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Van 238 asesinados desde 2016 y 55 en 2020, más de 5 cada mes.
A los exfarc los matan donde disidencias se disputan el territorio
Foto: Partido Farc
La semana pasada, reincorporados de las Farc marcharon desde varias partes del país hasta Bogotá, para denunciar que los están matando y para pedir al gobierno que los proteja de manera efectiva.
A la fecha y desde que se firmó el Acuerdo de paz hace cuatro años, en noviembre de 2016, han sido asesinados 238 excombatientes de las Farc que le apostaron a cambiar las armas por la vida civil y la paz. Otros 18 están desaparecidos.
El asesinato más reciente fue el de Hernando Ramos Menza, de 38 años, el viernes pasado en Caldono, Cauca. Indígena, era integrante de la Cooperativa Ecomún, que desarrolla proyectos productivos de aguacate hass y de porcicultura. También era domiciliario en el casco urbano.
Lo mataron a pocos metros del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) del municipio, donde los exguerrilleros se agruparon inicialmente para hacer su tránsito a la vida civil.
El asesinato de los exguerrilleros es un tema preocupante para el partido Farc, y para el país, pues ellos confiaron en la protección del Estado y ante el miedo de que los maten pueden meterse en las disidencias.
La preocupación es visible.
En su más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo, la Misión de Observación de la Onu señaló que 19 exfarc fueron asesinados mientras esperaban respuestas a peticiones de medidas de protección. “Ello pone de manifiesto la necesidad de disponer de suficientes fondos para atender las más de 400 solicitudes pendientes sin más demora”, alertó.
La Subdirección de la Unidad de Protección Nacional (UNP) ha aprobado 94 medidas de protección urgente, un 81 por ciento más que todas las que aprobó en 2019, según cuenta la misma ONU, pero eso no es suficiente.
Esos asesinatos afectan no solo a las familias que quedan con el dolor de la muerte y sin un apoyo económico y de seguridad, sino a los demás exguerrilleros, que en muchos casos se quedan sin liderazgo en su reincorporación y llenos de temor.
Además, a las comunidades que tenían la esperanza de dejar el conflicto atrás también las atemoriza y complica los proyectos para transformar sus municipios a través de la implementación del Acuerdo.
Por ejemplo, en los espacios de reincorporación de Ituango (Antioquia) y Uribe (Meta), los proyectos productivos incluían a campesinos locales, pero los exfarc salieron desplazados por las muertes y amenazas.
La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía encargada del esclarecimiento de estos asesinatos ha dicho que lleva 31 condenas, 20 casos están en juicio y ha capturado otros 15 sospechosos.
En julio, la JEP ordenó al Gobierno cumplir con las medidas de seguridad para los excombatientes e Iván Duque se reunió con los excombatientes el mismo viernes que asesinaron a Hernando Ramos.
Se comprometió a hacer otra reunión entre Farc, la Ministra del Interior y el Director de la UNP para evaluar las medidas de seguridad, además de acelerar y fortalecer la reincorporación en otros frentes como darles vivienda. Es decir, a cumplir sus obligaciones.
En febrero encontramos que para el Gobierno, los disidentes, que están metidos en el narcotráfico, eran los mayores responsables de los 185 asesinatos que iban; y que para Farc lo era el Estado, por acción u omisión de la Fuerza Pública. Nuestra reportería nos arrojó que los matan por saber demasiado (del narcotráfico, de bienes no entregados, rutas, la participación de terceros en la guerra); por venganza de lo que hicieron en el conflicto; porque los señalan de informantes de los militares; por motivos personales o por oponerse a que los recluten.
Al revisar los 53 asesinatos ocurridos desde febrero hasta hoy, encontramos que los patrones siguen siendo los mismos:
1
Los matan donde las disidencias se disputan el control del territorio
El departamento con más asesinatos es Cauca, que suma 40 de los 238 casos, casi 1 de cada 5. Tiene 17 mil hectáreas de coca, presencia de disidencias y el ELN y es el departamento con más líderes asesinados desde 2018 con 52 casos, como contamos en esta historia.
Le sigue Nariño con 28. También operan disidencias, ELN y bandas criminales, es el segundo departamento con más hectáreas de coca con 36 mil, y es el tercero con más líderes asesinados (19).
Luego Antioquia con 25 casos. Vive una dura disputa entre disidencias y descendientes del paramilitarismo como el Clan del Golfo y los Caparros en su zona noroeste, tiene nueve mil hectáreas de coca y es el segundo departamento con más líderes asesinados (29).
Caquetá con 23 casos, tiene pocas hectáreas de coca (4500), pero también está en el liderato con más asesinatos de líderes sociales con 13 casos y allá están las disidencias de Gentil Duarte e Iván Márquez.
Le sigue Meta con 21, donde están las mismas disidencias. Ellos, más Cauca, suman más de la mitad de todos los asesinatos, por lo que concentrar los esfuerzos en ellos ayudaría mucho.
Este año aumentaron significativamente los homicidios en Meta, con diez casos, y en Valle del Cauca, con siete.
Los asesinatos han ocurrido en 19 de los 32 departamentos, más Bogotá.
