La reforma a la Policía de Duque no oye al paro ni ataca los problemas estructurales

Sobre el día 40 del paro nacional, el presidente Iván Duque anunció una “modernización del Ministerio de Defensa y una transformación permanente de nuestra Policía Nacional”. Lo hizo en el escenario militar por excelencia: una ceremonia de condecoraciones y ascensos de la Policía. Ocurrió horas antes del arranque de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y de la publicación del duro informe de Human Rights Watch (HRW), ambos enfocados en los abusos policiales durante el mes largo de protestas.

Pero los cambios anunciados por Duque contemplan medidas que no responden realmente a este paro. Desde que se posesionó como director general de la Policía, en diciembre del 2020, el general Jorge Vargas Valencia, venía ambientando, con expertos y pares, estos cambios. Algunos de ellos los anunció en marzo, hace tres meses.

A lo que se suma que las grandes transformaciones que han pedido expertos, el Comité del Paro y ONG para evitar los abusos policiales no quedaron. Por ejemplo, la discusión sobre el control civil de la Policía — que pasa por si seguirá en el Ministerio de Defensa o el de Interior o incluso uno nuevo de Convivencia— ni siquiera se abrió. Y los cambios a los protocolos del uso de la fuerza y la investigación independiente de abusos quedaron supeditados a un proyecto de ley que aún no está listo, y en el que la participación ciudadana está en veremos.

La Policía Nacional es una estructura armada de 157 mil personas. Si fuera una empresa, sería la segunda, luego del Ejército, con más empleados en el país. Lograr cambios profundos y de impacto requiere esfuerzos amplios, concertados y sostenidos en el tiempo, según varios expertos consultados.

La magnitud de los cambios necesarios requiere lograr un equilibrio complejo. Por un lado, no se trata de una “Policía asesina”, como es caracterizada por algunas voces de la calle. Según José Miguel Vivanco, director para América Latina de la ONG gringa de derechos humanos, HRW,  “el dilema no es casos aislados o casos sistemáticos, porque el concepto de casos sistemáticos supone la existencia de una política, un esfuerzo planificado”.

Sobre eso, dice la ONG, “no creemos que exista evidencia de hechos que puedan ser calificados de sistemáticos”. Sin embargo, agrega, “nosotros no creemos que se trate de hechos aislados, que sean cuatro manzanas podridas. Aquí hay problemas que demuestran falencias estructurales muy profundas en la Policía”.

El informe sobre brutalidad policial en este mes de manifestaciones publicado por la ONG ayer dice que la organización encontró que los uniformados estuvieron involucrados en al menos 16 muertes de manifestantes, de las 34 que han ocurrido en el marco de las protestas. Para llegar a esa conclusión, tuvieron acceso a datos de la Policía y la Fiscalía.

Por eso, para seis expertos y asesores de seguridad consultados para esta historia, los cambios tampoco apuntan a una reforma estructural. No se tocan temas claves para la sanción de uniformados, donde campea la impunidad. Por ejemplo, no está contemplada una reforma a la Justicia Penal Militar o a la Inspección de la Policía –que hace control disciplinario– y que seguirá dentro de la entidad.

Además, nos dijeron, los cambios tomarán tiempo. Y se dan sin que sea claro cómo participará la ciudadanía en la creación de mecanismos para la “continua transformación de la Policía” que Duque prometió esta semana.

Cambios anunciados por Duque en el paro, que venían de antes

El plan de transformación de la Policía que anunció Duque es básicamente el núcleo de políticas que ya en marzo 15 había arrancado a hacer el director de la institución, general Jorge Vargas Valencia y que se venían cocinando antes del paro. De hecho, desde inicios de año, Vargas ya la venía ambientando con otros generales y expertos, según pudo saber La Silla.

Tres de las fuentes consultadas para esta historia nos dijeron que lo único nuevo que anunció Duque fue el cambio interno en el MinDefensa, que es básicamente cambiar los nombres y funciones de un Viceministerio. “El resto viene de Vargas”, nos dijo una fuente.

El general Vargas es considerado dentro de la Policía de una línea menos tropera en comparación a su antecesor, Oscar Atehortúa. “De la línea Naranjo”, como nos dijo un exasesor suyo. Es yerno del general (r) Rosso José Serrano y fue asesor del general (r) Oscar Naranjo en el proceso de paz de La Habana. Es decir, que comparte la visión de que a más profesionalización del policía y beneficios para los uniformados, serían mejores sus resultados en la calle.

“La profesionalización de nuestros policías es uno de los ejes fundamentales en la transformación de la cultura de trabajo de la Policía”, dijo Vargas desde marzo.

