Así se ha transformado el negocio de la coca

En los últimos años la coca ha caído fuertemente en áreas claves como las montañas de Cauca, el nudo de Paramillo o el Meta, pero se está concentrando cada vez más en tres lugares: Nariño, Putumayo y el Catatumbo.

Lo novedoso es que estas tres regiones se han convertido en especies de 'clusters' donde se concentra toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos -dadas la geografía favorable y la escasa presencia del Estado- hasta los puertos que permiten sacar la droga fácilmente.

Eso incluye la existencia de importantes laboratorios de procesamiento, gracias a que estas zonas son centros de contrabando de precursores químicos y de gasolina barata, dos negocios que facilitan y abaratan la producción de droga. Para completar, se han convertido en núcleos del contrabando de alimentos desde Ecuador y Venezuela, dos actividades que -como contó La Silla- centrales en el lavado de activos.

“Es un tema de ventajas comparativas: los cultivos se han ido desplazando en los últimos años hacia el Pacífico y también Norte de Santander. Esa dinámica facilita la exportación hacia Centroamérica y evita los costes de mover la droga desde los territorios alejados de las costas”, dice la socióloga e investigadora en drogas Aura María Puyana.

Además, en estas regiones hay un control consolidado y coordinado del negocio, gracias a alianzas locales -acompañadas por una división del trabajo- como la que existe en el Catatumbo entre las Farc, el ELN, la facción del EPL que lidera 'Megateo' y algunas bandas criminales.

Esta tendencia no es nueva, pero se reforzó aún más con el censo lanzado hoy. Si bien el año pasado los cultivos cayeron en la gran mayoría de departamentos, estos tres -los mayores productores- vieron las alzas más importantes. En Nariño, que concentra una cuarta parte de toda la coca nacional, y Putumayo crecieron un 23 y 25 por ciento. Y el Catatumbo, que en cinco años vio sus cultivos quintuplicarse, llegaron a su pico histórico.

“En el Catatumbo se ha vuelto común ver camiones grandes, de los que tienen la suspensión modificada para poder cargar más peso, con pipotes como los que se usan para llevar precursores químicos. Eso, que se veía ocasionalmente antes, es más palpable ahora que se sabe hay laboratorios de pasta en la zona. Son indicadores de que el negocio está creciendo”, le dijo a La Silla una persona que conoce bien la zona y que pidió omitir su nombre porque viaja allí con frecuencia.

Es decir, los cultivos no son un fenómeno aislado sino que son un síntoma de que existe el resto de la cadena.

En los últimos años, la coca se ha venido concentrando en los territorios étnicos -en resguardos indígenas y consejos comunitarios afro-, en las zonas aledañas a los parques nacionales y en la franja fronteriza. Es decir, se ubicó en los lugares donde existe mayor número de restricciones para las operaciones antidrogas del Gobierno.

De las 48 mil hectáreas de coca que había a finales del 2013, casi la mitad está concentrada en estas 'zonas de manejo especial', que no pueden ser asperjadas o donde muchas veces es necesaria la consulta previa para intervenir. Tampoco es una tendencia nueva, pero se consolida cada vez más. Aunque no se sabe exactamente cuál es la eficacia de la erradicación manual forzosa o de la aspersión (los métodos preferidos por el Gobierno para eliminarla), la guerrilla y las bacrim han optado por cultivar allí a sabiendas de que el Gobierno no puede entrar así no más a destruirla.

Los cultivos han disminuido de 163 mil hectáreas hace una década a las 48 mil actuales, pero casi no han variado dentro de los territorios colectivos. En resguardos indígenas se han mantenido entre las 6 y 8 mil hectáreas y en los consejos comunitarios afro han crecido casi todos los años desde que arrancaron los censos en 2001, a excepción de una leve baja este año. En total, el 19 por ciento de la coca crece hoy en consejos afro y el 13 por ciento en zonas indígenas. O, sumados, la tercera parte del total.

“Hemos identificado la coca ha aumentado en los resguardos donde hay una presencia fuerte de los tres actores del conflicto y, de manera más invisible, en los territorios de donde han salido muchas comunidades indígenas desplazadas y que hoy están despoblados”, dice Luis Fernando Arias, el consejero mayor de la Onic, la mayor organización indígena nacional.

