Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez Neira, un conocido abogado bogotano, es el Fiscal General desde septiembre de 2016. Fue el primer Ministro de Presidencia del segundo gobierno de Juan Manuel Santos -un cargo hecho a su medida, con tanto poder que muchas veces era conocido como 'súper ministro'- durante poco menos de un año, hasta que presentó su renuncia en junio de 2015.

Nació en Bogotá en una familia de origen santandereano. Su padre, Humberto Martínez Salcedo, fue un reconocido humorista y periodista, que trabajó durante muchos años en la emisora HJCK, que fundó el célebre radioperiódico El Pereque y que es recordado por sus personajes del Maestro Salustiano Tapias en Sábados Felices y el Maestro Taverita en Don Chinche.

Estudió derecho en la Universidad Javeriana, y luego se especializó en derecho comercial e hizo una maestría en sociedades, ambas en la misma universidad.

Arrancó su carrera en el sector público a comienzos de los ochenta como superintendente delegado de la Supersociedades, de donde saltó a la vicepresidencia jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá.

De ahí pasó a ser superintendente delegado para las instituciones financieras y luego, en 1988, Virgilio Barco lo ascendió a Superintendente Bancario, cargo en el que estuvo durante tres años. De ahí pasó a liderar la Comisión de Organismos de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe y luego a ser miembro de la junta directiva del Banco de la República, ambos por un año. Y luego fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington.

Por esa época fue uno de los abogados en el inicio de uno de los pleitos más sonados de los años noventa, que enfrentó a la familia Gilinski -a la que representó Martínez- con el Grupo Empresarial Antioqueño (entonces llamado Sindicato Antioqueño) por la fusión del Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC), un caso cuyo debate de control político en el Congreso lideró el entonces representante Gustavo Petro.

En 1994 llegó al gabinete de Ernesto Samper como Ministro de Justicia, cargo desde el que penalizó el lavado de activos para combatir el narcotráfico, logró que se aprobara la extinción de dominio y sacó adelante el Estatuto Anticorrupción. Dos años después Samper lo nombró embajador en Francia, pero Martínez renunció en 1997 para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá.

Estuvo en el amplio ramillete de precandidatos liberales a la Alcaldía, junto con los ex ministros Rudolf Hommes, José Fernando Isaza y Luis Fernando Rosas, el ex congresista Enrique Peñalosa y Enrique Vargas Lleras. Finalmente, tras no ponerse de acuerdo en un método para escoger candidato, varios -incluido Martínez- se postularon como independientes. Al final Martínez se retiró y Peñalosa terminó ganando.

Tras ese breve coqueteo preelectoral, Martínez se sumó a una disidencia liberal, agrupada en torno al ex Fiscal Alfonso Valdivieso, que se reunió para fundar la Alianza por el Cambio -que sería el germen para Cambio Radical- en oposición a la candidatura presidencial liberal de Horacio Serpa y respaldando a Andrés Pastrana. El ex ministro integró el comité ideológico del naciente partido, junto con Rafael Pardo, Gabriel Rosas, Augusto Galán y Arturo Sarabia Better. Con él cofundaron el movimiento políticos como Humberto de la Calle, Claudia Blum, Luis Guillermo Giraldo, Fuad Char, Roy Barreras y Leonor Serrano de Camargo.

Al ganar Pastrana las elecciones de 1998, Martínez llegó a su gobierno como Ministro del Interior, gracias al apoyo que le dieron los liberales valdiviesistas al presidente conservador. Como ministro su mayor misión era liderar una reforma política que abriera espacio fuera del bipartidismo, pero terminó saliendo dos años después cuando el senador liberal Amylkar Acosta tramitó una moción de censura en contra suyo por el trámite de esa iniciativa. Martínez renunció justo antes de que se votara.

Durante la última década se dedicó sobre todo al sector privado desde su firma legal Martínez Neira, desde la que asesoró muchas fusiones y compras bancarias como las del Banco Colpatria con Corpavi, la del Banco de Bogotá y Megabanco, y BanSuperior y Davivienda.

