A Duque le empieza a funcionar su coalición en el Congreso

Sólo en un día, el jueves pasado, cuando estaba terminando la segunda emergencia económica declarada por la pandemia del Covid, el Gobierno sacó 25 decretos que van desde que el Ministerio de Agricultura puede contratar directamente (sin licitación) la logística para asegurar el abastecimiento en todo el país, modificación de impuestos hasta digitalizar los trámites judiciales.

Sin el contrapeso de un Congreso que ha andado a medias en la cuarentena, y de la Corte Constitucional, que hasta hace poco arrancó su evaluación a las medidas tomadas; esa es la manera en la que en parte ha estado gobernando prácticamente sin control el presidente Iván Duque estos días: a punta de decretos.

En momentos en los que se empieza a hablar de una posible tercera emergencia económica, eso no parece que vaya a cambiar. 

Al menos del lado del Legislativo, en donde la discusión gruesa de los decretos de Duque amparados en la emergencia quedará para la próxima legislatura, es decir, después del 20 de julio próximo.

Pero además, el pulso inicial que sí se va a dar la semana entrante alrededor del estado de excepción va a mostrar que al Presidente por fin le comienza a caminar su coalición de Gobierno, luego de casi dos años de tropiezos con el Congreso.

El informe favorable que ya tiene los votos para salir

La Constitución (el artículo 215) le da al Congreso el poder de, primero, evaluar en general la emergencia económica que decretó el Presidente por cuenta del Covid, y también de derogar o modificar individualmente los decretos que hayan sido emitidos.

Son dos procesos que, aunque van en el mismo sentido, son independientes el uno del otro.

Hasta el momento, el Gobierno ha declarado dos emergencias económicas: una que fue desde el 17 de marzo hasta el 16 de abril, y otra que fue desde el 6 de mayo hasta el 5 de junio.

La que el Congreso y la Corte Constitucional -que también tiene esta función- están empezando a evaluar es la primera y sus 72 decretos; entre los que están la creación del fondo para atender la crisis, la estrategia de créditos para mantener vivas a las empresas, el que pretendía aliviar el hacinamiento en las cárceles, entre otros. 

Esta evaluación se hace partiendo de un informe que el Gobierno debe entregar hasta diez días después de que se acabe la emergencia en el que explica las causas que motivaron esta emergencia.

Como contamos en esta historia, el Gobierno entregó el informe de la primera emergencia tres días tarde (el 30 de abril) y ese día las dos cámaras del Congreso empezaron a estudiarlo. Tienen 30 días, que pueden ser prorrogables, para hacerlo.

En el Senado, la discusión de la emergencia se ha dado, principalmente, en las diferentes comisiones, pues los senadores hasta hace poco encontraron una forma de sesionar y votar en plenaria.

Hasta el viernes, los senadores tenían plazo para radicar sus informes de evaluación para que estos luego sean votados. Preguntamos en la Secretaría del Senado cuántos habían sido radicados y, hasta el momento en que publicamos esta historia, no nos habían respondido.

En Cámara, en donde han sido más ágiles para encontrar maneras de votar y sesionar (incluso en plenaria), el mismo día en que el Gobierno entregó su informe, su presidente, el vargasllerista Carlos Cuenca, creó una comisión accidental conformada por 45 representantes para estudiar la emergencia y sus decretos, y sacar un informe que también deberá ser votado en plenaria.

Debido a las diferencias ideológicas que hay entre los 45 congresistas que componen esta subcomisión, sacaron tres informes: uno en el que están los partidos tradicionales y el Centro Democrático, otro en el que están tres congresistas verdes y otro en el que están unos verdes y los demás partidos de la oposición.

Estos informes lo que hacen es evaluar si la emergencia y sus medidas fueron convenientes y oportunas para mitigar el impacto de la crisis, pero no cambian ningún decreto individualmente. La próxima semana los informes serán puestos a votación en plenaria y se aceptará el que más votos tenga.

