El odio en Verbenal

“No le voy a mentir, yo cuando tiro piedra, tiro a matar a un policía”, dijo Tin tin, un hombre de 29 años, quien se identificó con uno de sus apodos por temor a represalias de los uniformados. “Yo quería tumbar el CAI porque los tombos han hecho mucho daño y les tengo mucha rabia”.

El pasado 9 de septiembre, Tin tin acordó con sus amigos, a través de Whatsapp, que cuando saliera del lavadero de carros donde trabaja iría a protestar frente al CAI de Verbenal. 

No solo lo movía la indignación por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de un agente: él mismo se había sentido abusado por los policías de su barrio varias veces y vio la oportunidad de desquitarse.

Esa rabia de Tin Tin es la de otros jóvenes de Verbenal.

La Silla Vacía habló con 10 muchachos del barrio. Nueve de ellos salieron a protestar esa noche en la que uniformados -como lo mostró el video que reconstruyó La Silla- asesinaron a tres de los manifestantes e hirieron a otros más. 

Todos dijeron haber sufrido abusos de los policías, que en sus historias se repiten con un patrón: requisas agresivas, detenciones arbitrarias, maltratos, amenazas, extorsiones y mucha humillación.

La Silla Vacía intentó comunicarse con el Mayor de la Policía César Ramírez, quien está en representación de los uniformados en la mesa de diálogo creada por la Alcaldía en el barrio Verbenal, para hablar de estas denuncias. Pero para la publicación de este artículo no había recibido respuesta. 

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Tin tin tenía 14 años, y aunque todavía no había desertado del colegio, ya fumaba marihuana, y había probado pegante. 

Un día, después de clase, con un amigo en el centro de Bogotá, cerca de la iglesia del Voto Nacional, habían acabado de comprar un paquete de yerba, suficiente para varios días, cuando un agente de Policía se dio cuenta, y los detuvo. Ahí mismo, en la calle y a la vista de los transeúntes, los golpeó con el bolillo en los brazos, las piernas y el abdomen, tanto que su amigo empezó a decirles groserías a los policías. Ofendidos, los metieron a la patrulla y los llevaron a un potrero en la Circunvalar. 

“Cuando llegamos, nos obligaron a fumarnos toda la marihuana -recuerda Tin tin- pero yo le dije que no, que cómo nos íbamos a fumar todo eso. Mi amigo respondió peor, con hijue...s. El policía le disparó delante de mí, y el otro policía que estaba con él no hizo nada. A mí me llevaron en la Carenalga (la patrulla) a un CAI y me dieron bolillo hasta que se cansaron. Nunca volví a ver a mi amigo. Los papás de él me preguntaban, pero nunca les dije nada”. 

Tin tin tampoco denunció. “¿Con quién iba a denunciar?¿Con la misma Policía?”. 

Un año después, cuando Tin tin tenía ya 15 años, el abuso se repitió en su barrio, en Verbenal. 

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Verbenal es un barrio popular de clase media baja, ubicado al norte de Bogotá, entre las calles 183 y 189, entre la autopista y la Carrera Séptima. Allá viven cerca de 2.600 familias. 

La mayoría vive del comercio de pequeños puestos ambulantes, tiendas misceláneas de celulares, ropa, comida, juguetes, papelerías y algunos supermercados. Los papás de los jóvenes que entrevistamos son taxistas, bicitaxistas, meseros o cocineros, una mamá es monitora de una ruta escolar y otros trabajan lavando carros. Ninguno vive en la miseria, una línea endeble los separa de la pobreza.

Los jóvenes no están mejor que sus papás, algunos están peor. Trabajan en el rebusque, en oficios varios, todos informales -lavando carros, de domiciliarios, pintando casas; al que mejor le va, trabaja en un call center- pero la mayoría sin muchas perspectivas de ascender.

Tin tin, por ejemplo, hijo de un taxista y una ama de casa, estudió solo hasta noveno; quería tener plata y se dedicó a trabajar en carnicerías y asaderos. Ahora lava carros. Pero sueña con estudiar gastronomía. 

