Luis Guillermo Giraldo nació en Manizales en 1944 y es abogado de la Universidad Javeriana, especializado en derecho laboral de la misma universidad. Desde su ciudad natal comenzó en 1968 su carrera política como secretario de Hacienda de la ciudad, de la mano del Partido Liberal. En 1970 entró al Congreso como representante a la Cámara posición que mantuvo con dos reelecciones hasta 1978 cuando dio el salto al Senado.
Fue uno de los políticos más influyentes en Caldas junto con el también liberal Víctor Renán Barco y el conservador Omar Yepes. Y gracias a eso fue nombrado en 1988 como Ministro de Justicia, pero declinó porque su nombre se convirtió en protagonista de un escándalo que en ese momento se llamó “el gran robo a Caldas” y que consistía en el desvío de dineros oficiales destinados a la erradicación de la pobreza hacia fundaciones de políticos liberales que usaron los recursos para pagar votos.
Un año después logró la Presidencia del Senado donde le tocó batallar contra un "narcomico" que algunos congresistas le colgaron a un proyecto de reforma constitucional que buscaba superar la crisis del gobierno de Virgilio Barco. Se trataba de incluir en el temario de un referendo la posibilidad de que los narcotraficantes fueran juzgados dentro o fuera del país. Giraldo logró un acuerdo político que hizo hundir la reforma, pero las amenazas lo sacaron del país.
Volvió al país y al Senado meses después, en 1990, hasta fue nombrado embajador en Alemania. Allí duró poco y terminó volviendo al Senado hasta 1994, cuando fue elegido como director del Partido Liberal en plena crisis del Proceso 8000 de Ernesto Samper.
En 1998, hizo parte de la disidencia del Partido Liberal que estaba en contra de la designación de Horacio Serpa como candidato a la Presidencia y que después de contemplar varias opciones decidió apoyar a Andrés Pastrana Arango. Giraldo allí era miembro del Comité Ejecutivo y gracias a esta alianza Pastrana lo nombró embajador en Venezuela.
Sin embargo, la relación con el ex presidente se volvió turbulenta, en especial debido a las fallidas negociaciones de paz con las Farc. La alianza entre ambos terminó mal, y esto eventualmente llevó a que Giraldo se uniera a las toldas uribistas.
Más adelante se convirtió en jefe de debate de la primera campaña de Álvaro Uribe y gracias a esta nueva alianza fue nombrado como embajador ante la ONU y después en México. Volvió al país y fue nombrado secretario general del Partido de la U, cargo desde el cual lanzó la propuesta de una segunda reelección de Uribe . “Ningún ejército del mundo cambia a su general cuando está ganando las batallas”, fue la frase con que lanzó la propuesta.
Se hizo presidente del Comité Promotor del referendo reeleccionista y desde allí manejó la recolección de firmas que llevaron a la discusión y aprobación del proyecto en el Congreso, pero que después tumbó la Corte Constitucional.
A finales de 2008 se desató el escándalo por la presunta violación de los topes de financiación. Después se descubrió que Giraldo junto con el Comité Promotor crearon la asociación Colombia Primero, con la cual triangulaba los aportes que superaban los topes autorizados por la Ley.
Giraldo hizo un preacuerdo con la Fiscalía en el cual se declaró culpable de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público a cambio de una condena de cuatro años bajo el beneficio de detención domiciliaria. También se fijo que su inhabilidad para ejercer cargos públicos sería de 45 meses. Sin embargo, en junio de 2010 el Juzgado 29 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá no avaló el preacuerdo argumentando que vulneraba los derechos de las víctimas. Según la jueza, Giraldo pasó por encima de instituciones enteras como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Congreso y la Corte Constitucional.
Desde entonces, el ex senador atraviesa un juicio que ha avanzado lentamente a raíz de múltiples aplazamientos. Y como lo contó La Silla Vacía, ahora falta esperar que el Tribunal de Bogotá resuelva la apelación de la defensa, luego de que una juez 30 de conocimiento declarara la nulidad del proceso contra siete de los promotores del referendo, pero confirmara que el juicio contra Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo se mantiene.