Los tres informes coinciden en que la declaratoria de la emergencia fue conveniente y oportuna, pero difieren en el análisis de las medidas que se tomaron. Mientras el informe de los partidos mayoritarios -que fue hecho por tres de los coordinadores de la subcomisión (César Lorduy de Cambio Radical, el conservador Armando Zabaraín y el liberal Rodrigo Rojas) y cuenta con el respaldo de sus partidos y de La U y el Centro Democrático- afirma que todo fue conveniente y oportuno, el de los verdes y la oposición critica algunos de los decretos.

En sí estos informes no cambian ninguna de las medidas que tomó el Gobierno en ese momento, pues lo que el Congreso deberá decidir ahí es si está o no de acuerdo con la emergencia que decretó el Presidente.

Sin embargo, eso es importante porque, al ser votado en plenaria, el informe sienta la posición del Congreso frente a la emergencia en general y puede anticipar lo que va a suceder luego con los decretos. 

“La importancia de este informe es simbólica y política. Nosotros le dimos al Presidente nuestra facultad de legislar. Este es el momento en el que sentamos nuestra posición”, nos dijo la representante verde Catalina Ortiz, la cuarta coordinadora de la subcomisión y quien hizo uno de los informes.

Debido a que el informe que afirma que la emergencia y sus medidas fueron todas convenientes, oportunas y no hace ninguna crítica tiene el apoyo de los cinco partidos más votados (suman 143 de los 172 representantes), con seguridad será el que se apruebe, si nada extraordinario ocurre.

Eso sucederá la semana entrante.

Esto es un anticipo de cómo será la siguiente legislatura que es cuando se van a debatir los cambios a los decretos y la balanza -si todo sigue así- se empezará a voltear a favor del Gobierno.

Un Congreso más favorable a Duque

Para modificar o derogar alguno de los decretos que ha emitido el Gobierno, el Congreso debe hacerlo a través de proyectos de ley, que corren por la vía ordinaria: dos debates en cada una de las cámaras.

Hasta el momento, hay radicados nueve proyectos para cambiar decretos salidos de la emergencia, todos presentados por congresistas de la oposición.

Por ejemplo, hay uno para derogar el polémico decreto 554 que reduce la cuota de producciones nacionales en los canales de televisión abierta, otro para derogar el decreto 522 que le adiciona 3,25 billones al presupuesto nacional, otro para modificar el decreto que declaró la primera emergencia económica para proteger al sector cultural, entre otros.

Debido a que estos proyectos de ley se presentaron entre finales de abril y mediados de mayo y ni siquiera se han votado en primer debate, quedarán para la siguiente legislatura.

Acá, Duque tendrá un escenario más favorable del que ha tenido desde que llegó, tiempo en el cual no había podido conformar una coalición, como tradicionalmente pasa.

Se podría pensar que eso pasará, sobre todo, si se da el antecedente de que le voten positivamente en Cámara su primer informe. 

Allí, estrenará en forma la coalición que armó a comienzos de año con Cambio Radical, La U y los conservadores al darles ministerios. Esto ya se ve en el hecho en que estos partidos apoyan de frente y no cuestionan la primera emergencia económica.

Duque también contará en la siguiente legislatura con dos fuertes aliados en la cabeza del Congreso.

En el Senado, si nada cambia a última hora, tendrá a Arturo Char, una de las cabezas del superpoderoso clan barranquillero con casa en Cambio Radical, quien, como revelamos, fue ungido ya por consenso por su partido para ser su próximo presidente.

En la Cámara, tendrá al conservador paisa Germán Blanco, quien fue designado por los conservadores para ser su presidente desde el 20 de julio. 

Blanco es cercano al uribismo. De hecho, como contamos en La Silla, en las pasadas elecciones locales apoyó al candidato uribista Alfredo Ramos a la Alcaldía de Medellín.

Es así como para el siguiente semestre, cuando empiece la discusión de los decretos que sacó el Gobierno para mitigar el impacto del Covid, Duque tendrá un Congreso diferente al que ha tenido en los últimos dos años. 

Uno más favorable en el que, posiblemente, le caminen más sus proyectos y en el que sus medidas para solucionar la crisis del coronavirus posiblemente no sean tan duramente cuestionadas. Al menos no con efectos adversos para el Gobierno.

Hasta ahora, ese contrapoder ha quedado en manos de la Corte Constitucional que tumbó dos artículos del decretó que declaró la emergencia sanitaria.