El auto de la JEP del secuestro angustia a los ex-Farc por cómo pasarán a la historia

En menos de un mes, los miembros del antiguo Secretariado de las Farc deberán decirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si aceptan o no los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les imputó por su política de secuestro y los malos tratos que les dieron a los secuestrados. El proceso de asimilar esa acusación ha sido muy duro, porque implica confrontar la visión que tienen de su rol en la historia de Colombia.

Los exguerrilleros están tratando de buscar un difícil equilibrio entre no negar ni justificar lo que pasó (han aceptado públicamente que secuestraron y han pedido perdón por eso) y que aceptar lo sucedido no implique destruir la imagen que tienen de sí mismos: la de un grupo de personas que, ante un Estado que no daba garantías para la participación política de todos, se alzó en armas en búsqueda de la justicia social.

Temen pasar a la historia como una banda criminal que cometió delitos de lesa humanidad, si aceptan los cargos que les fueron imputados a sus jefes.

Esto porque, a pesar de que el auto de la JEP sólo acusa al antiguo Secretariado, el lenguaje que allí se utiliza los afecta a todos.

“El auto tiene dos planos: uno jurídico en el que se acusa al antiguo Secretariado de unos delitos, y otro político en el que está en juego el carácter político de la organización”, le dijo a La Silla Vacía Benedicto González, el excongresista que reemplazó a Jesús Santrich en el Congreso y uno de los líderes de los excombatientes en el Caribe.

Por eso, ese auto ha sido discutido por los excombatientes y su equipo de abogados en todas las regiones del país: en Bogotá, en el sur, en el Caribe, en el Magdalena Medio, en el Pacífico. Y, en todas ellas, ha despertado la misma angustia, aunque no la misma forma de tramitarla.

La angustia por la historia

Más allá de las fracturas que hay entre los miembros de la extinta guerrilla —y que hemos contado en La Silla—, el temor por cómo sean recordadas las Farc está en todos.

Sin embargo, el camino que están dispuestos a tomar frente al auto difiere al interior de los exlíderes de las Farc.

El senador Israel Zúñiga, conocido en la guerra como “Benkos Biohó”, y la senadora Victoria Sandino, que se distanciaron del hoy Partido Comunes a comienzos del año por diferencias por la manera en la que se toman decisiones en la colectividad, publicaron una carta en respuesta al auto en la que reiteraron que la guerrilla fue una organización rebelde y no “un aparato criminal”.

“Las Farc fueron una organización rebelde, lo que la llevó a ser contraparte de un acuerdo especial con el Estado colombiano y otros sujetos de derecho internacional. No fue un aparato criminal. Una organización de este tipo no podría haber alcanzado jamás este reconocimiento formal”, dice la carta.

Como contamos en La Silla, el auto que publicó la JEP el 27 de enero en el que acusa al antiguo Secretariado de las Farc por el secuestro es demoledor. 

No sólo porque los acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad, sino porque cuenta casos que muestran la crueldad de la guerrilla con sus cautivos. Asegura que estas conductas no fueron cometidas por unas cuantas manzanas podridas, sino que consistió en una práctica sistemática por las cuales los líderes guerrilleros son responsables.

Aunque en el auto la JEP reconoce que la guerrilla aspiró a tomarse el poder para “instaurar un proyecto político comunista cercano al de otras guerrillas y organizaciones de izquierda de la época”, los excombatientes sienten que el lenguaje que utiliza deja entrever que las Farc fue una organización criminal.  

“Nosotros no estamos negando lo que pasó. Lo que estamos diciendo es que el auto pone en riesgo el reconocimiento de la organización como un actor político, al equipararnos con una banda criminal. Se está replanteando el marco bajo el cual se firmó el Acuerdo de Paz”, dijo Zúñiga a La Silla.

Por ejemplo, el auto dice: “Rodrigo Granda fue coautor mediato, por estos hechos (el diseño de la política de secuestro), pues, dada su posición de liderazgo, la participación en la toma de estas decisiones permitió poner en marcha el aparato criminal, concluyendo en la victimización de todos aquellos civiles que por los planes financieros de la organización armada vieron afectados sus más elementales derechos”, dice el auto en la parte en la que determina las responsabilidades del líder guerrillero.

Es este lenguaje el que preocupa a los miembros de la extinta guerrilla; y no sólo a aquellos que se han distanciado del partido.

En la carta que publicaron seis de los ocho miembros del antiguo Secretariado imputados (uno de ellos, Bertulfo Álvarez, murió de un cáncer el mismo día en que salió el auto) aceptaron que cometieron conductas que violan el Derecho Internacional Humanitario, pero dejaron claro el carácter rebelde (y no criminal) que tuvo la guerrilla.

“El conflicto colombiano tiene profundas raíces sociales. La confrontación surgió como una medida de defensa de los derechos campesinos a la vida y la tierra y se prolonga ante la injusticia y el ataque indiscriminado contra los sectores populares. Es por ello que debemos recordar que nosotros fuimos y somos una organización de carácter revolucionario”, dice la carta que publicaron el pasado 18 de febrero en la que dieron los primeros pasos para aceptar lo que les imputó la JEP. 

