Duque arranca su segundo año en el Congreso disparando perdigones

El presidente Iván Duque arrancará su segundo año con ocho proyectos de ley que no tienen el carácter reformista con el que empezó hace un año. En un Congreso sin mayorías, buscará sacar adelante una agenda pequeña y diversa; podría hacerlo con la estrategia que le funcionó el semestre pasado: negociando punto por punto con congresistas individuales.

Sus ocho proyectos de ley son dos proyectos anticorrupción, tres que modifican la rama judicial, una ley migratoria, el presupuesto general (que es obligatorio) y uno para ascender póstumamente a los cadetes que asesinó en enero el ELN en la Escuela General Santander. 

No hay ninguna gran reforma, como la pensional, la política o la electoral que es obligatoria por el Acuerdo de La Habana.

Asimismo le dará su aval, por ahora, a tres iniciativas que presentaron congresistas: la que busca que haya cadena perpetua para violadores, que es de varios congresistas pero liderado por la Representante barranquillera de La U, Martha Villaba; la Ley Arias, que busca que haya una segunda instancia retroactiva para quienes fueron condenados por la Corte Suprema y presentó el senador Álvaro Uribe junto a su bancada; y el proyecto de vivienda rural que es de iniciativa tanto de congresistas, porque trabajaron en el proyecto como del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. La iniciativa tiene hasta el apoyo y coordinación de la oposición.

Esa agenda seguramente no estará en el centro del debate, tanto porque no presenta temas fuertes y polémicos como las fallidas reformas a la justicia y política de hace un año, o la exitosa tributaria, como porque los temas más gruesos mediáticos vienen del uribismo, como La ley Arias, o la reforma que presentó la senadora Paloma Valencia para crear una sala especial para militares en la JEP (la legislatura pasada se hundió uno similar por falta de tiempo, porque logró consenso).

Según tres congresistas de diferentes partidos con los que hablamos por separado, esos proyectos más sonados podrían llevar al Congreso a un estancamiento como el que se vivió en la discusión de las objeciones presidenciales a la JEP, más cuando en la práctica las elecciones del 27 de octubre se tomarán el grueso del tiempo de muchos congresistas en los dos meses y medio siguientes.

La agenda sin visión pero que presiona al Congreso

Las dos protagonistas principales de la agenda del Gobierno volverán a ser la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y su colega Justicia, Margarita Cabello, pues la mayoría de la agenda que ya se presentó buscará sacar adelante dos proyectos anticorrupción nuevos y tres proyectos que reforman puntualmente áreas de justicia.

En todo caso, cinco congresistas de diferentes partidos con los que hablamos nos confirmaron por aparte que no se han reunido con el Ministerio del Interior para hablar de la agenda; según una alta fuente del Ministerio, lo más posible es que sí haya encuentros pero más adelante y dependiendo del proyecto. 

Lo que sí hubo fue una comida el domingo pasado de la bancada uribista con la Ministra del Interior para hablar de la agenda legislativa, pero no muchos congresistas asistieron. 

Además, porque hasta que no se conforme totalmente la mesa directiva de la Comisión Primera de Senado, por donde pasarán la mayoría de los proyectos que presentó Duque, no podrá arrancar en forma la legislatura.

Aunque se definió que el presidente es el uribista Santiago Valencia, hay una pelea por la vicepresidencia liberal, entre el santandereano Miguel Ángel Pinto y el cordobés Fabio Amín: ambos quieren ser presidentes de la comisión el año que viene en lugar de vicepresidentes éste.

Los proyectos anticorrupción tienen una ventaja: como quedó comprobado al final de la legislatura pasada, pueden tener de su lado a los medios de comunicación presionando. De hecho, supimos de primera mano que el Gobierno ha pensando en usar a los medios para tratar de sacar adelante esa parte de su agenda. 

Esto porque como se hundió, por diferentes versiones, el proyecto que buscaba que se quitara el beneficio de casa por cárcel y lugares de reclusión especiales para corruptos, se creó una gran indignación a nivel nacional en contra del Congreso, que podría ayudar a que Duque logre réditos.  

“Si una reforma política se cae es culpa del Gobierno, pero si los proyectos anticorrupción se hunden es culpa del Congreso”, resume un congresista liberal que pidió no ser citado. 