Dos expertos y un alto funcionario distrital nos dijeron, por aparte, que Vargas en otros cargos ha mostrado interés por mejorar la confianza ciudadana. De hecho, en medios el general ha insistido en que la Policía “defiende la democracia” y que debe estar más cercana al ciudadano.

“Desde que llegó a la Dirección pidió acelerar todos los procesos de transformación”, nos dijo el profesor en derechos humanos de la Universidad Militar, Jean Carlo Mejía, quien asesoró a Vargas esta política. “Básicamente porque quería unos aceleradores en torno a la confianza ciudadana en relación con la Policía”.

“(Vargas) Siempre habla de “mis policías” o “nuestros compañeros”. Eso es muy importante para la moral policial”, nos dijo el asesor de seguridad, Alberto Sánchez, quien también trabajó con Vargas.

Eso además tiene que ver con procesos internos de transformación de la Policía que la institución venía realizando desde 2018 y 2019 con la expedición de un documento llamado Modernización y Transformación Institucional (MTI), que marca la visión de la Policía “más humana y ciudadana”, de acá a 2030.

“Muchos de esos anuncios hechos por el presidente corresponden a esa transformación institucional”, nos dijo el académico Mejía, quien nos dijo que ese documento nació, entre otros, de las quejas que ya había recibido la Policía por el manejo de marchas y paros en 2011 (paro estudiantil), 2013 (paro campesino) y 2019 (primer paro nacional de Duque).

Por eso muchos de los cambios ya los venía aplicando Vargas.

• El cambio de color en los uniformes. Es el anuncio más visible porque contempla cambiar del tradicional color verde oliva a un azul oscuro con neón. Viene de un plan piloto que anunció Vargas en marzo y durará todo el mes de junio en localidades de Bogotá y en San Andrés y Providencia, Cartagena, Santa Marta, Barichara (Santander), Mompox (Bolívar) y Villa de Leyva (Boyacá). Arrancará formalmente en 2022. Vargas defiende el cambio en que será un 6 por ciento más barato que los uniformes viejos (porque tiene menos botones) y se basa en estándares internacionales, pues el 85 por ciento de los uniformados del mundo utilizan el color azul, según la Policía. Los uniformes tendrán un código QR para “hacer más transparentes” las acciones policiales, según Duque. Fue creado tras 80 mil entrevistas a policías y 25 comandantes. 

• Body cams para los uniformados. Según dijo en marzo el general Vargas, la idea es que transmitan en tiempo real los procedimientos de la Policía desde los Centros Automáticos de Despacho de cada ciudad. Arrancará a ejecutarse en 2022, aunque desde 2018 ciudades como Medellín ya cuentan con planes piloto con 1.400 bodycams para los uniformados. 

• Reforma al Estatuto Disciplinario Policial. El Estatuto es el conjunto de reglas a las que se ciñen los policías durante su trabajo, define el tipo de faltas y la investigación de las mismas por parte de la Inspección de la Policía y el mismo general Vargas le dijo a HRW que ese sistema estaba desbordado. Está vigente desde 2006 y la idea es actualizarlo. El proyecto será radicado el 20 de julio. “Debe traer consigo el fortalecimiento de la investigación, de la trazabilidad en todas las conductas policiales”, anunció Duque. En marzo, Vargas ya lo tenía contemplado. “Otorgará herramientas, celeridad al proceso y robustece el régimen disciplinario de la policía para el cumplimiento de su misión”. Hasta ahora, lo que se sabe es que el Estatuto mantendrá dentro de la entidad al Inspector de la Policía, que emite las sanciones. Expertos han pedido que salga de la misma para garantizar independencia en las investigaciones. 

• Dirección de derechos humanos dentro de la Policía. Es un cambio interno a la estructura de la Policía. Actualmente, una de las 120 jefaturas corresponde a derechos humanos y la idea es que se vuelva una de las 15 direcciones que tiene la Policía. Según supo La Silla, desde hace meses Vargas viene buscando nombres de civiles para este cargo. “Busca una persona que no sea militar, pero que entienda a los militares”, nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano. En marzo, Vargas dijo que la idea es que esa dirección revise las políticas de la entidad, arrancando por el Esmad. Incluirá además un observatorio de derechos humanos con asistencia técnica de organismos internacionales, según dijo Duque.

• Creación de una Comisión Nacional de Estándares de Alto Nivel. Desde marzo, Vargas anunció la creación de este centro para que tenga “plena autonomía” y “valide la idoneidad de los policías” conformada por expertos. La idea es que sea desde ahí que se evalúe la calidad de los uniformados en el uso legítimo de la fuerza y la atención ciudadana. 

Lo que suma Duque a la reforma

Duque incluyó reformas internas al Ministerio de Defensa y otras más que se traducen en cuatro proyectos de ley y un decreto presidencial. El ministro del Interior, Daniel Palacios, le dijo a La Silla que los proyectos “están en estructuración” para su radicación en el Congreso el 20 de julio.