Slow, de 25 años, es un líder social de la comunidad, que hace parte de una mesa de diálogo que conformó la Alcaldía después de los hechos del 9 de septiembre, cuenta que muchos jóvenes no salieron a marchar ese día por las condiciones de pobreza en las que viven o por la falta de oportunidades, sino porque su relación con la Policía es complicada. 

“Acá, en Verbenal, el joven que no tenga problemas con la Policía es porque no sale de la casa”, dice. “Hemos recogido en esta mesa de diálogo 30 denuncias de abuso policial antes del 9 de septiembre”.

Slow es artista y sí pudo ir a la universidad: estudió artes plásticas en la Academia Superior de Artes de Bogotá, Asab, de la Universidad Distrital. Ahora hace tatuajes, y a veces trabaja con la Alcaldía en procesos de rehabilitación con jóvenes que consumen drogas, como él lo hacía en el pasado.  

Hace un año, él mismo tuvo un altercado con la Policía. Recuerda que estaban en el bar La Pescadería, de Verbenal, cuando llegaron unos uniformados que querían estar con las prostitutas que frecuentan el lugar, pero sin pagarles. 

“Un amigo -relató Slow- le dijo que si iban a estar con ellas tenían que pagar; los uniformados no quisieron, y ahí se formó la trifulca”. 

Dice que se cogieron a puños, y uno de los policías llamó refuerzos y terminaron en el CAI. Los golpearon entre varios, y después los dejaron ir. “Si a los jóvenes les va mal, imagínense lo que son las prostitutas o los habitantes de calle” dice.

Slow, como seis de los jóvenes con los que hablamos, nos dijo que en su barrio operan mafias de microtráfico, en complicidad con los policías. “Los patrulleros les cobran cuotas a los jíbaros para dejarlos vender sustancias psicoactivas y luego, para mostrar resultados, se la montan a los jóvenes que consumen en los parques”.  

El Secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, confirmó a La Silla Vacía que en ese barrio operan bandas de microtráfico como Los Pascuales, que azota a comunidades en el norte de Bogotá y que es dirigida por miembros de una familia de apellido Guerrero que se dedica al hurto y al microtráfico. 

En cuanto a las denuncias de la complicidad de la Policía con estas estructuras, Acero dijo que la Fiscalía, la Procuraduría y la misma Policía las habían recibido y estaban en investigación. 

El modus operandi que denuncia Slow coincide con el testimonio de otro joven que recibió un impacto de bala ese día y que ahora está en terapias para recuperar la movilidad de un pie. 

“Los tombos tienen la maña de inculpar a todo el mundo de jíbaro (expendedor de drogas), pero ellos tienen su propia línea de drogas”. 

Dice que un día que estaba caminando cerca de un parque los policías lo detuvieron para requisarlo.

De ahí en adelante, fue una experiencia traumática: “Me pusieron un destornillador en el cuello, me jalaron el pelo y me decían que si yo era un jíbaro. También cogieron a unos chirretes (consumidores), pero no a los que sí vendían. Ya en el CAI me dejaron llamar a mi mamá y le dijeron que yo llevaba un moño de marihuana. Pero no era verdad. Al final me soltaron pero cuando ya me habían hecho quedar mal delante de mis padres”.  

Maira Alejandra Páez, la joven esposa de Jaider Fonseca, uno de los tres muchachos que fue asesinado por policías en las pasadas protestas de Verbernal, recuerda que hace unos meses Jaider y sus amigos estaban jugando microfútbol en el parque de Andalucía en Verbenal, en la tarde noche, cuando llegó la Policía a aguarles la fiesta.

“Yo vi cómo recogieron plata de los jíbaros que estaban vendiendo droga”, cuenta Maira. “Pero al que se la montan siempre es al más pendejo. Nos dijeron ‘o se van del parque o me los llevo de CAI’. Me dio rabia y les dije que por qué nos teníamos que ir. Entonces se los llevaron y a mí me dejaron, creo, que porque estaba en embarazo”. 

