Los daños colaterales de un año sin aulas

Esta historia hace parte de la Sala de Redacción Ciudadana, un nuevo proyecto de periodismo colaborativo entre los periodistas de La Silla Vacía y miembros de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con información valiosa.

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En todo el país las alcaldías y gobernaciones han empezado a dar pasos lentos para la reapertura parcial de los colegios. Pero con el temor de muchos padres, la oposición de las asociaciones de maestros y la precaria preparación de las instalaciones, al menos este año no volverá la normalidad y tampoco es evidente que llegue en 2021.  

Más allá del debate sobre si es conveniente por el covid que los estudiantes vuelvan, hay unos costos sociales enormes por no hacerlo. Algunos son notorios desde ya y otros serán efectos que se prolongarán en el tiempo.    

Los datos del laboratorio de economía de la educación de la Universidad Javeriana (LEE), un reciente informe del Banco Mundial sobre el impacto de la crisis del covid en la educación, y la información de Coalico, una coalición de organizaciones contra la vinculación de niños y niñas al conflicto armado, muestran por lo menos estos cuatro daños que dejará un año sin aulas. 

Según las cifras publicadas esta semana por el Ministerio de Educación, unos 102 mil niños y adolescentes, incluyendo de jardines infantiles, han abandonado sus estudios en medio de la pandemia. 

Eso es el equivalente a que todos los colegios de una ciudad como Bucaramanga hubieran quedado sin estudiantes, y eso que faltan por contar los que no se matriculan pasando de un año escolar al otro, cifra que se verá en diciembre.

Desde ya se puede prever que la deserción es mucho mayor. 

Una profesora del colegio Próspero Pinzón, una escuela pública de Bogotá, cree que la cifra es mucho más grande: “Esos 102 mil son personas que no se matricularon, pero conozco muchos casos de gente que no retiró la matrícula, pues no ganan nada con sacar a sus hijos en el papel, pero en la práctica no están atendiendo las clases. Así que formalmente están dentro del sistema, pero no hacen parte”, dice. 

La encuesta Pulso Social del Dane, que pregunta a 15 mil personas, lo muestra: un 4,5 por ciento de los hogares no continuaron con el colegio, una cifra de deserción que, de cumplirse, no se veía desde comienzos de la década. 

La estimación de la Confederación Nacional de Padres de Familia, a partir de sondeos internos, es todavía peor: dice que la deserción podría ser del 7 por ciento, como contó El Tiempo.

De ser así, la debacle sería enorme pues desertarían unos 700 mil estudiantes, como si todos los colegios públicos de Barranquilla y Medellín se hubieran vaciado este año.

Esto podría volver imposible que el Gobierno cumpla su meta de tener una deserción promedio de 2,7 entre 2019 y 2022, pero sobre todo sería un drama social y económico enorme.

Eso porque la deserción se traducirá en que en promedio los colombianos tendrán menos años de educación, algo que tiene un impacto social y económico muy grande a mediano plazo.

Varios análisis económicos han mostrado que las diferencias de ingresos en los países se pueden explicar por el nivel educativo promedio de las personas, y otros dicen que las habilidades cognitivas adquiridas, especialmente en ciencias y matemáticas, explican esas diferencias. Para cualquiera de los casos, es clave que las clases sigan marchando.

Un cálculo hecho por expertos en economía de la educación en 50 países mostró que cada año adicional de estudios en promedio, hizo que el Producto Interno Bruto creciera en un 0.37 por ciento más al año. 

En Colombia todavía no sabemos cuántos años de escolaridad se perderán por la pandemia, pero es claro que tendrá un efecto negativo en el crecimiento del país. 

En la desigualdad también, o por lo menos eso es lo que muestra una mirada al pasado, de cómo respondieron las familias en crisis económicas anteriores. 

La Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes muestra que los hogares pobres tienen mayor probabilidad de recibir choques en las crisis, y que cuando lo hacen una de sus respuestas es sacar a sus hijos de la escuela o cambiarlos a una más barata. 

Esta tendencia se observa entre el 7 y 11 por ciento de los hogares urbanos, y entre el 10 y 24 por ciento de los rurales (como muestra la gráfica). Sólo ese 10 por ciento de hogares rurales ya supone 1 millón de personas, así que se puede esperar que algo parecido ocurra en esta crisis.

Y ese impacto es de largo plazo.

Luz Karime Abadía, directora del LEE, dice que la deserción actual no es temporal: “no va a pasar que se acabe el covid y las personas vuelvan al colegio inmediatamente, muchas familias van a entrar a una condición económica crítica que hará que los estudiantes que consigan trabajo no vayan a dejarlo tan fácilmente para volver a estudiar”. 

La tasa de trabajo infantil, el porcentaje de niñas y niños que tienen entre 5 y 17 años de edad y que hacen trabajos remunerados, venía disminuyendo sostenidamente. 

Terminó 2019 en 5,4 por ciento, el mínimo desde que se mide y la mitad de la que había en 2012. Eran 1 millón de personas si se incluyen además a los que se dedican a labores del hogar por más de 15 horas a la semana. 

Según los datos del estudio del Banco Mundial, el 38 por ciento decía que trabajaba porque debía ayudar con los gastos de la familia, una motivación que seguramente va a llegar a más hogares con la pérdida de empleos por la pandemia. Más cuando la alternativa no es ir a un colegio. 

Si bien por ahora no hay datos de esto, los estudios coinciden en que va a pasar y, algunos analistas predicen que pasará sobre todo entre las mujeres. 

