Los seis temores sobre las licencias ambientales 'exprés'

Los tiempos son muy cortos para grandes proyectos

La mayor inquietud en el sector es que al reducir hasta en cinco meses los tiempos el proceso de licenciamiento pierda en el nivel de exigencia, sobre todo en proyectos de gran impacto.

“No es lo mismo montar una fábrica de arequipes en Cali que [la mina de oro de] La Colosa, una pequeña cantera que una hidroeléctrica. Pensar que todo se puede resolver en cinco meses es desconocer la complejidad de algunos proyectos y la fragilidad de algunos ecosistemas”, dice Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente y uno de los mayores críticos de la falta de debate público que ha rodeado esta reforma. “Podríamos terminar forzando a los funcionarios a dar una respuesta aún cuando tengan dudas”, dice Julio Carrizosa, el ex gerente del Inderena que fue clave en crear el ministerio en los años noventa.

Uno cambio sustancial que trae la reforma son introducir una etapa oral en la que la empresa presenta documentos, que varios reconocen como útil sólo si no se termina convirtiendo en el espacio donde se discuten los temas más técnicos. Otro es que la Anla solo pueda solicitar documentos adicionales una sola vez, una restricción que en la práctica ya existía pero que sus funcionarios se brincaban marcando las peticiones como “aclaraciones de información”.

En términos de tiempos Colombia maneja tiempos parecidos a muchos países del mundo, como mostró La Silla hace un año al comparar los procesos de licenciamiento en diez países. En algunos donde es más corto, como Canadá, esto se debe en parte a que tienen ya bien mapeada la información de suelos, agua, biodiversidad y ecosistemas, de manera que las empresas parten de esa información al contratar sus Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) a las autoridades.

No hay suficiente gente para cargar el bulto

Una de las mayores incógnitas sobre las licencias más rápidas es cómo se prepararán la Anla -que apenas tiene dos años de creada y que esta semana está estrenando nuevo director, Fernando Iregui- y las corporaciones autónomas regionales para tomar esas decisiones en menos tiempo.

Según todas las personas consultadas por La Silla, actualmente ninguna de ellas cuenta con las capacidades técnicas ni la gente para hacerlo y el Gobierno no ha explicado hasta ahora cómo se corregirán esas falencias.

Dentro de la Anla el mayor problema es que hay dos grupos cruciales de técnicos, uno de evaluación y otro de seguimiento, pero el primero -que tenía un enorme volumen de solicitudes represadas- concentra la mayor parte de técnicos y recursos. Tanto que incluso funcionarios originalmente contratados para seguimiento terminaron trabajando en evaluación, por lo que la capacidad de monitoreo que tiene la entidad de los proyectos existentes es débil.

“No hay siquiera un estudio, del que hacen los ingenieros industriales, que muestre el impacto que puede tener esa distribución de tareas en la planta de personal para ver si están muy cargados y si hay que contratar gente”, dice el abogado ambiental Carlos Lozano de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).

Eso es algo que se siente más agudamente en las corporaciones autónomas, que -entre la politización y la menor cantidad de personal especializado en regiones- tienen un gran limitante técnico. Algunas de ellas -como Corpoboyacá o la CRC del Cauca- tienen déficits de más de 3 mil millones de pesos para estos temas, según Mauricio Cabrera, el ex contralor delegado para el ambiente y hoy parte de World Wildlife Fund.

De hecho, una de las recomendaciones centrales que hizo la Ocde -el 'club de buenas prácticas' al que Santos busca entrar y que se ha convertido en el plan de navegación de su gobierno II- es fortalecer las entidades técnicas del sector ambiental. Eso se haría aún más apremiante si llega una avalancha de nuevos proyectos de los que coordina el vicepresidente Germán Vargas Lleras o cuando busquen luz verde proyectos que usen nuevas tecnologías tan complejas como el fracking para explotar los yacimientos no convencionales de petróleo y gas.

Se suavizan algunas reglas, pero no se endurecen otras

Aunque la reforma a las licencias busca darle un revolcón al proceso y no tanto a los requisitos de cada tipo de proyecto, hay algunas modificaciones que llaman la atención del sector.

Por ejemplo, que se eliminó la necesidad de pedir licencia para las segundas calzadas en una carretera o los túneles que sean colindantes, por considerarse obras de mejoramiento y -según varios expertos- sin tener en cuenta si están en zonas geológicamente sensibles como La Línea.

En cambio, no se introdujo la licencia para la etapa de exploración en minería, que fue obligatoria hasta el código minero de 2001, que la última ministra -y ex directora de la Anla- Luz Helena Sarmiento prometió tras consultar a Santos y que la Ocde también recomendó.

Si hoy hay poca participación de comunidades locales, habrá mucho menos

Otro temor es que, al agilizar las licencias, el proceso de consultar a las comunidades locales se vuelva de “participación exprés”. De hecho, es común que muchas veces las audiencias con las comunidades sean en realidad socializaciones de proyectos en donde las comunidades no tienen voz, algo que a su vez genera que con frecuencia terminen en grescas y conflictos con las empresas.