Para la Onic hay casos muy preocupantes como el del resguardo Nukak, cuya población está casi toda desplazada en San José del Guaviare y cuyo territorio colectivo de un millón de hectáreas -que vio duplicar la coca el año pasado- está, según Arias, “al libre albedrío de los narcos y la guerrilla”.

Algo similar sucede con los resguardos de los awá en Nariño, que han visto masacres de las Farc en años recientes y que también vieron alzas significativas en sus cultivos este año.

Además de los territorios étnicos, las tres zonas con mayor densidad de cultivos están situadas en las fronteras. Y allí tampoco se puede hacer aspersiones en una franja de 10 kilómetros, desde el incidente con Ecuador que llevó al presidente Rafael Correa a demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya y al Gobierno de Santos a acordar un protocolo distinto de fumigación.

Algo similar sucede en los parques nacionales -como La Macarena, La Paya, Nukak y Catatumbo-Barí (donde se duplicó)- que concentran el 8 por ciento de la coca. Eso sin contar las zonas aledañas a los parques, que no se suelen contar como áreas protegidas y que tampoco pueden ser asperjadas por considerarse zonas amortiguadoras. En total, 17 de los 57 parques nacionales de Colombia tienen coca sembrada.   

Este año los cultivos cayeron en muchos departamentos que históricamente habían tenido coca, pero en muchos de ellos esa caída se debió más que nada a una migración de los actores armados hacia la minería de oro como actividad económica ilegal más rentable y menos controlada. 

Esta tendencia, que se había comenzado a observar hace un año, se acrecentó en la zona del nudo de Paramillo entre Antioquia y Córdoba, en el Chocó, en el sur de Bolívar y en las costas de Cauca. En esos cinco departamentos el área cultivada en coca se redujo en más de la mitad.

Aunque la falta de estadísticas fiables sobre minería ilegal e informal hacen muy difícil saber cuánta gente ha migrado hacia la explotación de oro u otros minerales, las imágenes satelitales muestran que muchos cultivos de coca envejecidos están justo al lado de entables de pequeños mineros. Eso demuestra que en muchos casos una actividad reemplazó a la otra y, en otros, que las dos son complementarias. Y, que en todo caso, vienen acompañadas por las mismas problemáticas sociales.

Tampoco es fácil entender si esas huellas mineras fueron dejadas por mineros que sustituyeron su fuente de ingreso por fuerza -empujados por los actores armados que dominan la zona- o por necesidad, en regiones donde la presencia del Estado sigue siendo muy reducida y las alternativas económicas muy escasas.

Eso, podría estar sucediendo, por ejemplo en Chocó. “Es muy factible que incluya familias anteriormente mineras que al expandirse los cultivos hicieron el tránsito hacia la coca y que se regresaron a su actividad original como jornaleros mineros”, dice Aura María Puyana.

Y en algunos casos, como el sur de Bolívar, parte de esa transformación de pequeños cocaleros en pequeños mineros ha sido voluntaria. “Mucha gente pasó de ser raspachín a estar trabajando en minería, no con retroexcavadora sino así en las minas de filón. Acá muchos tomaron la decisión voluntaria, porque vemos que se puede acabar la coca sin conflicto, y hubo partes en donde desapareció ya del todo”, dice Teófilo Acuña, un líder campesino de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y del Congreso de los Pueblos.

Sin embargo, es un hecho que las Farc y las bacrim han ido metiéndose de lleno en la minería criminal y el contrabando, dos negocios que les permiten el lavado de activos y que les dejan hoy rentas tan grandes como el narcotráfico.

A medida que los grupos armados han venido organizando aún mejor el negocio y el mercado, los campesinos participan cada vez menos en la cadena. Si antes eran actores claves en todo el proceso de transformar la hoja de coca en pasta base, hoy en día ese eslabón de la cadena ya lo hacen los grupos directamente.

Al quedar reducidos solo la venta de la hoja, los campesinos cocaleros perdieron el valor añadido -y, con él, el único ingreso más significativo- que recibían, mientras quienes controlan el negocio ampliaron su margen de ganancia. Eso se refleja en el hecho de que los precios promedio de la hoja de coca fresca han caído -según el censo de la ONU- en un 22 por ciento en un año, un indicio más de que las 61 mil familias cocaleras -es decir, entre 350 mil  y medio millón de personas- viven cada vez en condiciones más precarias. Con lo que un cultivo que a duras penas es de subsistencia se ha convertido en menos que eso.

