En campaña, Duque prometió que el día después de su posesión irá a la isla. La encontrará con el Gobernador suspendido, casi sin servicio de salud y los homicidios disparados.
La crisis del San Andrés al que llegará Duque en su primer día
Días antes de la segunda vuelta, Iván Duque anunció que el primer viaje que hará un día después posesionarse, el próximo siete de agosto, será el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Encontrará un departamento en crisis institucional y social.
La crisis tiene varios ejes y se ha venido cocinando por años, pese a que el Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos le dedica un aparte específico al Archipiélago.
De hecho, en un reciente informe, la Contraloría informó que, aunque en el departamento se han invertido desde el 2012 poco más de 324 mil millones de pesos, estos esfuerzos “no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de esta importante región del país”.
Estos son seis de los principales problemas del San Andrés al que llegará el nuevo Presidente la semana entrante:
Un hospital sin siquiera sábanas para los enfermos
En la isla de San Andrés viven poco más de 73 mil personas y sólo hay un hospital de tercer nivel para atenderlas. Para rematar, desde hace un año, cuando una nueva empresa (Salus Global Partners) entró a operarlo, empezaron a faltar los insumos y la prestación del servicio empezó a empeorar.
Como contamos en La Silla Caribe, la mala hora del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial llegó a tal punto que no tenían sábanas con qué atender a los enfermos y los medicamentos y los alimentos eran inconstantes.
Además de esto, los residuos hospitalarios no eran desechados de manera adecuada y se acumulaban a las afueras del hospital.
El problema es, también, que la segunda fuente de insumos para atender a la isla está a tres días en barco y dos horas en avión y, por ende, este hospital con tan mal servicio es el único que puede atender a los sanandresanos.
Por las presuntas irregularidades que cometió la Gobernación en la celebración del contrato con el nuevo operador del hospital, la Procuraduría suspendió el pasado 20 de abril por tres meses al gobernador liberal Ronald Housni.
A finales de junio, el procurador, Fernando Carrillo, visitó la isla y criticó la labor de la entonces gobernadora encargada, Sandra Howard, y dijo que su actuación para solucionar la crisis no había sido “satisfactoria”.
Anunció, también, que en el hospital existe todavía un alto riesgo de contaminación, ya que “los insumos médicos, los medicamentos y los alimentos están ingresando al hospital por la misma ruta donde se almacenan los elementos peligrosos”.
A mediados de julio, la Superintendencia de Salud multó a la Gobernación por poco más de 390 millones de pesos por no haber hecho las inspecciones y la vigilancia adecuada.
Un Gobernador suspendido por irregularidades en la contratación
Hace poco más de tres meses, la Procuraduría suspendió dos veces al gobernador liberal Ronald Housni que, como hemos contado en La Silla Caribe, pertenece a uno de los dos grupos políticos que tradicionalmente han tenido el poder en la isla.
La primera de las suspensiones, como contamos anteriormente, fue por tres meses por las presuntas irregularidades que el ente de control halló en la celebración del contrato con el operador del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial.
La segunda suspensión vino ese mismo día y fue por 10 meses por haber suscrito, con la Cámara de Comercio, un convenio para la celebración del Green Moon Festival sin que la entidad presuntamente contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual.
En ese momento, el presidente Juan Manuel Santos nombró como Gobernadora encargada a la viceministra de Turismo, Sandra Howard.
La semana pasada, el presidente eligió de la terna que envió el Partido Liberal -el partido que controlan los Housni- al exsecretario general de la Gobernación, Alain Manjarrés Flórez, que es del grupo del exrepresentante Housni.
Una isla sin agua para tanta gente
Uno de los problemas históricos de San Andrés es la falta de agua potable. De acuerdo a las más recientes cifras del Departamento Nacional de Planeación (2016), el 68,9 por ciento del departamento no tiene acceso al acueducto.
De hecho, es, después de Guainía, el segundo departamento del país con menor acceso a agua potable.
Así, hay zonas en la isla que no tienen acceso al agua las 24 horas del día. Incluso hay sitios, como La Loma, que pueden durar 20 días sin agua.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría alertó sobre la vulnerabilidad de la isla frente a una escasez de agua producto de las condiciones geográficas, el turismo, el cambio climático y la sobrepoblación.
