María del Pilar Hurtado

María del Pilar Hurtado es abogada de la Universidad de los Andes, con especialización en negocios y relaciones internacionales. Es ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con más de 15 años de trayectoria en el sector público. Fue secretaria general y luego directora del Instituto distrital para la recreación y el deporte (IDRD) así como asesora de Andrés Camargo en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

El ex alcalde la recomendó como asesora de Alberto Velásquez, secretario general durante el primer período de Álvaro Uribe. Su amistad con Alicia Arango, una de las asesoras más cercanas del ex presidente, la ayudó a convertirse en una de sus personas de confianza. Al año siguiente el entonces ministro de defensa Jorge Alberto Uribe la nombró secretaria general del Ministerio. Hurtado se convirtió en su mano derecha y, como lo contó La Silla Vacía, allí estuvo al frente de millonarios contratos y frenó varios negocios en contra de los intereses de políticos poderosos.

En marzo de 2006 fue nombrada subdirectora del DAS durante la dirección de Andrés Peñate, y un año después Uribe la escogió como reemplazo de Peñate luego de que éste renunciara. Muy pronto aparecieron acusaciones en su contra. En 2008 el entonces senador Gustavo Petro denunció que el DAS lo había interceptado ilegalmente y que Uribe había dado la orden. Y poco después el senador del Polo Democrático Alexánder López señaló que el DAS estaba haciendo seguimientos ilegales a los congresistas de su partido.

El primer salpicado por este escándalo fue Jaime Fernando Ovalle, coordinador del grupo de inteligencia G3 del DAS. Hurtado reconoció la participación de Ovalle en los seguimientos pero negó haber tenido conocimiento de ellos. Sin embargo, en octubre de 2008 la ex directora renunció a su cargo y dijo que asumiría el costo político a pesar de que ella ni Uribe habían ordenado las chuzadas.

En 2009 el fiscal general Mario Iguarán llamó a interrogatorio a Hurtado junto con otros 33 funcionarios y exfuncionarios del DAS. En poco tiempo se empezaron a conocer los nombres de los chuzados, en su mayor parte opositores del uribismo, entre los cuales están Piedad Córdoba, miembros del Polo como Carlos Gaviria y Antonio Navarro, los periodistas Hollman Morris y Daniel Coronell, el magistrado Iván Velásquez y defensores de derechos humanos. También se conocieron testimonio de otros funcionarios del DAS que implicaron a la ex directora, como el de Jorge Lagos, jefe de contrainteligencia, y Martha Leal, subdirectora de operaciones.

La Procuraduría le abrió pliego de cargos y en 2010 la sancionó a 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Por otra parte, la Fiscalía le imputó los cargos de concierto para delinquir, abuso de poder, falsedad en documento público, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones. Según la acusación, Hurtado acordó y permitió los seguimientos y participó en las visitas de representantes paramilitares a la Casa de Nariño en las que también acordaron un complot de desprestigio contra la Corte Suprema. Los informes que documentarían dichas entradas a Palacio nunca se hicieron, y Hurtado y Leal los habrían falsificado una vez Semana destapó el escándalo.

Ante la inminencia de su captura, en noviembre de 2010 la ex directora del DAS viajó a Panamá y solicitó un asilo por persecución política.

Desde entonces el gobierno colombiano persisitó en lograr que Hurtado se enfrente al proceso judicial. La fiscal Viviane Morales intentó que Interpol emitiera una orden de captura, y en diciembre de 2011 se oficializó una solicitud ante Panamá para que fuera extraditada. Sin embargo luego de que dos grupos de abogados viajaran para mediar a favor y en contra de Hurtado, en febrero de 2012 la cancillería panameña confirmó que mantendrá el asilo.

Según Daniel Coronell, en una reunión que ambos sostuvieron antes de que ella saliera del país, la ex directora admitió que el ex presidente Uribe le ofreció contratos y que fue él quien tramitó su asilo a raíz de la amistad que sostiene con el presidente panameño Ricardo Martinelli.

Esa situación cambió después de que Juan Carlos Varela, cercano a Juan Manuel Santos, reemplazó a Martinelli en la presidencia de Panamá. A fines de 2014 ese país negó la solicitud de asilo de Hurtado y el 30 de enero de 2015 Santos logró que la Interpol emitiera la orden de captura contra Hurtado. Ese mismo día Panamá anunció que empezaría a buscarla para su captura y el abogado de Hurtado en Colombia, Jaime Camacho, anunció que se entregaría a las autoridades colombianas.

Llegó a Colombia justo a tiempo para las últimas audiencias del juicio en su contra y el 27 de febrero de 2015 fue condenada a catorce años de prisión.