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La Fiscalía vinculó al exalcalde samario con el crimen de un estudiante. Él responde que es persecución y que se lanza a la Gobernación. Pero no es el único ruido a su alrededor.
Los cuestionamientos a Carlos Caicedo
La Fiscalía General soltó una bomba hace unos días que terminó ayudando a clarificar el panorama electoral en el Magdalena este año: anunció que tiene evidencias de que el exalcalde samario, Carlos Caicedo, está vinculado al crimen de un estudiante cuando rector de la Universidad del Magdalena. Ante eso, Caicedo respondió diciendo que se trata de “ataques” frente a los que lanza su candidatura a la Gobernación.
El lanzamiento a la Gobernación del líder de izquierda revuelve el ajedrez local, debido a que la especulación era que se la jugaría por intentar mantener el poder en la Alcaldía de Santa Marta, que controla desde hace ocho años.
Al ir por el manejo del departamento, el dirigente de Fuerza Ciudadana dobla su apuesta y queda enfrentado directamente a sus grandes rivales: los llamados ‘Conejos’ de la casa Cotes, que encabeza el exgobernador vargasllerista Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, quien es el poder a la sombra en la Gobernación y aspirará a ese cargo.
Más allá del efecto en lo electoral, con su reacción Caicedo vuelve a insistir en que lo que tiene la justicia en contra suya es una “persecución política”.
Sus cuestionamientos, sin embargo, no son pocos.
Lo más reciente
El anuncio de la Fiscalía se da dentro de una investigación que Caicedo tiene abierta desde el 2006, por el asesinato del líder estudiantil Hugo Elías Maduro, ocurrido en el 2000.
La investigación, que se adelanta en el sistema penal antiguo, llegó al punto en el que la Fiscalía decidió “resolver la situación jurídica”, que es cuando decide si lo mantiene en libertad, le decreta detención preventiva o le impone otras restricciones.
Al resolver la situación jurídica de Caicedo, decidió que el exprecandidato presidencial no podrá salir del país, tendrá vigilancia permanente, no podrá comunicarse con testigos o víctimas del proceso, y debe pagar una sanción de 25 millones de pesos.
Lo anterior porque, supuestamente, encontraron evidencias que lo vincularían con el asesinato (lo procesan por los delitos de concierto para delinquir y homicidio) y también con la presunta entrega de contratos a los paramilitares en la Universidad del Magdalena cuando fue su rector.
Un crimen lleno de versiones encontradas
El de Hugo Elías Maduro Rodríguez es uno de los tres asesinatos que marcan la época del terror paramilitar en la Universidad del Magdalena. Los otros dos son los del vicerrector Julio Otero y del decano Roque Morelli.
Aunque el más reciente anuncio de la Fiscalía se refiere sólo al homicidio de Maduro, Caicedo está siendo investigado por los tres homicidios -como nos lo confirmó su abogado, el penalista Iván Cancino- que sucedieron entre el 2000 y el 2002, mientras trabajaba como rector de la Universidad del Magdalena (1996-2006).
Durante sus diez años en cabeza de la Universidad, Caicedo saneó las finanzas de la universidad y se la quitó de las manos a los políticos tradicionales del Magdalena. A raíz de esto sostuvo una larga pelea con el exgobernador Trino Luna, condenado por sus nexos con los paramilitares.
A Maduro lo mataron el 26 de mayo del 2000, a Otero el 14 de mayo del 2001 y a Morelli el 5 de septiembre de 2002.
Maduro era estudiante de Economía de la Universidad del Magdalena y fue asesinado, cerca de las ocho de la noche, en la entrada de su casa un viernes en la noche.
Con él, se encontraba en ese momento su hermana, Cándida Maduro Rodríguez, quien vio cómo dos hombres en moto rondaban su casa hasta que, finalmente, uno de ellos se bajó a dispararle a su hermano.
Gracias a las declaraciones de Cándida Maduro, ocho años después fueron condenados por el homicidio de su hermano los paramilitares Helmer Said Hincapié de la Cruz y Luis Carlos López Castro, quienes hacían parte del grupo ‘Urbanos de Santa Marta’ bajo el mando del jefe paramilitar del Bloque Tayrona de las AUC Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’.
López Castro confesó haber sido el conductor de la moto y de estar bajo el mando de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Mono Leche’. Fue condenado a 23 años de cárcel.
Hincapié, que fue quien disparó hasta matar a Hugo Elías Maduro, fue condenado a 40 años, pero un año después el Tribunal Superior de Santa Marta revocó la condena por supuestas contradicciones en las declaraciones de Cándida Maduro.
Sin embargo, en el 2013, la Corte Suprema revocó esta absolución y condenó a Hincapié a poco más de 27 años de cárcel.
Las menciones a Caicedo en el caso han tenido dos vías principales.
Primero, por lo que Cándida Maduro ha asegurado en juzgados y en medios.
De acuerdo a lo que ella ha dicho a lo largo del proceso -y que fue recopilado por la Fiscalía en un escrito del 2009 en el que pide continuar con la investigación de los tres asesinatos- en el camino al hospital, su hermano Hugo le dijo que quien lo había mandado a matar había sido Caicedo.
