La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
El proyecto de ley estatutaria podría hacer más blandas las sanciones a quienes acepten tarde su participación en los delitos más graves que ocurrieron en el conflicto.
El sapo con cara de mico de la JEP
En el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que radicó ayer el Gobierno hay un nuevo “sapo” que podría beneficiar a algunos de los condenados por esa justicia transicional.
Se trata de la posibilidad de que quienes entren a esa justicia y solo acepten su responsabilidad durante el juicio, terminen pagando la mitad de su pena, que ya de por si es baja (5 a 8 años de cárcel aunque se trate de los máximos responsables de las conductas más graves, como abusos sexuales, torturas o masacres).
Así lo dice un numeral nuevo de ese proyecto de ley, que deja en manos del Tribunal la posibilidad de ordenar que, cuando haya reconocido la verdad y su responsabilidad de forma exhaustiva, compleja o detallada, y “una vez cumplido como mínimo el 50% del tiempo de la sanción impuesta”, el resto del tiempo ya no sea de cárcel sino de una sanción como trabajo social o construcción de proyectos de beneficio comunitario, que según el Acuerdo con las Farc están reservadas para quienes acepten su responsabilidad desde el principio.
Según uno de los abogados que ayudó a redactar la norma, la idea es crear un incentivo para que esas personas sigan colaborando con el sistema después de obtener su sentencia pues, aunque ya recibieron un beneficio por reconocer la verdad (si no lo hubieran hecho tendrían penas de 15 a 20 años de prisión), la idea es que sigan colaborando después de su condena.
Tambén argumenta que la idea es que así como los condenados en la justicia ordinaria pueden empezar a recibir beneficios cuando hayan cumplido la mitad de su pena, como forma de ayudar a su resocialziación, lo mismo se debe a plicar a los ex guerrilleros, militares o civiles condenados por la JEP y que hayan contado la verdad.
Pero el proyecto ha escandalizado a varios de los expertos en justicia transicional por dos razones.
Primero, porque como eso significa que podrían terminar solo dos años y medio en la cárcel por delitos como violaciones o torturas, que en la justicia ordinaria dan décadas de cárcel, se trata de otro “sapo” de la justicia transicional.
Y segundo, porque con eso se quita el incentivo que tenían los guerrilleros, agentes del Estado y civiles para confesar sus delitos antes de llegar a juicio. Y se traslada todo el peso a la justicia de probarles sus delitos, lo que dejará en la impunidad aún más crímenes.
