En el sonado enfrentamiento de la senadora verde Claudia López con el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, ella hizo una acusación general (que la Fiscalía mueve los procesos contra rivales políticos de Cambio Radical y frena las de sus aliados) y dio cuatro casos que ejemplificarían el uso político que éste le estaría dando a la Fiscalía para ayudar la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras.
Al revisar la información pública, pueden encajar en la acusación el del ex gobernador del Cauca ,Temístocles Ortega, y el de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pero el del ex gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo no. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, es difícil que encaje.
En todo caso, ella no le aportó las pruebas que tiene a La Silla y es imposible verificar si los procesos penales no avanzan más rápido para ayudarle a los políticos que apoyan a Vargas como dice Claudia porque no hay manera de conocer los hechos específicos de los casos y menos sus pruebas antes de que la Fiscalía impute cargos, pues hasta ese punto sus pesquisas son secretas.
También porque en Colombia los casos penales pueden tardar años en llegar a la imputación (para dar un ejemplo, el 95 por ciento de las imputaciones de homicidio se demoran dos años o menos, pero el problema es que el 76 por ciento de los casos de homicidio nunca ni siquiera se imputan y eso que es la mejor cifra en la historia). En corrupción normalmente se demora más porque son casos más complejos.
Hay múltiples motivos para que no lleguen a imputación. Desde que no se cometieron los delitos hasta la complejidad en los casos y las falencias investigativas. Por eso, que un caso no haya llegado a imputación no significa automáticamente que un fiscal haya decidido congelarlo.
Estos son los cuatro casos, y la relación de los mencionados por Claudia con Vargas:
Luis Alberto Monsalvo Gnecco: primero aliado de Vargas, luego imputado por la Fiscalía de Martínez
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Quién es: gobernador del Cesar entre 2012 y 2015, es una de las cabezas visibles del poderoso clan Gnecco, que domina la política de ese departamento. Su madre es Cielo Gnecco Cerchar (la mandamás del grupo), quien no ha sido funcionaria y su primo es el senador de La U José Alfredo Gnecco, a quien investiga y juzga la Corte Suprema.
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Escándalo o ruido: a Monsalvo lo señalan de haber hecho campaña con personas que vivían en una invasión ilegal a las que les habría prometido en un documento ante notario dejarlos ahí legalizados una vez llegara a la Gobernación, a cambio de que votaran por él.
También de que hoy hay ocho obras, por más de 204 mil millones de pesos, que contrató su Administración y están sin terminar, la mayoría con retrasos de más de 24 meses. En 10 de esas obras la Contraloría General encontró hallazgos fiscales por más de 50 mil millones de pesos.
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¿Qué ha hecho la Fiscalía? En enero de este año, la Fiscalía décima delegada ante la Corte Suprema imputó a Monsalvo cargos por corrupción al sufragante e invasión de tierras en calidad de coautor, por el asunto del predio ilegal. Él se declaró inocente y aseguró que el compromiso por escrito con los habitantes (que también firmó el alcalde de Valledupar, ‘Tuto’ Uhía) no era para dejarlos allí sino para resolver el problema de sus viviendas.
Hace poco más de un mes tuvo audiencia de formulación de acusación, durante la que se cayó el delito de invasión de tierras porque, como lo reveló Cacica Stereo -que publicó los audios de la diligencia-, ese día el fiscal contó que cuando fue a inspeccionar el proceso se encontró con que se había perdido la carpeta con la querella por los predios invadidos. Ante eso, la defensa pidió la nulidad de ese cargo, lo cual fue concedido por el alto tribunal.
En cuanto a las obras inconclusas, La Silla Caribe no encontró información sobre imputaciones al exgobernador, a pesar de los hallazgos penales que la Contraloría estableció hace 10 meses y le trasladó a la Fiscalía.
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Su alianza con Vargas: Hasta hace dos años, el clan y el exvice tenían relaciones regulares, e incluso, en 2014 y siendo Vicepresidente, Vargas mostró su descontento porque Monsalvo Gnecco lo dejó plantado a él, a su ministra de Transporte Natalia Abello y a miembros del Consorcio Ruta del Sol, en un encuentro en Valledupar para hablar de algunas obras que estaba haciendo ese consorcio.
Eso cambió totalmente para las regionales de octubre de 2015, cuando se aliaron para llevar como reemplazo de Monsalvo al actual mandatario Franco Ovalle, amigo personal del exvicepresidente y hoy gobernador vargasllerista (aunque lo avaló La U).
Según una persona que conoce de cerca las movidas de los Gnecco ese acercamiento arrancó a principios de 2015 cuando Monsalvo presentó una segunda fase del plan de infraestructura vial departamental que necesitaba la bendición de Vargas.