“Por lo cual, nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad y crear condiciones de vida dignas, pero también reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario”, continúa.

Contrario a lo que piensan los que se han separado del partido, la postura de los líderes del partido Comunes como Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”,  es que este reconocimiento no implica desconocer el carácter político que tuvo la guerrilla. 

“Nuestro carácter político no se pierde. Eso ya nos lo dio nuestra propia existencia, el hecho de que tuvimos diálogos de paz con varios gobiernos y que finalmente firmamos un acuerdo de paz. Cuando el Establecimiento reconoció que no nos podía juzgar y creamos la JEP, estaba implícito ese reconocimiento”, le dijo a La Silla el hoy senador Julián Gallo, “Carlos Antonio Lozada”.

“Desde el momento en que firmamos, aceptamos que hubo una serie de hechos y conductas que violaban el Derecho Internacional Humanitario. Lo que estamos haciendo es reconocerlos”.

En ese sentido, el senador le aseguró a La Silla que están preparando el documento que le entregarán a la JEP en el que aceptarán algunas de las cosas que les imputan, pero harán unas observaciones.

Una de ellas será que los policías y soldados no se pueden considerar secuestrados, sino prisioneros de guerra. Esto es importante porque la toma de rehenes es un crimen de guerra según el Estatuto de Roma. Por ende, no es amnistiable como sí lo es tener prisioneros de guerra.

En su opinión, la calificación de la JEP crea un mal precedente y puede incentivar que las organizaciones armadas que continúan en guerra prefieran asesinar a los militares —algo que, según él, sí es amnistiable—, que capturarlos y mantenerlos con vida.  

A pesar de la postura oficial del partido, el temor de que el carácter revolucionario de la guerrilla se desdibuje y se pierda en la historia persiste en los mandos medios (los comandantes de bloques y frentes), que son los que la JEP ya empezó a citar. Ellos son claves porque son los que conocen los detalles de cómo se llevaron a cabo los secuestros, que es lo que buscan muchas de las víctimas.

La angustia de los mandos medios

A los pocos días de publicado el auto del secuestro, los jefes del antiguo Bloque Caribe de las Farc publicaron una carta en la que aseguran que la acusación de la JEP “desconoce el contexto y carácter del conflicto social armado” y anuncian que van a defender la memoria de su difunto excomandante, Bertulfo Álvarez.

La angustia de las bases es la misma que la que han expresado los altos mandos: que, en la historia, las Farc queden registrados como una banda criminal. Y esto no tiene que ver solamente con cómo se defina en los libros una organización de la que hicieron parte, sino con el sentido mismo que les dieron a sus vidas. Y desde donde parten para construir un futuro político.

“Lo que puso nervioso a la gente es que la historia de la revolución en Colombia quede en manos de bandidos. La historia de las Farc no se puede desdibujar. Yo estaba allá porque creía en un proyecto político, creía en el socialismo y en la toma del poder”, le dijo a La Silla Fredy Escobar, conocido en la guerra como “Jimmy Ríos”. 

“Yo dejé a mi familia para unirme a la organización. No puedo llegar ahora y presentarme a ellos como un criminal de guerra. Tampoco podemos presentarnos a unas elecciones como unos criminales de guerra”, dice Benedicto González.

El miedo también está en terminar reconociendo crímenes que ellos no cometieron por el carácter de sistematicidad que el auto les da a los malos tratos.

“Reconocer todo lo que dice el auto es muy duro. Hay unos señalamientos muy fuertes de violencia sexual, tortura, etc… Eso no era lo que todos nosotros hacíamos, eso estaba por fuera del reglamento y era castigado”, dijo el excombatiente Luis René Medina, quien, sin embargo, asegura que este reconocimiento debe hacerse para cerrar, de una vez por todas, el ciclo de violencia.

“Nosotros no podemos caer en la tentación de atacar a la JEP. No vamos a negar lo que pasó, pero estamos recogiendo todos los testimonios para rebatir, con argumentos, que no había sistematicidad”, le dijo a La Silla Federico Montes, uno de los líderes de los excombatientes en el Etcr de Montañita, Caquetá. “¿Qué es lo que nos preocupa? Que se desdibuje el carácter político que tuvo la organización”.

Como contamos, esta angustia por cómo pasaría a la historia la guerrilla estuvo presente a lo largo del proceso de paz en La Habana. Cuando se terminó de acordar el punto de justicia en el 2015, accedieron, al aceptar ser juzgados por un tribunal diferente a la justicia ordinaria, a admitir que durante la guerra cometieron crímenes.

Esta angustia volvió y se hizo más fuerte ahora que la JEP empezó a mostrar resultados de sus investigaciones. La esperanza que guardan es que este ejercicio de repensarse a sí mismos y lo que fueron no lo hagan solo ellos, sino también el resto de actores del conflicto: los militares y los terceros que apoyaron a los actores armados y que quedaron sin la obligación de ser juzgados por la justicia transicional.