cuentas de la guerra en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba

Es uno de los municipios del Bajo Cauca donde más se ha concentrado la guerra frontal entre el Clan del Golfo y los Caparros, una de sus disidencias (antes les decían Caparrapos pero la Fuerza Pública le cambió el nombre para evitar confusión con el gentilicio de Caparrapí). Este año, los segundos han buscado quitarle espacio a los primeros que han tenido el control hegemónico desde el año pasado. En medio de esa guerra, entre el 13 y el 16 de mayo, hubo tres atentados -entre ellos uno con granada- que dejaron en total 12 civiles heridos y dos muertos, incluido un recién nacido, nos contó Cecilia Gómez de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.

Ese tipo de hechos han generado tres desplazamientos masivos en lo corrido del año, dejando afectadas a 323 personas; hasta el 12 de junio, 2.036 habitantes del municipio se declararon desplazados y la Alcaldía de Medellín ha atendido a mil. Según una fuente de de la Alcaldía de Tarazá que nos pidió no citarla, los campesinos están siendo amenazados por continuar en el programa de sustitución cultivos. Esa situación contrasta con la reducción de los homicidios: van 26, un 60 por ciento menos que en el primer semestre del año pasado.

Los homicidios se incrementaron en un 50 por ciento en comparación al primer semestre del año pasado, contando a la fecha 15, ocasionados por la ruptura interna del frente Francisco Morelo Peñate del Clan del Golfo. Desde el 23 de diciembre pasado se prendieron las alarmas con un atentado en una discoteca, que dejó 25 heridos, y una cabeza humana decapitada que apareció tres días después en medio de un puente, a la entrada del municipio.

Según el director de Alertas Tempranas de la Defensoría, Mateo Gómez, este año se han vuelto más comunes los homicidios selectivos y la imposición de fronteras invisibles y horarios de salida. A eso se suma que, hace unos días, la Gobernación de Antioquia anunció el relevo de todos los miembros de la Policía en el municipio porque estarían recibiendo sobornos de grupos criminales. 

Van 954 personas, a corte de 12 de junio, que se han declarado desplazadas en la Unidad para las Víctimas. Según la personera Sandra Mosquera, los desplazamientos no han sido masivos y la principal causa de ellos es la falta de empleo. En cuanto a las amenazas a líderes, la Gobernación de Antioquia reporta a un líder indígena en riesgo. 

Es el municipio que provee los recursos financieros tanto del Clan del Golfo como de los Caparros, pues allí están las grandes rentas de microtráfico, extorsión y transacción de minería ilegal de la subregión. Este año se redujeron en 20 por ciento los homicidios con respecto al primer semestre del 2018; van 62, de los cuales 18 los ha traído el río Cauca desde municipios aguas arriba. Pese a eso, como nos explicó el secretario de Gobierno municipal Gonzalo Correa, el homicidio selectivo y la intimidación siguen muy presente.

En el corregimiento de Cuturú, sede del frente disidente Morelos Peñate del Clan del Golfo, se han presentado enfrentamientos, intimidaciones y un desplazamiento masivo de 44 personas, el pasado 27 de marzo. Otros 1.272 habitantes se han declarado desplazados en la Unidad para las Víctimas hasta el 12 de junio, y la Alcaldía de Medellín ha recibido a 500 de ellos. Según la Gobernación de Antioquia, este año han asesinado a dos líderes sociales del municipio y otros dos se encuentran amenazados.

Este es el fortín de los Caparros, quienes están frenando el avance del Clan del Golfo allí. A esa guerra se le atribuyen los dos atentados que ha habido en el corregimiento El Guarumo, que es el centro de operación criminal de los Caparros. Entre ellos, uno con granada el pasado 2 de junio que dejó cuatro muertos y un menor de edad herido. Van 51 homicidios, 20 más que los contados en el mismo periodo del 2018.

Asimismo, la Personería de Cáceres ha activado la ruta de evacuación de 68 núcleos familiares que han declarado amenazas directas o a través de panfletos. Y hay cuatro indígenas Zenú amenazados, según datos de la Gobernación de Antioquia. Hasta el 12 de junio, 1.729 habitantes se han declarado como desplazados ante la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Medellín ha atendido a 733 de ellos.

Van seis homicidios en lo corrido del año, una reducción del 45 por ciento frente al mismo periodo del 2018. Sin embargo, para el secretario de Gobierno Alexander Mena, el municipio se encuentra en una tensa calma porque, aunque se mantiene un pacto entre el ELN y el Clan del Golfo para no agredirse, la ruptura del frente Morelo Peñate puede hacer que se rompa. “Acá tenemos salida hacia cinco departamentos, por vía fluvial y trochas, y cuando haya disputa por eso, los muertos van a ser muchos”, nos aseguró el secretario Mena.

Muestra de esa tensión es el asesinato, el 4 de enero, de José Rafael Solano, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Jobo, vereda que limita con Caucasia. Según el secretario Mena hay otros cinco presidentes de Juntas de Acción Comunal que han renunciado a su labor porque el Clan del Golfo los está presionando para que sean sus colaboradores. Aunque no se han presentado desplazamientos masivos, 256 personas se han desplazado individualmente, según datos de la Unidad para las Víctimas a corte de 12 de junio; 97 de ellas llegaron a Medellín.