La casa Gnecco volverá a jugar con el vargasllerismo, tanto para las presidenciales como para las legislativas de 2018, a las que planean llevar como carta al Senado al exalcalde de la Jagua Didier Lobo Chinchilla con aval de Cambio Radical (también buscarán repetir con José Alfredo Gnecco como senador de La U).
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Qué le podría aportar a Vargas: los Gnecco son la mayor fuerza electoral del Cesar con el único Senador de ese departamento, alianzas con las cuatro cámaras y el control de la Gobernación y de unas 17 de las 25 alcaldías. Ya fueron definitivos para los poco más de 200 mil votos que alcanzó en tierra cesarense la reelección santista
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¿Tendría alguna base la acusación de Claudia?: Los Gnecco se aliaron con Vargas en 2015 y la imputación a Monsalvo fue en 2017, cuando Néstor Humberto Martínez ya estaba en el cargo, con lo que en principio no sería cierta su acusación de que los caciques quedan ‘blindados’ cuando se alían con Vargas.
Sin embargo, la desaparición de la carpeta con la querella de los predios invadidos es por lo menos sospechosa. Y aún está pendiente el caso de los hallazgos de la Contraloría, pero un caso de corrupción puede durar varios años en resolverse en la Fiscalía, o sea que esa demora no parece atípica por ahora.
Álex Char Chaljub, viejo aliado y sin grandes escándalos
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Quién es: alcalde de Barranquilla y líder -junto a su padre Fuad Char- del poderoso grupo Char.
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Escándalo o ruido: Claudia López lo mencionó en su denuncia contra el Fiscal, pero Char no está salpicado actualmente en ningún escándalo.
En abril El Confidencial de España dijo que directivos de la empresa pública madrileña de agua ‘Canal de Isabel II’ (indirectamente accionista mayoritaria de la barranquillera Triple A) se habrían reunido con Char cuando era alcalde en 2008 para evitar que él los reemplazara con sus parientes políticos los Nule, hoy delincuentes confesos.
El medio cita a una fuente anónima que asegura que Inassa (la filial de Canal que tiene las acciones en la Triple A) tuvo que pagar para convencer al mandatario barranquillero; Char negó el supuesto encuentro y aseguró que ni siquiera conoce al empresario español con el que supuestamente se encontró.
Aparte de esto, a Char le abrieron investigaciones preliminares en la Fiscalía durante su primera Administración (como una en 2010 por haber adjudicado el recaudo del sistema Transmetro a un consorcio en el que estaba su pariente político Guido Nule) y también fue denunciado en la Procuraduría por presunta participación en política.
El ruido a su alrededor que más se oye es por las casas que hizo entre 2002 y 2005 siendo constructor privado y que terminaron agrietadas y dejando cientos de damnificados, por las que el Distrito ha tenido que pagar más de 15 mil millones de pesos entre subsidios de arriendo y reubicación definitiva.
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¿Qué ha hecho la Fiscalía? Según el reporte del programa anticorrupción Bolsillos de Cristal que nos envió el mismo ente, la Fiscalía arrancó este año dos investigaciones (una bajo la Ley 600 y otra bajo la 906) en el marco del caso de corrupción en Canal de Isabel II, que tiene que ver con Colombia por la Triple A. No se sabe si Char es uno de los investigados.
Por otro lado, cuando se posesionó en enero de 2016, Char fue mencionado en una lista de alcaldes investigados por varios delitos que dio a conocer el entonces vicefiscal Jorge Perdomo. No hemos podido establecer qué casos eran, si avanzaron o fueron cerrados, ni qué decisiones se tomaron con Eduardo Montealegre y cuáles con Néstor Humberto Martínez como Fiscal General.
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Su alianza con Vargas: Fuad Char ha sido aliado de Vargas desde hace más de dos décadas, financiándolo y poniéndole votos. Álex heredó esa alianza desde que empezó a hacer política hace más de 12 años. .
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Qué le podría aportar a Vargas: Char es el súper poderoso que es clave para el futuro de la aspiración presidencial de Vargas, por sus recursos y su poderosa maquinaria que va más allá de Barranquilla, en donde sacó poco más de 350 mil votos, y es capaz de mover apoyos en toda la región Caribe: tiene de amigos a los gobernadores del Atlántico (liberal, en cuyo triunfo fue determinante), del Magdalena (Cambio), del Cesar (La U) y de Sucre (Cambio), y a los alcaldes de Valledupar (firmas y conservadores), y Montería (conservador). Sin contar su gran popularidad.
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¿Tendría alguna base la acusación de Claudia ?:Dado que la relación de Vargas con los Char tiene más de 20 años, este caso no cuadraría dentro del patrón que denunció Claudia de aliarse con Vargas para evitar investigaciones penales.
