Los ruidos en el contrato más grande de la Gobernación del Huila

Esta semana el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa de Cambio Radical, va a adjudicar el contrato más grande de su administración por 34 mil millones de pesos en una licitación que solo tuvo un proponente.

Esta semana el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa de Cambio Radical, va a adjudicar el contrato más grande de infraestructura de su administración por 34 mil millones de pesos en una licitación que solo tuvo un proponente. Eso, a pesar de que varias empresas de la región le pidieron que modificara los pliegos de condiciones para poder participar y no favorecer a alguien en particular.

El único que cumplió

El contrato que se va adjudicar esta semana es para hacer 12 kilómetros de placas huellas en 17 municipios, y está financiado con plata de regalías. Es una obra que González Villa prometió en el plan de desarrollo para mejorar la conectividad entre las zonas rurales y urbanas del departamento porque el 70 por ciento de la malla vial de segundo nivel está en mal estado.

A pesar de su magnitud y valor, la Unión Temporal Vías para el Huila fue la única que se acomodó y cumplió al pie de la letra con todo lo que pidió la Gobernación.

Los integrantes de esta unión son Olaguer Agudelo Prieto y Aitor Mirena de Larraudi, ambos desconocidos para el departamento.

Agudelo Prieto, que es el dueño del 99 por ciento de la Unión, está registrado en la Cámara de Comercio de Ibagué, y según datos del Sistema de Contratación Público, en los últimos años se ha ganado contratos para hacer señalizaciones viales, suministrar combustibles y construir un puente. Nada que tenga que ver con placas huellas.

Pero la experiencia específica que no tiene él, sí la tiene su socio estratégico.

Aitor Mirena de Larraudi, dueño del 1 por ciento de la sociedad, presentó como experiencia cinco contratos de placas huellas que se ganó en los últimos cinco años: dos en la Alcaldía de El Espinal, Tolima, y las otras tres en la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca, la Gobernación del Tolima y Fonade. Todos terminados y liquidados.

Estos socios no tienen registros de sanciones pero sí investigaciones en la Contraloría.

Mirena de Larraudi es investigado por irregularidades en la construcción de una planta de tratamiento en Sesquilé, Cundinamarca y Agudelo Prieto está respondiendo por presuntas fallas en contrato de reparcheo de vías con la alcaldía local de Los Mártires en Bogotá.

La Unión Temporal Vías para el Huila fue la única que se presentó porque otras empresas e ingenieros de la región no cumplieron con los requisitos específicos que pidió la Gobernación.

Las reglas de juego que puso la Gobernación

Que haya pocas empresas en este tipo de licitaciones no supone de entrada una irregularidad, pero sí que los requisitos que exigen las gobernaciones y alcaldías son en muchos casos filtros que terminan favoreciendo, con o sin querer, a determinadas empresas.

En este caso la Oficina de Contratación del Huila definió que sólo podían presentar propuestas las empresas o consorcios que hubieran manejado contratos de placas huellas por más de 17 mil millones de pesos (es decir, el 50 por ciento de lo que vale el contrato).

Eso, de entrada, sacó del juego a empresas que han manejado contratos pequeños, pero le dio relevancia a las grandes.

Los pliegos también establecieron que sólo podían concursar las empresas que hubieran manejado simultáneamente hasta ocho frentes de trabajo en este tipo de obras. Condición que varios interesados como Perlun Ltda o AR Ingeniería, pidieron modificar para poder participar.

“La solicitud de los frentes de trabajo discrimina la participación plural y no es objetiva con la experiencia solicitada”, planteó Perlún. La Gobernación no acogió la solicitud porque dijo que se necesitan ocho frentes para que el proyecto se entregue en el plazo estipulado, es decir, 23 meses.

Otros interesados como el ingeniero Einer Chaux de Caquetá también pidieron que los proponentes pudieran acreditar experiencia específica en el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías y no solo de placas huellas, pero la Gobernación tampoco accedió.

“La entidad a través de la inclusión de exigencias impropias como las analizadas, está limitando la participación de la mayoría de los actores del mercado que ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación”,expuso Chaux.

Pero la Oficina de Contratación de la Gobernación mantuvo las reglas de juego porque las condiciones exigidas, según ellos, buscan que los que se presenten, así sea solo uno, tengan la capacidad y experiencia para no quedar mal.

“Los requerimientos de experiencia específica establecidos en el pliego de condiciones son el resultado de valoraciones de experiencia de anteriores procesos de selección (...) además de consultas y recomendaciones efectuadas por un equipo interdisciplinario que concluyó que deberán certificar experiencia específica en actividades similares al del presente proceso”, señaló la Oficina de Contratación.

Aunque puede ser que las condiciones que impuso la Gobernación en verdad busquen garantizar que la obra se haga sin contratiempos con gente experta, lo cierto es que solo hubo un oferente, no hubo pluralidad y no se pudieron analizar otras propuestas como debería ser según la ley.

Como lo ha contado La Silla Sur, el año pasado el Congreso aprobó una reforma a la ley de contratación para que las gobernaciones y alcaldías implementaran unos pliegos tipo y así evitar más licitaciones de únicos proponentes, pero esta reforma no ha entrado en vigencia porque el Gobierno no la ha reglamentado.

Mientras se hace oficial que la Unión Temporal Vías para el Huila se gana el millonario contrato, la Gobernación abrió la licitación para contratar la interventoría que va a vigilar que se haga la obra. Habrá que ver si también se adjudica con un solo proponente, o si en ese caso sí hay más capacitados para hacerlo.