El rechazo al comercial de la JEP muestra un malestar más profundo

La indignación que le produjo al representante conservador y sobreviviente de secuestro Jaime Felipe Lozada un comercial de televisión de la JEP, en el que el antiguo jefe de las Farc Rodrigo Londoño habla de ‘retenciones’ en vez de ‘secuestros,’ volvió a encender el debate sobre la decisión de la justicia especial de paz de usar esa palabra para referirse a uno de los crímenes más emblemáticos de la antigua guerrilla.

Este episodio evidencia un malestar más profundo. Aunque los excomandantes de las FARC han comenzado a admitir su responsabilidad por este crimen y a expresar en privado sus disculpas, muchas víctimas están dolidas por el hecho de que sus antiguos captores no han querido reconocer los tratos degradantes que les infligieron y los años de largo sufrimiento que sus familias debieron soportar en su ausencia.

Esta marcada diferencia en las expectativas se está convirtiendo en una prueba decisiva de legitimidad que tendrá cualquier decisión eventual de la JEP para las víctimas, muchas de las cuales apoyan visiblemente la labor de la justicia transicional pero exigen un mayor nivel de verdad a sus victimarios.

El comercial

En el video, que la JEP lanzó para reforzar su mensaje de que quienes cometieron crímenes graves en el conflicto están rindiendo cuentas, se ve al mayor Gustavo Soto pidiendo perdón a las víctimas de falsos positivos y a Timochenko hablando de los secuestros. “Reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos nuestra responsabilidad colectiva por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica”, se le ve leer parte de su testimonio ante la JEP en septiembre pasado. 

Pero tuvo el efecto contrario al que buscaba el brazo judicial de la justicia transicional nacida del acuerdo de paz con las Farc.

El mensaje de Lozada, quien tenía 15 años cuando fue sacado a la fuerza por las Farc del Edificio Miraflores de Neiva y estuvo secuestrado por tres años, rápidamente se convirtió en la tendencia #NoEsRetenciónEsSecuestro. Además de su propia experiencia, aludió al sufrimiento de toda su familia: de su padre, el ex senador Jaime Lozada, asesinado por esa guerrilla en 2005; de su madre, la ex senadora Gloria Polanco, secuestrada durante casi siete años; y de su hermano Sebastián, secuestrado los mismos tres años que él.

Yo no estuve retenido 3 años y medio.?Mi hermano no estuvo retenido 3 años y medio.
Mi mamá no estuvo retenida 7 años.
No estábamos en un camping, no estábamos de paseo.

¡Estábamos secuestrados!#NoEsRetenciónEsSecuestro

— Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) June 3, 2020

Esa reacción –que ya llevó a la JEP a retirar el video de redes- se suma a la indignación que desató la publicación en febrero de dos de los testimonios colectivos que han dado las Farc ante la JEP. 

Esa filtración enojó a muchas de víctimas acreditadas en el caso, que aún no los habían recibido para revisarlos y devolverlos a los magistrados de la Sala de Reconocimiento con sus observaciones y preguntas.

Desde el año pasado, los magistrados de la JEP han interrogado a cientos de personas en el caso 01, uno de los siete primeros macrocasos abiertos por la justicia transicional y uno de los dos que se centran específicamente en los delitos cometidos por la antigua guerrilla. 

Hasta febrero, 350 ex guerrilleros -incluyendo a los 25 de su Estado Mayor Central- habían entregado versiones por escrito sobre el secuestro y 187 de ellos también presentaron relatos individuales de manera oral. 

Desde diciembre la JEP le ha enviado a las 2.004 víctimas acreditadas decenas de horas de vídeo y cientos de páginas de transcripciones, parte de una compleja metodología de participación que busca que puedan confrontar los relatos de sus perpetradores.

En estos relatos, que solo se harán públicos una vez la Sala de Reconocimiento presente su resolución de conclusiones en este caso, los integrantes de las Farc han reconocido -quizás por primera vez- el impacto humano de su política de secuestro de civiles, soldados y policías, bien sea por fines de extorsión, como prisioneros de guerra o como rehenes políticos para obligar al gobierno a hacer intercambios de prisioneros. O incluso, como está demostrando la investigación, de otras víctimas humildes y menos visibles de las que rara vez han oído los colombianos, que fueron secuestrados durante días o semanas para obligarlos a construir carreteras ilegales o a transportar los alimentos para los guerrilleros.

