Consulta exprés para las licencias

Cuando en septiembre el gobierno Santos II aplazó la aprobación de las licencias ambientales 'exprés' para “continuar discutiendo y debatiendo” el borrador, sus críticos respiraron tranquilos. Pero con la firma del decreto la semana pasada, en el sector ambiental quedó la sensación de que el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo no tuvo en cuenta a ninguno de sus detractores y que esa consulta fue igualmente exprés.

“El tal experimento de socialización no existió. No hubo ninguna mesa de diálogo sobre el decreto”, dice el abogado ambiental Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y bloguero de La Silla.

Para él y otras seis personas del sector a las que consultó La Silla, la desaparición del borrador de la página de la Anla -la entidad ambiental que se encarga de las licencias- durante el período de consultas y la falta de espacios donde discutir el decreto contradicen la promesa del ministro de “tomarnos unos días adicionales para recibir y seguir recibiendo los comentarios”.

Vallejo defiende que el proceso fue ampliamente debatido y que, gracias a ese debate, se regresó al tiempo original de las licencias (90 días) y se hicieron más rigurosos los procesos técnicos. Además calificó las críticas al decreto como injustas, por desconocer que éste viene acompañado por 7500 millones de pesos adicionales para fortalecer a la Anla y a las corporaciones autónomas regionales que también tienen bajo su ala el licenciamiento.

“Acá hay un ministro con total apertura para oír y ver, pero que tiene tomar decisiones. Como todo en la vida pudo haber sido mejor, pero se consultó a un grupo de gente representativo”, le dijo a La Silla.

Sin embargo, la única interlocución del ministro con los científicos y técnicos del sector que él identificó -aparte del trabajo con las CARs- fue una reunión de treinta minutos con dos de los 'padres' del Ministerio en los años noventa: el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra y el ex gerente del Inderena Julio Carrizosa. Además, tuvo reuniones con la abogada Eugenia Ponce de León -ex directora del Instituto Humboldt- y el Contralor Edgardo Maya.

“La participación se ha vuelto tremendamente precaria desde Uribe: así fue con la creación del Ministerio y con la de la Anla. No hay una discusión abierta ni un debate público con argumentos y contrargumentos. Todo es a puerta cerrado”, dice Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente que tuvo el país y uno de los críticos más vocales del decreto. “Se han cerrado esos espacios y eso se expresa en el aumento de conflictos socioambientales, que se van a disparar si se firma la paz. Se le va a devolver [al Gobierno] como un bumerán”.

Es decir, una participación muy lejana a la de los tiempos en que -como le señalaron dos abogados ambientales a La Silla- las decisiones del sector se tomaban tras discusiones amplias. Como la de creación del Ministerio en 1993, tras más de cien audiencias públicas en todo el país hasta con la presencia del presidente César Gaviria.

Al final, la discusión se dio dentro del Ministerio y la Anla en torno a los casi mil comentarios que recibieron, unos ochocientos durante el primer envión y otros doscientos desde que fue aplazado en septiembre. En total unas cincuenta entidades tuvieron voz, incluyendo ocho gremios y al menos veinte empresas de minería, petróleo y energía cuyas operaciones dependen de sacar la licencia. 

Al lado de éstos, aparecen solo una universidad, una entidad pública del sector y una organización social. No está ninguno de los seis institutos científicos públicos que tiene el país, ninguna de las academias científicas, ningún gremio de ingenieros (que fueron críticos del decreto) y ninguna ONG ambiental, incluida la Fundación Natura que dirigió el año pasado una evaluación sobre las licencias contratada por la propia Anla y Planeación Nacional. Muchas de éstas, constató La Silla al consultar a varias, no se enteraron o prefirieron no enviar sus comentarios en un debate que ya veían cerrado.

Estas son las entidades cuyos comentarios al decreto evaluó el Gobierno.