Lo que supone todo un reto en un Congreso que entra en campaña para la reelección de curules en nueve meses, donde, además, Duque tiene una débil coalición que está volviendo a aceitar con puestos en los ministerios, como contamos.

• Pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, “priorizar” el proyecto de ley que profesionaliza la carrera policial. El proyecto lo radicó en noviembre de 2020 el entonces ministro Carlos Holmes Trujillo (qepd) y alcanzó a pasar su primer debate en diciembre. Desde ahí, quedó paralizado. “El ministro no lo volvió a mover con el presidente del Senado”, nos dijo Berner Zambrano, senador ponente de la iniciativa, que agrega una categoría al escalafón de la Policía para los agentes. El proyecto tampoco había quedado priorizado en el plan legislativo del MinInterior de Hatogrande de febrero. El Gobierno no ha confirmado que tendrá mensaje de urgencia.

• Un proyecto para el uso legal y legítimo de la fuerza. La iniciativa no está lista. Duque pidió a la Policía “avanzar en la estructuración” del proyecto para establecer los criterios para el uso legítimo y realizar una revisión estricta y permanente de los protocolos. Aún no es claro si tendrá participación de la sociedad civil en su redacción.

• Reforma a las armas no letales. El MinDefensa presentará una norma en este sentido para que reglamente el uso y comercio de las armas menos letales en Colombia, incluidas las de fogueo, según nos dijeron en Presidencia. 

• Un decreto para reglamentar las armas traumáticas. Saldrá en los próximos días. Calificará a estas armas, como las de balines de goma o las “hechizas” como “armas de fuego de uso civil”, según supo La Silla, por lo que el decreto ordenará que tengan salvoconducto. El consejero de seguridad presidencia, Rafael Guarín, desde abril viene ambientando el decreto. El concepto jurídico de esa oficina indica que estos elementos sí son armas porque “pueden causar lesiones, daños, traumatismos y amenazas”.

• Cambiar el nombre y funciones de un Viceministerio de Defensa. Es un cambio interno ordenado por Duque para uno de los tres viceministerios que tiene el MinDefensa (la cartera que más tiene segundos). Aplicará para el Viceministerio de Políticas y Asuntos Internacionales, que maneja Sandra Alzate. Ahora se llamará Viceministerio de Políticas de Seguridad y Defensa. Su objetivo y su coordinación con otros ministerios y la Policía aún no es claro.
  En Defensa, que hace parte de la línea de mando de la Policía, nos dijeron que el renombrado Viceministerio manejará la dirección de seguridad ciudadana. Pero parte de esa política también la tiene el Ministerio del Interior, con los recursos para seguridad y convivencia en un fondo llamado Fonsecon, del que la Policía se beneficia con compras de cámaras de seguridad, motos y carros. El jefe de esa cartera, Daniel Palacios, nos dijo que a su despacho no le quitarán funciones. En Presidencia nos dijeron que la idea será que desde el Viceministerio “articule con otras entidades y la Policía la aplicación de la política de seguridad ciudadana”.

• Conformar una comisión ciudadana para la transformación de la Policía. La idea se viene ambientando desde marzo, también con Vargas. Duque dijo en el anuncio del domingo y en reuniones privadas después, que la idea es crear “espacios de interlocución” con la ciudadanía. Próximamente se lanzará el plan “Hablemos de la Policía”, que será –de nuevo– una especie de “conversación nacional” con mesas técnicas que coordinará el BID para dar propuestas de políticas públicas.

Para Duque, las reformas que anunció y prometió poner en marcha “marcan un nuevo hito histórico” para mejorar la Policía e insiste, como lo viene haciendo en entrevistas en medios, que los cambios que pide la calle ya se están haciendo.

De todos modos, para los expertos consultados para esta historia, lo claro por ahora es que las reformas son más cosméticas que permanentes.

Una reforma que esquiva las fallas estructurales

Más allá de que sean cambios que el general Vargas había anunciado, lo que nos dijeron seis expertos es que los temas estructurales para un cambio en una de las empresas públicas más grandes del país se quedan por fuera. Y los que hay tomarán tiempo para aplicarse.

En general, porque quedan por fuera propuestas clave que centros de estudio como Ideas para la Paz, HRW e incluso el mismo Comité del Paro han pedido para acabar con el abuso policial. Por ejemplo, sacar a la Policía del Ministerio de Defensa; reformar al Esmad; que la Inspección de la Policía sea independiente de la institución y que los procesos judiciales de los policías no estén en la Justicia Penal Militar.

La idea de sacar a la Policía del MinDefensa nunca ha sido contemplada por Duque.

