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Masacres, reclutamientos, asesinatos y atentados son algunos de los casos que las organizaciones indígenas identificaron y presentaron para el caso que acaba de abrir la justicia transicional.
Lo que podría investigar la JEP en el norte del Cauca
Magistrada indígena de la JEP encargada del caso del norte del Cauca, Belkis Izquierdo. Foto: Twitter JEP
Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura del quinto macrocaso que va a investigar sobre lo ocurrido en ocho municipios del norte del Cauca por las acciones de las Farc y de la fuerza pública entre 1993 y 2016.
Si bien no es la primera investigación con enfoque regional (el caso 002 es sobre Tumaco y el 004 de cinco municipios de Chocó y otros en Antioquia), es el más avanzado en el que la JEP trabajará en coordinación con la Justicia Especial Indígena.
La JEP deberá evidenciar quiénes fueron los responsables de actos violentos que causaron más de 100 mil desplazados y más de 7.500 asesinatos en estos 23 años, en lo que el enfoque étnico es relevante porque esos municipios tienen una alta población indígena (un 16 por ciento de toda la población del Cauca, alrededor de 233 mil personas) y afro (más del 20 por ciento de todos los caucanos, o unas 314 mil personas).
De hecho, al hacer el anuncio, la JEP indicó que había pedido información de los hechos a una organización indígena (Onic) y dos entidades estatales (Fiscalía y Centro de Memoria Histórica).
La importancia de la apertura del caso es tal que mañana jueves el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) entregará a la JEP otro informe de los hechos violentos que sufrieron en el marco del conflicto, con apuntes de cómo las comunidades indígenas lo vivieron y entendieron.
Hablamos con dos líderes indígenas de esta subregión, otro del Caribe y un investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica que estuvieron relacionados directa o indirectamente con la realización del informe que la Organización Nacional Indígena (Onic) presentó a la JEP donde relacionan algunos de los casos más graves que podrían ser investigados.
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La verdad sobre las masacres
Las masacres fueron uno de los principales flagelos a la población en los años de conflicto que revisará la JEP. Según Oscar Montero, asesor de Onic y coordinador nacional del informe ante la JEP, hubo al menos cinco, encabezadas por la del Naya.
Esa masacre la hizo el Bloque Calima de las autodefensas en 2001 en Buenos Aires.
Entre el 10 y el 13 de abril al menos 100 paramilitares al mando de Hébert Veloza, alias ‘HH’, hicieron un recorrido por el río Naya, en límites entre Cauca y Valle, y mataron 30 campesinos (según la Fiscalía, y 100 según la comunidad, porque dijeron que eran colaboradores de la guerrilla.
Los cuerpos tenían signos de tortura, los 'paras' los dejados en la vía y descuartizaron a algunos. La masacre generó el desplazamiento de más de tres mil personas.
La JEP podría esclarecer los vínculos entre los paramilitares y fuerza pública, pues las comunidades y varios informes de prensa como este de Verdad Abierta han denunciado que había una connivencia entre los dos y hubo probada negligencia de la fuerza pública, que llegó 13 días después.
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Los atentados a Toribío
Toribío es el municipio más atacado en esta zona por las Farc, con entre bombas, atentados y combates con la fuerza pública.
Uno de los hechos más violentos que fue la chiva bomba que aparentemente dejó el Frente 6 frente a la estación de Policía el 8 de julio de 2011, junto con otra bomba más pequeña en el banco agrario.
Murieron cinco personas, dejó más de 100 heridos, y 460 casas destruidas.
Ese mismo día estalló otro carro bomba en Corinto, que dejó 20 personas heridas, y hubo combates en Jambaló, Caloto y Caldono. Según Memoria Histórica, el norte del Cauca fue la región con más incursiones armadas en el país.
La JEP podría esclarecer las razones del ensañamiento del Frente Sexto y los responsables directos de esos atendados y ataques.