Pero como las investigaciones que mencionó el vicefiscal anterior hace casi dos años no se han movido, queda la duda de si esa demora es excesiva y se debe a la fragilidad o a la complejidad de los casos (que tampoco se conocen), o a que definitivamente no tenía nada en contra.
Dilian Francisca Toro, en el momento decisivo
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Quién es: La actual gobernadora del Valle del Cauca y ex presidente del Senado es la baronesa electoral de la región. Llegó al Senado en 2002 con el aval del Partido Liberal, en 2006 entró a La U y en las elecciones legislativas de 2010 obtuvo la segunda votación más alta del país.
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Escándalo o ruido: Cuando la Corte Suprema de Justicia empezó la investigación por la parapolítica una de las senadoras salpicadas fue Dilian Francisca. En julio de 2008 le abrieron investigación preliminar por las declaraciones de Armando Lugo, alias El Cabezón, miembro del Bloque Calima de las AUC, quien aseguró que los paras apoyaron a Dilian Francisca para llegar al Congreso, en 2002.
Sin embargo, el testimonio del ex para fue descartado y Lugo es investigado por falso testimonio por los casos de Dilian y del senador liberal caucano Luis Fernando Velasco. Además, El Cabezón tiene otro proceso porque presuntamente extorsionaba a la exsenadora.
Precisamente, en el caso de la parapolítica el hoy detenido ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno asesoró a Dilian en la denuncia que ella hizo contra uno de los presuntos falsos testigos que la acusó de ser apoyada por los paramilitares.
En 2012 se abrió otro por lavado de activos, pues Agropecuaria Ceiba Verde, de la que son dueños Dilian, su esposo Julio César Caicedo y el notario Jorge Enrique Caicedo, el hermano de Caicedo, compró tres fincas que habían sido presuntamente de los narcotraficantes Phanor Arizabaleta, Ignacio Álvarez Meyendorff y Víctor Patiño Fómeque.
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¿Qué ha hecho la Fiscalía?En julio de 2012 la Corte Suprema ordenó detenerla preventivamente. En febrero de 2013, renunció a su fuero de senadora y mientras el proceso por parapolítica se quedó en la Corte, el caso de lavado de activos pasó al Fiscal Primero Delegado ante la Corte, que era María Claudia Merchán.
El 21 de marzo de ese año, Merchán decidió acusarla. El defensor apeló y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo anuló la actuación argumentando que la defensa no había podido contrainterrogar al mayor Juan Carlos Meneses, quien había rendido testimonio desde Argentina, y porque no se había interrogado el narco Víctor Patiño Fómeque. .
El año pasado, cuando cambiaron los fiscales delegados, con la llegada de Néstor Humberto Martínez, Merchán dejó su cargo y el proceso lo asumió Jorge Hernán Díaz, quien el 3 de marzo pasado cerró la instrucción y está pendiente de definir si profiere resolución de acusación contra Dilian o precluye la investigación, como lo pidió la defensa.
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Su alianza con Vargas: Aunque Vargas y Dilian no tenían una relación cercana hace algún tiempo, cuatro fuentes políticas (dos de Cambio Radical, uno de La U y una fuente cercana a la Gobernadora) le dijeron a La Silla que han tenido acercamientos con miras a las elecciones al 2018.
Aún así, una de las fuentes cercana a la Gobernadora aseguró que ella no ha tomado aún una decisión sobre a quién va a apoyar. “Ahora es muy temprano. El panorama aún no se ha definido”, explicó, pero aclaró que sí ha tenido reuniones con el candidato y también con Humberto De La Calle.
Sobre todo ahora que Vargas se distanció de Santos que, según la fuente, fue quien inicialmente le pidió a Dilian que apoyara a Vargas.
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Qué le podría aportar a Vargas: Toro es considerada la baronesa electoral del Valle del Cauca (en 2014 puso un senador y tres representantes, aunque uno de ellos se salió de su grupo político), obtuvo 513.366 votos cuando fue elegida como gobernadora y desde este cargo su poder se ha ido consolidando en la región.
Su grupo tiene trece alcaldes en el Valle, incluyendo los de Buenaventura y Palmira- dos de las ciudades más importantes de la región-, y en las elecciones al Congreso de 2018 aspira a fortalecerse aún más, con dos senadores y cuatro representantes a la Cámara.
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¿Tendría alguna base la acusación de Claudia :Aunque el proceso de Dilian por lavado de activos lleva cinco años y fue durante la administración del ex fiscal Eduardo Montealegre que le decretaron la nulidad, en este momento el proceso está en una etapa vital para la Gobernadora, pues la Fiscalía analiza las pruebas para decidir si profiere resolución de acusación o precluye la investigación, como lo pidió la defensa. Por eso podría haber un incentivo grande para acercarse a Vargas si es que eso ayuda con el Fiscal.