La razón habría sido por una supuesta tutela que Maduro instauró contra el entonces rector, y la denuncia que hizo de la supuesta carencia de requisitos que él tenía para ocupar ese cargo.
El nombre del Exrector también aparece en menciones de los propios paramilitares, incluyendo la de uno de los asesinos.
En un video, subido a Youtube en octubre del 2013, aparece un hombre que afirma ser el exparamilitar Luis Carlos López Castro, alias ‘Orejitas’, quien era el que conducía la moto, asegurando que la orden de asesinar a Maduro la dio Caicedo.
“El señor Carlos Caicedo le entregó un papel al señor ‘Mono Leche’ en donde estaban unas personas que había que dar de baja”, afirma el exparamilitar, tras hablar de una supuesta reunión en la Universidad del Magdalena entre Caicedo y los paramilitares.
“El señor dio la información para matar a Hugo Maduro”, dice López segundos más tarde en el mismo video refiriéndose al Exalcalde samario.
Asimismo, aparece un hombre que se identifica como el exparamilitar del Bloque Tayrona. Édgar Ochoa Ballesteros, alias ‘Morrocoyo’, quien según el testimonio de López participó en esa reunión. Ochoa afirma en un video, publicado por esos mismos días de octubre del 2013, que Caicedo está implicado en los tres homicidios.
“Estos crímenes que se han desarrollado en esa universidad vienen por parte de esa persona (Carlos Caicedo) ya que él ha colaborado con información”, dice Ochoa refiriéndose a Caicedo y asegurando haber sido testigo de esto.
Sin embargo también existen otras versioens de exparamilitares que aseguran que el exalcalde samario no tuvo nada que ver con el asesinato de Maduro.
En 2007, cinco meses antes de ser extraditado a Estados Unidos, el exjefe paramilitar Hernán Giraldo aseguró que la orden fue parte de un plan de exterminio de la izquierda en el departamento.
“Hugo Maduro, estudiante de la Universidad del Magdalena perteneciente a la Juventud Comunista (fue asesinado) porque estaba adelantando gestiones de guerrilla en la ciudad de Santa Marta. Lo que olía a guerrilla había que darlo de baja. La orden del asesinato la dio el comandante Giovanni Ordoñez, ‘Mono Leche’ y la ejecutó ‘El Paisita’”, aseguró el Exjefe paramilitar.
Esta versión fla repitieron, como cuenta Verdad Abierta, Adán Rojas Ospino y sus hijos Rigoberto, Adán, José Gregorio y Camilo Rojas Mendoza, quienes conformaron el llamado ‘Clan de los Rojas’, que hacía parte del bloque que dirigía Giraldo.
Ante un juzgado de Justicia y Paz aseguraron que la orden para matar a cualquiera que militara en la izquierda, incluyendo a Hugo Maduro, Roque Morelli, Julio Otero y el mismo Carlos Caicedo, la dieron Giraldo y Carlos Castaño.
Del mismo modo, en defensa de Caicedo, en diciembre del 2017, el exparamilitar José Gelves Albarracín, alias ‘Canoso’, aseguró, en una entrevista a Noticias Uno, que el entonces rector no tuvo nada que ver con los homicidios de los miembros de la Universidad del Magdalena.
“¿Qué se montó? Matar a todos esos muchachos y, por último, no matar a Caicedo y echarle la culpa de todos los muertos”, aseguró ‘Canoso’, quien más tarde en el mismo testimonio asegura que en la estructuración de este planestuvo involucrado Álvaro Cotes, ‘el Conejo’, padre del exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes y rival polìtico de Caicedo.
En mayo del año pasado, durante una audiencia de Justicia y Paz, el exparamilitar Adán Rojas Mendoza afirmó que dos abogados de Álvaro Cotes les dieron 100 millones de pesos a él y a su hermano José Gregorio, por declarar en contra del entonces precandidato a la Presidencia.
Frente a la noticia al respecto de Noticias Uno, los abogados implicados, Álex Fernández y Dilia Barón, respondieron que las acusaciones son falsas y no tienen una investigación formal.
Iván Cancino, abogado de Carlos Caicedo, y nos dijo que toda la investigación es “un absurdo”, ya que la Fiscalía está investigando a Caicedo por los asesinatos de “amigos de él de izquierda, supuestamente estando con los paramilitares, cuando él es un desmovilizado del ELN”.
Agregó que los testimonios de exparamilitares que lo vinculan al homicidio “son versiones dadas muchos años después y muchas de ellas en contravia o contradicción de lo que ya dijeron”.
A este duro caso se le suman los otros líos que enfrenta Caicedo en la Fiscalía, por hechos ocurridos durante su periodos como alcalde de Santa Marta (2012-2015).
Los líos por contratación
Además de este proceso, Caicedo tiene dos imputaciones penales y está a la espera de una tercera por presuntas irregularidades en la contratación.