Lleva tres homicidios en lo que va del año, la misma cifra del primer semestre del 2018. Solo uno de ellos ocurrió en el municipio, los otros dos los trajo el río Cauca desde municipios aguas arriba. El ELN controla la zona rural de Nechí, según nos dijo el investigador de crimen organizado Sergio Mesa; y la zona urbana la controla el frente roto del Clan, Francisco Morelo Peñate. A corte de 12 de junio, 164 personas se declararon desplazadas en la Unidad para las Víctimas y 44 las atendió la Alcaldía de Medellín. 

Si bien se siente más calma que en el resto del Bajo Cauca, el secretario de Gobierno James Ramos le contó a La Silla que ya prendieron alarmas porque el fin de semana pasado un grupo de hombres armados, la presunta disidencia de alias ‘el negro Cristian’, llegó por el río Nechí al corregimiento de Los Cargueros, intimidaron a la población y le dispararon a un joven. Además, hay dos campesinos que lideran programas de sustitución de coca que están amenazados. 

Del 1 de enero al 29 de mayo casi se duplicaron los homicidios con respecto al mismo periodo del 2018, pasaron de 16 a 31. Eso por la expansión del grupo criminal los Caparros, que ahora se disputa el territorio con el Clan del Golfo. Este es el municipio del sur de Córdoba con más desplazados, hasta el 12 de junio, 1.183 personas lo declararon ante la Unidad para las Víctimas.

En el medio, la Fuerza Pública intenta contrarrestar a estos grupos armados. El pasado 23 de mayo, en la vereda Pajuil, durante el operativo Agamenón de la Policía, dieron de baja a un integrante del Clan del Golfo, lo que atemorizó a la población y forzó el desplazamiento de 29 familias. 

Este año se comprobó la presencia de disidencias del antiguo Frente 18 de las Farc, quienes se aliaron con los Caparros para intentar derrotar al Clan del Golfo. En medio de esta disputa, según nos dijo la Defensoría, ha surgido la práctica de poner minas antipersonal en caminos y trochas, lo que antes solo se daba en zonas de combates. El pasado 25 de abril un joven de 16 años pisó una mina cuando regresaba del colegio. 

A su vez, desde el 14 de enero se encuentra interrumpida la navegación fluvial por la cuenca del río San Jorge, por una estrategia de las disidencias para limitar el tránsito del Clan del Golfo. También el 30 de marzo se registraron amenazas por parte del Clan del Golfo hacia líderes sociales por haber denunciado desplazamientos masivos. Hasta el 12 de junio, 717 personas se declararon desplazadas ante la Unidad para las Víctimas.

Según cifras de la Gobernación, en este municipio los homicidios se redujeron en un 79 por ciento a corte del 29 de mayo (pasaron de 14 a 3, frente al mismo periodo del año pasado). Desde hace ocho años el Clan del Golfo controla este territorio, y según nos dijo una fuente en la Defensoría, los asesinatos allí se dan por ajustes de cuentas. 

Sin embargo, la Defensoría ha denunciado este año abusos por parte de la Fuerza Pública a la población civil. Según ellos, el pasado 31 de marzo, el Ejército habría amarrado y torturado a dos miembros de la comunidad indígena Embera Katio (entre ellos un menor de edad) acusándolos de pertenecer al Clan del Golfo. También reporta que ese mismo día la vereda Nueva Esperanza fue objeto de bombardeos por parte del Ejército. Hasta el 12 de junio, 487 personas se declararon desplazadas ante la Unidad para las Víctimas. 

Este municipio, que es disputado por el Clan del Golfo y los Caparros, tiene el mismo número de homicidios (11) en relación al 29 de mayo del 2018. Sin embargo, el pasado 24 de mayo se presentó una situación particular que aterró a sus pobladores: los Caparros reunieron a los pobladores del corregimiento de Brazo Izquierdo y asesinaron a Jader Polo y Manuel Pertuz, quienes hacían parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), delante de todos. 

Según coincidieron dos fuentes, estas acciones las hace un grupo cuando llega a un territorio nuevo y quiere mostrar poder. Ese mismo día asesinaron a Luis Velásquez en la vereda de Batatalito, quien también hacía parte del Pnis. Por estas situaciones, la Defensoría reporta el desplazamiento de 20 familias y la Unidad para las Víctimas reporta 207 declaraciones de desplazamiento hasta el 12 de junio.

Es controlado por el Clan de Golfo y actualmente no es una zona de disputa. Lleva cinco homicidios, a corte del 29 de mayo, a diferencia del mismo periodo del 2018 que no llevaba ninguno. Según coincidieron un líder comunitario y una fuente de Defensoría, el aumento se debe a ajustes de cuentas o personas que no cumplen con las reglas impuestas por el grupo.

El pasado 13 de febrero, por ejemplo, se registró el asesinato de David Velásquez Fuentes, quien, según reportó la Policía, en 2018 fue capturado por porte y fabricación de sustancias alucinógenas. Aunque este municipio no tiene una dinámica de guerra tan violenta, hasta el 12 de junio 51 personas se declararon desplazadas en la Unidad para las Víctimas.