Así lo explica Abadía: “El confinamiento obliga a que los padres aumenten su trabajo en general, por lo que delegan comúnmente las labores del cuidado del hogar en las niñas de la familia, a quienes ponen a cuidar a sus hermanos mientras sus padres trabajan o a cuidar de la casa y ayudar con ingresos adicionales”. 

Otro efecto esperable es el aumento del reclutamiento forzado cuando el conflicto sigue encendido en muchas zonas del país, como contamos. 

Entre 2002 y 2020 más de 14 mil menores han sido reclutados, y la fundación Coalico mostró que este fenómeno no paró en la pandemia. El primer semestre de este año se registraron al menos 190 víctimas de reclutamiento en 16 departamentos, una disparada frente a los 38 casos en el mismo periodo en 2019.   

Según Mateo Gómez Vásquez, de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados han usado la pandemia para hacer control territorial, pues dicen que buscan evitar su expansión. Y, sin el círculo de protección que muchos colegios ofrecen, les queda más fácil llegar a los estudiantes.

Sin embargo, es difícil detectar el fenómeno: “las personas tienen miedo de denunciar si sus hijos han sido reclutados por miedo a represalias, así que son muchos más los casos que no conocemos”, dice. 

La primera limitante para que la calidad se mantenga son las restricciones a la conectividad, como hemos contado: el censo de 2018 mostró que solo el 43 por ciento de hogares tenía internet en su casa, y eso deja unos 7 millones de hogares sin posibilidad de educación virtual. 

A pesar de que muchos a los que les falta internet pueden seguir estudiando a través de otros formatos que muchos profesores han ingeniado, usualmente también carecen de otras cosas que ayudan al desempeño: la mitad de los estudiantes de 15 años sin conectividad que tomaron la prueba Pisa en 2018 no tenía escritorio, y el 30 por ciento ni siquiera una habitación propia.  

También es difícil que los padres o acudientes puedan reemplazar al profesor, no solo por sus ocupaciones sino porque muchos tienen poca formación: solo un 6,4 por ciento de las madres de estudiantes de escuelas públicas tienen educación superior y apenas el 22 por ciento en los privados. 

El Banco Mundial calcula que el cierre de las escuelas hasta diciembre implicará que los estudiantes pierdan un 75 por ciento de los aprendizajes acumulados en un año, un golpe que solo puede ser menor cuando hay buena oferta y demanda digital.

Eso aplica sobre todo en algunos colegios privados, pero no a la población más vulnerable: el mismo estudio calcula que los estudiantes en el 20 por ciento más pobre de la población perderán el doble de aprendizajes que los de del 20 por ciento más rico. 

Este mapa que elaboró el informe del Banco Mundial muestra que esas diferencias también se refuerzan en la geografía: 

Con otra mirada, el LEE calcula que con siete meses de cierre, los estudiantes de bachillerato de colegios oficiales tendrán un menor desempeño en el examen Saber 11, el oficial al terminar la secundaria.

Prevén una caída del 46 por ciento en matemáticas y del 37 por ciento en lectura crítica, cuando además venían a la baja desde 2016.

Antes de la pandemia, el 50 por ciento de los estudiantes de secundaria decía sentirse triste a veces o siempre, según las pruebas Pisa de 2018, y ahora los expertos temen que esto haya incrementado, pues los entornos familiares no siempre son los más hospitalarios. 

Ya se notan los aumentos en la violencia intrafamiliar, pues en las tres primeras semanas del aislamiento preventivo había aumentado en un 142 por ciento el número de llamadas para señalar hechos de violencia intrafamiliar, una tendencia que se ha prolongado. 

El Observatorio Colombiano de las Mujeres mostró que esas llamadas crecieron en 175 por ciento entre el 25 de marzo y el 7 de mayo, aunque analistas como Carolina Mosquera, de la Corporación Sisma Mujer, dice que existe un subregistro grande pues muchas personas no pueden o prefieren no llamar para denunciar a sus familiares. 

No es fácil tener datos basados en encuestas sobre el impacto psicológico en menores, porque toca tener el consentimiento de sus acudientes, pero algunos datos permiten hacer inferencias. 

La Universidad Javeriana publicó un estudio que muestra que el 50 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años  que encuestaron (993 personas) dice que ha tenido dificultades para estudiar, y 15 por ciento no ha recibido el tratamiento que necesitaba para un problema de salud mental. 

El mismo porcentaje de mujeres dijo haber pedido ayuda a algún servicio de salud mental, frente a un 9 por ciento en los hombres, lo que se explica porque culturalmente están más abiertas a pedir asistencia psicológica. 

Tal vez uno puede compensar la ausencia de estadísticas sobre los niños y niñas si les pregunta a ellos mismos.

Natalia Orduz está en cuarto de primaria y contó un drama que parece pequeño pero sólo desde una perspectiva distinta a la de ella: “ya se me acabaron las amigas porque no podemos hablar por Zoom durante las clases”.

Algo parecido dice Vanessa Mendoza, del Colegio Superior Americano: “Creo que me perdí una parte importante de mi vida. Estoy en 11 y este año para mi era para estar con mis amigos y tener más experiencias; nada de eso pasó”.

Vanessa no sabe si lo que siente cabe llamarlo depresión, pero está convencida de que aún si pocos en su generación se han contagiado, el covid sí encontró la forma de cambiar sus vidas, y en formas que apenas están empezando a asimilar.