Cada quien se lleva un pedazo de la reforma política

Hoy arranca en la Comisión Primera de la Cámara el trámite de la reforma política, que a ocho meses de las elecciones al Congreso y diez para la Presidencia, el Gobierno concertó con la mayoría de partidos (salvo Cambio Radical que pide que se hunda y los Verdes que no firmaron). Tal y como está en la ponencia, la reforma beneficia desde los caciques electorales hasta los partidos pequeños, lo que seguramente ayudará a que pase.

“Aunque no es la lógica del proyecto, a diez meses de las elecciones cada partido busca algo”, nos dijo el experto Juan Fernando Londoño, quien estuvo en la concepción de la reforma que desarrolla el punto de participación política del Acuerdo con las Farc.

A los caciques: lista cerrada hasta 2022

En la gestación de la reforma, la Misión Especial Electoral (que el Acuerdo ordenaba conformar para dictar los puntos de la reforma) planteaba que todas las listas al Congreso, asambleas y concejos fueran cerradas, es decir, que quien vota solo pudiera elegir el partido pero no el candidato, y que los escaños se distribuyeran en un orden preestablecido por cada partido.

La idea era que todos los partidos tuvieran mecanismos de democracia interna que les ayudará a definir ese orden en las listas por méritos y no por bolígrafo, como normalmente ocurre cuando un partido se va por lista cerrada (como por ejemplo en el Centro Democrático, donde Álvaro Uribe tiene la última palabra).

La propuesta, como contamos, fue descartada hasta por el mismo presidente Juan Manuel Santos semanas después de que la reforma fuera radicada en el Congreso.

En la ponencia que arranca su trámite hoy los partidos podrán organizar sus listas de forma abierta (es decir, que el votante elija a un candidato, como ocurre hoy).

Lo que sí dice es que para las elecciones de 2022 será obligatoria la lista cerrada y desde 2026 la mitad de las listas las deben conformar mujeres.  

Que el plazo sea lejano ayuda directamente a los caciques regionales, que perderían poder si la lista fuera cerrada para el próximo año. Eso porque tendrían que trabajar para quedar en los primeros lugares de la lista dentro de sus partidos, algo que no siempre les queda fácil porque muchas veces la reputación que tienen es inversamente proporcional a los votos que consiguen con su clientela, y la cabeza de lista suele ser una figura reconocida por la opinión.

A los partidos pequeños la lista cerrada no les gusta, porque cuentan con el voto de opinión y, al menos por ahora, no contarían con figuras de reconocimiento como Jorge Robledo (el senador más votado del país con 190 mil votos, cabeza del lista del Polo en 2014) y Claudia López (de la Alianza Verde), ambos precandidatos presidenciales.

El riesgo es que antes del 2022 la reforma haya sido reformada otra vez y el plazo se extienda.

Además, si la lista cerrada solo entra dentro de cuatro años no podrá tramitarse dentro de un proceso de Fast Track, según nos dijeron dos ponentes, con lo que caciques tienen más margen para evitar que se convierta en ley.

A Petro: fin de la muerte política

Una de las razones de ser de la reforma política, como nos dijo un asesor externo del Ministerio del Interior que estuvo en la redacción de la ponencia, es que amplíe las garantías para la participación de todos los ciudadanos, incluidos aquellos funcionarios que fueron destituidos por sanciones no penales.

Es así como el primer artículo de la reforma indica que las sanciones disciplinarias que acarreen la destitución serán revisadas por el Consejo de Estado, un artículo que beneficiaría al precandidato presidencial Gustavo Petro, inhabilitado por la Contraloría de Bogotá para ejercer cargos públicos hasta que pague una millonaria multa de casi 500 millones de dólares.

El artículo se sustenta en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que firmó Colombia y que dice que el derecho a la participación política, de elegir y ser elegido, puede ser limitado "por una decisión penal,". Por eso,  según el asesor externo del Gobierno, que la Contraloría y la Procuraduría inhabiliten a futuro “es contrario al pacto”, algo que dijo la Comisión Interamericana al otorgarle medias cautelares al mismo Petro en 2014.

