En la ley de sometimiento de Santos no cabe Medellín

Como los combos del Valle de Aburrá, bandas de otras ciudades, como Cali y Barranquilla, quedan por fuera.

La ley con la que el presidente Juan Manuel Santos cierra el mandato de la paz está hecha a la medida de la forma en que se puede someter el grupo armado que más dolores de cabeza le genera, el Clan del Golfo.

Pero para los combos, el principal dolor de cabeza de Medellín, que según la Alcaldía suman unos 5 mil jóvenes y han causado el 58 por ciento de los homicidios de este año según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, esa ley no solo no les sirve, como dijo el Ministro de Defensa, sino que les cierra las puertas si se quieren someter por aparte, algo que también puede afectar a las bandas locales en otras ciudades, como ‘la Cordillera’ en Pereira, las oficinas de cobro en Cali o ‘Los Costeños’ en Barranquilla.

Un sometimiento a la medida de ‘Otoniel’

La llamada Ley de Sometimiento Colectivo, según le dijo a La Silla un alto funcionario del Ministerio de Defensa, salió de un diálogo ya avanzado entre el Gobierno y el Clan del Golfo.

Su cabeza, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, pidió cacao hace casi un año para “acogerse a la justicia y suspender todas las actividades ilegales de la organización”. Lo hizo cuando ya estaba en marcha la operación Agamenón, exclusiva para combatirlos y que los ha reducido a la mitad de lo que eran hace cinco años.

El Gobierno espera, nos dijo esa alta fuente, que en los próximos días esa ley empiece a dar frutos. “La Fiscalía, el Inpec, la Fuerza Pública, los involucrados en el proceso estamos listos. Si se cumplen las condiciones, todos nos activamos”, explicó.

Santos impulsó la ley, que presentó en el Congreso para cumplir el punto 3.4.13 del Acuerdo Final de La Habana, en el que el Gobierno se compromete a “presentar un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales”.

Lo que hace la ley es crear unas condiciones favorables para la rendición de grupos que el Consejo Nacional de Seguridad, del mismo Gobierno, clasifique como Grupos Armados Organizados. Entre esas condiciones están rebajas de penas entre un 30 y un 50 por ciento, reclusión en colonias penales agrícolas y programas especiales de reintegración, aunque en ningún caso impide la extradición.

Según la ley, solo son GAO los que tengan un mando claro y jerarquía, que controlen un territorio, y que hayan adquirido la capacidad de ejercer violencia frecuentemente contra el Estado y la población civil con incidencia nacional.

A esos requisitos, el Consejo de Seguridad Nacional, en el que se sientan el Presidente, cinco ministros, la Alta Consejería para el Posconflicto, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía, ha adicionado que deben tener mínimo 15 miembros.

Por eso hoy caben grupos de uniforme y armas largas como las disidencias de las Farc, los Puntilleros en los Llanos Orientales, las disidencias del EPL en el Catatumbo, e incluso el ELN, si lo prefiere al proceso de paz que está andando.

Pero como el Gobierno cambiará en diez días, el nuevo presidente, Iván Duque, podría levantar ese requisito, que deja por fuera a pequeñas bandas como los más de 200 combos que azotan de Medellín. No sería raro que lo haga porque en su partido, en cabeza de la senadora Paola Holguín, lleva insistiendo más de un año en una ley en la que quepan esos combos.

El problema es que incluso en ese caso, la ley pone en riesgo la forma en la que tradicionalmente se ha logrado negociar con bandas en la capital antioqueña, y no es claro que haya una alternativa.

Lo que había, en el limbo

Un abogado penalista que ha asesorado miembros de combos de Medellín le dijo a La Silla Paisa es que la principal duda frente a la nueva ley es que aunque hay bandas que quieren someterse, no tienen forma de hacerlo porque “los que defienden bandidos se pueden meter en líos”.

El problema son los intermediarios, porque la ley crea un nuevo delito, llamado Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados que temen que la justicia les termine aplicando a ellos.

El artículo dice “El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) años”. 

Aunque aclara que si es por defensa técnica (es decir, penalistas que los defiendan) no se aplica, el abogado debe demostrar que le pagaron con recursos lícitos. Eso, dice el penalista que los ha asesorado, mete en una zona gris a los asesores que han sido fundamentales en los procesos locales de entrega, como los que se han dado en Medellín con el municipio después de la desmovilización de los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Héroes de Granada en 2005.

Por ejemplo, en 2010 -en el pico de la cifra de homicidios desde la desmovilización de las AUC por la disputa de las dos facciones de la Oficina, la de ‘Sebastián’ y ‘Valenciano’- un grupo de civiles llamados “los notables” se sentaron a conversar con representantes de bandas adscritas a la Oficina, y lograron una tregua temporal entre ellos. Otro caso se dio en 2016, cuando ocho integrantes de combos se entregaron a cambio de beneficios jurídicos con asesoría de abogados.

En esa preocupación coincide Jorge Gaviria, exasesor de Gustavo Villegas, el condenado secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín que estaba planeando el sometimiento de integrantes de la Oficina, y quien también estuvo a cargo de la desmovilización de los 870 miembros de las AUC durante las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. “La ley habla de que cualquier persona que preste asesoría podría estar inmersa. Es como si el Gobierno le estuviera diciendo a la gente: ‘No se meta. Esto yo lo hago solo’”, nos dijo Gaviria.

Según su experiencia, los asesores que han estado detrás de desvinculaciones de grupos armados en la ciudad no son solo abogados, sino líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y la Iglesia.

Cuenta que son personas que conocen de toda la vida a los miembros de los grupos criminales. Se les acercan, conversan con ellos, y después de tejer una relación de mucho tiempo, los convencen de salirse y acogerse al Código Penal, que da beneficios por entregarse. Esa cercanía, según nuestras fuentes, funciona más que un delegado oficial del Gobierno a quien los integrantes de los combos no conocen.

Así lo explica un miembro del equipo de ‘notables’ que gestionó la tregua de 2010: “El trabajo para desmovilizar es de punto, cadeneta, punto. Con ellos hay que tomarse un tinto, llevarles regalitos, tutearlos, no ‘bandidizarlos’. Si uno llega como un oficial, queda marcado como un sapo”.

Nos contó que la tregua entre los grupos de ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’ se desbarató justo cuando el alcalde de entonces, Alonso Salazar, reveló quiénes eran los que estaban conversando con los miembros de los combos. “Probablemente habríamos tenido sometimiento, sin necesidad de Ley de Sometimiento”, resume.

Si esos intermediarios sienten que la ley de sometimiento puede terminar con ellos en la cárcel, probablemente se queden quietos. Y por eso puede que el Clan del Golfo termine firmando el sometimiento, en grupos o en masa, e incluso con sus jefes extraditados, como permite la ley.

Pero en Medellín, por ahora, el sometimiento tiene las puertas cerradas.