Maira, con su bebé huérfano de ocho meses, dice que cuando llegó al CAI a buscar a Jaider le dijeron que le habían encontrado a él y a los otros cuatro detenidos cuchillos, pipas y marihuana y que tenían que firmar que les habían incautado esos objetos para que los dejaran ir. 

“Yo sabía que eso no era de Jaider, pero me dijeron que si no firmaba se lo llevaban a la UPJ o que los cargaban con otras drogas”. Es decir, que lo incriminaban con un delito más grave que el porte de marihuana. Ella firmó.  

La joven dijo que cuando vivía con Jaider hubo otra cosa que envenenó el corazón de su esposo contra la Policía, un episodio que dice más de la precariedad de la vida en el barrio y de las presiones que a veces tienen que soportar los policías como única cara cercana del Estado que de un incumplimiento de su deber.

“Nosotros vivíamos los tres en una pieza, pero no teníamos agua- recuerda Maira- entonces fuimos con Jaider y el bebé para ver si la Policía nos podía ayudar, pero no. No nos decían ni siquiera quién nos podía ayudar a conseguir agua para bañarnos y cocinar. Nos preguntamos por qué la autoridad más visible que tenemos no nos ayuda o al menos nos guía para saber cómo podemos obtener algo tan básico como el agua”. 

Maira ahora vive en la casa de una tía, pues dice que desde que se atrevió a denunciar en medios el asesinato de Jaider, su mamá se siente intimidada por la Policía: “Cuando sale a comprar las cosas del mercado los patrulleros le toman fotos, la graban y la persiguen. Y a mis amigos unos policías les dicen que si mataron a tres, podían matar a cuatro”.  

La Silla Vacía no pudo corroborar de manera independiente esta denuncia de amenazas por parte de los patrulleros. Pero otros tres de los entrevistados también nos dijeron que están asustados de que les pase algo a ellos o a sus familias por denunciar los abusos de esa noche.

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Cuatro de los jóvenes heridos por impacto de bala el 9 de septiembre en Verbenal también le dijeron a La Silla que las capturas arbitrarias y las retenciones ilegales son muy frecuentes en el barrio. 

Manuel Rodríguez, de 26 años y quien está en silla de ruedas por los disparos que recibió esa noche en la que los policías dispararon durante por lo menos una hora y 11 minutos, dijo que en el pasado uniformados le han pedido dinero a cambio de no incriminarlo con porte de drogas.  

“Aquí en Verbenal, la Policía insulta, extorsiona, golpea, humilla. Conmigo lo han hecho varias veces. Eso provoca indignación y repudio”. 

Un testimonio similar nos dio Ferney Peralta, de 17 años, quien recibió dos impactos de bala, uno en la rodilla y otro en el brazo. 

“La Policía nos la tenía montada a mí y a mis amigos. Si uno estaba caminando con los amigos o si uno estaba en el parque jugando microfútbol llegaban y nos decían que nos teníamos que ir. Es como si el país no fuera libre”, afirmó. 

También recordó que las requisas eran muy violentas: “nos escupen, nos humillan, nos gritan. Nos dicen: ‘se van del parque o me los tiro’”. 

Peralta no ha podido terminar el bachillerato. Estaba cursando 11 en un validadero, que pagaba con lo que ganaba trabajando en una droguería como domiciliario. Pero con la pandemia, perdió el empleo.

“El 90 por ciento de los policías de Verbenal son malos y el 10 por ciento son cómplices”, es la conclusión de Harold Romero, empleado de 24 años de un call center, quien también fue herido de bala en el estómago en las protestas del 9 de septiembre. 

Dice que ese día de la marcha fue por curioso, más que a protestar. Pero, de todas maneras, su relación con la Policía ha sido conflictiva. “Yo fumo marihuana desde que tengo 14 y me han extorsionado mil veces. Me piden que les dé 20 o 30 mil pesos para que no me pongan comparendo por llevar la dosis personal”. 