”La formación es clave y no se resuelve con cursos”

Jerónimo Castillo, FIP

En público y privado el presidente ha defendido que la Policía se mantenga en Defensa para evitar la politización de los uniformados. Suele recordar que eso ocurrió cuando la Policía pasó del entonces Ministerio de Guerra (hoy Defensa) al de Gobierno (hoy Interior) hace casi 70 años.

El general Vargas cree que hacer ese cambio sería un “riesgo”, según dijo a El Tiempo. Dijo que se podría llegar a “una interferencia politiquera” y que se podría “perder lo alcanzado en un país con narcotráfico y violencia procedente de dineros del narcotráfico”. 

Eso pese a que la formación de la Policía, como nos dijo un veterano general (r) sigue teniendo una formación más militar y menos civil, en el marco del conflicto armado.

De acuerdo con HRW, esa visión militar hace que exista una propensión hacia los abusos. “La Policía con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separación clara sobre las diferentes funciones de estas dos fuerzas”, dijo HRW en su duro informe de ayer.

Otro gran cambio que ha pedido la calle es el futuro del Esmad. Algunos grupos de manifestantes y políticos como la representante María José Pizarro o la precandidata presidencial Ángela María Robledo han pedido su desmonte. Incluso un proyecto que reformaba la Policía y que limitaba prácticas como el uso de bolillos y pistolas taser por parte del Escuadrón fue hundido por la Comisión Primera de la Cámara esta semana.

El desmonte tampoco está contemplado por el Gobierno, como tampoco hay un cambio claro sobre el funcionamiento del Escuadrón Antidisturbios, que ha sido protagonista del abuso policial, como contamos aquí.

“La formación es clave, y no se resuelve con cursos, sino que se debe avanzar en un sistema mixto: que los policías se eduquen por fuera y luego por dentro”, propone el experto en políticas de seguridad, Jerónimo Castillo, de la FIP. “Que le metan academia y técnica y no sean unos gordos que chatean en la calle”.

“Puede haber un avance si el observatorio de Derechos Humanos funciona y se identifican acciones usadas por el Esmad que deben cambiar, como el uso del gas lacrimógeno en zonas residenciales”, explicó el asesor Alberto Sánchez.

”Hay falencias estructurales muy profundas en la Policía”

José Miguel Vivanco, HRW

Tanto Omar Oróstegui, experto en seguridad de Futuros Urbanos y Sánchez, resaltan que dentro de la reforma faltan además aspectos clave como quitar funciones a la Policía, que también además de la seguridad ciudadana tiene otras igual de complejas, como el control de aduanas y antinarcóticos.

En cuanto a otros cambios, como los nuevos uniformes, Castillo y Sánchez coinciden en que se trata más bien de una estrategia para mejorar la percepción ciudadana, que sólo tendría impacto si la Policía cambia su forma de actuar. HRW define este cambio como “cosmético”.

“Se requiere una transformación cultural. De nada sirve que le metan cursos de derechos humanos y género sin eso”, nos dijo Castillo. “Los símbolos (como el cambio de uniforme) funcionan cuando se cambian los contenidos”.

Un cambio a mediano plazo que los consultados reconocen como de posible impacto es el de las cámaras en los uniformes, que es una técnica usada por otras fuerzas policiales, como en Estados Unidos y el Reino Unido para registrar todas sus operaciones.

Sobre ese punto, la evidencia científica es mixta.

Como explica esta nota de Colombia Check, existen informes internacionales que indican que las cámaras en sí mismas no ayudan a un cambio. Otros estudios indican que no hay correlación entre su uso y la mejora de la relación entre la Policía y los ciudadanos.

Más allá de los anuncios, la propuesta del Gobierno, de acuerdo con los consultados, no trae claridad sobre el papel de la calle y cómo influirá la ciudadanía en las reformas que vienen y su construcción.

Castillo dijo a La Silla que como el abuso policial es uno de los motores del paro, debería haber “un diálogo amplio con sectores políticos y manifestantes”.

Aunque la Comisión Ciudadana, que anunciaron Duque y Vargas, tiene en principio la evaluación de las competencias de los policías, la iniciativa se queda corta frente a las expectativas del Paro. Más aún cuando comisiones anteriores, como la de Excelencia Militar que el mismo Duque creó lleva casi dos años sin presentar resultados.

Así las cosas, al anuncio de Duque todavía le falta cocción. No solo tiene el reto de que las promesas se traduzcan en normas que salgan en un Congreso. Sino que, además, que sean reformas consensuadas con las personas que protestan y han padecido los abusos policiales. Todo esto, con la mirada de la comunidad internacional, en donde este paro ha abierto un nuevo flanco de preocupación por la violación de derechos humanos.