Temístocles Ortega, el caso más sospechoso
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Quién es: De origen liberal, fue viceministro de justicia durante el Gobierno Virgilio Barco y en el 2000, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Entre 2012 y 2015, fue gobernador del Cauca. Es el padrino político de su sucesor, el actual gobernador Óscar Rodrigo Campo.
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Escándalo o ruido: Ortega está salpicado en un proceso por supuestamente haber ordenado la desviación de 458 millones de pesos de un convenio de la Gobernación para financiar la campaña de Campo.
Se trata de un convenio para la celebración de los juegos intercolegiados Supérate en el 2015, entre la fundación Redes e Indercauca, la entidad que maneja el deporte en el departamento, que realmente ejecutó 444 millones de pesos mientras que Indeportes dijo que costó 876 millones. No se sabe qué pasó con el resto de la plata.
La denunciante es Ana Bolena García, gerente de Indeportes desde 2012 nombrada por Ortega, y ratificada por Campo. García fue capturada por ese caso en junio del 2016, por peculado por apropiación, falsedad en documentos público y contratación sin el lleno de los requisitos legales.
Aunque no ha negado que cometió el delito, García argumenta que lo hizo por orden de Ortega y que la plata se usó para pagar tres eventos de la campaña de Campo. Su denuncia llegó en junio del 2016 a la Corte Suprema a través del entonces secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso.
A García la apoya su esposo, el periodista Carlos Pito, quien dice que le ha entregado pruebas a la Fiscalía y testimonios de seis personas más, filtró a la prensa un chat de enero de este año en el que un funcionario de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía le dice que las actuaciones en el caso estaban siendo filtradas a la defensa de Ortega.
El ex gobernador le dijo a La Silla que es un montaje contra él, que hay pruebas de que los eventos de la campaña de Campo se pagaron con recursos de la campaña, y que los delincuentes son García y Pito (argumenta que hay cheques de Indeportes depositados en las cuentas de éste y que por eso está vinculado al caso, una versión que Pito niega pero que también le dijo a La Silla un periodista payanés).
A eso se ha sumado un nuevo ruido porque el abogado de Ortega era el ex magistrado Leonidas Bustos, envuelto en el escándalo del Cartel de la Toga, y el fiscal delegado que llevaba la investigación hasta hace un mes era Alfredo Betín, cuota del otro magistrado preso por ese escándalo, Francisco Ricaurte.
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¿Qué ha hecho la Fiscalía?La investigación arrancó en manos de la Fiscalía seccional del Cauca, cuya subdirectora (María Claudia Sendoya Millán) es esposa del ex gerente de la campaña de Campo y hoy gerente de la Licorera, Miguel Eduardo Muñoz. Esa Fiscalía ordenó la captura de García y de otros tres ex funcionarios que hoy están libres aunque aún vinculados al proceso.
Según Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de la Presidencia, él pidió el traslado del caso a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en junio del 2016 que luego, en octubre, quedó en cabeza del corrupto Gustavo Moreno, amigo de Bustos. Dijo en Caracol Radio que le consta que hubo demoras injustificadas en el proceso.
Ninguno de los involucrados en este caso ha firmado un principio de oportunidad con la Fiscalía para hablar a cambio de beneficios, algo que ha buscado Ana Bolena García desde que comenzó este proceso. Su audiencia preparatoria está agendada para el jueves.
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Su alianza con Vargas: A pesar de su origen liberal, en 2011 ese partido le negó el aval para llegar a la Gobernación y por eso terminó avalado por la Alianza Social Independiente. Para las elecciones del 2015, se alió con el senador liberal Luis Fernando Velasco.
Luego de ese triunfo y según tres fuentes (dos políticos rojos y uno de Cambio Radical), Ortega le coqueteó al liberalismo para que le dieran el aval al Senado para el 2018 pero hace cerca de un año, se empezó a acercar a Cambio y a sonar como el candidato de Vargas para conquistar Cauca.
Ortega lo niega. “No he buscado aval en ninguna parte. Desde que salí de la Gobernación todos los partidos me han ofrecido su aval”, dijo.
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Qué le podría aportar a Vargas: Ortega es el padrino político del actual Gobernador del Cauca, Oscar Campo, un ingeniero que fue secretario de Infraestructura de Ortega y que sacó 205 mil votos en 2015.
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¿Tendría alguna base la acusación de Claudia :
Sin embargo, es posible que García solo busque beneficios legales para su caso y que Ortega se haya acercado a Cambio porque en el Cauca es difícil que haya suficientes votos para dos senadores liberales (ya está Velasco) y buscar el impulso de Vargas tiene sentido electoral.
La lentitud de su caso puede tener además otra explicación: el abogado de Ortega fue Bustos y su proceso no avanzó cuando Gustavo Moreno era director anticorrupción de la Fiscalía y confeso traficante de fallos con el ex magistrado.