“Queremos reconocer los graves impactos que generamos en sus vidas. Nunca podremos devolverles el tiempo que perdieron en las selvas colombianas”, dijeron los comandantes del bloque oriental de las Farc en un testimonio filtrado al Espectador. “Reconocemos colectivamente que las estructuras y mandos de las Farc-EP nos equivocamos al tomar la decisión de retener civiles (…) Sabemos que esto fue un grave error, el cual hoy no tiene justificación alguna”, dicen en otro.

Pero, como contó La Silla, para las víctimas resultaron más notables sus omisiones y sus afirmaciones engañosas sobre las condiciones de cautiverio, incluidas sus afirmaciones sobre haberles dado protector solar, cremas anti edad y hasta patios para hacer yoga.

Esa indignación, tanto de muchas víctimas que han sido sido escépticas del acuerdo de paz como de otras que lo han respaldado fuertemente como Ingrid Betancourt, tuvo varios efectos. Muchas se decidieron finalmente a acreditarse como partes en el caso, como el general Luis Herlindo Mendieta, que testificó ante la JEP en 2018 pero que nunca completó su acreditación. O como el ex ministro Fernando Araújo, que estuvo secuestrado seis años y había declinado participar, y sus hijos.

En total, unas 200 nuevas víctimas se han acercado a la JEP desde que estalló ese escándalo, subrayando el costo político de la soberbia de las FARC, pero también la oportunidad a largo plazo de ampliar la legitimidad del tribunal.

Las víctimas detectan los vacíos

En los últimos cinco meses, muchas víctimas han leído los testimonios de las Farc y han ido identificando sus agujeros, tanto públicamente como en sus observaciones a la JEP.

“El informe parece más bien como un informe de gerente a una asamblea. Por dar un ejemplo, se refieren a la ‘Teófilo’, como ‘la más exitosa’, cuando todos sabemos que fue la [estructura de las Farc] que se permitió las barbaridades más horribles”, dice Clara Rojas, quien fue liberada en 2008 tras seis años de cautiverio y dirigió la extinta ONG País Libre que trabajaba con víctimas de secuestro.

“En el caso de mi familia, ellos admiten el secuestro de mi papá y reconocen que no le dieron el mejor trato. Pero se justifican en que era rebelde y le echan la culpa. ¿Cómo pueden las víctimas perdonar si maquillan la verdad?”, dice otra víctima, que pidió omitir su nombre porque su familia ha tenido problemas de seguridad recientemente.

En la lista de omisiones que llevan las víctimas aparecen temas como la escasez de atención médica, el confinamiento físico, la prolongada falta de acceso a alimentos y agua, la falta de comunicación con los familiares durante años, el lenguaje despectivo y las amenazas.

“En una de las extenuantes caminatas de días, de muerte, me fui enfermando de la pierna. Primero cojeaba, usé un palo como bastón y luego dos horquetas de muletas. Después de unos días me tocaba arrastrarme por el piso en condiciones lamentables, me jalaban y arrastraban. No hubo suministro de medicina, ni alimentación adecuada. Fue una situación supremamente difícil que duró cinco semanas, hasta que una enfermera de otra unidad me dio algún medicamento”, cuenta el general Luis Herlindo Mendieta, que fue secuestrado en la toma de Mitú y permaneció como rehén de la guerrilla por casi once años. Aún no sabe cuál la causa de su dolencia, aunque se la atribuye a una insuficiencia renal.

“Lo que ellos presentan como situaciones excepcionales eran en realidad normales. De los siete años de secuestro, estuve encadenado cinco. Su castigo después de un intento de fuga fue quitarnos las botas, aunque ellos insisten en que eso sólo duró unos días”, dice el ex senador Luis Eladio Pérez, cuyo cautiverio le hizo perderse la muerte de su madre, el matrimonio de su hijo y el nacimiento de un nieto.

