La sentencia de muerte que ronda a los líderes de Buenos Aires

En este municipio al norte del Cauca, no aceptar las condiciones de grupos ilegales puede poner una lápida sobre quienes no hagan caso. Viajamos a la zona y conocimos los cuatro casos más recientes.

Cauca es el departamento con más asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Entre enero de 2016 y febrero de 2018 se han contado 75 de estos homicidios según la Defensoría del Pueblo, especialmente en Buenos Aires, al norte del departamento.

De acuerdo con autoridades como la Defensoría y como contamos en esta historia, desde la salida de las Farc armadas de este territorio comenzaron a hacer presencia grupos como el ELN (que comenzó a subir hacia el norte luego de tener presencia en el sur), los Pelusos (autodenominados EPL), las Guerrillas Unidas del Pacífico (la disidencia de alias David, enemigo de alias Guacho en Nariño), y disidentes del Frente 30 de las Farc que han formado un grupo que se hace llamar Frente Unido del Pacífico y la Columna Móvil Jaime Martínez

Como por el municipio pasa la ruta de coca que conecta al Pacífico con los ríos Naya y San Juan y con los corredores de la cordillera occidental que van hacia Argelia, Patía y Balboa otros municipios cocaleros, son constantes las peleas entre bandos para apropiarse del territorio.

A lo que se suma la alta actividad minera del municipio (una tarea histórica que lleva más de 400 años), en la que foráneos y empresarios ilegales buscan lavar oro a través de cooperativas de pequeños mineros legales.

En este caldo de cultivo de reencauche del conflicto durante los últimos seis meses han sido asesinados cuatro personas reconocidas por su liderazgo: Fares Carabalí y José Fernando Castillo en enero y Gabriel Adolfo Correa e Ibes Trujillo en julio.

En dos de estos casos, los de Fares e Ibes, la Fiscalía aún no determina si los móviles de sus asesinatos tuvieron que ver con su liderazgo o con presuntos nexos con los grupos armados que se mueven por la zona.

Es un sánduche en el que quedan en la mitad los líderes en zonas donde el Estado no ha logrado evitar las amenazas y asesinatos y que, como nos dijeron dos líderes de Buenos Aires con los que hablamos por aparte, cuando un eleno, disidente o miembro de una bacrim les habla, no les pide cosas sino que se las ordena.

“¿Quién va a negarse a algo (que ellos piden) para poner en riesgo su vida?”, nos dijo uno de ellos, en relación a los casos investigados y la presunta relación entre los asesinados y sus posibles victimarios.

Para conocer a fondo qué ocurre en Buenos Aires y cómo van las investigaciones de los asesinatos, estuvimos en esta población hablando con uno de los líderes que conocía a las víctimas, otro líder minero que conoce la situación (pero está fuera del casco urbano por amenazas) y una autoridad local que investiga los hechos.

Todos nos pidieron no publicar sus nombres por miedo a represalias. Los líderes incluso no aceptan llamadas telefónicas porque creen que sus teléfonos están interceptados. Consideran que si se conocen sus identidades sería una sentencia de muerte.

El temor por la vida se normalizó en este municipio. Uno de los líderes con los que hablamos nos dijo que entre junio cuando fue la segunda vuelta presidencial y julio, contaron hasta 35 personas amenazadas que ejercen algún tipo de liderazgo en Buenos Aires y Suárez, otro municipio vecino donde hay otras dos disidencias.

Los amenazados, según la fuente, trabajan en actividades mineras, participan en las mesas de víctimas y hablan por las comunidades que representan.

Cuatro historias, cuatro asesinados

La estela de asesinatos arrancó el 23 de enero, cuando Fares Carabalí y José Fernando Castillo, miembros del consejo comunitario Cerro Teta, fueron asesinados cuando iban de Santander de Quilichao (Cauca) a Timba (Valle).

A las 6:30 de la tarde de ese día, cuatro personas en motos les dispararon y luego al carro en el que se movilizaban fue lanzada una granada de fragmentación.

Fares Carabalí además, era líder y representante de Coomultimineros, la cooperativa que agrupa a los mineros pequeños y artesanales de Buenos Aires y hermano del alcalde de ese municipio, Urdely Carabalí.

La Fiscalía tenía la mirada puesta sobre Fares. Era testigo clave en una investigación de la Fiscalía sobre presunto lavado de dinero a través de la cooperativa. Según una persona que conocía del caso, Fares iba a delatar a miembros de una empresa (no nos dijo cuál) a las que, como gerente, les dio certificaciones en blanco con el trato de avalar 300 kilos de oro pero que expidieron con 1000 kilos.

Es decir, estarían buscando lavar oro a través de esas transacciones, una actividad recurrente en zonas mineras.  

Pero un día antes de ratificar sus denuncias, fue asesinado.

Una alta fuente de la Fiscalía rehusó darnos más detalles del caso porque asegura que éste “es delicado” y “no se habla mucho del tema” por el mismo problema de seguridad en la zona.  

El lavado de minerales ilegales es común en esta región. En los últimos años han llegado foráneos de Antioquia y Nariño a extraer oro ilegal con retroexcavadoras o químicos que afectan el medio ambiente, el río Cauca y la estabilidad de los suelos.

Parte de esos mineros ilegales -diferentes a los artesanales- tienen respaldo de grupos ilegales que hacen parte de economías ilícitas que buscan minas legales para justificar parte de su dinero. Buscan legalizar oro que nunca ha sido extraído del municipio o que se explotó ilegalmente.

No dar los certificados conlleva amenazas. Uno de los miembros de Coomultimineros, nos dijo que según sus cuentas en Buenos Aires se han lavado más de 4 millones de gramos de oro entre 2015 y 2017.