El patrón de concentración en lugares violentos se mantiene cuando uno mira por municipios: los 238 asesinatos han ocurrido en 101 de los 1122 municipios del país y los 10 municipios con más asesinatos, han puesto 1 de cada 3.
Todos son municipios con conflicto, como se ve en estos cinco ejemplos:
En Tumaco hay una disputa territorial por el control del negocio del narcotráfico entre una decena de grupos entre los que están el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el frente Alfonso Cano y la disidencia llamada Frente 30.
En Ituango hay una guerra entre el Clan del Golfo y los Caparros por las economías ilegales como minería y coca, pero también por el control del territorio.
En Puerto Asís, Putumayo, se disputan el territorio La Mafia o 'Comandos de Frontera', un grupo armado que se creó con disidentes de las Farc, y otras bandas que históricamente han movido el narcotráfico en la región, contra la disidencia Carolina Ramírez.
En Uribe, Meta, hay sospechas de que detrás de los asesinatos y amenazas está la disidencia del Frente 40, que lidera alias Calarcá y que está coordinada con el mayor líder de las disidencias, exguerrillero Gentil Duarte. Al parecer, -las autoridades no lo han confirmado- esta disidencia se disputa el territorio con la de Iván Márquez, ‘Segunda Marquetalia’.
En Argelia, Cauca, hay una disputa entre la disidencia Carlos Patiño y el ELN, y recientemente se complicó con la llegada de la Segunda Marquetalia, que ya entró en combates con la Carlos Patiño.
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La mayoría de víctimas no tenían altos cargos
Solo 18 de los 238 asesinados tenían una posición de jerarquía como ser excomandantes de bloque, de frente o responsables de misiones específicas.
Dos de ellos fueron asesinados este año
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Jorge Iván Ramos Camacho, asesinado el 29 de agosto en Santa Rosa, Bolívar, y quien comandó el frente 37 de las Farc que operaba en los Montes de María. Era integrante de la dirección nacional del partido Farc, del consejo político del Magdalena Medio y titular de la Junta de Direccionamiento Estratégico del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. También estaba cumpliendo tareas para el Consejo Nacional de Reincorporación de Farc, identificando predios que fueron reportados por la exguerrilla.
Lo mató el ELN en la vereda Palmachica, en la serranía de San Lucas, según lo señaló el Partido Farc en una carta.
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Rigoberto García Restrepo, asesinado el 17 de abril en Urrao, Antioquia, en su casa. Comandó el frente 34, responsable de la masacre de Bojayá, y fue cabecilla de reclutamiento del Bloque Iván Ríos. Vivía en la Nueva Área de Reincorporación en el corregimiento de Mandé, con sus hijas y tenía proyectos de agricultura. No está claro quién lo mató.
Los cabecillas tenían información valiosa de cómo funcionaban los negocios ilegales, contactos de quienes podían mover lavar la plata, y nombres de testaferros, una información que los pone en riesgo.
Pero también están en riesgo los rasos e incluso los milicianos, pues más de una quinta parte de los asesinados desde 2016 (48), lo eran, y este año van cinco.
Eso quiere decir que servían de apoyo a la guerrilla. Hacían inteligencia para detectar infiltrados o auxiliadores de la Fuerza Pública o paramilitares, guardaban munición o armas y cobraban extorsiones, entre otras.
Con la desmovilización, muchos de ellos siguieron su vida, lo que los dejó expuestos a ataques o venganzas.
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Muchos habían estado en la cárcel
96 de los asesinados habían sido amnistiados o indultados gracias al Acuerdo de Paz, y a muchos los mataron a los pocos días de salir libres.
La ONU señaló que el 52 por ciento de los excombatientes asesinados de junio a septiembre de este año habían sido excarcelados.
Su alerta es que los que salgan deben estar protegidos pues son una población en alto riesgo.
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No baja de un asesinato por semana en promedio
En 2019 hubo 81 asesinatos de excombatientes, que fue el primer año completo de la presidencia de Iván Duque.
En 2017 hubo 34; en 2018, 66; y 2020 van 55 casos, 1,2 casos cada semana, una leve mejoría frente al año pasado, que a esta fecha ya llevaba 72 casos.
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Más de la mitad de los homicidios ocurrieron cerca de los lugares de concentración
163 asesinatos fueron en municipios que tienen espacios en los que han se han agrupado exguerrilleros para hacer en conjunto su proceso de reincorporación, ya sean Etcr o las Nuevas Áreas de Reincorporación, NAR, que no tienen un estatus especial para el Gobierno ya que no estaban estipuladas en el Acuerdo.
Que 2 de cada 3 sean en esos municipios, muestra una vez más que la violencia está concentrada, algo que se nota también en que la mayoría de los excombatientes viven por fuera de los espacios.
Según alertó la ONU, algunos como los de Miranda y Buenos Aires (Cauca), Puerto Asís (Putumayo) o Mesetas (Meta) tienen grandes riesgos de seguridad.
Actualmente, viven en las NAR alrededor de 9300 ex combatientes, mientras que en los Etcr viven 2.877 en abril de 2020, la cifra más reciente que existe.