A eso se suma la cuestión semántica, que –como contó La Silla- coinciden en cuestionar sin importar si defienden el trabajo de la JEP. 

Para muchas víctimas, el término ‘retenciones’ socava su dignidad, al alejarse notablemente de la palabra más usada por los colombianos y ceñirse a la que han usado históricamente sus antiguos captores

La JEP argumenta que eligió este nombre preliminar -"esa palabra fastidiosa", como la llama Luis Eladio Pérez- dado que la Fiscalía la usa en la investigación penal sobre el delito que le entregó al tribunal y que esa precaución les permite evitar prejuzgar. 

Eso a pesar de que el Código penal colombiano -que también rige el trabajo del JEP- sí tipifica el secuestro como un delito, aunque el derecho penal internacional lo define de manera diferente.

Los tres dilemas de la JEP

Más allá de la discusión lingüística, la palabra ‘retenciones’ esconde tres duros dilemas que la JEP deberá resolver en los próximos meses.

El primero es precisamente qué calificación jurídica le dará al delito en su resolución de conclusiones, algo que antes de la pandemia se preveía ocurriría a mediados de año. 

Para empezar, la JEP debe determinar si considera que los secuestros de las FARC fueron detenciones arbitrarias (como en el derecho internacional de derechos humanos), toma de rehenes (como en el derecho internacional humanitario) o el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad (como en el Estatuto de Roma), siempre que lo considere parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Los magistrados también deberán decidir si acusan a los exguerrilleros de otros delitos adicionales, como homicidio, desaparición forzada o incluso violencia sexual, como han denunciado varios soldados y policías secuestrados. Dos otros posibles delitos conexos, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrían reflejar esa verdad que las víctimas están exigiendo a las Farc.

Uno de los puntos complejos acá es cómo califica el trato dado a los 394 soldados y policías que están acreditados como víctimas en el caso, dado que no son civiles y muchos de ellos fueron secuestrados, como el general Mendieta, mientras estaban de servicio.

Para la ex guerrilla, eran prisioneros de guerra, pero la aplicación de este concepto a conflictos armados no internacionales es muy discutida y la evidencia demuestra que las Farc no siguieron los criterios del Tercer Convenio de Ginebra para estos casos, entre ellos el de permitirles la comunicación o el acceso a recursos legales. 

Aunque el acuerdo de paz dice que la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares puede ser considerada como un delito conexo a la rebelión, eso no exime a las antiguas Farc de ser acusadas de otros delitos como tortura o violencia sexual. De hecho, las pruebas que haya de esos otros delitos pueden hacer que los magistrados descarten considerar el secuestro original como un delito con fines políticos.

En todo caso, sin importar cómo termine abordando la JEP este dilema, probablemente se enfrentará a algún grado de rechazo de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos - o a las apelaciones de los abogados de los acusados.

Un segundo dilema es a quiénes considerará la JEP como máximos responsables del secuestro, dado que el modelo colombiano de justicia transicional busca concentrar la responsabilidad penal en los quienes estuvieron al mando y quienes tuvieron un rol esencial en el delito. Es decir, la Sala de Reconocimiento deberá identificar qué miembros de las FARC diseñaron la política de secuestro y dieron instrucciones a sus subalternos.

Esto probablemente significa que los altos mandos de las FARC tendrán que rendir cuentas por esa política que llegaron a llamar 'ley'. 

Pero ya hay un problema que se está haciendo evidente: un número significativo de los testimonios que ya tiene la JEP provienen de esos altos cuadros de la guerrilla, lo que explica en parte por qué se han quedado cortos en detalles sobre el sufrimiento de las víctimas.

Como relata Luis Eladio Pérez, sólo un carcelero -Alexander Farfán, más conocido como 'Gafas'- dio información precisa sobre su cautiverio. “Fue el único que reconoció algo de lo que nos pasó. Los del bloque y la del Secretariado se limitaron a decir que fueron retenciones con carácter político, para presionar al gobierno a un canje o un intercambio humanitario”, dice.

Una posible explicación de esto es que elegir un sistema de macrocasos en un país donde hay 8,9 millones víctimas implica necesariamente algún tipo de sacrificio y que los magistrados sólo podrán desenterrar una cierta cantidad de detalles sobre lo que ocurrió.  