Estos son los dos proyectos: 

• El “Proyecto Anticorrupción”: es el proyecto más sonado porque incluye elementos de la consulta anticorrupción de hace un año, y es el único que arranca con mensaje de urgencia de Duque, por lo que su trámite será más ágil pues las comisiones debaten juntas y si se aprueban se van a la plenaria de Senado y Cámara. 

Sin embargo, su impacto puede ser menor porque ya está avanzado otro que coincide en buena parte de su contenido, pues solo le falta que lo apruebe el Senado (ya lo hizo la Cámara). Los dos coinciden en inhabilitar a las personas jurídicas culpables de corrupción y en evitar que los corruptos paguen sus penas en su casa o en sitios especiales como batallones.

• “Ley Pedro Pascacio”: busca crear varias medidas para prevenir la corrupción, como fortalecer los canales de denuncia y la protección de quien denuncia; que haya más datos del beneficiario real de los contratos públicos; crear una herramienta tecnológica para recoger datos que sirvan para investigar la corrupción; y reforzar la comisión nacional de moralización.

Además hay otros que siguen vivos: como el de pliegos tipo, que se está debatiendo en la Comisión Primera de Cámara o el que quita el beneficio de casa por cárcel o lugares de reclusión a corruptos, que ya cumplió su primera vuelta en Cámara y se le dará tramite en Senado en las próximas semanas. 

Hasta ahora la agenda anticorrupción es más una bandera de la oposición que de Duque, que en su primer año no cumplió sus metas, tanto por falta de voluntad del Congreso como por tropiezos de la Ministra del Interior, por lo que es difícil que dos nuevos proyectos, aislados y con envergadura limitada, le den una bandera fuerte a Duque. 

Algo similar a lo que pasa con Justicia.

Y reformas puntales las de MinJusticia

Las reformas a la justicia son tres, y ninguna busca modificar la cúpula de la rama, como las grandes y fallidas reformas del pasado.

Aunque preguntamos a la Ministra por Whatsapp cómo iba a ser su estrategia para concertar los proyectos con los congresistas y al cierre de esta historia no recibimos una respuesta. 

La cosa pinta así: 

• Nueva regulación a los consultorios jurídicos: amplía los procesos que pueden llevar los consultorios jurídicos, para que así más personas tengan acceso a sus servicios y puedan ayudar a que se resuelvan más conflictos.

• Una reforma al Código Contencioso Administrativo: este proyecto lo firma también la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, una muestra simbólica de armonía entre la rama y el ejecutivo que, como contamos, caracteriza a la nueva Ministra. 

Su objetivo es descongestionar la justicia administrativa, en línea con la meta de Duque de hacer un Estado más eficiente, especialmente reduciendo la carga del Consejo de Estado para que pueda dedicarse más a unificar la jurisprudencia (que al ‘tirar línea’ a los demás jueces hace más fácil tomar algunas de sus decisiones). 

• Una reforma al Estatuto de Arbitraje: busca renovarlo para acelerar la etapa prearbitral (antes de que se arme el tribunal de abitramento), aclarar las reglas probatorios y aumentar la transparencia en la designación de árbitros, entre otros temas. La meta es que con eso más gente use tribunales y así se descongestionen los despachos judiciales.

Esa apuesta seguramente producirá la crítica de que refuerza una privatización legalizada de la justicia, usual en temas de arbitraje, y justamente refleja una de las líneas transversales de las políticas de Duque: la fe en el sector privado y la apuesta por un Estado más pequeño.

Incluso si salen adelante y el Gobierno logra cambios, son iniciativas relativamente técnicas y puntuales, que refuerzan la idea de que el Gobierno Duque se orientó en el Congreso más a solucionar problemas puntuales que a lograr grandes reformas.

Quizás la excepción sea el proyecto de ley de migración que responde al documento Conpes de noviembre de 2018, que definió la atención de la migración venezolana, y que en la medida en que el tema se caliente e incide en las elecciones, puede darle al Gobierno una bandera legislativa fuerte.

Mientras tanto, la anunciada ley de tierras o la debatida reforma política siguen en espera, igual que la visión macro de Duque.