“Si así como están las cosas la participación es precaria, ¿en qué momento se va a dar? Se va a volver yo participo, tú participas, ellos deciden”, dice Gloria Amparo Rodríguez, que lidera el área de derecho ambiental en la Universidad del Rosario y es una de las mayores expertas en consulta previa en el país. “No se comenta nada sobre la participación. El decreto dice que habrá, pero no dice ni cómo ni cuándo”.

Ella y otros abogados ambientales temen que esa misma lógica se imponga en la consulta previa, que Vargas Lleras -la punta de lanza de la ejecución de Santos II- ha descrito como la talanquera que frena las grandes obras en el país e incluso ha calificado de “extorsiva”.

Según Rodríguez, 45 de las 77 sentencias de la Corte Constitucional sobre temas de consulta previa han sido ganadas por las comunidades, evidenciando las fallas en los espacios de participación para comunidades étnicas. Si eso sucede con afros e indígenas, en donde al menos el proceso está reglamentado, en comunidades que no son étnicas las dificultades son mayores.

“El Gobierno parece seguir haciendo caso omiso de las decisiones judiciales que le ordenan concertar con las autoridades y las comunidades locales que son afectadas por los proyectos para los que se da la licencia”, dice César Rodríguez Garavito, experto ambiental de Dejusticia. Con plazos más cortos, ese margen de concertación se reduce aún más.

A eso se suma que no existen espacios de diálogo entre el Gobierno, las empresas de sectores como minería e hidrocarburos y las comunidades locales, donde puedan conversar sus preocupaciones y evitar que la tensión escale hasta las vías de hecho o las consultas populares, como sucedió en Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare). Y el único piloto para crear esos espacios, Avanza, fue cortado de raíz cuando apenas arrojaba sus primeros resultados.

Hay cada vez más conflictos ambientales y todos terminan en la justicia

Dado el escalamiento de los conflictos sociales ligados a temas ambientales en los últimos años, muchos en el sector temen que la aprobación expedita de proyectos de gran calado podría dispararlos aún más.

Si la falta de espacios de participación es una de las causas de ese alza en las tensiones locales, uno de sus efectos más notorios es que cada vez más conflictos están terminando en las cortes, comenzando por tutelas o acciones populares y llegando hasta el extremo de consultas populares contra la minería y el petróleo.

“Todo termina llegando a los jueces, cuando es el Estado al que le compete prevenir estos conflictos. Si eso va a ser así, entonces creemos un tribunal de justicia ambiental con jueces especializados en derecho ambiental, porque los conflictos van a aumentar”, dice Gloria Amparo Rodríguez.

La información no está ordenada ni es fácil de consultar

La información que existe, tanto para tomar decisiones como para hacerles seguimiento, sigue siendo precaria. Eso se puede ver en dos problemas: primero, no hay un sistema de información unificado que le sirva a las entidades del sector para tomar decisiones más expeditas y mejor informadas. Y segundo, no existe un portal público que permita a los ciudadanos hacerle veeduría al proceso.

La reforma a las licencias plantea la necesidad de que la Anla cree un Sistema de Información Geográfico que ordene esta información, pero que se queda corto porque no incluye siquiera los insumos técnicos que tiene el Ministerio u otras entidades vecinas como el Ideam.

“Es como los estudios del metro de Bogotá: desde hace quince años venimos hablando de la necesidad de unificar esa información. Hemos mapeado el país cien veces a punta de evaluaciones de impacto ambiental, pero no hay ningún sistema que las junte”, dice María del Pilar Pardo, la ex directora de bosques y ecosistemas del Ministerio que lidera una consultora ambiental.

Para Pardo y otros consultados por La Silla lo lógico sería fortalecer el ya existente -aunque bastante débil y falto de recursos- Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), sumándole lo que tienen entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y centros de investigación como el Instituto Humboldt o ongs como The Nature Conservancy, WWF o Natura. Eso le permitiría analizar los posibles impactos a una escala más regional -no solo proyecto por proyecto- y analizar tendencias. De hecho, la Ocde precisamente le recomendó al Gobierno fortalecerlo, para “dar prioridad a la información necesaria para apoyar la toma de decisiones”.

A eso se suma que la información pública sobre licencias ambientales es muy baja y no permite un control ciudadano que pueda alertar. Todos reconocen que las condiciones de licenciamiento son más exigentes que en los tiempos en que era una pequeña dirección dentro del Ministerio, pero insisten en que no hay cómo hacer una veeduría.

La Gaceta Ambiental de la Anla publica las resoluciones de licencias sin indicar muchas veces a qué proyecto se refiere, por lo que hacer una búsqueda focalizada o saber en qué etapa está un proceso es prácticamente imposible sin un derecho de petición o sin ir personalmente. En cambio, en Australia o Canadá la mayoría de provincias tienen una interfaz diseñada para que cualquier persona pueda ver qué licencias están en curso y descargue la documentación.