Esto no quita a los organismos de control su capacidad de sancionar, nos dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

“Solamente cuando las decisiones de la Procuraduría planteen un tiempo para que ese funcionario no se presente a elecciones, esa decisión será estudiada en consulta por el Consejo de Estado. Como el Pacto es ratificado por Colombia, estamos obligados a cumplirlo”, explicó.

A Compromiso, Marcha y Progresistas: Personería jurídica

Un artículo que venían peleando los movimientos de ciudadanos, como Progresistas de Gustavo Petro, Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, y Marcha Patriótica, es el que les da la posibilidad de que tengan personería jurídica si demuestran una base de afiliados compuesta por al menos el 0.2 por ciento del censo electoral nacional, es decir, unaos 70 mil militantes.

Esa exigencia iría aumentando a partir de 2019, hasta alcanzar un tope máximo del 0.5 por ciento del censo, unos 175 mil afiliados con el censo actual. 

Esa base de afiliados deberá ser certificada por el Consejo Electoral Colombiano (la entidad que reemplazará al Consejo Nacional Electoral), que entrará a funcionar en septiembre de 2018.

Y si demuestran bases de afiliados en las regiones donde quieren lanzar candidatos a la Cámara y al Senado, podrán postularlos.

Una ley posterior definirá cómo deben hacer el de los afiliados, que si está lista a tiempo las inscripciones para las elecciones al Congreso del próximo año, esos movimiento podrán presentar listas propias, sin acudir a la inscripción por firmas.

A los partidos pequeños: listas por coalición

La reforma trae un artículo que beneficia a los partidos y movimientos minoritarios pues les permite hacer listas de coalición al Senado, la Cámara y las asambleas y concejos, algo que no permite a los partidos de la coalición de Gobierno (La U, Liberal, Conservador y Cambio Radical) ni al uribismo, por su tamaño .

Eso se debe a que la reforma solo permite que las listas de coalición las hagan los partidos y movimientos políticos que tengan personería jurídica y que, sumados, hayan obtenido una votación de máximo el 15 por ciento de votos válidos en cada circunscripción.

Por ejemplo, en la Cámara de Antioquia, los partidos Verde, ASI, PIN y Unión Patriótica, que sumaron entre todos el 10 por ciento de los votos válidos que hubo en 2014, podrían unirse para presentar una lista de aspirantes a esa corporación, por coalición. No podría el Uribismo, que superó el 15 por ciento.

Precisamente en Antioquia los Verdes tienen la aspiración de buscar una coalición con el Polo para llevar representantes a la Cámara, aspiración que, como contamos, también tiene Compromiso Ciudadano.

Aunque una polémica posterior estaría en si las alianzas que se hagan obedecen a coincidencias ideológicas o meramente electorales. Hay colectividades, como el Mira, que tiene una base eminentemente cristiana y que la tendrían más difícil para lograr una coalición con otros movimientos.

El riesgo está en que los partidos grandes traten de eliminar la condición y así puedan también tener listas de coalición.

De hecho, a través de los representantes de La U, Berner Zambrano, y conservador, Heriberto Sanabria, hoy presentarán una propuesta para eso. Sanabria nos dijo que esta propuesta va encaminada a que todos los políticos de todas las bancadas tengan las mismas posibilidades.

En el conservatismo la propuesta es vista como un ‘plan B’ a la propuesta de transfuguismo que ventiló en La U un sector de la disidencia costeña y que, aunque el Gobierno no la avala porque no va dirigida a los principios de ampliación de la democracia que es el norte de la reforma, pueden incluir los congresistas sin necesidad de que el Gobierno lo avale.

Al Consejo de Estado: el amparo electoral

El AltoTribunal ha sido uno de los mayores críticos de la reforma política, en parte porque le quita poderes de decisión con el traslado de sus funciones de la Sección Quinta (definir pérdidas de investidura, por ejemplo) y porque considera que la mitad de la reforma no debería ir por Fast Track, porque no implementa parte del Acuerdo.

Ante esas críticas el El Gobierno aceptó incluir una nueva figura legal, llamada amparo electoral, que propuso la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez. Se trata de una figura similar a la tutela, pero solo para que el Consejo de Estado tome rápidamente decisiones sobre denuncias por inhabilidades, dobles militancias, o similares, que hoy toman hasta 3 años.