Pero esta realidad también podría llevar a la Sala de Reconocimiento de la JEP a ver que quienes conocen mejor las verdades que las víctimas quieren oír podrían no ser las mismas personas que aparecerán encabezando su acusación. 

En lugar de eximirlos de toda responsabilidad, la JEP podría terminar vinculando a quienes participaron en el secuestro, pero no fueron sus máximos responsables, y recomendar para ellos sanciones de dos a cinco años, como contempla el acuerdo de paz.

Un último dilema es qué sanciones propone la JEP para los miembros de las FARC que señale. Dado que el modelo colombiano busca un equilibrio entre la retribución y la restauración, sus magistrados pueden hacer que las disculpas públicas a las víctimas sean una parte obligatoria del castigo. Esto podría, a su vez, ser un incentivo adicional para que los autores de los secuestros cuenten a los sobrevivientes las verdades que están exigiendo.

La perspectiva de las FARC

Los ex miembros de las FARC suelen ser reacios a discutir sus obligaciones ante la justicia transicional, invocando constantemente la falta de avances del Gobierno en implementar los otros capítulos del acuerdo. También suelen ser firmes en su postura de que los casos están en curso en la JEP y que la sociedad colombiana -incluidas las víctimas- deben permitirles seguir su curso.

“Hay un procedimiento y estamos avanzando. Dejemos que el acuerdo surta su efecto”, dice Luis Alberto Albán, representante a la Cámara del partido Farc y parte del equipo negociador de la guerrilla en La Habana. 

Era incluso uno de sus negociadores durante la fase secreta a comienzos de 2012, cuando la guerrilla abandonó públicamente el secuestro como gesto de buena voluntad destinado a demostrar que se tomaban en serio un eventual acuerdo de paz.

Inicialmente, le dijo a La Silla en marzo que piensan que la mayoría de las críticas provienen de víctimas que no desean que la justicia transicional avance o que tienen un interés personal por aparecer en titulares. Presionado más y confrontado con los testimonios de diversas víctimas, admitió que es una discusión difícil que tienen que asumir dentro de su partido político.

“Oír ese tipo de cosas, como los relatos sobre el trato cruel, nos interesa y nos pone a pensar”, dijo Albán, que pasó tres décadas en las Farc bajo el nombre de 'Marcos Calarcá'. “Expresen todo lo que sienten. Nosotros vamos a expresarnos luego sobre eso. No tenemos que aceptar todo lo que no compartimos, no puede ser que penda la guillotina sobre nosotros. No fue lo acordamos, ni es la idea. Pero es parte de una discusión que tenemos: es un tema de términos y no veo que sea imposible”.

Entre tanto, las víctimas –desde las que son críticas de la JEP como Jaime Felipe Lozada como las que tienen una visión positiva de ésta- todavía esperan que sus antiguos captores se vean obligados a ser más comunicativos en un caso que seguramente marcará la legitimidad de toda la justicia transicional.

“La JEP tiene la oportunidad de ofrecer una narración de lo que pasó de verdad para la historia. Nuestro interés es que esos casos no se vuelvan a presentar, pero para eso debe haber sinceridad total de las Farc. Eso es lo que restablece la dignidad de las víctimas que pasaron por esa situación tan difícil”, dice el general Mendieta.

“Todavía abrigo la esperanza, porque si la JEP se limita a escuchar la versión de nosotros y luego la de ellos, será el fracaso de la justicia transicional y en el imaginario de la gente va a quedar que estuvimos en un hotel de cinco estrellas”, dice Luis Eladio Pérez, que volvió a la política el año pasado y perdió la elección a gobernador de Nariño. Durante su campaña, como contó La Silla, recibió -y decidió aceptar- el improbable apoyo del partido de las Farc.

“Yo tuve la nobleza de aceptar ese perdón y luego su apoyo como un gesto de reconciliación, incluso a un costo político que pudo haber contribuido a que perdiera la gobernación. No me arrepiento de haberlo hecho: fue un descanso y hoy me siento más liviano de peso –dice- Ese gesto no ha sido correspondido por las Farc, porque no hay verdad”.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.