Cali y Cúcuta muestran que la estrategia del Gobierno para frenar el covid está en problemas

Foto: Efraín Herrera - Presidencia

Los datos recientes de covid muestran nuevos brotes, segundos picos de contagio y hospitales a tope, algo que el Gobierno buscaba evitar con más Unidades de Cuidado Intensivo y un programa fuerte de rastreo de casos. 

Que en algunas ciudades las UCI estén llenas y los alcaldes hayan vuelto a recurrir a medidas restrictivas muestran que las medidas se quedaron cortas. 

En concreto, en Norte de Santander faltan UCI, personal médico y medicamentos, y en Cali el rastreo de contactos por caso no es suficiente, lo que muestra las limitaciones del esfuerzo de los meses de cuarentena en fortalecer el sistema de salud.

Y el programa de seguimiento, llamado Prass, que busca contactar la cadena de personas por cada caso confirmado de covid, no pasa de rastrear tres contactos por cada contagiado, una cifra muy baja.

Por eso, llegaron las restricciones:

• Valle decretó la alerta roja esta semana, y Cali impuso por una semana toque de queda de 11:00 pm a 5:00 am, pico y cédula y ley seca. 

• Norte decretó pico y cédula, prohibió aglomeraciones, toque de queda desde las 8:00 pm hasta las 5:00 am y ley seca entre el 12 y el 20 de diciembre.

• Algunos municipios de Antioquia tienen toque de queda de medianoche a 6:00 am hasta el 20; y en Medellín, Daniel Quintero, anunció uno igual del 24 al 26 y del 31 al 2 de enero. 

Esas pueden ser apenas las primeras medidas restrictivas, porque las próximas semanas suelen ser de reuniones, fiestas, carnavales y paseos, y después de un año tan duro, muchas personas y familias están emocionalmente agotadas del encierro y la distancia. Por eso, no se descartan nuevas cuarentenas,  especialmente focalizadas.

“La baraja de medidas está abierta”, le dijo a La Silla el Viceministro de Salud, Alexander Moscoso, que reconoce estar preocupado por la situación. 

Faltan intensivistas y medicamentos para las UCI

Colombia logró duplicar las Unidades de Cuidados Intensivos instalados y ahora cuenta con más de 11.300 camas listas para funcionar. El lío es que alcancen los médicos para atenderlas, como se nota en Cúcuta y todo Norte de Santander. 

Allí, según el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, ayer, 16 de diciembre, solo quedaban libres el 8,9 por ciento de las UCI (en Cúcuta el 4,2 por ciento).

Por eso, mañana viernes el Ministro de Salud, el gobernador Silvano Serrano y los alcaldes se reunirán para definir si necesitan apretar las medidas, incluso con una cuarentena estricta por sectores. 

Para enfrentarlo, el plan sigue siendo crear más UCI, que fue el énfasis del Gobierno de marzo a junio.

Maribel Trujillo, subgerente de servicios de salud del Hospital Universitario Erasmo Meoz, el más importante del departamento, le dijo a La Silla que planean crecer de las 123 UCI actuales a casi 200, abriendo 12 mañana, 24 más el 25 de diciembre, y 36 más en enero. 

Con eso pueden evitar llegar a negarle UCI a personas con cuadros graves (ya sea covid o no), una crisis que significa muertes y un golpe anímico muy fuerte.

Pero le preocupa quién las va a atender, porque no hay tanta gente preparada y porque los que hay se van enfermando; dice que ya tienen cómo manejar las primeras 36, pero no las otras.

E incluso con esas 36 hay líos, porque arrancan con el apoyo temporal de Misión Colombia, un grupo de médicos voluntarios que ha manejado UCI en los picos en Amazonas, Atlántico y Chocó. “Ellos están durante el pico. Es una disponibilidad de un mes aproximadamente”, precisó Trujillo. 

Además, porque lo hacen con un modelo llamado piramidal, en el que un médico intensivista cubre varias UCI con apoyo de otros especialistas como internistas, anestesiólogos y cirujanos. 

Encima de que pueden no tener cómo manejar las nuevas UCI, hay desabastecimiento de medicamentos necesarios para pacientes en estado crítico.

La Asociación Colombiana de Medicina y Cuidado Intensivo (Amci) ya lo venía venir y el 20 de noviembre envió una carta al Ministro de Salud, Fernando Ruiz, diciendo que en los dos meses siguientes habría demasiada demanda en todo el mundo, especialmente para sedantes, analgésicos y relajantes 

Según le explicó a La Silla el presidente de la asociación, Jose Luis Accini, varias agremiaciones médicas han trabajado junto al Ministerio, al Fondo Nacional de Estupefacientes y al Invima para vigilar el consumo de estos medicamentos y buscar dónde conseguirlos en el mercado internacional.