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Por qué y quiénes asesinaron a líderes indígenas
Para los tres indígenas consultados, un hecho presente en todos esos años fue el asesinato sistemático y constante de líderes y guardias indígenas que se destacaban por su trabajo organizativo.
De hecho, la Onic resalta en su informe que el fenómeno sigue vigente y el Cauca es el departamento en donde han asesinado más líderes indígenas en los últimos dos años, un período que no investigará la JEP.
En todo caso, esa justicia podría esclarecer cuáles fueron los móviles, autores y estrategias de los asesinatos entre 1993 y 2016.
Podría revelar por ejemplo qué ocasionó el asesinato del líder indígena Edwin Legarda, en 2008. Se sabe que fue el Ejército quién lo mató y en abril de este año el Ministerio de Defensa y el Ejército le pidieron perdón a su viuda, la lideresa Aída Quilcué, pero hay una discusión sobre el motivo.
El Estado ha dicho que se dio porque Legarda no quiso parar en un retén, pero los indígenas insisten que en realidad fue un atentado contra Aida Quilcué por sus denuncias de que las Farc, los paramilitares y la fuerza pública violaban los Derechos Humanos de los indígenas.
La JEP también podría esclarecer las responsabilidades concretas en los asesinatos en 2014 del coordinador de la Guardia Indígena de Toribío, el indígena nasa Manuel Antonio Tumiñá, y del guardia Daniel Coicué. Las Farc los mataron cuando desmontaban unas vallas alusivas al segundo aniversario de la muerte del jefe guerrillero Alfonso Cano.
También la del líder nasa Cristóbal Secue, declarado maestro en sabiduría por la Unesco, en 2001 en Corinto. En ese caso el Cric culpó al Frente 6 de las Farc.
Eso entre tantos asesinatos que las organizaciones indígenas denunciaron en su momento un “plan de exterminio” contra ellos por defender su territorio.
“Necesitamos saber quién dio la orden de matarlos”, nos dijo un líder indígena de la Acin.
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Conflictos de tierras
Otro tema que la JEP podría esclarecer es el conflicto por las tierras, una constante en el conflicto con guerrilleros y paramilitares que las comunidades indígenas denuncian como un despojo, y la relación de grandes empresarios de la caña con grupos armados que también denuncian los indígenas.
La Masacre del Nilo es un ejemplo emblemático del conflicto, que incluyó la Onic en su informe a la JEP, pues aunque ocurrió en 1991, argumentan que es el origen de otros conflictos que siguen vigentes.
De hecho, los indígenas Nasa reclamaron al Estado una indemnización con tierras, aseguran que no les han cumplido y por eso en los últimos años han tomado fincas como La Emperatriz en Caloto y La María en Piendamó, lo que ha generado enfrentamientos con policías y militares.
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El reclutamiento forzado para la guerra y el narcotráfico
El norte del Cauca es la tercera región con más casos de reclutamiento en Colombia y la cuarta con más reclutamiento de las Farc entre 1997 y 2005, según Memoria Histórica.
Según el Icbf, entre noviembre de 1999 y marzo de 2013, en todo el Cauca se desmovilizaron 293 menores de los grupos armados ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, solo en 2013 hubo 60 reclutamientos forzados de menores de edad, sobre todo de las Farc, una cifra que seguía en aumento.
Además, el norte del Cauca ha sido un punto estratégico para cultivar y transportar droga, lo que generó que en municipios como Toribío las comunidades terminaran involucradas en el negocio de forma voluntaria y forzosa.
Con los testimonios que la JEP recogerá (aunque en su anuncio no dijo todavía a quiénes citará) podría esclarecerse cómo funcionaba el reclutamiento y el negocio, cómo entraban los indígenas en la lógica del narcotráfico y quiénes son los responsables de obligar a las comunidades a entrar en él.
Montero, de la Onic, cree que cooptarlos fue una estrategia para que las comunidades perdieran la autonomía en sus territorios y terminaran involucrados en el negocio ilegal.