Esta realidad también se ha venido acentuando en los últimos años a medida en que han disminuido los cultivos pero se ha mantenido un número estable de unas 60 mil familias cocaleras, que no han tenido alternativas económicas y han terminado empobreciéndose más al tener que 'competir' por un nicho cada vez más pequeño. En la medida en que los grupos se han articulado en torno al negocio los cocaleros también han quedado más dependientes de un único patrón.

Esa falta de alternativas y los bajos precios que se pagan por la hoja explican la fuga hacia la minería sobre todo de oro, donde tampoco escapan al control de los grupos armados.

A pesar de casi todos los expertos en temas de drogas le han recomendado al Gobierno concentrarse en los eslabones más rentables del narcotráfico y combatir el cultivo de una manera más integral que les dé alternativas viables a los cocaleros, la estrategia antidrogas sigue siendo en esencia la misma.

Es decir, mientras el enfoque de desarrollo rural territorial acordado en La Habana no se convierta en una política prioritaria para esas zonas, es difícil que cambie la foto actual de los cultivos. Y eso no ha sucedido por varias razones.

Primero, Consolidación -el programa bandera de Santos que busca garantizar la construcción de Estado en zonas donde tradicionalmente ha hecho presencia la guerrilla y donde la seguridad no está garantizada- es actualmente un programa ineficiente y politizado, con una influencia cada vez mayor del Ministerio de Defensa y el enfoque militar. Eso ha hecho que los resultados en desarrollo alternativo sean magros.

Pese a su importancia tanto para la restitución de tierras y reparación a víctimas como para consolidar la paz si algún día los guerrilleros dejan las armas, desde que el Gobierno sacó a Álvaro Balcázar y puso al político nariñense Germán Chamorro -de La U- al frente de Consolidación el componente técnico y civil del programa se debilitó considerablemente.

Entre tanto, los militares han ido recuperando la influencia que tenían cuando el programa estaba bajo su órbita, como lo muestra el hecho de que el ministro Juan Carlos Pinzón consiguió nombrar a Javier Flórez -hijo del general Javier Alberto Flórez, miembro del Comando General del Ejército– como director del Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) que maneja el 80 por ciento del presupuesto de la entidad.

Segundo, aunque la evidencia muestra que los resultados de la aspersión son relativamente pobres para sus altos costos, aún no hay ninguna discusión para replantearla. Ni tampoco para complementarla con otros programas que impulsen alternativas económicas legales y sostenibles a largo plazo, como el piloto que exitosamente lideró Balcázar en la serranía de la Macarena.

El gran objetivo de la fumigación es reducir el número de cultivos de coca y bajar la oferta en los países productores, para que de esta manera aumente el precio de la cocaína para los consumidores en los países finales. El año pasado el programa estuvo -como contó La Silla- paralizado durante tres meses tras una serie de ataques de las Farc a las avionetas gringas que fumigan y, cuando muchos esperaban que los cultivos se dispararan, éstos se mantuvieron estables.

Pero a pesar de los grandes recursos que se han invertido en la erradicación forzosa manual y mediante la fumigación con glifosato, hasta el momento es poca la evidencia convincente de que lo esté logrando. Su eficacia, usando los datos del año pasado, no es clara: en el Catatumbo -donde no se asperja- la coca se disparó, en Antioquia o el Chocó -donde sí se fumigó- se redujo a la mitad y en Putumayo -donde más se aumentó la aspersión- tuvo el segundo mayor alza.

Tercero, aunque los cultivos se han reducido casi 50 mil hectáreas en cinco años, la coca se ha mantenido presente en los mismos 23 departamentos (con la única excepción de Cundinamarca, que lleva dos años libre) desde hace una década.

“Seguimos anticipando las mismas 'victorias tempranas' para el año que viene y, en vez de concentrar los esfuerzos en aquellas zonas donde el problema es menor, se vuelven a priorizar los lugares más difíciles. Es una lógica perversa parecida a presionar una gota de mercurio, que aprietas y se derrama más”, dice un experto en temas de drogas. “Deberíamos agarrar seriamente los ocho departamentos donde hay 100 hectáreas, para luego ocuparse de los lugares donde está más concentrada la coca. Primero hay que levantar una pesa de 5 kilos para luego hacerlo con una de 50”.

Eso significa que el enfoque militar actual para reducir los cultivos -que se concentra en erradicación y fumigación- ha rendido pocos frutos para su alto coste y no ha sido capaz de transformar las condiciones de vida en las zonas cocaleras.