La primera imputación tiene que ver con las posibles irregularidades cometidas en la contratación de cinco puestos de salud en Santa Marta.
Estas obras fueron contratadas por el entonces alcalde Caicedo por intermedio de la ESE Alejandro Próspero Reverend por 6.537 millones de pesos.
Luego, alegando que la ESE se quedó sin plata para pagar la totalidad de la obra, su sucesor y apadrinado Rafael Martínez suscribió un nuevo contrato por licitación, esta vez con 6.079 millones de pesos recursos del Distrito, para terminar los centros de Taganga, La Paz y el IPC Candelaria.
Mamatoco quedó por fuera porque en palabras del actual mandatario “no había recursos para los cuatro”, como nos lo contó él mismo cuando hicimos esa historia.
Pese a que los cinco centros de salud debían estar listos en julio de 2015, para esa fecha aún no habían sido entregados y, de hecho, hoy en día, algunos no están todavía funcionando al 100 por ciento.
La segunda imputación tiene que ver con las posibles irregularidades en la contratación de la Red de Parques de Santa Marta.
Según la Fiscalía, Caicedo habría quebrantado el principio de planeación en los contratos 390 y 413 de 2015 en los que se planeaba construir 40 parques.
Como también contamos en La Silla Caribe, esas obras tuvieron adiciones de poco más de siete mil millones de pesos.
La tercera investigación que adelanta la Fiscalía tiene que ver con presuntas irregularidades en la construcción de la Megabiblioteca de Santa Marta.
La audiencia de imputación de cargos por este caso estaba prevista para el pasado 8 de noviembre, pero fue aplazada y, hasta el momento, no se sabe cuándo será.
Y aunque no tiene ningún proceso abierto por ello, de los ruidos alrededor de Caicedo también hay que decir, como lo hemos revelado, las múltiples veces que su movimiento Fuerza Ciudadana ha utilizado la Alcaldía samaria en beneficio de los intereses políticos del Exalcalde, replicando las prácticas de los políticos tradicionales que él tanto ha criticado y enfrentado.
El uso político de la Alcaldía
En la campaña de 2015, se utilizó la Alcaldía (que entonces estaba en cabeza directa de Caicedo) para ayudar a la campaña del actual alcalde Rafael Martínez. Por ejemplo, como contamos, entidades de la ciudad -como la Dirección de Deporte, Recreación y Cultura- fueron aprovechadas para recoger las 155 mil firmas que necesitaba Martínez para lanzarse a la Alcaldía.
Luego, a comienzos del 2017, a funcionarios y contratistas del Distrito les exigieron llevar entre cinco y 10 personas a la marcha que lideró Caicedo en contra de Metroagua, la concesionaria hasta abril de ese año del acueducto y alcantarillado de Santa Marta, que se convirtió en el caballito de batalla electoral del exalcalde en su campaña por defender lo público.
A finales de ese año, el exalcalde samario empezó su campaña presidencial y contratistas del Distrito fueron utilizados para recoger las firmas que Caicedo necesitaba para su consolidar su candidatura.
Por último, en las legislativas del año pasado contamos cómo se utilizó a los contratistas de la Alcaldía para ayudar a Caicedo a conseguir votos para la consulta en la que se enfrentó a Gustavo Petro, y para los dos candidatos del caicedismo en esas elecciones: su hermana Patricia Caicedo a la Cámara y Antonio Sanguino al Senado.
Caicedo siempre ha asegurado sobre todas estas cosas que es inocente y un perseguido polìtico.
Asegura que, cada vez que emprende un nuevo proceso electoral, le aparece una nueva investigación judicial. Además, afirma que éstas se han incrementado desde que empezó a sonar como precandidato presidencial.
En el mismo sentido, en noviembre del año pasado, 18 congresistas de la oposición firmaron una carta sustentando que las investigaciones contra Caicedo hacen parte de una persecución política.
El argumento principal de los congresistas para aseverar que las investigaciones de Caicedo son producto de una persecución es que, en las dos imputaciones que tiene y en la tercera en la que ha sido llamado a audiencia, la seccional del Magdalena de la Fiscalía ha pedido medida de aseguramiento en contra del Exalcalde samario.
Esto, pese a que, según ellos, no se cumplen los requisitos para imponer una medida de aseguramiento (que el imputado pueda entorpecer el proceso, que haya posibilidad de fuga o que sea un peligro para la sociedad).
El hecho de que en las tres audiencias de imputación se haya pedido medida de aseguramiento hace que, para los congresistas, presuntamente estemos “en presencia de una persecución en contra del dirigente ciudadano Carlo Caicedo Omar”.
Con respecto al uso político que su movimiento le ha dado a la Alcaldía, el 17 de febrero del año pasado le respondió a La Silla Caribe que nuestra intención “parecía ser una estrategia de desprestigio” a su campaña orquestada por Cambio Radical.
Siguiendo el discurso de que es víctima de una persecución política, el Exalcalde de Santa Marta se monta en el bus de una nueva empresa electoral: ser gobernador del Magdalena.