Desde allí fue el asesor legal de cabecera de Luis Carlos Sarmiento Angulo en muchos de sus negocios más importantes, razón por la cual muchos se refieren a él como "el hombre de Sarmiento". Esos negocios incluyeron la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, el trámite regulatorio del Grupo Aval ante la Securities and Exchange Commission (SEC) -el equivalente de la Superfinanciera en Estados Unidos- para que pudiera transar en la Bolsa de Nueva York o la compra de Promigas. Su cercanía con el hombre más rico de Colombia es tal que incluso fue nombrado en la junta directiva de la Casa Editorial El Tiempo.

Martínez no trabajó en el gobierno de Juan Manuel Santos I, pero fue un aliado clave. En 2013 fue asesor en el polémico proyecto de ley de los baldíos, que en un principio buscó arreglarle la situación jurídica a los 'cacaos' que compraron grandes extensiones de tierra en la Altillanura volándose los topes legales para tierras de antigua reforma agraria. Además sonó para ser postulado por Santos para competirle a Alejandro Ordóñez la reelección en la Procuraduría.

Al asumir su segundo período, Santos lo puso al frente de Presidencia y elevó ese cargo al rango de Ministerio de la Presidencia.

Desde ese cargo, Martínez manejó las relaciones con todos los políticos y el 'computador de palacio'. Además se encargó de la unificación de todos los decretos de cada Ministerio en un solo súper decreto, una movida que causó polémica en el sector ambiental.

En mayo de 2015, Martínez causó una pelea en el gabinete después de desautorizar de frente y públicamente en el Congreso a los ministros de Interior Juan Fernando Cristo y de Justicia Yesid Reyes durante el debate de la reforma de equilibrio de poderes. El enfrentamiento ocurrió después de que Martínez presentara a último minuto una proposición inconsulta con sus pares, que iba en contra de las ideas de Reyes y el Gobierno de que la administración de la justicia debería tener tres niveles y que en el nuevo Consejo de Gobierno Judicial deberían tener asiento también personas del mundo académico y externas a la Rama.

El 2 de junio de 2015 Martínez renunció al Gobierno Santos, tres días después de que su hijo Néstor Camilo Martínez firmara un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper -el de mayor facturación en el mundo- en el que éste compra una participación en su firma Martínez Neira y se referencian mutuamente clientes. Martínez argumentó, tras negar inicialmente su salida del gobierno, que el acuerdo con DLA Piper estipulaba que él estaría al frente de la firma en Colombia.

Desde ese momento, se especuló que su salida tenía que ver con que arrancaría campaña para aspirar al cargo de Fiscal General, en reemplazo de Eduardo Montealegre. Efectivamente, en abril del 2016 y luego de que el Presidente Juan Manuel Santos firmara una directiva (que terminó siendo más reality) para definir las reglas de juego para la selección de fiscal, Martínez fue una de las 113 personas que se inscribió para aspirar por el cargo. Los otros tres favoritos inscritos eran el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el ex ministro de Justicia de Santos, Yesid Reyes y la gerente jurídica del proceso de paz con las Farc, Mónica Cifuentes. 

Incluir a Martínez en la terna se volvió un dilema para Santos, que estaba recibiendo presiones por un lado desde los partidos Liberal y La U por no incluirlo, pero por otro,  Martínez es su amigo personal y el candidato del Vicepresidente Germán Vargas Lleras. Al final, Santos incluyó su nombre junto con el de Reyes y Cifuentes. 

De los tres, Néstor Humberto Martínez era el que tenía más peso político. Su desventaja, fuera de no ser penalista, era que muchos de los magistrados con los que tenía los vínculos más estrechos, como Francisco José Ricaurte y José Leónidas Bustos, ya no estaban en la Corte y los nuevos no necesariamente eran influenciables por ellos.

Sin embargo, finalmente salió elegido por amplia mayoría.

El 15 de junio de 2019 presentó su renuncia irrevocable al cargo de Fiscal a raíz de la decisión de la JEP de no extraditar al exguerrillero de las Farc, Jesús Santrich, alegando que no puede refrendar la decisión.