El alfil de Rey para 2019 se topa con un referendo en contra

Un colectivo ciudadano en Mosquera ya consiguió las 7 mil firmas que necesita para realizar un referendo que tumbe el POT de ese municipio, firmado en 2009 por Nicolás García, hoy precandidato a la Gobernación del ala del Gobernador.

En Mosquera, municipio vecino de Bogotá, se abre paso un nuevo proceso para tumbar el Plan de Ordenamiento Territorial, como ha ocurrido en otros municipios de la Sabana de Bogotá; pero a diferencia de Chía, Cajicá, Madrid y Facatativá, donde los opositores a esos planes los han demandado, allí quieren hacerlo mediante una consulta popular para la que ya recogieron el mínimo de 7 mil firmas que tienen que presentarle a la Registraduría.

Es un mecanismo inédito para tumbar un POT, mucho más político que una demanda, y por eso mismo es más vistosa una movida que tiene que ver con las elecciones locales del año entrante: los cuestionamientos a ese Plan recaen, a su vez, sobre el Alcalde de Mosquera que lo impulsó y firmó en 2013, Nicolás García, hoy precandidato a la Gobernación de la entraña del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Las críticas

La idea de tumbar el POT de Mosquera la lideran la Veeduría Transparencia por Mosquera y el colectivo Mosquera Territorio Sostenible, que nacieron el año pasado.

Éste último, como contamos en La Silla Cachaca, hace parte de la ola de colectivos que nacieron en Chía, Cajicá, Tabio y Cota con la idea de tumbar o modificar esos planes porque consideran que afectarían el medio ambiente de sus municipios, o porque consideran que hubo irregularidades y hasta corrupción.

El principal argumento de los promotores es que Mosquera no tiene cómo soportar la expansión prevista en el POT, ya sea porque no hay suficiente agua para garantizar la llegada masiva de viviendas o porque sus vías no están en capacidad de albergar el crecimiento del municipio.

Lo del agua es central porque el 80 por ciento del agua que consume Mosquera se la compra al Acueducto de Bogotá (en lo que comunmente se llama venta de agua en bloque), y en el municipios hay cortes constantemente.

A finales de 2016, cuando apenas comenzaban a explorar la posibilidad de tumbar el POT, los promotores le pidieron al Acueducto que les dijera si en un futuro le podía vender mucha más agua a Mosquera, ya que eso es necesario para expandir el municipio tal y como lo prevé el POT.

La respuesta fue que la infraestructura ya estaba copada dado que el tubo de transporte de agua no es lo suficientemente amplio como para surtir más agua. Ese es un argumento de la Veeduría y el Colectivo para vender su idea de que es imposible que el municipio se expanda como lo propone el POT.

Así se fueron llenando de argumentos, además porque consideran que el POT lo que hace es favorecer a las constructoras a costa del crecimiento desordenado del municipio.

Por eso, tras una consulta al Consejo Nacional Electoral, decidieron hacer un referendo. De acuerdo con Carlos Sabogal, vocero del comité promotor, una demanda “es muy complicada y se demora unos cinco años. Además, queremos involucrar a la gente”.

Sabogal fue candidato a la Alcaldía de Mosquera en 2015, y se quemó con 1.250 votos. Él dice que que no tienen un objetivo político y que ningún político apadrina la iniciativa, pero es inevitable que las consecuencias de este proceso toquen intereses de ese tipo.

La movida política

Salir a buscar firmas les ha dado visibilidad en un municipio donde los líos por los cambios en los usos del suelo y en los POT son sensibles porque han sido de resonancia nacional. Sobre todo por cuenta del exalcalde Álvaro Rozo, que al parecer benefició a Jerónimo y Tomás Uribe, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, con el cambio del suelo en unos terrenos del municipio. Rozo fue imputado por la Fiscalía recientemente por otro enredo en Apulo.

El exalcalde Álvaro Rincón también fue imputado por volteo de tierras porque, según la investigación de la Fiscalía, multiplicó por cuatro el valor a un predio de su esposa en un cambio que le hizo al POT.

El Tiempo contó que el día de 2009 en que la Alcaldía autorizó ese cambio, Rincón estaba fuera del cargo y el Alcalde encargado era Nicolás García, que posteriormente fue el alcalde que firmó el POT de 2013 que quieren tumbar los promotores del referendo, y hoy es el precandidato a la Gobernación más cercano al gobernador Jorge Rey.

García no tiene investigaciones por ese caso, pero la sola idea de tumbar el POT que él firmó le termina generando ruido a su candidatura.

Él es, como ha contado La Silla Cachaca, un alfil del Gobernador, pues éste lo nombró Jefe de Gabinete para ser un puente entre Rey y sus secretarios, y a finales del año pasado renunció para gerenciar la campaña de Germán Vargas Lleras en Cundinamarca, también como una apuesta de Rey por esa candidatura.

Terminadas las elecciones, García, que milita en el Partido de la U, comenzó a trabajar en su campaña para la Gobernación en 2019, el año en el que también se haría el referendo que están impulsando los opositores al POT que él firmó.

Él considera que aunque lo que están haciendo “es legítimo, a la gente la están malinformando”, le dijo a La Silla Cachaca.

“Los estudios para hacer ese POT no los hizo la Alcaldía, sino la Universidad Nacional”, agregó. “Ellos (los promotores) le han dicho a la gente que son hasta 500 hectáreas de expansión, cuando en el POT se habla de 370 y, de esas, yo sólo habilité 60. El resto se incluyeron porque vienen de planes de ordenamiento anteriores”.

En medio de ese rifirrafe ha avanzado la recolección de firmas, que en sí misma es un hecho político porque el fin de semana pasado, le dijo Sabogal a La Silla Cachaca, alcanzaron 8 mil, y la idea es llegar a 12 mil para presentarse de aquí a enero ante la Registraduría.

Los promotores tienen el reto de que les validen al menos las 7 mil que son necesarias, y luego de que su apuesta por el referendo, que por ser nueva para estos casos no deja de ser un paso sobre un terreno cenagoso que alguien podría intentar hundir acudiendo a la justicia.

“Si esto no funciona, pues acudimos a las vías legales”, nos dijo Sabogal. Eso sería, en todo caso, el año entrante, en medio de la campaña por la Alcaldía de Mosquera y la Gobernación de Cundinamarca.