Desde el 30 de marzo la cooperativa anunció que no certificará a ninguna persona externa y desde entonces la tensión ha aumentado.

Que Fares Carabalí haya sido asesinado porque iba a hablar contra los mineros ilegales es una de las hipótesis del caso. La otra que manejan las autoridades es que no había pagado una extorsión.

Seis meses después y en un lapso de 15 días, asesinaron otros dos líderes: el concejal de la Alianza Verde y líder minero Gabriel Adolfo Correa e Ibes Trujillo, miembro de varias organizaciones sociales en Buenos Aires y Suárez.

El 2 de julio, cuando en el municipio celebraban las fiestas de San Pedro y San Pablo, a Gabriel Adolfo Correa lo mataron a tiros cerca a su casa.

Gabriel vivía en el corregimiento de Palo Blanco a unos 15 minutos de Buenos Aires, tenía 49 años y su familia era conocida por su actividad minera. Además,  Gabriel era prestamista y su hermano era el dueño de una discoteca del pueblo llamada ‘El bombazo’.

Ese local y una gallera fueron unos de los sitios en los que Gabriel pasó las fiestas el día que lo asesinaron.

Esa noche, el concejal Correa recibió una llamada y tiempo después se fue a su casa en un servicio de moto. A unos 25 metros de su hogar le dispararon. Una persona que era cercana a él y conoció el caso dice que fueron seis tiros: cuatro en la cabeza y dos en el cuerpo.

Según la Fiscalía, Gabriel no había puesto ninguna denuncia por amenazas en Buenos Aires, pero una persona que trabajó de la mano con él nos dijo que hombres identificados como las Autodefensas Gaitanistas le pedían dinero por la actividad minera en Pablo Blanco y que desde hace cuatro meses había denunciado las amenazas.

“Hay rumores de que un hombre lo extorsionaba pidiéndole oro en el parque del pueblo pero el Concejal no cedió ni prestó atención a lo que este decía” nos dijo la fuente que conoce el caso.

“A Gabriel lo mataron por ser minero, no por ser político” nos dijo un amigo de Correa que cree que el asesinato tiene que ver con las denuncias que hacía por la relación entre el narcotráfico y la minería y la propuesta que él impulsó de no otorgar certificaciones a mineros que no fueran de la zona, denuncias que contamos en esta historia luego de su asesinato.

Ocho días después, el 10 de julio, dos hombres y una mujer armados llegaron a la finca de Ibes Trujillo en la vereda Agua Blanca de Suárez, a casi 40 minutos de Buenos Aires.

Trujillo fue secuestrado junto con un joven que estaba con él y que horas después fue liberado. Tenía más de 50 años, fundó una de las primeras organizaciones de víctimas del Cauca (Renacer Siglo XXI); fue fiscal del consejo comunitario de la Cuenca del Río Timba Marilópez; director y confundador de la empresa comunitaria Brisas del Río Agua Blanca Audacia en la que se cultiva café y plátano.

Ibes también apoyaba el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Algunas veredas de Buenos Aires pasaron en pocos años de ser cafeteras a cocaleras.

Tras el secuestro del líder, más de 100 personas presionaron con una protesta en el corregimiento de Bella Vista para que entregaran a Trujillo y amenazaron con hacer otra protesta con más de 400 personas.

Solo siete días después del secuestro, el 17 de julio, mientras se realizaba un Consejo de Seguridad en Cauca, precisamente por los hechos de violencia, la Guardia Cimarrona encontró el cuerpo sin vida de Ibes Trujillo en avanzado estado de descomposición a la orilla del Río Marilópez, en la vereda Las Brisas.

La incomodidad que causó el liderazgo de Trujillo en frentes como la sustitución y las víctimas del conflicto es una de las razones del asesinato que consideran los líderes con los que hablamos.

Una  hipótesis que maneja la Fiscalía sobre el asesinato es que Ibes tenía líos o amenazas que no había denunciado.

La otra tiene que ver con su pasado judicial y posibles nexos con delincuentes.

Según nos dijo un alto funcionario de la Fiscalia, en el municipio corre la versión de que Ibes era “amigo”, según nos dijo, del asesinado exguerrillero José Luis Campo Bermúdez, alías ‘Ácido’ o ‘Simón’, miembro del frente sexto de las Farc y que habría desertado para crear otro grupo armado.

El vaso comunicante que encontraron las autoridades entre alias ‘Ácido’ e Ibes Trujillo era un carro que estaba a nombre del líder en donde el exguerrillero se movilizaba cuando fue capturado cuando iba a realizar una extorsión en 2017. Por esto, las autoridades no descartaron en ese momento la posibilidad de que Trujillo tuviera nexos con el disidente.

(Además, La Silla conoció que el 4 de abril de 2017 la Fiscalía emitió orden de búsqueda a Ibes Trujillo por extorsión, que nunca se materializó).

Uno de los líderes con los que hablamos y que era cercano a Ibes nos dijo que como trabajaba en una zona guerrillera, ante las amenazas o peticiones de grupos al margen de la ley no hay mucho por hacer, por lo cual están en contacto constante con grupos armados, sin que ésto signifique cercanía o amistad.

“Cómo negarse si el que tiene las armas pone las condiciones”, nos dijo.

Con la presencia de disidencias el riesgo aumenta porque “si ellos sospechan o lo señalan a uno de guerrillero, lo pueden matar ahí y ya” nos dijo el líder con el que nos reunimos en el municipio.

A pesar de estas muertes y las amenazas constantes a los líderes sociales a nivel nacional, los dos líderes de Buenos Aires con los que hablamos nos dijeron por aparte que en ningún momento pensaban callarse o dejar de actuar en beneficio de la comunidad.

“No debería ser así, pero aquí ejercer un liderazgo sale caro”.