Hace poco, dice que tuvo que juntar con cinco amigos 300 mil pesos para que la policía no le contara al dueño del taxi que manejaba uno de ellos que los habían cogido fumándose un porro adentro del carro. 

El tema de la dosis personal atraviesa la conflictiva relación que tiene la policía con los jóvenes pobres de Bogotá y otras ciudades del país.

Así lo han descubierto en las mesas de diálogo creadas por la Alcaldía a partir del 9 de septiembre y a las que van representantes de los jóvenes que marchan, personas de la comunidad que están en contra de las marchas violentas, representantes de la Policía y de la Administración de Claudia López como parte de un proceso de reconciliación.

Un veterano de la Policía le explicó a La Silla que los patrulleros están sometidos a tres presiones muy difíciles de lidiar: los de sus superiores que les exigen resultados en términos de decomisos de droga, delincuentes judicializados y bandas desarticuladas; los de la comunidad que les exigen que los parques estén libres de marihuaneros para poder llevar a los niños a jugar; y los de los jóvenes que consumen y que los odian.

“La mayor queja que recibimos, no solo en Verbenal sino en toda la ciudad, es que buena parte de los policías detienen a quien consume y les decomisan sus dosis en toda la ciudad aún cuando no está permitido”, dice Julián Quintero, director Ejecutivo de la Corporación Acción Técnica Social y asesor de la Alcaldía en políticas públicas para manejar el consumo de sustancias psicoactivas. 

Nos explicó que aunque la Corte Constitucional y el Consejo de Estado no permiten detener a nadie por la dosis mínima, algunos uniformados interpretan de forma inadecuada el decreto del presidente Iván Duque sobre la dosis mínima, que permite el decomiso de esta si se comprueba que esa persona está alterando el órden público o delinquiendo. 

Un capitán de la Policía que hace capacitaciones en derechos humanos a los uniformados nos dijo off the record que ellos sí saben que no pueden detener a alguien por consumo. Pero también saben que sí lo pueden detener si está “en estado de excitación”.

Es apoyados en esa posibilidad que da el Código de Policía que detienen a los jóvenes pobres que parecen o están enmarihuanados en los parques.

Los detienen como respuesta a las exigencias de los padres de familia que los insultan si no lo hacen, o porque creen que al hacerlo pueden prevenir que roben después impunemente, o para cumplir las cuotas de detenciones por cuadrante que les ponen, o por todas las anteriores, como lo demostró el estudio Patrullando la dosis personal, elaborado en 2011 por Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín.

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Tin tin tenía 15 años cuando un nuevo acto de abuso policial reforzó su odio contra los uniformados. Estaba en un parque de Verbenal con un grupo de amigos fumando marihuana cuando los policías se los llevaron al CAI. Ya adentro, los golpearon con bolillos a todos, menos a una chica que estaba en el grupo. 

“Un policía le dijo a mi amiga, de 15 años, que la dejaba ir si se lo chupaba. Mi amiga le dijo ‘se lo chupará su madre’. Entonces el policía le pegó una tunda y luego empezó a manosearla por todas partes, delante de todos nosotros”.  Su impotencia ante tal humillación aún hoy, 14 años después, lo carcome.

Y lo acompañó ese 9 de septiembre, cuando salió a tirarle piedra al CAI y a los agentes. 

Tin tin dice que esa noche, en la que Jaider Fonseca, Cristian Hernández y Andrés Rodríguez perdieron la vida, había personas marchando pacíficamente. Otros querían dañar el CAI “por gusto”. Pero que muchos como él “estábamos ahí con rabia porque nos tratan como una basura. Nos sentíamos identificados con Javier Ordóñez”.

Hoy, más de un mes después, no se arrepiente de la violencia a la que él mismo contribuyó:

“Si uno no rompe, todo sigue igual, a los gobernantes les importa un culo. Pero vea que quemar ese CAI sirvió. El otro día me requisaron y por primera vez en mi vida los tombos me pidieron los papeles de forma decente”. 

Siete de los 10 jóvenes entrevistados para esta historia piensan lo mismo.