Por ejemplo, cuenta que lograron importar 121.000 ampollas de remifentanil, un analgésico que se usa en el cuidado crítico y estaba escaso, y que harán una campaña por varios departamentos para mostrar a los médicos qué alternativas tienen y así bajar el consumo de los medicamentos escasos. 

Pero el problema sigue.

Juan Pablo Osorio, presidente de la Asociación colombiana de químicos farmacéuticos hospitalarios, le dijo a La Silla que hay mucha incertidumbre y que dos medicamentos que se usan para sedar a pacientes de UCI, midazolam y propofol, están en “desabastecimiento franco”. Es decir, no hay proveedores.

“No sabemos qué vaya a pasar”, enfatiza Osorio.

Esa falta de camas, médicos y medicamentos muestra que la última línea de defensa, la atención de los pacientes críticos, está flaqueando. Y si eso pasa es porque la primera y principal apuesta del Gobierno desde mediados de año, la búsqueda epidemiológica para cortar el avance de la enfermedad, está mal.

La estrategia ganadora no ha ganado

Como contamos en esta historia, una de las estrategias del Gobierno fue reforzar la vigilancia de la epidemia mediante el programa Prass, que en junio el entonces gerente para el covid, Luis Guillermo Plata, dijo que era la estrategia para “ganarle la guerra” al covid.

La idea era tener una capacidad grande para que el sistema de salud rastree a los posibles contactos de cada persona con el virus para que se aislen 14 días, y así cortar la velocidad del contagio.

Para eso el Gobierno inauguró el Centro de Contacto Nacional de Rastreo, con 1.807 rastreadores que pueden hacer 140.000 llamadas al día.

Sin embargo, después de cuatro meses funcionando, el promedio de contactos rastreados por caso está entre 2 y 3, según los indicadores oficiales, lo que significa que se contactan a las personas del núcleo familiar.  

Las secretarías de Salud de Cali y del Valle le confirmaron a La Silla que las EPS, que también tienen a su cargo el rastreo y contacto de casos, no están colaborando con esta tarea. Y que por eso no alcanzan a contactar a dos personas por caso. 

En Cúcuta dicen algo parecido: David Fajardo, médico asesor de la Gobernación, dice que “las EPS no están haciendo esa búsqueda basada en Prass”.  En Norte también están contactando a poco menos de dos contactos por caso.

El gerente de covid de la Gobernación de Antioquia, Leopoldo Giraldo, coincide en que no todas las EPS ayudan en el rastreo; el departamento, que a principios de la pandemia llegó a rastrear cinco contactos por caso, hoy solo llega a dos.

Según Acemi, un gremio de diez grandes EPS (Aliansalud, Compensar, Comfenalco Valle, EPS Sanitas,  Coosalud, EPS Sura, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total y Servicio Occidental de Salud), sus agremiadas tampoco superan los tres contactos.

Gustavo Morales, su presidente, le dijo a la Silla que en un principio había ambigüedad sobre quién debía hacer qué en el rastreo, y solo hasta hace dos meses quedaron más claras las responsabilidades de las EPS, que incluye el rastreo y reporte de casos contactados, y cree que posiblemente por eso no han rastreado más en promedio.

“Ha sido un proceso de aprendizaje. Ahora tenemos un entendimiento más claro de cuál es nuestro rol e intentamos hacerlo lo mejor posible”, apunta Morales. 

Sea por eso o por otros motivos, el Prass ha ayudado un poco (según el INS, si en octubre el porcentaje de los nuevos casos que vienen de personas con un contacto rastreado era del 6 por ciento, en diciembre subió al 9) pero no lo suficiente. El ideal es 40, según explicó el epidemiólogo Andrés Vecino en esta columna.

Con el Prass funcionando a medias, la velocidad de contagio ha crecido en algunas regiones, por eso y con las UCI cada vez más llenas, los alcaldes y gobernadores han vuelto a las restricciones.

El presidente Iván Duque dijo que no prevé una cuarentena general, pero el Gobierno ha mostrado que apoya medidas más estrictas en las regiones más afectadas.

Por eso, esta semana el Ministerio de Salud prohibió la venta de licor en bares y restaurantes después de las diez de la noche en las regiones donde las UCI estén ocupadas en un 70 por ciento o más, que hoy son Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Quindío y Bogotá. 

Ese regreso a imponer restricciones menos rígidas puede ser inevitable, por lo menos si se siguen los modelos de lo que han hecho la mayoría de países occidentales.

Pero con más UCI y, sobre todo, si el Prass estuviera funcionando como se planteó, seguramente serían menos o menos estrictas. O, en términos del Presidente y su programa de televisión diario, habría más prevención y menos necesidad de reacción.