Se estima que la densidad poblacional de la isla es de 2.900 personas por kilómetro cuadrado; una cifra muy superior a la del resto de Colombia (42 personas por kilómetro cuadrado) y a la de otras islas del Caribe como Barbados (680), Haití (384) y Puerto Rico (368).
Este elevado número de personas dificulta el acceso al agua en una isla que no tiene ríos y en el que sólo hay dos acuíferos desde donde sale la mayoría del agua potable.
El pasado 17 de julio, con el objetivo de solucionar esta falta de agua, el saliente Gobierno Santos inauguró una planta desalinizadora, que convierte el agua de mar en agua potable, cuyo costo fue de 12.500 millones de pesos y que abastecerá a los barrios de La Loma, El Cove y San Luis.
Aun así, esta planta destinada a abastecer a “gran parte” de San Andrés no alcanzará a suplir las necesidades de toda la isla, pues la otra planta que existe suple a los hoteles y al centro.
Unos homicidios disparados
En los últimos años, San Andrés ha padecido la llegada de bandas criminales que han aumentado la violencia en la isla.
A mediados de este año, el defensor del pueblo, Carlos Negret, alertó sobre un enfrentamiento entre las bandas criminales de La Empresa, con vínculos en el Pacífico, y los Rastrojos, con presencia varias zonas del país.
Este enfrentamiento, cuyo fin es el “control territorial y marítimo para el tráfico de narcóticos, armas y contrabando”, ha hecho, según el Defensor, que el índice de homicidios haya subido en la isla. San Andrés pasó de 11 homicidios en el 2016 a 22 en el 2017.
Actualmente, según el censo delictivo de finales de junio de la Fiscalía, en San Andrés, los homicidios han aumentado un 57,14 por ciento con respecto al 2017; convirtiéndolo, después de Amazonas y Córdoba, en el tercer departamento en donde más han aumentado los homicidios este año.
La extorsión también ha aumentado un 67 por ciento con respecto al año pasado, ubicando a San Andrés en el cuarto departamento, detrás de Guainía, Vichada y Santander, que más ha visto subir este delito en el 2018.
Una pobreza en aumento
Pese a que en los últimos años la pobreza en San Andrés -que tradicionalmente ha sido mucho más baja que el promedio nacional- ha venido disminuyendo, la última medición del Dane muestra que ésta ha aumentado. Aun así, quedó casi 20 puntos abajo del promedio nacional.
De esta forma, mientras que del 2012 al 2015 la pobreza monetaria, que mide el nivel de ingresos de los habitantes, pasó del 16,5 por ciento al 7,3 por ciento, en la más reciente medición del Dane (2016) este indicador subió al 8,6.
Del mismo modo, la pobreza extrema subió, del 2015 al 2016, de 1 por ciento a 1,5 por ciento. También lo hizo el Coeficiente Gini, que mide el nivel de desigualdad en una población y que pasó de 0,401 a 0,421 en estos mismos años.
Una contaminación que borra el mar de los siete colores
En un informe publicado a finales de abril, la Contraloría encontró que en San Andrés hay varias fallas en el tratamiento de residuos que terminan contaminando uno de los lugares proclamados por la Unesco como una Reserva Mundial de Biósfera.
Por un lado, encontró que las aguas residuales de la isla son vertidas en el mar, a tan solo 500 metros de la costa, sin ningún tipo de tratamiento.
Esto hace que, en palabras del ente de control, “el agua cristalina que caracteriza a San Andrés sea reemplazada por aguas oscuras con olores desagradables, contaminando el que ha sido llamado ‘mar de 7 colores’”.
Por otro lado, la Contraloría halló que el único relleno sanitario que existe en la isla, llamado ‘Magic Garden’, está llegando a su tope y, dado que no hay otro lugar en donde deshacerse de los residuos sólidos, hay riesgo de una emergencia sanitaria.
El ente de control encontró, también, que el manejo de estos residuos no es el adecuado y que gran parte de los líquidos que desprenden estas basuras terminan llegando a acuíferos subterráneos que se utilizan como fuente de agua.
Para rematar, la Contraloría también denunció que una planta que se había construido para tratar los residuos sólidos, que además buscaba generar energía para que la isla dejara de depender de la importación de diesel, está inactiva; algo que habíamos contado en La Silla Caribe en esta historia.
La planta fue construida hace seis años, costó 24.380 millones de pesos y, pese a estar en buenas condiciones, no está siendo utilizada.